Asistimos por la Comisión Gustavo Salle, César Vega, Patricia Wolf, Raùl Viñas, Enrique Echeverría y quien escribe. Se sumó además a la reunión, a último momento Eduardo Lustt.

Como estaba previsto, durante la charla cada uno de los nombrados expuso brevemente sobre la necesidad y conveniencia de aplicar la claúsula 7 del Contrato ROU UPM para suspender el cumplimiento de las obligaciones que pesan sobre Uruguay, como mínimo mientras dure la emergencia sanitaria.

Los representes de este Movimiento preguntamos además si UPM había comunicado formalmente su Decisión Final de Inversión y en qué fecha, a lo que el Presidente respondió “no me cabe duda, pero no sé decirles en este momento la fecha. Se los contesto después”.

También le informamos al Presidente que tenemos en curso una campaña de reforma constitucional, a lo que dijo estar enterado y conocer el proyecto.

Terminadas nuestras exposiciones, manifestó que tomaba nota de las mismas y que no nos daría respuesta en el momento (cosa que ya suponíamos). Agregó que, si bien no le gusta la confidencialidad, había razones por las que no haría ningún pronunciamiento por el momento.

El tono de la charla fue cordial y muy respetuoso.

De modo que esperaremos novedades sobre la suspensión mientras trabajamos activamente por la reforma constitucional que anulará el Contrato y evitará que nuevos contratos de esa clase se aprueben en secreto, sin control parlamentario ni popular.

¡¡UPM2NO!!

Fuente Imagen: Facebook Hoenir Sarthou.

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«Este proyecto, pactado entre UPM y el Poder Ejecutivo uruguayo de forma arbitraria e inconstitucional, constituye un grave ataque a la soberanía, al ambiente y a los derechos humanos de este país», manifestó Ana Filippini, integrante del Movimiento por un Uruguay Sustentable (MOVUS) y de la Coordinación Nacional contra UPM.

«Si se concreta, este megaproyecto, forestal, celulósico, portuario y ferroviario de UPM provocará graves daños a la sociedad, al ambiente y a la economía uruguaya», agregó.

Por su parte, Anita Hernández, integrante del movimiento de vecinos No al tren de UPM, dijo que son más de 37.000 las personas afectadas por un tren de uso exclusivo para la empresa UPM, cuyas características son muy diferentes al tren de pasajeros que toda la vida vieron pasar cerca de sus casas. «Este tren que transportará químicos peligrosos a altas velocidades constituye un riesgo para los habitantes de la zona. Vemos con tristeza que el gobierno no nos protege y si lo hace con los intereses de una multinacional», declaró.

Mauricio Genta, estudiante universitario, integrante de la misma organización, manifestó preocupación por los impactos ambientales de este megaproyecto para las generaciones futuras. Señaló entre otros aspectos, la invasión de monocultivos forestales sobre las praderas, la afectación en el agua de esas plantaciones y de la fábrica de celulosa en el Río Negro, la proliferación de cianobacterias, la pérdida de carbono acumulado en las praderas y su impacto en la crisis climática como consecuencia del cambio del uso del suelo.

El doctor William Yohai presentó un análisis detallado de los graves perjuicios para la economía del país pues el Estado uruguayo pagará los costos de infraestructura, estimados en más de 4.600 millones de dólares americanos, mientras que UPM invertirá una cifra mucho menor excenta de impuestos y se instalará en zona franca. En su informe Yohai incluyó una tabla mostrando que la generación de empleos en el sector forestal celulósico no supera los 1000 empleos en una década.

El abogado Hoenir Sarthou, integrante del Movimiento Ciudadano UPM2 NO, centró su exposición en los aspectos jurídicos y las violaciones a la Constitución en que incurrió el Poder Ejecutivo al firmar un acuerdo con una empresa sin estar facultado para hacerlo. El contrato incluye una inaceptable intervención de UPM en la legislación laboral y en los programas de enseñanza del país, así como el traslado a jurisdicción internacional de las controversias entre el Estado uruguayo y UPM.

Copias del documento elaborado por William Yohai y la carta de las organizaciones uruguayas entregada al cónsul de Finlandia en junio de este año fueron repartidas a los participantes.

