Dos periódicos latinoamericanos, «El Tiempo», de Bogotá y «La Prensa Gráfica» de San Salvador, el pasado 8 de noviembre convocaron a diferentes expertos a debatir en el foro «América habla: Unidos para informarnos mejor», organizado en la capital salvadoreña, sobre el «Modelo Bukele» para enfrentar la criminalidad.

Por Hugo Machín Fajardo

El Salvador tenía en 2015 una tasa de homicidios de 106 por cada 100.000 habitantes. Era uno de los países más violentos del orbe. La tasa de homicidios promedio en el mundo se sitúa en el 6,2 por 100.000 habitantes. Desde 2022, en el «Pulgarcito» de América Central — 21 mil Km2— la tasa de homicidios descendió a 9,7. El Salvador cuenta con 6,3 millones de habitantes, con una densidad poblacional de 300 habitantes por Km2.

La criminalidad es el flagelo que más afecta a Latinoamérica. La tercera parte de los homicidios que ocurren en el mundo tienen lugar en la región. La corrupción en alto grado, y la marginación de millones de latinoamericanos, especialmente de jóvenes, son el caldo de cultivo para el crimen organizado que diariamente recluta adolescentes y jóvenes para sus estructuras criminales, en opinión del periodista colombiano Ernesto Cortés, moderador del primer panel: «Estrategias para enfrentar la violencia. Lo que ocurre en El Salvador».

Países que no se contaban entre los que sufrían secuestros extorsivos, crímenes cada vez más violentos, sicariato y masacres, como Argentina, Chile —donde el gobernador de Santiago, el oficialista Claudio Orrego pidió esta semana decretar estado de excepción constitucional,— Costa Rica, Ecuador y Paraguay, hoy enfrentan crecientes desafíos a su institucionalidad. El contexto se ve alentado por las economías ilegales que abarcan el microtráfico; explotación sexual, incluida la infantil; utilización de migrantes como mano de obra esclava; y obviamente diversas modalidades de robos y homicidios.

La venta de protección barrial en ciudades cuyos sectores populares pueden estar divididos territorialmente entre combos que no permiten vender otros productos que no sean los que ellos manejan, es una vertiente importante de las economías ilegales urbanas. En las zonas rurales, la actividad delictiva prioriza la minería ilegal, la producción y trasporte de droga hacia el Primer Mundo.

El mexicano Carlos Xavier Muñoz Burgos del Banco Mundial, sostuvo en noviembre 2022 en Medellín que «Latinoamérica necesita un nuevo pacto social que permita acortar la brecha social”.

Muñoz agregó que las tasas más altas de homicidios de 2020 se registraron en 20 países con más desempleo: Brasil, Honduras, México, El Salvador, Ecuador, Colombia, entre ellos. Según informe del BID del 2020, 3.5 del PIB de la región se pierden por la violencia: 16,5 billones de USD. Solo en Brasil suman 9.2 billones.

La administración de Nayib Bukele (2019-2024) ha encarcelado 70.000 personas y construido mega-cárceles donde recluir a los detenidos. Fruto de los cuestionamientos —provenientes de ONGs y de la administración Biden, por las acciones contrarias al Estado de derecho, así como a violaciones a los Derechos Humanos— el Gobierno ha decretado la libertad de unos 7.000 detenidos. El resto aguarda para ser procesado.

¿Mano dura? ¿Mano blanda? ¿Mano eficaz? En esa contraposición se generó el conversatorio entre Ignacio Cano (Unam-México), fundador del Laboratorio de Análisis de la violencia.; Tahnya Pastor, ex auxiliar del fiscal general de El Salvador; Carlos Carcach, académico salvadoreño; y Edwin Segura, periodista salvadoreño.

La abogada Pastor sostiene que en su país existe «un sistema legal instaurado para generar corrupción y promover la impunidad. Tuvimos una guerra con pandillas que no surtió efectos. Por el 2002, se intenta castigar a las maras, pero la Sala Constitucional declaró inconstitucional la ley propuesta».

Pastor agrega que «lo positivo del estado de excepción, [vigente desde hace 20 meses] es lo que se había logrado en materia de reducir la criminalidad. Lo negativo es que había capturas inocentes», pero así se logró derrotar «al autoritarismo violento de las pandillas» que sometía a la ciudadanía. A juicio de la abogada salvadoreña, la ciudadanía está dispuesta «a negociar cierto grado de libertad en aras de seguridad».

Pastor ve positivo que su país se haya trasladado «de un derecho penal hiper garantista, que invisibilizaba a las víctimas, a una situación en que ahora se visibiliza a las víctimas (…)  No estamos orgullosos como país, pero hay que aceptarlo como necesario y [los miles de reclusos] van a estar ahí el tiempo que las leyes digan que deben estar ahí. El costo que significa es mucho menor si lo contabilizamos en vidas». Sobre los cuestionamientos existentes a los desbordes inconstitucionales de Bukele, así como al abuso del estado de excepción dijo que «la ciudadanía no come del Estado de Derecho».

Bukele tiene una popularidad del 90% según el último informe de Latinbarómetro, agosto 2023, que abarca 17 países de la región. Una reciente encuesta de TResearch International en El Salvador, le asigna el 94,1 % de los votantes, frente a un 4% del izquierdista FLFM, —partido donde surgió Bukele— y un 2% del derechista Arena.

También el periodista Segura reconoció que la población «está satisfecha con los resultados del régimen de excepción, pero advirtió que «muchos de los capturados son inocentes». El periodista salvadoreño agregó que «la reducción de los homicidios no ha sido inmediatamente después ni vinculada con el régimen de excepción. Del porcentaje de homicidios que hubo en 2015, entre 2015 y 2018 se pasó a 52 por cada 100.000 habitantes; y a un tercio, entre 2018 a 2021. Sin régimen de excepción. Luego viene la última etapa desde 2022. con 9.7 porcada 100.000 habitantes».

Los cuestionamientos más severos a Bukele provinieron del mexicano Ignacio Cano (UNAM-México), exACNUR, fundador del Laboratorio de análisis de la violencia: «el costo de este modelo es una tasa de encarcelamiento superior al dos por ciento de la población. Existen múltiples acusaciones de violaciones a los Derechos Humanos. Muertes sin autopsia. Racionamiento de comida en las prisiones. Y el fin de lo que sería el Estado de derecho pues no hay presunción de inocencia. En el pasado las políticas de mano dura han fortalecido al crimen organizado, —tanto en Brasil como en México— porque concentra a los criminales en las cárceles».

«El proyecto Bukele actual —prosiguió— es la fantasía de muchos gobiernos autoritarios de la región que siempre soñaron con no tener imites legales a su actuación».

«Todo el mundo que podría ser marero marcha a la cárcel. Si triunfa esto, tendremos un retroceso democrático y en El Salvador tenemos un retroceso democrático muy serio con sustitución de jueces; represión a la prensa; uso selectivo del código penal: ambientalistas que fueron procesados por ser opositores, no mareros».

Según Cano es equivoco plantearse si «mano dura o mano blanda: es mano eficaz. Si hubiera pruebas concluyentes de la culpabilidad de estos setenta mil, nadie criticaría la política de Bukele». El especialista mexicano se preguntó luego «¿quiénes son los presos?: los tatuados y los pobres. Eso puede generar un resentimiento. Lo que hay que hacer es mejorar la investigación, a través de delación premiada, (y) reinserción social».

Recordó que «en el gobierno (de izquierda) de Funes, los mareros seguían extorsionando y no hubo una política que los sacara del crimen. Porque es un problema estructural. Bukele también negoció antes con las maras para intentar reducir la violencia».

El viernes 17 de noviembre se confirmó desde Estados Unidos que entre 2019 y 2021 el gobierno de Bukele negoció con lideres de la Mara Salvatrucha (MS-13).

El académico Carcarach afirmó que a la instalación de las primeras pandillas no se le dio oportuna respuesta en 1992, inmediatamente después de la firma de los acuerdos de paz: «el crimen comenzó a concentrarse fuera de las zonas urbanas, migró para las zonas rurales, donde bandas de criminales se nutrieron con muchos desmovilizados de las fuerzas armadas y de la guerrilla que lo único que sabían hacer era disparar un arma y responder con violencia».

«Las pandillas no creo hayan perdido su poder. Deben sobrevivir como organización criminal. Probablemente redujeron áreas de interés para ejercer control territorial y eso les beneficie, pues no pueden controlar territorio más amplio», agregó el académico.

En el segundo panel —«Experiencias de reducción de violencia en América latina»— se rechazó el «Modelo Bukele» contraponiéndole experiencias positivas de reducción de la criminalidad.

El alcalde Oscar Escobar García, de la ciudad colombiana de Palmitas, entiende que «no es un problema de izquierda o derecha, sino de entender que la reducción de la violencia urbana no es solo un problema policial, o de pedirle al presidente más policías, sino de abordar las causas estructurales del conflicto y poner en marcha estrategias integrales que actúen sobre esas causas». Expuso el programa PAZOS (Paz y Oportunidades) aplicada en su ciudad del Valle del Cauca):  se trata de priorizar la oferta social y económica en jóvenes de 14 a 29 años y en barrios con mayor vulnerabilidad, de acuerdo con un análisis estadístico.

Alberto Kropittke es el director ejecutivo del programa brasileño Ciudades Seguras. Informó sobre el trabajo en Niteroi, en el Nordeste brasileño, «con estrategias basadas en evidencia, en prevención con aplicación de la ley. Combínanos con el liderazgo del alcalde. Construimos con las policías locales, nacionales, la fiscalía, el sistema judicial, estrategias utilizando la disuasión focalizada».

«También en la ciudad de Pelotas— en el sureste de Brasil— donde la cifra de homicidios descendió un 92 por ciento de homicidios y en un 80 por ciento los robos, a partir de implementar el mismo programa».

Agregó que en 27 provincias de Brasil se están reduciendo homicidios desde hace más de 15 años. Y que eso se logra con análisis de datos, con investigación, con liderazgo del gobernador, con coordinación con las policías. «Es entonces cuando ese modelo funciona. Está ocurriendo hoy en Brasil fuera del discurso polarizado del país».

Se trata de un plan integral con urbanización y con servicios públicos. «La gran cuestión es que necesitamos planes de política pública como en la salud o en la educación. Y cuando no se quiere hacer eso se hacen cosas que no sirven. En los noventa en Sao Paulo se hizo algo parecido a lo que se está haciendo hoy en El Salvador y el resultado fue horrible».

Fuente Imagen: @presidenciaSV

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Y es muy positivo hacerlo desde una mirada crítica.

Por considerarlo de sumo interés, compartimos la reflexión en sus redes sociales del periodista y amigo Hugo Machín que con su corazón celeste, desde Colombia, nos aporta una mirada sumamente valiosa.

“El triunfo del deporte sobre el negocio.

Los equipos uruguayos hace 36 años que no obtienen un título mundial. El último fue Nacional en 1988 coronándose Campeón del Mundo, conquista a la que accedía por tercera vez en su historia, al igual que Peñarol, ganador también de tres títulos mundiales.

En ese contexto debe ubicarse este triunfo mundial de la selección Sub-20 que se coronó Campeona del Mundo 2023 en Argentina.

¿Por qué un fútbol como el uruguayo que ostenta cuatro títulos mundiales de selecciones mayores, todos ganados en el Siglo XX, despareció de los podios mundiales?

La respuesta está a en el negocio que ha subordinado al deporte.

Una depreciación que no es sola del futbol uruguayo. Abarca a toda la región latinoamericana que, de haber tenido un portentoso futbol como continental, pasó a ser proveedora de grandes futbolistas para el deleite de los espectadores europeos.

El correlato es un futbol mediocre latinoamericano excepción hecha de los destellos brasileños propios de un país con inagotables surtidores de futbolistas que permiten mantener cierto nivel futbolístico local, pero que igualmente está lejos del que tendría si todos sus excelentes jugadores se desempeñarán en Brasil.

Uruguay se coronó Campeón del Mundo Sub-20 tras obtener seis triunfos y sólo una derrota 3-2 ante Inglaterra, en la fase grupal, que fueron los únicos goles que recibió en todo el Mundial.

Jugadores con lesiones, roturas fibrilares sanciones desmedidas, negativa del Real Madrid— equipo que paradojalmente cuenta con muchos seguidores uruguayos— a que Álvaro Rodríguez, que había sido goleador celeste en las eliminatorias de Colombia, integrara la oncena mundialista. Igual les ocurrió a futbolistas juveniles argentinos que se desempeñan en Europa.

El título va en contravía del mercado futbolístico, por más que varios jugadores del torneo ya integran equipos europeos.

Pareciera que a esa edad aún no han sido compelidos por la dinámica de los futbolistas mayores que actúan en las ligas europeas donde la superposición de partidos con los escasos días que el calendario de fechas FIFA les otorga, sumado a la dispersion geográfica en que se mueven, conspira contra el mejor balance. de equipo.

La final del domingo 11 de junio contra el poderoso equipo italiano no fue fácil pese al correcto planteamiento táctico del DT.

Marcelo Broli de trabar a la escuadra azzurra, pero siempre atacando y generado las mejores opciones durante el partido al que el árbitro sueco le agregó 11 minutos; se escudó en el VAR para no sancionar debidamente una falta grave de un italiano contra el capitán celeste Fabricio Díaz; así como permitir que en varias oportunidades los futbolistas italianos agarraran impunemente a los delanteros uruguayos cuando estos se les escapaban tras superar la marca.

Estas apreciaciones podrían percibirse como excusa, si la selección Sub-20 no hubiera obtenido el título mundial. No por haberse consagrado campeona, debe dejarse de anotar lo que pueden parecer detalles, pero que pueden definir resultados en un deporte constituido por la ‘dinámica de lo impensado’, como definiera al fútbol el periodista deportivo argentino Dante Panzeri».

¡Salud Campeones!

Fuente Imagen: Telemundo.

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Artículo publicado en https://www.cadal.org/

Los procesos políticos latinoamericanos por los cuales un sistema democrático se convirtió en autoritario o dictatorial han determinado otras lecturas de la realidad regional. Hoy en Latinoamérica no se trata de «izquierda o derecha», sino de qué tanto se respetan y defienden o no, los derechos humanos, en su acepción universal e indivisible, en cada Estado de la región.

Por Hugo Machín Fajardo

«El poder es adictivo» dijo Gustavo Petro, flamante presidente de Colombia, a dos días de haber llegado a la Casa de (Antonio) Nariño. Explicitó su comentario ante la prensa en referencia a cómo se siente quien pasa a vivir entre gobelinos, espejos con marco dorado y otros lujos existentes en la sede del Poder Ejecutivo de Colombia, cuyo nombre recuerda a un ilustre independentista que —vaya paradoja—a raíz de su defensa y difusión de los derechos humanos pasó 21 de sus 58 años de vida en prisión en cuatro ocasiones distintas.

Con su comentario Petro repetía y advertía, a su modo, el reproche hecho 133 años antes por Lord Acton, ilustre historiador liberal, católico, a un obsecuente historiador del papado que omitía los crímenes vaticanos: «Todo poder tiende a corromper y el poder absoluto corrompe absolutamente».

No es un comentario baladí. Petro es consciente de que la mitad de los colombianos ven cernirse sobre su administración la sombra de dictadores —Fidel Castro, Maduro, Daniel Ortega, — y corruptos— matrimonio Kirchner, «el mecanismo». [Netflix], Odebrecht— o la tentación autoritaria de Nayib Bukele y Donald Trump.

Y fuera de Colombia no son pocos los analistas y politólogos que insisten en proponer el retorno de una «marea rosada» en Latinoamérica, con especial papel a cumplir por las administraciones de Boric en Chile, Petro, en Colombia y eventualmente Lula en Brasil a partir del 2023. Según esas opiniones sería diferente de la «marea roja» de hace 10 años —Tabaré Vázquez, Néstor Kirchner, Michelle Bachelet, José «Pepe» Mujica, Fernando Lugo— pero igualmente con características «de izquierda».

¿No será que el retorno al autoritarismo latinoamericano que se produjo en algunos países cuando la región vivía el mejor momento de la democracia y la libertad, ha generado  una expectativa diferente a la de «izquierda» o «derecha»?

Los procesos políticos latinoamericanos por los cuales un sistema democrático se convirtió en autoritario o dictatorial han determinado otras lecturas de la realidad regional.

Hoy en Latinoamérica no se trata de «izquierda o derecha», sino de qué tanto se respetan y defienden o no, los derechos humanos, en su acepción universal e indivisible, en cada Estado de la región.

Gobierno de coalición. La nueva administración encabezada por el Pacto Histórico formado por Petro es un gobierno de coalición. «No quiero dos países», dijo el presidente en su discurso de asunción del 7 de agosto. Propuso unas fuerzas armadas que trabajen en la reconstrucción de la paz; cuestionó a la ONU por la ineficaz política antidrogas desarrollada durante décadas; pidió ayuda internacional para el combate al narcotráfico y la desforestación, y anunció los temas principales a encarar ya: reforma tributaria —inicialmente para recaudar 75 billones, luego 50 billones de pesos [aprox. 11,786,700 dólares] pero que en el proyecto enviado horas después quedó en 25 billones a ser recaudados en 2023— ; reforma de la salud; de los contratos laborales —la informalidad es de 58% en el país, equivalente a 12,7 millones del total de 22,05 millones de trabajadores—; y reforma educativa.

¿Se puede comparar el gobierno «de izquierda» de Pedro Castillo en Perú, que no tiene apoyo legislativo, que lleva 60 ministros diferentes en un año de gobierno, y varios intentos de censura parlamentaria; con un gobierno que cuenta con 2/3 de apoyo en el Congreso? Un botón de muestra: el senador–influencer JP Hernández, de Alianza Verde, que apoya a Petro, propuso «a la brava» —aunque había sido promesa de la campaña electoral—  un proyecto de ley para reducir el salario de los legisladores, establecido en 35 salarios mínimos. El SMN de Colombia es de $1.000.000. Al momento, lo han firmado 80 legisladores y sumando. En la lista hay firmas de conservadores, liberales, del Pacto Histórico, verdes, e incluso del único claramente partido opositor, el Centro Democrático. Una golondrina no hace verano, pero el talante del espectro legislativo de hoy en Colombia es de, sin aprobar «a tapa cerrada» todo proyecto legislativo enviado por Petro, darle ingreso a los varios «chicharrones» (*) que el nuevo gobierno tiene por delante:

–          retomar vínculos diplomáticos con Caracas que apunten a consolidar la paz seriamente afectada en la frontera con Venezuela;

–          negociar la paz con la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (ELN), para lo cual delegados del presidente Petro ya dialogan con jefes guerrilleros radicados en Cuba. No es fácil ese tema, según dijo el viernes 12 el ex ministro y negociaron de paz con el ELN, Juan Camilo Restrepo: «el ELN no va a aceptar que los equiparen con el Clan del Golfo»;

–          la respuesta del Clan del Golfo y otros grupos del crimen organizado al llamado hecho por Petro de «dejar las armas» y «aceptar beneficios jurídicos a cambio de la paz». En principio no serían encuadrados en la Justicia Especial Para la Paz (JEP), creada para diligenciar el acuerdo de paz con la ex guerrilla de las FARC;

–          mientras que los efectos de la reforma fiscal, en opinión de expertos y gremiales empresariales, podría frenar la inversión, afectar la competitividad e incrementar los precios de la energía, la ministra de Minas y Energía, Irene Vélez, es partidaria de no firmar nuevos contratos de exploración y de comprarle gas a Venezuela. Desde el sector energético hubo voces de rechazo a estas ideas: en el presente, el 58% de las exportaciones lo constituye el petróleo y los minerales y no hay forma de sustituirlo ya. Además, afectaría a un 30% de las rentas provenientes de ese sector. Otros recordaron cuando Maduro en 2016 le cortó el suministro de gas a Colombia, y también hicieron énfasis en que en Europa el usuario paga USD 25 por el mismo gas que Colombia produce a USD 6;

–          el envío a las escuelas y bachilleratos de cartillas realizadas con base al informe final de la Comisión de la Verdad. La oposición está en desacuerdo y ha resuelto enviar también una cartilla propia — «¿Cuál verdad?»— por entender que la cartilla propuesta por la comisión presidida por el provincial de los jesuitas, Francisco de Roux, sería adoctrinamiento gubernamental.