(*) Entre los  representantes se encontraban Stefan Liller, Representante Residente del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo PNUD, Flavio Scasso Analista de Programa, Serge Kapto Especialista en Políticas, George Gray Molina, Asesor en Economía, Gonzalo Pizarro, Asesor en Políticas Regionales , Pobreza y Derechos Humanos, Marco Steinberg Gerente de la Empresa Snowcone & Haystack de Finlandia entre otros.

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A la misma asistió una delegación de representantes de los peticionarios en función del artículo 93 de la Constitución de la República, que refiere al derecho de petición y se encuentra a estudio de esta Comisión, integrada por el doctor Hoenir Sarthou, el ingeniero Daniel Panario, la doctora Alma Bolón, el doctor Humberto Tartaglia, Edgardo Gutiérrez Lavie y Marcelo Marchese.

Al respecto, Marchese expresó en su ponencia: “trajimos nueve mil seiscientas firmas que avalan nuestra denuncia de inconstitucionalidad del contrato, que se suman a las tres mil cuatrocientas que trajimos previamente.

Antes de ir a lo sustancial, cabe señalar que el diputado Abdala  lamentablemente se retiró de sala  manifestó que si ellos tuvieran la suerte de llegar al gobierno revisarían el contrato, y esto no es posible. No lo es porque en febrero UPM puede tomar su decisión final de inversión y ahí termina la cuestión. Ningún gobierno que venga después, del partido político que fuere, puede modificar algo que ya está establecido. Si lo hiciere, iríamos a un juicio con el Ciadi, con lo que terminaríamos pagando multas multimillonarias.

El diputado Iturralde nos dijo que quiere saber de qué se trata. Indudablemente, puede haber cosas secretas. Hace poco tiempo nos enteramos de que se había renegociado en secreto lo ya negociado en secreto se renegoció. Donde el contrato establecía un precio que se debería pagar por kilómetro y por tonelada transportada de celulosa por ferrocarril, como daba lugar a dudas, se buscó la opción más benéfica a UPM. Bastante tiempo después, nos enteramos de que eso fue resuelto así.

Puede haber cosas secretas, pero el contrato fue publicado; fue negociado en secreto pero el 7 de noviembre de 2017 no enteramos de que nos vamos a comprometer económicamente, como mínimo, en US$ 4.000.000.000 para beneficio de una empresa extranjera. En esta cifra no menciono los US$ 1.500.000.000 que en 20 años pagaremos por el 100% de la energía eléctrica que produzca UPM, que le compraremos aunque no la precisemos. Aunque frenemos los molinos o tiremos agua sin turbinar, no la necesitamos todo el tiempo.

El problema es que estamos asistiendo a una situación sumamente grave. Creemos que el Parlamento no ha considerado la gravedad de la situación porque, de lo contrario, hubiera actuado en consecuencia.

Como dije, el contrato fue negociado en secreto. No sabemos si el señor presidente, de su viaje a Finlandia, trajo en la maleta el contrato. No se debatió, y un día nos despertamos con la obligación de invertir US$ 4.000.000.000. En pocas palabras, un día nos despertamos con la obligación de que nuestras tarifas posiblemente suban y que el país se endeudará. ¿Es posible que una inversión de US$ 4.000.000.000 se negocie en secreto sin consultarnos a todos nosotros, ni a los contribuyentes o, por lo menos, a los diputados y los senadores? Entiendo que el presidente y sus funcionarios, sus negocios privados los resuelvan en privado, porque refiere al dinero que ellos consiguieron trabajando honestamente, pero este es nuestro dinero, por lo que debería considerarse nuestra opinión, además de la del Parlamento.

Si el país estuviera en guerra, entendería que el Poder Ejecutivo resolviera por sí y ante sí, porque es una situación grave. Cuando la República romana tuvo una situación de grave peligro, estableció una dictadura. ¿Qué significa esto? Que el poder se concentraría en manos de Julio César o de quien fuere porque el país estaba viviendo una situación de riesgo. Pero, guerra, no vemos que haya en el horizonte. La situación de riesgo que estamos viendo es, precisamente, este tipo de contratos que se resuelven en secreto.