En síntesis: el gabinete de Petro cuenta con dos ministros conservadores — uno, Álvaro Leyva, es nada menos que el canciller, — tres liberales —uno, es el ministro de Hacienda, Javier Ocampo, otra, la ex ministra Cecilia López, economista y es senadora liberal; Néstor Osuna, de Justicia—; en Defensa, Iván Velásquez, prestigioso jurista y probado luchador contra la corrupción. Es el sector moderado y más técnico del gabinete de Gobierno. Coexiste con un sector más ideologizado, con menos experticia como la titular de Trabajo, Gloria Inés Ramírez quien el lunes 8 sostuvo que Venezuela está avanzando gracias a las políticas implementadas por los chavistas. De inmediato en redes sociales repusieron un video de hace seis años en que la también docente escolar y ex senadora postulada por el Partido Comunista sostenía: «Ya quisiéramos nosotros que aquí estuvieran las ideas de (Hugo) Chávez, Evo (Morales), de Rafael Correa y de todos los que están construyendo patrias soberanas e independientes».

[*] Chicharrón, aunque es un plato apreciado en la mesa colombiana, también se utiliza como sinónimo de problema serio.

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Por Hugo Machín Fajardo

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«Todos los que hemos vivido el Holocausto tenemos una historia personal digna de ser narrada, aunque sea por el mero hecho de ponerle un rostro humano a la experiencia», escribió Thomas Buergental en Un niño afortunado. De prisionero en Auschwitz a juez de la Corte Internacional, publicado 60 años después de su experiencia.

Es a través del testimonio personal que podemos entender el siglo más cruel de la historia humana, como lo fue el que compartimos con nuestros padres y abuelos.

«La banalización del mal absoluto hitleriano es», como escribiera el juez argentino Héctor Tizón, «la banalización del discurso dialéctico que intentó —casi siempre con las mejores intenciones— justificar (ignorar) los millones de víctimas de la KGB y del Gulag (los campos soviéticos de trabajos forzados); a lo cual no ha sido ajena la intelligentza progresista, usufructuante sin embargo de los valores y ventajas del capitalismo».

Este 27 de enero se cumplen 76 años del cierre del campo de exterminio de Auschwitz, en el marco del Día Internacional de Conmemoración de las Víctimas del Holocausto y entidades judías han convocado a recordar.

Holocausto es un término con el que comienza a denominarse el exterminio judío ocurrido en Europa bajo el nazismo entre 1939 y 1945. Fue en 1978, a raíz de una serie televisiva realizada en Estados Unidos que cuenta la vivencia de una familia judía bajo el Tercer Reich, que se generaliza la palabra Holocausto originada en el cristianismo primitivo. Utilizada por primera vez para aludir una matanza de judíos en un pogrom perpetrado en Londres el día de la coronación del rey Ricardo I, en 1189, informa el jurista colombiano Hernando Valencia Villa.

Hay un antecedente a esa pérdida total de la empatía por el otro y es la inhumanidad resultante de la carnicería que fue la Primera Guerra Mundial (1914 – 1919), causante de la gran desilusión mundial. Millones de muertos y otros tantos mutilados. Utilización masiva de gases venenosos. Fue la antesala de la incivilización. Lo que vino después, es la consecuencia natural de un proceso deshumanizante: en toda la historia de la civilización ninguna nación hizo una guerra tan bárbara, capaz de hacer retroceder a los alemanes a estadios de crueldad nunca registrados.

Hanna Arendt ha descrito el proceso de radicalización ideológica y deshumanización impulsado por Hitler desde que llegó al poder en Alemania. Fue una preparación paulatina del sacrificio del pueblo judío tras atribuirle un carácter de amenaza para Alemania. Primero, se recortaron los derechos cívicos de los judíos y se les despojó de toda posibilidad de participar en la vida social. Luego llegó la deportación, el confinamiento en campos de concentración y finalmente el exterminio.

EL GENOCIDIO. En 1939 Hitler se refirió a cómo los armenios habían sido exterminados durante la guerra anterior [por el Imperio otomano] y que se podía sobrevivir a las consecuencias que aparejaba ese acto.

Detrás del frente oriental de la Segunda Guerra Mundial, unidades móviles del ejército alemán cazaban a todos los judíos del sitio invadido y fusilaban a hombres, mujeres y niños sepultándolos en fosas comunes. Asesinaron a unos dos millones de personas.

En 1942, el ministro plenipotenciario nazi en Dinamarca, Karl Rudolf Werner Best (1903 -1989), afirmó que «la experiencia de la historia ha probado que el exterminio o expulsión de un pueblo extranjero no se contradice con los principios fundamentales de la existencia humana, siempre que los exterminios y las expulsiones sean completos».

De acuerdo con las estadísticas preparadas por Adolf Eichmann (1906-1962) para la conferencia de los jerarcas nazis realizada en una villa a orillas del Wannser, un lago en las afueras de Berlín, el 20 de enero de 1942, presidida por el todavía jefe de las SS Reinhard Heydrich (1904- 1942) debían «desaparecer» once millones de judíos, incluyendo los que vivían en países aún no conquistados.

Fue un exterminio sistemático de aproximadamente unos seis millones de judíos en Auschwitz, Belzec, Buchenwald, Chelmno (Kulmhof), Mjdanek, Sobibor, Treblinca y más de mil campos diseminados por la Europa ocupada.

Los alemanes hicieron aquello de lo que acusaban a los judíos y se autoexcluyeron de la civilización humana, sostiene el historiador alemán Dietrich Schwanitz (1940 – 2004).

El 85% de los SS que trabajaban en Auschwitz no fueron inculpados, ya que las autoridades jurídicas de casi todos los países llegaron a la conclusión de que la mayoría de los SS de ese campo no cometió personalmente ningún homicidio, sino que la tecnología se encargó de ello y no puede juzgarse a una cámara de gas. Eso lleva al periodista británico Laurence Rees a preguntarse si eso no significa que si un Estado organizara una forma totalmente mecanizada de exterminio de personas nadie sería culpable.

No es novedad que el sufrimiento tiene continuidad más allá de que «el tiempo sea un gentilhombre» como suele decirse.

SOLIDARIDAD DEMORADA. El Holocausto demoró en concitar la solidaridad occidental, por diversos motivos. Por un lado, el pudor de las víctimas: «nunca he encontrado el modo de decirlo, el modo de contar a los que no han vivido esa época la clase de miedo que era”, escribió Marguerite Duras (1914-1996) cuarenta años después en El señor X. Aquí llamado Pierre Rabier, para referirse al terror con que vivieron los europeos la ocupación nazi.

Por otro lado, la cola de paja que consciente o inconscientemente mantuvieron millones de cristianos a raíz del comportamiento del jefe espiritual de los católicos de entonces, Eugenio Pacelli (Pío XII). Sesenta años después, el libro El Papa de Hitler. La verdadera historia de Pío XII,  que puede descargarse en línea, y más recientemente, el documental Los archivos secretos del Vaticano, permiten asomarse a la actitud de la jerarquía vaticana para con el nazismo. En marzo del 2020, Jorge Bergoglio (Francisco), autorizó el ingreso de investigadores a los archivos del Vaticano. En un mes de trabajo interrumpido por el Covid-19 hubo material como para tener una idea de lo actuado por Pacelli. El historiador eclesiástico Hubert Wolf descubrió un documento que describe la destrucción del gueto de Varsovia. Pacelli leyó el documento en setiembre de 1942, «pero no se hicieron públicos su contenido ni las notas marginales de la secretaría de Estado. En cambio, el Vaticano sostuvo durante décadas que no se estaba ocultando nada a la opinión pública y que las fuentes estaban completas», documenta la DW.

Son 16 millones de folios repartidos en 15.000 sobres y 2.500 fichas desclasificadas que previsiblemente permitirán más información sobre el tema.

RECONOCIMENTO SOCIAL. En un ensayo publicado en 1987, Humberto Eco (1932 -2016) sostiene que no es posible que exista una «ciencia del olvido» porque todos los signos producen presencias y no ausencias. Eco sostenía que los esfuerzos por olvidar algo solo permiten recordar “que se quería olvidar algo, no olvidar ese algo», explica el profesor emérito de Historia de la Universidad de Florencia, Paolo Rossi.

Las víctimas directas supervivientes del Holocausto son ancianos de más de 80 años. Muchos han vivido como si aquel pasado fuera un presente. Para ellos el tiempo no fue una cura, tal vez, un alivio, pero no un olvido. Sus hijos y nietos conviven con nosotros. La comprensión y el apoyo por lo que vivieron depende de nuestra empatía. Es el reconocimiento social ante un dolor que las victimas viven como exclusivo. Como sociedad, en 1992 la Intendencia de Montevideo convocó a un concurso para la construcción del Memorial del Holocausto del Pueblo Judío. Dos años después, ubicado en el barrio montevideano de Punta Carretas, en la Rambla Presidente Wilson, sobre el Río de la Plata, era inaugurado por el presidente Luis Alberto Lacalle (1990 -1995) y desde entonces se ha incorporado al paisaje urbano con todo lo que ello significa para las nuevas generaciones.

La memoria es un proceso individual, pero los soportes espaciales concebidos honestamente y con amplitud conceptual que permitan compartir códigos culturales de una sociedad— no solo de un grupo o partido político—pueden contribuir a recordar, o sea, hacer pasar por el corazón un pasado que no debe ser olvidado.

Fuente Contenido e Imagen: Analisis-Latino: Cultura-Derechos-Humanos-Elecciones-Opinión

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No puede extrañar que el pasado 6 de enero Trump haya apostado al golpe de Estado burdo, cuando sus intentonas previas habían encallado en la institucionalidad que, con sus fisuras, es una tradición norteamericana. Desde el inicio de su campaña electoral amenazó a la prensa y durante los años de su mandato incrementó sus ataques contra los periodistas y medios. Siendo candidato prometió inconstitucionalidades como la de prohibir el ingreso de musulmanes a los Estados Unidos o incitar al homicidio contra su contrincante en la campaña electoral.

Por Hugo Machín Fajardo

Twitter: @MachinFajardo

«La historia ocurre dos veces: la primera vez como una gran tragedia y la segunda como una miserable farsa», pero la propia historia ha desautorizado esa conocida cita de Marx. «La historia vuelve a repetirse», como escribió Enrique Cadícamo en Por la vuelta. Con nuevos personajes.

Donald Trump no representó los valores republicanos desde la campaña electoral iniciada en 2015. Declaraciones confirmatorias de ello realizadas por líderes del partido del elefante lo demuestran. Tampoco puede sorprender que una vez en el poder haya inficionado al Partido Republicano con lo que hoy se denomina «trumpismo», que no es otra cosa que un modelo fascista para gobernar. Actualizado al siglo XXI, pero en la misma línea impulsada por Mussolini, quien comenzó su labor como dirigente socialista, pero terminó en el corporativismo del fascio.

Ojo que no es un problema exclusivo de los Estados Unidos. Atañe a Latinoamérica y a las democracias en general.

Perón ganó las elecciones argentinas de febrero de 1946 como candidato del Partido Laborista. Asumió en junio y días después proscribió en los hechos al laborismo y demás sectores que le habían postulado como candidato. Creó una nueva organización política— Partido Único de la Revolución Nacional— que devendría en el Partido Peronista.

Perón sostenía que los partidos políticos estaban destinados a desaparecer como tales y ser sustituidos por movimientos corporativos: «este es un proceso que está viviendo el mundo, y es una cosa natural. Observen ustedes que la organización política es una organización circunstancial», consignan los autores Peyrou y Villanueva en su libro Documentos para la historia del peronismo, publicado en 1969.

Por algo autócratas del presente tuvieron expresiones ambivalentes respecto a la asonada contra el Capitolio en Washington donde fascistas, nostálgicos de la esclavitud y neonazis convocados por el líder comandaron las acciones.

El régimen chino comparó el intento golpista con las manifestaciones por democracia que tienen lugar en Hong Kong, donde el mismo 6 de enero más de mil policías arrestaron el a 53 personalidades que luchaban por las libertades, entre ellos un abogado estadounidense.

El gobierno venezolano emitió un comunicado en el que «condena la polarización política y el espiral de violencia (que) refleja la profunda crisis por la que atraviesa el sistema político y social de los Estados Unidos», al mismo tiempo que emprendía un nuevo apriete contra medios y periodistas que no acatan la información oficial del régimen.

Incluso la declaración de Bergoglio del 10 de enero suaviza la gravedad de lo ocurrido el 6 de enero en Washington, calificado de «asedio» el intento de golpe de Estado. Y agrega la habitual insustancialidad para no comprometer opinión ante lo que fue un contundente y premeditado ataque a la democracia no solo de Estados Unidos.

LA ESTRATEGIA. Pero lo cierto es que luego de innúmeras actitudes descabelladas y por sobre todo falsas de toda falsedad, no puede extrañar que el 6 de enero Trump haya apostado al golpe de Estado burdo, cuando sus intentonas previas habían encallado en la institucionalidad que, con sus fisuras, es una tradición norteamericana.

Desde el inicio de su campaña electoral amenazó a la prensa y durante los años de su mandato incrementó sus ataques contra los periodistas y medios, una estrategia de desacreditación de esa profesión y de utilización espuria de las redes sociales que hizo carne entre sus seguidores.

Siendo candidato prometió inconstitucionalidades como la de prohibir el ingreso de musulmanes a los Estados Unidos o incitar al homicidio contra su contrincante en la campaña electoral: en un discurso realizado en Carolina del Norte instó a sus seguidores a hacer uso de la Segunda Enmienda (que autoriza al porte de arma) para impedir que Hillary Clinton llegara a la presidencia: «Aunque con la segunda enmienda, puede que haya (una solución) no lo sé».

El nacionalismo blanco está en ascenso en Estados Unidos, sostiene el economista Daron Acemoglu, profesor de economía en el MIT. Según la Liga Antidifamación, en 2018 y 2019 hubo 6768 incidentes de extremismo y antisemitismo (mayoritariamente desde la derecha). Esa cifra es significativamente mayor a la de años anteriores, lo que lleva a muchos a la conclusión de que el alza del extremismo local es culpa del presidente Trump.

La investigación de los economistas Karsten Müller y Carlo Schwarz (Del hashtag al crimen de odio: Twitter y el sentimiento contra las minorías,) de octubre 2019, establece que entre los tuits antimusulmanes de Trump y la comisión de crímenes de odio antimusulmanes hay un vínculo causal directo, con un aumento del 38% en esos crímenes. Los ataques verbales de Trump y sus seguidores en redes sociales contra las minorías abarcan a las mujeres, latinos—en especial mexicanos—homosexuales, extranjeros, veteranos de guerra y hasta minusválidos.

Trump perdió la elección popular de 2016 por una diferencia de 2 millones de votos, pero el sistema electoral, acordado por una elite hace 232 años, permitió mediante la ley del Recuento Electoral diseñar una democracia recortada, donde 538 electores eligen presidente y vicepresidente según el voto popular en sus respectivos estados. Así fue que Trump se sentó en el mismo sillón del republicano Abraham Lincoln.

ANTECEDENTES DEL 6/01. Este golpe del 6 de enero fue por etapas. Trump intentó escamotear la voluntad popular mediante la Corte Suprema, donde contaba con obtener apoyo en seis de sus nueve miembros, tres de ellos nombrados durante su presidencia. La demanda presentada por el estado de Texas, apoyada por varios fiscales generales estatales republicanos y 106 miembros republicanos del Congreso, apuntó a invalidar los resultados electorales en los estados de Georgia, Michigan, Pennsylvania y Wisconsin, antes de que sesionara el Colegio Electoral, el 14 de diciembre. La Corte Suprema rechazó unánimemente la moción de Texas por falta de méritos constitucionales.

Después, Michael Lynn, ex Asesor de Seguridad Nacional de Trump, sugirió la realización de nuevas elecciones con respaldo militar en los estados cuestionados por Trump, lo que fue recusado por las Fuerzas Armadas en un tuit del Secretario del Ejército McCarthy y el Jefe de Estado Mayor del Ejército McConville, diciendo que «no hay ningún papel para el ejército estadounidense en determinar el resultado de una elección estadounidense».

El 3 de enero los 10 exsecretarios de defensa vivos —incluidos Dick Cheney y Don Rumsfeld— advirtieron en un artículo de opinión del Washington Post contra «los esfuerzos para involucrar a las fuerzas armadas de los Estados Unidos en la resolución de disputas electorales».

Hay testimonios que de que los golpistas querían tomar como rehenes al vicepresidente Mike Pence y a la jefa de los demócratas Nancy Pelosi, por considerarlos los responsables máximos de lo que horas antes Trump en un mitin seguía calificado de fraude. Ochenta jueces han dejado en claro que no existe una sola denuncia que tenga pruebas sobre fraude electoral.

Trump fue votado por 75 millones de estadounidenses en noviembre 2020 y casi 34 millones de ellos aprueban la asonada contra el Capitolio realizada por centenares de sus seguidores más consecuentes (nostálgicos del esclavismo, racistas,). Este dato surge de una encuesta efectuada el jueves 7 de enero por el Instituto YouGov realizada sobre 1.397 votantes registrados.

El FBI: BUSCANDO INFORMACIÓN. Violencia en el Capitolio de Estados Unidos ¿Conoce a alguien de los que aparecen en estas fotografías? Autoridades apelan a la colaboración pública para identificar a los agresores.

RIESGO LATENTE. Mientras que la mayoría de los votantes de todo el país (62%) percibe el ataque del miércoles 6 de enero como una amenaza para la democracia, el 45% de los votantes republicanos aprueba el asalto a la sede del Congreso por una turba que portaba armas y garrotes en muchos casos, así como esposas de plástico en otros casos, en clara intención de inmovilizar a congresistas e impedir la confirmación constitucional del triunfo de Joe Biden.

En los votantes republicanos solo una cuarta parte de los encuestados piensa que la intrusión en la sede del Poder Legislativo —donde cinco personas murieron incluido un policía y hubo 82 detenciones—  debería verse como un peligro para el estado de derecho. Por el contrario, dos tercios de ellos (68%) dicen lo contrario, pese a que el presidente electo Biden calificó a los protagonistas del asalto como «casi sediciosos». Y la mayoría de los republicanos (56%) está convencida, como ha dicho en múltiples ocasiones el presidente saliente, de que el 3 de noviembre se produjo un fraude electoral.

Ahí reside el mayor riesgo para la democracia occidental: en el trumpismo que, independientemente de su fundador, ofrece un inmejorable escenario para nuevos Donald Trump, quizás más inteligentes, menos elefantes en un bazar y, por ende, más peligrosos. Los senadores Ted Cruz (50), Texas, y Josh Hawley (41), Missouri, aparecen como eventuales sucesores en la conducción del movimiento: «A todos mis maravillosos seguidores: sé que están decepcionados, pero también quiero que sepan que nuestro increíble viaje no ha hecho más que comenzar», alentó Trump, horas después del intento de autogolpe.

TRABAJADORES. La mayoría de los seguidores de Trump y que conformarán el eventual trumpismo que suceda a esta etapa, son trabajadores de cuello azul, del sector manufacturero, pertenecientes «a la clase media baja y que hace años se sienten excluidos de los beneficios económicos que otros disfrutan», documentan Diana Castañeda y Pablo Álamo en su libro El fenómeno Trump, de 2016. Inmigrantes y el crecimiento chino son visualizados como enemigos a los que Trump es el único capaz de vencer.

American Factory. El documental de Netflix que narra la peripecia de una planta de General Motors cerrada en 2008 con la pérdida de miles de puestos laborales y reabierta en 2014 por una multinacional china que reabsorbe a unos dos mil ex operarios a los que se suman 200 chinos. En 110 minutos se aborda la peor cara de la globalización postmoderna, el choque cultural entre ambos países, la necesidad de que existan sindicatos —que no son admitidos por el capitalismo neocomunista chino— el deterioro salarial (sueldos que eran de 30 dólares, en seis años pasaron a ser de menos de 13 dólares) y hasta el proteccionismo económico, que es la base de la guerra comercial entre China y Estados Unidos, puede ser objeto de justificación.

El documental es elocuente respecto a quiénes y qué sienten los trabajadores estadounidenses que han perdido su estatus fruto de un sistema económico generador de desigualdad.