En cuanto a las violaciones a la Constitución que expresamos en nuestro escrito, cabe señalar que se establece que las universidades tecnológicas deben seguir los lineamientos de UPM en la educación, en sus planeamientos. Esto es gravísimo. Se pone un río, el agua de todos además esto fue establecido mediante un plebiscito con una alta votación, al servicio de una empresa.

En síntesis, luego de siglos de monarquías, la humanidad  al menos en occidente descubrió que lo más sano es la división de poderes y que no es bueno que Luis XIV, el Estado, decida; no es lo mejor. Lo mejor es un equilibrio de poderes, es decir, que el Poder Judicial tenga su independencia al igual que el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo.

Estamos asistiendo a un avasallamiento del Poder Ejecutivo en áreas que no le competen como, por ejemplo, la educación, pues es un ente autónomo, y tampoco le compete UTE ni AFE. Asimismo, no compete al Poder Ejecutivo pasar por encima del Parlamento. En un momento en que las encuestas sobre cuál es el grado de aceptación del sistema democrático republicano en América Latina, muestran que viene perdiendo aceptación, que la gente no tiene una excelente visión de las cosas que están sucediendo. Es decir, la gente no ve que las instituciones estén cumpliendo su función de salvaguarda. Por lo tanto, nuestra solicitud al Poder Legislativo es que esté atento a lo que está sucediendo, pues se lo esquivó en algo muy grave. Estas nueve mil firmas, más las encuestas de hace cuatro meses que dicen que más del 60% de la población cree que fue excesiva la actuación del Poder Ejecutivo con la empresa, ameritan que pongamos un freno a este avasallamiento porque, si el equilibrio de los poderes cae, la República ya no podría llamarse República”.

Fuente Imagen: Diario El Telégrafo. www.eltelegrafo.com

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Taller de FUNDAPRO.

Antesala del Senado, Palacio Legislativo.

Viernes 7 de Junio, de 19 a 21 horas (entrada libre, por Av. Gral. Flores)

Las familias uruguayas han cambiado sustancialmente en los últimos 30 años. Algunos de esos cambios: aumento de familias mono parentales; menor convivencia con generaciones mayores; cambios frecuentes en la pareja; convivencia de los hijos con miembros “cambiantes” de la pareja; menor tiempo de convivencia y deterioro de su calidad.

Por otra parte existe evidencia que el desarrollo cognitivo, emocional y social de nuestros niños y adolescentes está deteriorándose. Mayor repetición y deserción educativa; menor aprendizaje; adopción de conductas riesgosas por adolescentes y aún niños; violación de los “límites” personales, familiares y sociales; retardo o imposibilidad de formular un “proyecto personal de vida”.

Frecuentemente se afirma que los cambios operados en las familias son los causantes del deterioro de la crianza de los hijos. Sin embargo, esta posible asociación causal no ocupa un lugar destacado en el debate nacional. De esta forma la sociedad uruguaya corre el riesgo de continuar deteriorándose amenazando su convivencia y desarrollo. Para encarar esta temática FUNDAPRO organiza un taller con cuatro expositores que se focalizarán en distintos ángulos.

1. Lic. Lida Blanc docente de Facultad de Ciencias Humanas de la UCU, Perito Asesor del Departamento de Asistencia Social del Instituto Técnico Forense del Poder Judicial. Análisis de datos estadísticos de los cambios operados en la composición de las familias, y sus consecuencias desde el punto de vista sociológico.

2. Profesor Dr. Ricardo Pérez Manrique, Ministro de la Suprema Corte de Justicia, experto con reconocida trayectoria en derecho de familia. Análisis de los cambios normativos e institucionales que se han producido en Uruguay a partir de las transformaciones familiares y propuesta de las correcciones normativas aún pendientes que considere pertinentes.

3. Dr. Hoenir Sarthou, abogado, periodista, columnista del semanario VOCES. Análisis sobre las razones directas e indirectas por las cuales la relación entre los cambios en las familias y el deterioro en la crianza de los menores, tiene poca trascendencia pública o coberturas académica y periodística, muy inferiores a su importancia.

4. Prof. Gloria Robaina, ex Diputada, experta en temas de género, consultora en políticas sociales. Análisis de las transformaciones en el rol tradicional de la mujer y la familia, y, su repercusión en la planificación y ejecución de políticas públicas que permitan corregir los problemas existentes y constituyan un verdadero apoyo a las familias para que cumplan adecuadamente, su responsabilidad esencial en la crianza de niños, niñas y adolescentes.

A través de estas cuatro áreas de competencia, se buscará poner especial énfasis en la identificación de los cambios de enfoque necesarios para revertir una tendencia que ya arroja resultados muy negativos, con vistas hacia el desarrollo y el bienestar futuros de nuestra sociedad.

Fuente Imagen: roble.pntic.mec.es

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“Sobre los “megaoperativos” policiales organizados por el Ministerio del Interior en varios barrios de Montevideo se han dicho muchas cosas.

Se ha dicho que son violatorios de la Constitución, en la medida en que, durante su realización, se detiene a personas sin orden judicial y sin que estuvieran delinquiendo en forma flagrante en el momento de ser detenidas.

Se ha dicho que son discriminatorios, dado que los operativos sólo se han realizado hasta ahora en barrios con población predominantemente pobre.

Se ha dicho además que son inútiles, porque los delincuentes “grandes” se enteran de algún modo del operativo y se escapan y porque es absurdo pensar que van a dejar de delinquir porque un día su barrio se vea invadido por la policía, cuando saben que al día siguiente todo volverá a la “normalidad”.

Se ha dicho también que responden a una finalidad política. La de dar a la población la impresión de que se hace algo drástico contra la delincuencia, aunque la medida sea en sí misma ineficaz. La presencia de los medios de comunicación (canales de TV) en el mismo momento en que se cumplían los operativos parece avalar esta tesis.

Finalmente, se ha dicho que se tiende a disimular –con aparatosos despliegues- el hecho de que la policía no puede o no quiere desarticular a las organizaciones delictivas mediante un trabajo regular de inteligencia y represión debidamente dirigidas. En otras palabras, que la policía es parte del problema y no la solución.

Hay pocos argumentos para rebatir esas afirmaciones. Efectivamente, la detención injustificada de personas es inconstitucional; la invasión policial de barrios pobres puede resultar discriminatoria para los habitantes del barrio (que, debe presumirse, son en su enorme mayoría honestos); la medida parece ser más espectacular que eficaz, lo que abona la hipótesis de una finalidad política y mediática; y, para terminar, sigue sin quedar claro por qué la policía no utiliza la información de la que parece disponer para combatir a la delincuencia mediante un trabajo regular.

Sin embargo, estos operativos no ocurren en el vacío. Hay en el país una incipiente pero fuerte reacción conservadora. Sus señales más evidentes son la indignación de la opinión pública con el crecimiento de la delincuencia y de la sensación de inseguridad, que se refleja en el tratamiento que dan al tema los medios de comunicación; la ocurrencia de algunos hechos de justicia por mano propia contra delincuentes o presuntos delincuentes; una mayor tolerancia de los jueces hacia quienes efectúan esos actos violentos de “justicia por mano propia”; la generalizada convicción de que las normas y los organismos públicos destinados a la atención de los menores de edad (Código de la Niñez y la Adolescencia, INAU, justicia de menores, etc.) no funcionan como es debido; y finalmente la campaña organizada por el Partido Colorado, con aparente éxito inicial, para rebajar la edad de imputabilidad.

Todo indica que en la sociedad uruguaya toma cuerpo una actitud de hartazgo respecto a la delincuencia y, por extensión, respecto a las políticas oficiales ante la delincuencia.

Ahora, ¿de qué está harta la gente? ¿Qué es lo que parece no estar funcionando bien en las políticas oficiales?