Entre 1980 y 2016— año en que gana Trump— «el 1% de mayores ingresos captó el 28% del aumento total de los ingresos reales en Estados Unidos, Canadá y Europa Occidental, mientras que el 50% de menores ingresos capto tan solo un 9%», documentaba Financial Times en diciembre 2017.

Pero si se considera solo el caso de América del Norte, el 1% de mayores ingresos captó tanto como el 88%, según el Informe sobre Desigualdad Global 2018 del World Inequality Lab (Laboratorio sobre la Desigualdad Global), o sea que desde 1980 la desigualdad de ingresos aumento rápidamente en América del Norte.

Lo anterior explica la base social de Trump que se mide en millones de votantes, un capital político sobre el que querrá abalanzarse más de un republicano con aspiraciones presidenciales, o nuevos outsiders, en el caso de que prosperen los juicios a enfrentar por el Presidente saliente, o su citación ante diferentes tribunales que resulten en una inhabilitación de por vida. Trump, estuvo involucrado en 3.500 juicios (incluidos 1.450 como acusado) antes de su elección. «En Nueva York, informa la revista francesa Marianne, la investigación del fiscal de distrito de Manhattan, que había comenzado sobre los pagos del equipo de campaña de Trump a la actriz porno Stormy Daniels (para silenciarla), se ha ampliado y ahora involucra a la Organización Trump, el negocio inmobiliario de propiedad familiar. Se investiga si Trump mintió sobre el tamaño de sus activos — como se ha jactado—para obtener exenciones fiscales».

Biden ganó las elecciones por siete millones de votos populares y 306 votos de electores en favor contra 232 electores. Su partido es mayoría en la Cámara de Representantes y en el Senado, pero en esta coyuntura no tendría otra prioridad que tender la mano para que el Grand Old Party (GOP) rectifique rumbos. Para que la sociedad estadounidense no ahonde la grieta en el tejido social laboriosa y diariamente ensanchada por un demagogo. Tender la mano que proteja a las minorías del odio racial y supremacista. Tender la mano para que vuelva la institucionalidad. Y no es solo por Estados Unidos.

Fuente Contenido e Imagen: Trumpismo: herida abierta en la democracia. Por Hugo Machín Fajardo @MachinFajardo (analisislatino.com)

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“Todos los expositores del encuentro virtual «Tendencias globales y en América Latina» coincidieron que la pandemia que azota al mundo golpea a Latinoamérica y el Caribe en una situación que ya venía con democracias debilitadas, con aumento de demandas sociales y una polarización ciudadana más o menos pronunciada —según qué países se analicen— y todos los países de la región con economías desaceleradas.

Por Hugo Machín Fajardo

Twitter: @MachinFajardo

La hipótesis es que «cuanto más consolidadas estén las democracias latinoamericanas, mejor navegan en la marea del Covid-19», sostiene el alemán Peter Thiery, coordinador para América Latina y el Caribe del Índice de Transformación Bertelsmann (BTI, por sus siglas en inglés) 2020, que analiza el estado de la democracia, la economía y la gobernanza en 137 países.

Thiery presentó las conclusiones del BTI 2020 en una actividad organizada el pasado 26 de noviembre por CADAL y la Fundación Bertelsmann, que ubicó el futuro regional entre la regresión y la resiliencia con base a la evolución de determinados ítems en los diferentes países latinoamericanos.

Todos los expositores del encuentro virtual «Tendencias globales y en América Latina» coincidieron que la pandemia que azota al mundo golpea a Latinoamérica y el Caribe en una situación que ya venía con democracias debilitadas, con aumento de demandas sociales y una polarización ciudadana más o menos pronunciada —según qué países se analicen— y todos los países de la región con economías desaceleradas.

En los análisis que circulan en la región se sostiene — en opinión de Thiery— que el Covid-19 ha propiciado un incremento en las acciones de los poderes ejecutivos latinoamericanos con un consiguiente giro autocrático y concentración de poderes; un detrimento de derechos ciudadanos y un campo fértil para que los gobernantes se abroguen poderes para-constitucionales.

No obstante, las conclusiones del BTI 2020 llevan a pensar que en promedio el retroceso no es muy pronunciado, tanto en la participación política, como en la vigencia de los derechos civiles y el equilibrio de poderes, si se excluyen las autocracias de Cuba, y Venezuela. Y si se tiene en cuenta que hubo sí un mayor retroceso en los casos de Brasil, El Salvador y México, ubicando a Bolivia en un estatus especial por la situación generada por Evo Morales.

Las democracias que mejor han llevado el Covid -19 son Uruguay, Chile, Costa Rica, Trinidad y Tobago, Jamaica y Argentina. Claro que en el último caso aún no se había dado el bochorno generado por la administración Fernández cuando luego de ocho meses de confinamiento extremo, propició el desborde maradoniano. Lo que el columnista argentino Carlos Pagni acertadamente calificó de «vampirización» de la popularidad del ex astro de fútbol.

Thiery, en la categoría de países que antes se calificaban como «democracias defectuosas», Guatemala, Haití, Honduras y Nicaragua, sostuvo que las oscilaciones hacia el autoritarismo en estos países fueron más pronunciadas que en el resto de los de la región que no integran la primer categoría mencionada.

Perspectivas post corona virus. En las diferentes intervenciones que siguieron a la exposición de Thiery a cargo del también alemán Hauke Hartmann, la argentina

Liliana de Riz y el chileno Patricio Navia, hubo coincidencias en que las amenazas están por venir y no dependen solamente del Covid, sino que refieren a factores que debilitan desde hace años a la democracia: polarización social debida a acontecimientos anteriores y gobernanza fallida; desigualdad y desarrollo económico flojo.

«El Covid puso en evidencia que estas deficiencias en los modelos de desarrollo, subestiman la cohesión social, que ya había una acumulación de problemas que pueden determinar la emergencia de nuevos empresarios populistas. Ese es un riesgo real».

Pero también, agregó Thiery, «la etapa post Covid puede ser una oportunidad para un cambio de paradigma en el que se fortalezcan las funciones esenciales del Estado; se abran nuevos canales de participación, o mediante la reconstrucción de los partidos políticos en algunos casos; unido a una mejor cooperación nacional e internacional».

En opinión de los panelistas tanto la solidaridad como la cohesión social pueden ser construidas, pero no inventadas.

Liliana de Riz destacó que en Argentina «la gestión de la pandemia fue medieval, de encierro, de poca capacidad de controlar un virus (…) Los niveles de ingreso cayeron abruptamente con el cierre de la economía y las ayudas sanitarias estuvieron bajas comparadas con la región».

Para la socióloga argentina, «América Latina es la región más golpeada por el Covid, la pandemia es el mayor desafío desde los setenta» y subrayó que Brasil y México han tenido retrocesos democráticos.

«México desde 2016 tiene una caída en niveles de democracia, donde han incidido, además de otros indicadores, el factor del narco, caída que se ha acentuado desde el periodo de Peña Nieto en adelante».

«(Andrés López) López Obrador es un Mesías tropical, pero cuenta con un partido y bajo la Virgen de Guadalupe, encarna el combate entre católicos y evangelistas». A diferencia «de Bolsonaro— destacó—  que no cuenta con un partido real y lo apoyan la ultraderecha y los evangelistas, lo que desde 2018 ha determinado un descenso de los niveles democráticos».

En opinión de Navia «La gran debilidad de América Latina son las instituciones. Tenemos problemas históricos de desigualdad. Los países de América Latina son como alcohólicos en recuperación» y puso los ejemplos de Venezuela en 1998, y de Chile en 2016: «pensaron que estaban en Europa, se comparaban con Finlandia o Noruega, cuando en realidad siguen teniendo problemas estructurales que los hacen volver siempre a América Latina».

«El gran problema es que no se quiere repartir la torta», sintetizó el politólogo y docente chileno. «Las instituciones son muy importantes y siempre hay que estar midiéndolas, sabiendo lo que pasa, pero los problemas cíclicos de América Latina se vinculan a sociedades que deberían ser más cohesionadas. Si no abordamos los problemas de desigualdad de América Latina estos problemas que hoy estamos analizando van a seguir presentándose»’.

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“En un contexto de inseguridad extrema en determinados departamentos del país, registrado por la Cruz Roja y denunciado en las últimas semanas por la ONU, la OEA, Amnistía internacional y Human Rights Watch, ocurrió el martes 8 de setiembre el homicidio del taxista a punto de recibirse de abogado, Javier Ordóñez (44), tras ser detenido por dos policías. El pasado viernes 11 de septiembre, el Ministerio de Defensa y la Policía pidieron perdón a la ciudadanía por la muerte de Ordóñez.

Por Hugo Machín Fajardo

@MachinFajardo

Retroceso colombiano

No se equivocó el Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) cuando en 2019 informó que la situación en Colombia era entonces más compleja que en 2016, el año de la firma del Acuerdo de Paz del Estado colombiano con las FARC-EP: “la realidad es que en Colombia no se puede hablar de posconflicto: actualmente, no hay uno, sino al menos cinco conflictos armados en el país (cuatro de ellos entre el Estado colombiano y grupos armados organizados, a saber, el Ejército de Liberación Nacional (ELN), el Ejercito Popular de Liberación (EPL), las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC) y las estructuras de las FARC-EP del antiguo Bloque Oriental que no se acogieron al proceso de paz, y el quinto, que enfrenta al ELN con el EPL). Estos conflictos armados, sumados a la violencia ejercida por grupos de distinta naturaleza en el campo y en las ciudades, siguen marcando el día a día de millones de colombianos”, decía Christoph Harnisch, el suizo que fuera jefe de la Delegación del CICR en Colombia entre 2014 y 2020.

Desde noviembre de 2016 a 2018, el CICR documentó un nuevo caso de desaparición relacionado con el conflicto y con la violencia armada cada cuatro días, y auspiciaba un recrudecimiento de esta situación en 2019.

El año pasado fueron asesinadas 19 lideresas, una cifra que no se había registrado al menos en la última década y que se incrementó en un 50% con respecto al 2018, según el reciente informe de las organizaciones Somos Defensores y Sisma Mujer, que concluye que el 91% de estos homicidios —la mayoría de casos contra mujeres indígenas—  están impunes y que “el 67% de responsabilidad de estos hechos se le atribuye a grupos neoparamilitares”.