Desde mucho antes de llegar al gobierno, la izquierda uruguaya adoptó como concepto central el paradigma de los derechos humanos. En materia de políticas de justicia, sobre todo de justicia penal y en particular de las relativas a menores de edad, ese paradigma tiende a adoptar un discurso muy crítico respecto a los modelos tradicionales de justicia. Les critica su escaso respeto a los derechos humanos de los presuntos infractores, su falta de sensibilidad ante las causas sociales del delito y su excesiva recurrencia a la privación de libertad como medida preventiva y como sanción.

Respecto a los menores de edad, el paradigma de los derechos humanos se ha propuesto sustituir al clásico modelo “tutelar”, en el que los menores están limitados en el ejercicio de ciertos derechos y sujetos a la tutela de sus padres, o, en defecto de éstos, del Estado, por el modelo en que los menores de edad (“niños, niñas y adolescentes”) son considerados ante todo “sujetos de derecho” independientes, lo que se considera indispensable para el pleno goce de los derechos humanos de los menores.

Si bien algunas de las críticas al modelo tradicional de justicia y al modelo “tutelar” relativo a menores son ciertas, la realidad es que el discurso de izquierda en la materia (fundado en el paradigma de los derechos humanos) se ha reducido a la crítica y demolición de esos modelos, pero no ha propuesto alternativas prácticas para hacer frente a la criminalidad y a las situaciones en que los menores de edad –pese a gozar de cuanto “derechos humano” se le quiera reconocer o declarar- quedan desamparados y sin control de adultos responsables. El resultado de la demolición del sistema tradicional y de la falta de alternativas realistas es una sociedad sin rumbo, tanto en materia de criminalidad como de políticas de minoridad.

Que el delito tiene causas sociales es cierto, pero eso no significa que, además de políticas sociales adecuadas, no deban adoptarse medidas preventivas y sancionatorias para proteger al resto de las personas y para disuadir a otros potenciales delincuentes. Que el encarcelamiento no es la única medida posible es cierto, pero eso no impide que haya que privar de libertad en ciertos casos. Que las cárceles y los centros de internación de menores son tradicionalmente ámbitos de destrucción de las personas es cierto. Pero eso no significa que haya que dejar de encarcelar a los delincuentes peligrosos y de internar a los menores que reinciden en el delito, sino que hay que construir cárceles dignas y centros de internación de menores en los que se pueda pensar seriamente en la reeducación, cosa en la que se ha avanzado poco o nada durante los dos gobiernos del Frente Amplio.

En pocas palabras: es falso que la demolición de los sistemas tradicionales de represión del delito y de tratamiento de los menores de edad produzca por sí sola una sociedad pacífica, justa y respetuosa de los derechos humanos. Seguramente, los modelos tradicionales deberán ser sustituidos por otros, que no hagan “la vista gorda” frente a los problemas y que sean capaces de adoptar medidas sancionatorias y reeducativas sin privar a nadie de garantías y derechos.

Todo indica que los “megaoperativos” policiales son un intento de calmar o complacer a la reacción conservadora –de espíritu represivo- que crece en nuestra sociedad. Y me aventuro a decir que serán tan inútiles como las otras medidas que propone la reacción conservadora, como la rebaja de la edad de imputabilidad.

Las causas sociales de la delincuencia siguen presentes: un modelo económico que sigue excluyendo a muchísimas personas, con el consiguiente crecimiento de la marginalidad, sobre todo cultural; políticas sociales asistenciales que consolidan la marginalidad en lugar de combatirla; un sistema educativo que ha dejado de promover la integración social y la conciencia ciudadana; una errónea concepción de la niñez y de la adolescencia, a las que se pretende tratar con declaraciones de derechos en lugar de con políticas educativas firmes aplicadas por adultos responsables.

En suma, hay una crisis de cierta concepción ideológica de la izquierda uruguaya. Y esa crisis se expresa en el fracaso de las políticas sociales y educativas y –con notoriedad- de las políticas relativas al delito.

La crisis es grave, sobre todo porque la izquierda se niega a reconocerla y a adoptar alternativas. Jugando a la defensiva, oscila entre insistir en la crítica a modelos anteriores, sin proponer uno nuevo, o mimetizarse con la reacción conservadora y aplicar o simular medidas represivas.

Fuente: Semanario Voces.

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