Durante el año pasado, Bogotá y las principales ciudades colombianas fueron escenario de masivas protestas ciudadanas propiciadas por la oposición al gobierno de Iván Duque —que cuenta  con un considerable caudal electoral— y por las condiciones objetivas que padecen cerca de 19 millones de los 50 millones de colombianos que componen la población total.

En abril de este año Harnisch reiteró su preocupación “debido a la crítica situación en las regiones más golpeadas del conflicto por el aumento en los desplazamientos masivos, por el creciente número de víctimas de minas antipersonales y por la desaparición forzada”.

En agosto de 2020 se advirtió que “la macroeconomía e involución del coronavirus son dos aspectos clave en esta etapa generadores de lógica preocupación en la sociedad colombiana, sacudida además por violaciones a los derechos humanos que no ceden”. La pandemia del COVID-19, si bien no ha cedido, tampoco generó situaciones de colapso hospitalario como en algún momento pudo temerse, y aunque Colombia está sexta dentro de los países con más contagios reportados (700.000) en la lista de la Universidad Johns Hopkins de Estados Unidos, que encabezan Estados Unidos, India, Brasil, Rusia y Perú; en el horizonte inmediato la pérdida de casi cinco millones de empleos aparece como uno de los principales desafíos para la tan ansiada recuperación económica.

En un contexto de inseguridad extrema en determinados departamentos del país, registrado por la Cruz Roja y denunciado en las ultimas semanas por la ONU, la OEA, Amnistía internacional y Human Rights Watch, ocurrió el martes 8 de setiembre el homicidio del taxista a punto de recibirse de abogado, Javier Ordóñez (44), tras ser detenido por dos policías. La detención y sometimiento de Ordóñez realizados mediante inmovilización física y aplicación de 8 descargas de pistola taser, fue filmada por vecinos del fallecido. Cuando sus amigos llegaron al Comandos de Acción Inmediata (CAI), local policial al que había sido conducido Ordóñez, lo encontraron desmayado. Lo trasladaron a un centro asistencial donde se produjo el deceso producto de los golpes recibidos en el procedimiento policial.

La difusión de las escenas de la detención de Ordóñez, generó la repulsa ciudadana y la movilización de manifestantes en diferentes ciudades los días 10 y 11 de setiembre. En Bogotá, la protesta callejera fue aprovechada para generar vandalismo consecuentemente reprimido por la policía con un saldo de 10 muertos por disparos, 66 heridos por armas de fuego, 12 por arma blanca y 97 heridos por otro tipo de arma. Además, 114 uniformados resultaros lesionados. También 72 CAI resultaron destrozados por infiltrados —según distintas fuentes— en la protesta ciudadana que afectó a 78 buses articulados de TransMilenio, nueve de ellos quemados, según reportó la Alcaldía. La cifra total de muertos sube a 14 víctimas si se consideran otras ciudades.

El saldo negativo en materia de destrozos superó a las jornadas de noviembre de 2019, cuando murió a causa del accionar del Escuadrón Móvil Antidisturbios (Esmad), el estudiante Dilan Cruz quien manifestaba durante un paro nacional.

El pasado viernes 11 de septiembre, el Ministerio de Defensa y la Policía pidieron perdón a la ciudadanía por la muerte de Ordóñez.

Otro elemento no menor en lo que hace a la reconciliación ciudadana tuvo un momento de destaque luego de un encuentro entre víctimas y victimarios de las Farc. Ocurrió el 27 de agosto de 2020, cuando Carmenza López, viuda de un edil bogotano que fue asesinado por las Farc en 2008, rechazó un abrazo que le pidió Griselda Lobo, senadora del partido surgido de la desmovilización de la guerrilla, hasta que los excombatientes “digan la verdad” de lo ocurrido con su esposo. En un acto enmarcado en una iniciativa estatal que busca la transformación en un periodo de 15 años de las zonas de Colombia más afectadas por la violencia, la senadora Lobo —conocida también como “Sandra Ramírez” y viuda del fundador de las Farc, Pedro Antonio Marín (1930 – 2008) alias “Tirofijo” o “Manuel Marulanda”— le pidió a la víctima que se dieran un abrazo “de reconciliación” tras pedirle perdón por el dolor que le causó la guerrilla. López le respondió que apenas están comenzando el “camino” de la paz y que “llegará el momento en que podemos llegar a ese abrazo”.

La respuesta de la viuda del edil llevó a la alcaldesa de Bogotá, de centro izquierda, Claudia López, a escribir en su cuenta de twitter: “No se abraza a cualquiera ni por mera retórica. La reconciliación solo es posible sobre la ‘verdad justa y honesta’ como lo reclamó hoy Carmenza”.

La falta de “verdad plena” aportada por los ex jefes guerrilleros a la Justicia Especial para la Paz (JEP), creada especialmente para entender en los crímenes cometidos durante el enfrenamiento de 52 años entre las Farc y el Estado colombiano, determina un reclamo en numerosos sectores de la ciudadanía para que la JEP exija que los responsables digan la verdad sin más dilatorias o excusas apelando a la responsabilidad colectiva.

El ex comisionado para la paz a finales de los 90, Camilo Gómez, actual director de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado, en entrevista con la emisora bogotana La W el miércoles 16 de setiembre, sostuvo que  “lo mínimo es que digan la verdad ante la Justicia, no en cartas, no en twitter, no en trinos(…) Lo están haciendo demasiado tarde y demasiado lento (…) en cuentagotas”. Y reclamó que lo hagan también en relación a sus vínculos con el narcotráfico.

Solamente en el tema secuestros cometidos durante el conflicto interno colombiano la investigación del Observatorio de Memoria y Conflicto del Centro Nacional de Memoria Histórica (CNMH), ‘Una sociedad secuestrada’ , advierte que “este flagelo ha trastocado la existencia de 39.058 personas en Colombia en los últimos cuarenta años”, una cantidad tan alarmante que con ellas podría llenarse un estadio de fútbol como El Campín de Bogotá. De estos, 522 murieron en cautiverio.

Gómez, citando el trabajo del CNMH, dijo a La W que las Farc son responsables de “más de 25.000 secuestros” documentados. De estos secuestros, 1.214 militares y policías fueron secuestrados por las guerrillas de las Farc y el ELN.

El jueves 17 de septiembre se conocieron dos informaciones relacionadas a las violentas jornadas de la semana pasada: un pronunciamiento conjunto del general Carlos Rodríguez, comandante (e) de la Policía de Bogotá, y la alcaldesa de Bogotá, López, confirmó que ya se tienen identificadas a 13 personas que atentaron contra los CAI, ciudadanos y policías durante las violentas jornadas de protestas de la semana pasada. Y también que la Fiscalía pidió la detención de dos de los siete policías relacionados con la muerte de Ordoñez para llevarlos a audiencia de imputación de cargos por el delito de homicidio agravado.

Los sindicatos de Colombia convocaron a nuevas manifestaciones para protestar contra la brutalidad policial y contra la crisis generada por la pandemia. Desde el Comité Nacional de Paro, integrado por sindicatos y movimientos estudiantiles, anunciaron que se realizará el martes 21 de septiembre. Para ese día las centrales obreras convocaron a una caravana nacional para rechazar cualquier tipo de violencia que afecte la protesta social en Colombia

A todo esto, la pobreza extrema en Colombia subiría al 14,3% en 2020, desde el 10,9% registrado en 2019, de acuerdo con la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal), en   proyecciones “que consideran únicamente las consecuencias de la pandemia en el mercado laboral y la pérdida de ingresos asociada, y no incorporan proyecciones de lo que sucedería con los ingresos no laborales de los hogares”.

Fuente Contenido: www.cadal.org

Fuente Imagen: lifeder.com

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Twitter: @MachinFajardo

“No es un asunto de equilibrio personal o de comprensión democrática del Secretario General de la OEA. Es la democracia latinoamericana la que está en juego en cada uno de los procesos en que las naturales fisuras que ofrecen los sistemas republicanos se trasforman en grietas cuyos resultados son trágicos como en Nicaragua y Venezuela.

¿O quizás la pregunta deba hacerse en función de las razones particulares que tenga el Secretario General de la OEA para abominar de la democracia como lo hizo el pasado 17 de mayo en Bolivia cuando apoyó la inconstitucional y cuarta presidencia consecutiva de Evo Morales?

Sabido es que Morales luego de perder en 2016 el referéndum para una reelección indefinida que impulsó para mantenerse en el poder hasta 2022 y completar un total de 16 años en el gobierno, presionó y obtuvo que el Poder Judicial desconociera la constitución “plurinacional” que solo admite una relección consecutiva y así escamotear la voluntad ciudadana desfavorable a las aspiraciones continuistas.

Con esa constitución reformada había logrado ser reelecto en 2014 tras haber sido reelecto también en 2009.

Un nuevo “derecho humano”. Evo Morales, a través del Tribunal Supremo de Justicia de Bolivia, innovó en la jurisprudencia de derechos humanos y justificó su obsesión continuista – lo que postergaría su anunciado retiro para disfrutar de la vida junto “a una quinceañera” como afirmó en 2014- con el absurdo enunciado de que la reelección presidencial por encima de la ley boliviana es “un derecho humano”. Se hizo candidato mediante el control del Tribunal Electoral pese al rechazo de más del 70% de los bolivianos. Buen discípulo de Pepe Mujica y su célebre “lo político está por encima de lo jurídico”.

Hubo muchos cuestionadores dentro y fuera de Bolivia a esa alcaldada del ex dirigente cocalero. Entre ellos Almagro, quien en 2017 sostuvo que «Evo Morales deberá respetar la decisión popular que dijo NO a reelección. Ningún juez puede levantar el dictamen del único soberano: el pueblo».

Almagro reiteró su crítica a Evo Morales un mes después, apoyado en un informe que había solicitado a la Comisión de Venecia, órgano asesor de la Unión Europea formado por expertos independientes en el campo del derecho constitucional, que resultó confirmatorio “del criterio planteado por las Misiones de Observación Electoral de la OEA”.

En esa oportunidad Almagro fue enfático en presentarlo no como “una opinión política”, sino como “un documento con plena validez jurídica”.

Borrar con el codo. ¿Y qué dijo Almagro días atrás durante su estadía en Bolivia? Que “Si el tema se va a resolver hoy en el sistema interamericano con el nombre de Evo Morales y decir que Evo Morales no puede participar, eso sería absolutamente discriminatorio con los otros presidentes que han participado en procesos electorales sobre la base de un fallo judicial reconociendo la garantía de sus derechos humanos, más allá de los posicionamientos filosóficos al respecto, más allá de los posicionamientos políticos al respecto”. Como dijo una cosa en 2017, ahora dice otra.

No es la primera vez. A Almagro le costó entender el desvío democrático existente en Nicaragua desde por lo menos nueve años atrás. Eso le llevó a errarle en la homologación de las fraudulentas elecciones de 2016 en que Daniel Ortega fue reelecto por tercera vez consecutiva; en no haber entendido en qué consistió la reforma constitucional acordada con el corrupto ex presidente Arnoldo Alemán, por la que Ortega llegó nuevamente al poder en 2006; en no ver la desarticulación de la oposición pergeñada por el sandinismo; en sus conversaciones con Ortega a lo largo de los primeros años de estar al frente de la Secretaria General de la OEA. Erró también en el envío de representantes suyos a dialogar con la dictadura nicaragüense en 2016 y 2017, con la instrucción de que no atendieran a la oposición. Recién a partir de abril de 2018, cuando los muertos se sumaban en las calles de Managua y en otras ciudades del país de los volcanes, Almagro asumió un rol decisivo en la condena a un régimen que ha superado en vesania al somocismo.

También erró en Perú. Cuando se inició la crisis peruana por el pedido de renuncia al presidente Pedro Pablo Kuczynski (PPK), también hubo críticas a Almagro y su equipo. En diciembre de 2017, un día antes de debatirse por primera vez la vacancia del entonces presidente PPK, arribaron al Perú dos comisionados de la Organización de los Estados Americanos (OEA) enviados en misión: el Secretario de Asuntos Jurídicos de la OEA, el uruguayo Jean Michel Arrighi; y el empresario argentino Gustavo Cinosi, Asesor de Asuntos Institucionales de esa misma organización; el mismo que la semana pasada calificó de “ignorantes” a algunos de los legisladores bolivianos de la oposición que cuestionaron el respaldo de la OEA a Evo Morales.

La periodista peruana Laura Grados relató que en 2017, diferentes legisladores que propiciaban la renuncia de PPK consideraron que Almagro intervino más de lo que le correspondía en aras de evitar la renuncia del entonces presidente peruano. En esas reuniones que el personal de la OEA mantuvo con legisladores peruanos y con el propio PPK, este llegó a preguntar cómo se consideraría internacionalmente un indulto al ex dictador Fujimori, carta desesperada de PPK para salvar su pellejo.

Los esfuerzos de Almagro fueron vanos pues finalmente PPK renunció y hoy enfrenta juicio por corrupción.

Mis preguntas a Almagro. ¿Almagro no ha percibido que los actuales dictadores de Nicaragua y Venezuela han utilizado a la democracia y sus instituciones para llegar al gobierno y entronizarse en el poder? ¿No cree que Evo Morales pueda estar siguiendo el mismo derrotero? ¿Qué si bien las tres administraciones de Morales han tenido sus innegables logros, no justifican pervertir los mecanismos democráticos? ¿No conoce Almagro el daño hecho por el caudillismo latinoamericano en los siglos xix, xx y xxi? ¿Por qué en el caso venezolano reivindica el pronunciamiento ciudadano que en 2015 otorgó mayoría legislativa a la oposición al chavismo, y en el caso boliviano desatiende el resultado del referéndum de 2016?

No es un asunto de equilibrio personal o de comprensión democrática del Secretario General de la OEA. Es la democracia latinoamericana la que está en juego en cada uno de los procesos en que las naturales fisuras que ofrecen los sistemas republicanos se trasforman en grietas cuyos resultados son trágicos como en Nicaragua y Venezuela, o dividen hasta el paroxismo a una sociedad como se constata en Argentina”.

Fuente Contenido e Imagen: Análisis Latino. www.analisislatino.com

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Las situaciones de Nicaragua y Venezuela requieren el replanteamiento de cuál ha sido la dimensión internacional de los derechos humanos y la aplicación del derecho internacional humanitario en el derecho interno de cada Estado. El debate iniciado en la OEA a propósito de Nicaragua, aplica para la dictadura venezolana y, muy importante, aplica para el futuro de las democracias latinoamericanas.

Las dictaduras de Nicaragua y Venezuela han generado un hecho positivo: obligar a repensar los derechos humanos para una época globalizada. Y hacerlo en el sentido que reclamaba Norberto Bobbio: derechos que tengan un reconocimiento positivo -y no meramente declarativo- en los ordenamientos jurídicos a nivel nacional e internacional, ámbitos en los que habrán de protegerse y garantizarse para su realización efectiva.

El pasado viernes 24 de abril, el Consejo Permanente de la OEA inició la aplicación de la Carta Democrática Interamericana en contra de la dictadura de Daniel Ortega, proceso que se interrumpiría solamente si el régimen y la Alianza Cívica opositora llegan a un acuerdo político que comprenda liberación de presos políticos y la celebración de elecciones anticipadas. La fecha clave para dilucidarlo es el 26 de junio cuando se reúna la Asamblea General de cancilleres latinoamericanos en Medellín, Colombia.

Días después, desde el jueves 2 de mayo, varios países de la OEA están preparando una resolución para condenar la «injerencia» en Venezuela de los Gobiernos de Cuba, China y Rusia que respaldan al régimen de Nicolás Maduro. A nadie escapa que la intervención con diversos grados de injerencia de las superpotencias –incluido EEUU- más el régimen parásito cubano, agregan complejidad al análisis de la responsabilidad de Maduro y Ortega por su violación al Derecho internacional Humanitario (DIH).

Distintas estimaciones sitúan en más de veinte mil los cubanos diseminados en diferentes estructuras venezolanas. Específicamente, el presidente encargado de Venezuela, Juan Guaidó, se refirió el 1ro. de mayo a la existencia de unos 2.500 en tareas de inteligencia y contrainteligencia militar. Otras fuentes ubican en cien el número de asesores rusos que apoyan al régimen. El apoyo chino se visualiza, dentro de la opacidad generada por la ausencia de controles democráticos en esos vínculos, en función de intereses económicos.

Las situaciones de Nicaragua y Venezuela requieren el replanteamiento de cuál ha sido la dimensión internacional de los derechos humanos y la aplicación del derecho internacional humanitario en el derecho interno de cada Estado.

No se puede seguir exclusivamente a la expectativa de los cambiantes discursos de los cancilleres americanos y sus chicanas argumentales, como recientemente se pudo constatar en la representación mexicana tras la asunción de un nuevo Presidente en ese país.

Tabaré Vázquez llamó a los marines. A Uruguay le cabe también su cuota parte en esa pantomima. El gobierno de Tabaré Vázquez en 2006 no dudo en solicitar ayuda al Pentágono en caso de que la administración Kirchner incrementara sus hostilidades contra Uruguay, además de bloquear durante años los puentes que unen ambos países. Vázquez lo confesó cinco años después, cuando reconoció haber pedido apoyo diplomático al gobierno estadounidense presidido por George W. Bush para neutralizar la amenaza argentina.

Pero en esta segunda administración Vázquez enarbola equivocadamente el principio de la no intervención para el caso venezolano.

Tampoco es saludable para la democracia latinoamericana seguir cediendo la derecha a la administración Trump que – debe admitirse- ha hecho punta en la exigencia del retorno a la democracia en los casos de Venezuela y Nicaragua, por más que la impulsen intereses diferentes y hasta opuestos al conjunto de Estados representados en la OEA.

Se impone atender a los expertos que han dedicado años al estudio de los derechos humanos.

No es intervención. Jaime Aparicio Otero, exjefe de la misión del Centro Carter para las elecciones en Nicaragua, afirmó el pasado 24 de abril ante los miembros del Consejo Permanente de la OEA, que “defender la democracia no constituye una intervención en los asuntos internos de América Latina, sino que es un compromiso de defender los derechos humanos”.

“Cuando un Estado como el de Nicaragua se convierte en estado delincuencial es necesario intervenir, la ruptura democrática es incompatible con la convivencia democrática”, agregó Otero.

En la misma sesión Harold Rocha, presidente del Centro Nicaragüense – Americano por la Democracia, demostró que “ningún estado democrático reprime a sus ciudadanos cuando ejercen sus derechos humanos”, luego de reseñar las numerosas violaciones a los derechos humanos que tienen lugar en el país centroamericano. Lo hizo a partir de dos informes de la CIDH; otro de Amnistía Internacional, así como uno más de Human Rights Watch (HRW). “Para superar esta difícil situación los instrumentos del Sistema Interamericano de Derecho (SID), cobran especial importancia”, afirmó.

“No existe soberanía ni autodeterminación sin democracia. No existe impedimento para aplicar la Carta Democrática a Nicaragua cuando hay una ilegitimidad de origen, imposición del estado de terror, ruptura de los compromisos democráticos”, subrayó otra de las expositoras en esa instancia: Hayde Castillo Flores, ex presa política y defensora de DDHH. La experta nicaragüense también reclamó el cese de préstamos desde el FMI, BID y BM “a un régimen que está reprimiendo a su ciudadanía”.

No son Estados de Derecho. «Es bien conocido que en Nicaragua no existe el Estado de Derecho, no hay independencia de poderes. El poder judicial, el poder legislativo, el poder electoral, están todos controlados y manipulados por el dúo Ortega-Murillo», dijo en la sesión otro de los académicos invitados a exponer, el Profesor Adjunto de la Universidad George Washington, Rubén Perina.

El experto agregó que varios medios de comunicación «están bajo su control, y los que no, son acosados y perseguidos» lo que «le ha permitido a Ortega aumentar su poder personal de caudillo y así modificar la Constitución».

Desde abril de 2018 la dictadura de Ortega deja más de 320 muertos y casi 600 presos políticos.

Venezuela es un calco de lo que se verifica en Nicaragua. El pasado 30 de abril se inició una nueva fase de la oposición empeñada en el cese de la usurpación de Maduro que dé paso a lecciones libres, sin candidatos proscriptos, con supervisión internacional.

Nuevos Derechos. Por eso el debate iniciado en la OEA a propósito de Nicaragua, aplica para la dictadura venezolana y, muy importante, aplica para el futuro de las democracias latinoamericanas. Democracias como es proverbial ya de por si sacudidas por fuertes inequidades a lo que se suma la migración venezolana que supera los tres millones de desplazados hacia países limítrofes; la migración centroamericana hacia EEUU, con visos de africanizar esa región; y la corrupción escandalosa que, si bien ha derrumbado gobiernos de todo signo, no cede.

Así como los fenómenos de integración regional modifican instituciones de Derecho existentes y crea otras nuevas que responden a las necesidades que van más allá de las fronteras nacionales, también en el plano del DIH se hace necesario avanzar.

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos y Tribunales Penales Internacionales consideran que la aplicación del DIH dependerá del análisis de hechos específicos y no de invocaciones abstractas.

Hay que repasar la evolución del concepto derechos humanos para asumir que se trata de un proceso en curso.

La primera etapa de protección de los derechos humanos fue la consagración de los derechos y libertades en normas legales contra la arbitrariedad del monarca como bien señala el especialista colombiano Tomas F. Serrano. Una segunda etapa seria la incorporación de los derechos y libertades individuales a las constituciones nacionales superando la voluntad de los poderes ejecutivo y legislativo. Y una tercera etapa la constituye esta internacionalización de los derechos humano mediante tratados y convenios internacionales protegidos por organismos supranacionales que ponen a salvo esos derechos cuando las dictaduras avasallan las constituciones y a sus conciudadanos.

Fuente Imagen: Análisis Latino.

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“Es casi seguro que Bolsonaro triunfe el 28 de octubre. Entre otros motivos porque el PT que, en su primera etapa, usufructuando las condiciones internacionales favorables, generó enormes cambios en distribución del ingreso y reducción de pobreza a millones de ciudadanos se corrompió. Y, en lugar de realizar acuerdos basados en una revisión sincera de sus delitos, con el centro del espectro político, se volcó más a la izquierda evidenciando su tozudez ideológica.

Hitler fue aceptado en 1933 por la ciudadanía alemana sin que hubiera un conocimiento real de su proyecto inhumano. Casi un siglo después del irresistible ascenso de Hitler, un ex capitán de Brasil, expulsado por indisciplina del ejército, Jair Bolsonaro, obtuvo el 46% de los votos equivalentes a casi 50 millones de ciudadanos brasileños que, con mayor o menor información, conocen las despreciables ideas de esta persona.

El ya casi seguro presidente de Brasil ha ofendido a su hija y a las mujeres en general; a los negros, que, según él, solo sirven para procrear; ha despreciado a quienes tengan una opción sexual diferente a la suya; ha rechazado a los extranjeros, por eso anuncia cierre de fronteras. Ha prometido la libre portación de armas de los ciudadanos para ajustar cuentas con la delincuencia. Y, además, ha expresado su admiración por los torturadores y violadores de derechos humanos de la dictadura brasileña (1964 -1985).

En la campaña electoral, su hijo Eduardo, electo diputado, anunció que Brasil invadiría a Venezuela para eliminar el narco gobierno de Nicolás Maduro. En otro video grabado hace unos meses, Bolsonaro Jr. aparece rodeado de armas de guerra y pronuncia amenazas contra el dictador venezolano.

Todo parece irreal: el retroceso político y el aventurerismo de jugar con una guerra en Sudamérica. ¿Puede retroceder tanto la democracia en Brasil y en la región?

Las viudas del PT de Brasil corren a convencer a la mayoría ciudadana brasileña de que están en un error. Manuel Castells, el sociólogo más prestigioso de España, escribe una carta abierta «A los intelectuales del mundo» para que ayuden a reflexionar a los brasileños sobre el riesgo que supone Bolsonaro, porque -dixit- el problema no es el PT, aunque tibiamente admite que se haya desprestigiado por haber participado en la corrupción. Castells dejó pasar años en los que pudo aplicar se lúcida crítica y reclamar duramente el desvarío del PT, y de otros gobiernos populistas latinoamericanos, todos untados por la corrupción. No fue así. Hace apenas dos años, Castells exhortaba a los socialistas españoles a encontrar en sus compatriotas de Podemos y en el Socialismo del siglo XXI -de Maduro, Rafael Correa y Luiz Inácio Lula da Silva- el verdadero camino popular. Es decir, corruptos, como algunos de los dirigentes de Podemos seducidos por los petrodólares de la narcodictadura venezolana que suicida presos políticos; sumados a incursos en otras modalidades delictivas, podían ser buenos guías para el profesor español.

La arrogancia de Castells es tal que le permite aconsejar a los millones de brasileños que votaron por Bolsonaro a que no repitan y pasa de agache respecto al retroceso democrático monumental exportado desde el Brasil del PT para toda Latinoamérica.

En Brasil, el domínico Frei Betto, ex asesor del PT y crítico desde la izquierda de los gobiernos petistas, no obstante, cuestiona la detención del ex presidente Lula y añadía antes de la desautorización judicial a Lula para ser candidato, que «La mayoría del pueblo brasileño está dispuesta a elegirlo presidente por tercera vez».

Chico Buarque, Gilberto Gil y Caetano Veloso, también firman en estos días una carta en el mismo sentido que Castells. No hace un año que el creador de «Oh ¿qué será?», defendía al PT desde la dudosa óptica del empate delincuencial, al sostener que también el «Partido de la Social Democracia Brasileña es bandido». La diferencia de que haya bandidos en un partido político, con el PT, es que este hizo del bandidismo una forma de gobernar. Gil, en un video grabado en apoyo a la candidata del PT a la vicepresidencia, la comunista Manuela d´Ávila (PCdB), no hizo mucho más que un juego de palabras sobre Lula: «es un preso político y es también un político preso» para agregar que el reclamo de libertad para el ex presidente «si no es plenamente, por lo menos es parciamente justificado». La verdad, no se percibió muy convincente. Igualmente Veloso, quien en otro video publicitario simplemente se declaró feliz.

Hay más. El canciller uruguayo Rodolfo Nin Novoa había dicho antes de la elección que deseaba el error de las empresas encuestadoras que daban a Bolsonaro como triunfador y una ministra, al conocer la diferencia entre Bolsonaro y el candidato del PT, Fernando Haddad (26 %) twitteó: «Lo que sucede cuando la política deja de ser limpia y transparente y cuando la ética se mancha. Viene lo peor disfrazado de antisistema». Cero análisis.

Ninguna de estas viudas del PT analiza detenidamente y se pronuncia sobre tres aspectos:

1) La democracia permite la rotación en las urnas y si el gobierno de Bolsonaro es realmente como puede presumirse a partir de sus discursos, en 2022, la ciudanía brasileña podrá votar por otra opción para presidir el país. Esto debería ir naturalmente unido a dos aspectos: una sincera autocrítica sobre como Lula y el PT defraudaron la esperanza de millones y desarmaron los logros que hubo en el primer gobierno de Lula; al trabajo partidario de un PT que obtuvo algo más del 10% de las bancas, esto es la primera minoría en un parlamento sumamente fragmentado, donde Bolsonaro cuenta con 4 senadores. Construir una oposición racional, es fundamental para la vida democrática.

2) Asumir que el PT mediante la corrupción iniciada con el mensalão continuada con LavaJato (Petrobras) y coronada por Odebrecht, inficionó a toda Latinoamérica de su propia degradación democrática y contribuyó a la violación de los DDHH de millones de seres: la corrupción afecta los derechos de la salud, vivienda y educación de los más pobres de nuestros países. Se estima que entre 2004 y 2012, cerca de 8,000 millones de dólares fueron licuados por esta red criminal que operó en toda América Latina.

3) Que el PT, con Lula y Dilma a la cabeza, sustentó -sin desconocer las importantes diferencias que existen entre ellos y el binomio Maduro/Ortega- los regímenes dictatoriales de Venezuela y Nicaragua que hoy siguen reprimiendo, torturando y asesinando en las calles a los ciudadanos de ambos países.

La encuesta de Ibope conocida el pasado lunes 15 de octubre adjudica una intención de voto del 59% al anodino concejal y diputado durante tres décadas, hoy candidato de millones de brasileños; y un 41% al ex alcalde de San Pablo.

Bolsonaro no tiene propuesta económica sólida ni ha definido una política comercial internacional, salvo anunciar un cierre de fronteras -admira a Donald Trump- y genéricos anuncios proteccionistas, que no difieren mucho de la práctica seguida por el PT respecto a Uruguay, por ejemplo, a quien se le adjudica el mote de «enano quejoso» del Mercosur.

Sus anuncios no concilian con su futuro ministro de Economía, un exbanquero ultra liberal Paulo Guedes, partidario de privatizar las empresas estatales entre ellas la emblemática Petrobras. Guedes es investigado por el Ministerio Público sobre supuestas irregularidades vinculadas a fondos de inversión.

¿Por qué es casi seguro su triunfo el 28 de octubre? Porque el PT que, en su primera etapa, usufructuando las condiciones internacionales favorables, generó enormes cambios en distribución del ingreso y reducción de pobreza a millones de ciudadanos se corrompió. Y, en lugar de realizar acuerdos basados en una revisión sincera de sus delitos, con el centro del espectro político, se volcó más a la izquierda evidenciando su tozudez ideológica.

Bolsonaro agrupó una heterogénea multiplicidad de partidos y personas que incluyó hasta un actor porno, que arrasó en San Pablo como diputado más votado por el Partido Social Liberal (PSL), encabezado el ex capitán reservista. También sectores del agro y las iglesias cristianas constituyen una parte sustancial de su electorado.

En abril pasado, el ex futbolista argentino Diego Maradona dijo a CNN que Cristina Fernández de Kirchner debía retornar al gobierno de su país, que había hablado con Maduro y «estaba bárbaro, lo veo fuerte» y que hay una «conspiración internacional» detrás de la detención de Lula. Eso también es el mundo actual: que Maradona y Castells coincidan en sus visiones de Latinoamérica.

Fuente Contenido: https://www.analisislatino.com/opinion/?id=11421

Fuente Imagen: radiouruguay.uy

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