Los delitos contra la propiedad, especialmente aquellos que se ejercitan con violencia extrema, no paran de aumentar. Más de 16.000 rapiñas se consumaron el año pasado, muchas de ellas con pérdidas de vidas humanas, observándose frecuentemente comportamientos irracionales de delincuentes que actúan fuertemente armados.

Este año vamos camino a batir un infausto record en materia de homicidios, los cuales ya superan los 125 en apenas cuatro meses.

Violencia, armas, drogas en las calles, motines, muertes y ausencia de rehabilitación de más de 9.000 reclusos, marcan un panorama absolutamente inquietante y hacen que la gente honesta se vea desprotegida y con miedo.

El Estado a través de sus órganos responsables, el Ministerio del Interior, está omiso en el cumplimiento de ese cometido esencial que es asegurar la seguridad interior, protegiendo la vida y los bienes de los ciudadanos.

La gente se siente indefensa, en sus hogares, en sus lugares de trabajo, en los comercios y hasta en el medio rural.

Hemos advertido en varias oportunidades, tanto al actual como al anterior gobierno, respecto de la inusual y creciente gravedad de la situación que vive la República en materia de seguridad ciudadana, Pero no sólo hemos advertido, hemos propuesto soluciones legislativas y prácticas para intentar solucionar esta difícil coyuntura.

Así se lo propusimos al anterior gobierno y al actual, entre otras cosas: concederle jurisdicción nacional a la Guardia Republicana y dotarla de más efectivos mediante pasaje previa reinstrucción de personal de las Fuerzas Armadas (entre 2500 y 3000 hombres más) para así volcarlos a las calles y realizar la tarea prevento-represiva, que es indispensable.

Le propusimos asimismo, transformar unidades militares en cárceles, lo cual demoró muchísimo pero ha comenzado a instrumentarse con la nueva de Punta Rieles.

En materia de minoridad infractora, hemos presentado proyectos de ley para aumentar de 5 a 10 años la pena máxima de privación de libertad y la creación del Instituto de Rehabilitación del Adolescente Infractor.

La conservación de los antecedentes de los delitos cometidos por menores infractores, a fin de juzgar su responsabilidad penal si siguen delinquiendo luego de alcanzar la mayoría de edad.

Esta semana vamos a volver a presentar un proyecto de aumento de penas y uno con la finalidad de limitar la discrecionalidad de los jueces en el momento de juzgar a un menor infractor, fijando mínimos y máximos de penas para los delitos gravísimos (Homicidio, Rapiña, Secuestro, Privación de libertad, violación entre otros)

No queremos que ningún Juez de Menores tenga la facultad discrecional de mandar para su casa a un menor que tiene dos homicidios en su haber, como en el caso del menor delincuente apodado “el Pelón”, o el caso de un doble homicidio cometido en Salto, porque también la justicia debe acompasar su actuar a la realidad actual, todo dentro de la legalidad.

¿O, acaso debemos presenciar que el feroz asesino del empleado de La Pasiva, se pasee por las calles dentro de un par de años, para volver a delinquir?

Presentamos también iniciativas sobre la seguridad en la campaña y asimilación de penas en el narcotráfico.

Creemos que hay que ir a un escenario de tolerancia cero a la pasta base. Propusimos un Centro Nacional de Tratamiento de Adicciones.

Como se advierte, no nos hemos dedicado a pararnos en la vereda de enfrente para en forma demagógica tirar piedras al gobierno y a los responsables de la seguridad.

Hemos criticado cuando debimos criticar, pero nos hemos sentado en una mesa para proponer, para discutir, para tratar de acordar.

Lamentablemente debemos concluir que es pobre la gestión de los responsables políticos del Ministerio del Interior, con exasperante lentitud en la ejecución, con falta de ejercicio firme y legítimo de la autoridad en donde se ha permitido por ejemplo que los sindicatos policiales tomen decisiones que competen a los jerarcas, o que un grupo de reclusos destruyan a su antojo la Cárcel de Santiago Vázquez ante la pasividad de las autoridades que han perdido el dominio de toda esta situación.

Por ello y habiendo actuado siempre con sentido nacional, pero también percibiendo que nuestros esfuerzos no han sido correspondidos, entendemos que es necesario exigir al gobierno su responsabilidad, que actúe con todos los medios que tiene a su alcance y con la firmeza que hoy la Sociedad uruguaya reclama en todo el país.

El Uruguay necesita una política de emergencia en materia de seguridad pública, implementada con la urgencia y eficiencia que no se ha exhibido hasta ahora. Máxime que estamos ante un Gobierno con mayorías parlamentarias que tiene la obligación de aprobar instrumentos que optimicen la lucha contra el delito.

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“Uruguay fue condenado ayer,  por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), esta Corte, lo responsabilizó de la desaparición de María Claudia García.

La CIDH indicó que Macarena, hija de Claudia García y nieta del poeta argentino Juan Gelman, deberá recibir de parte del Estado uruguayo, entre otros beneficios, 300.000 dólares por “lucro cesante como heredera”, 180.000 dólares por daños inmateriales en su contra y en contra de su madre y 5.000 dólares en concepto de gastos por la búsqueda de la verdad.

En tiempos en que la sociedad en su conjunto, clama por justicia para sus familiares, asesinados cobardemente, muchas veces en manos de la minoridad delincuente, nos enfrentamos a un hecho que sorprende.

Si bien somos concientes que las leyes deben incluir resarcimientos económicos, para quienes han perdido parte de su familia, también somos concientes, que no siempre se protege y se lucha por la defensa de esas víctimas que a diario, vemos y escuchamos en los informativos.

Yo me he reunido, con familiares que directa o indirectamente son víctimas de los atropellos, a los que hoy nos enfrentamos, como sociedad.

Copamientos, encañonamientos, asesinatos, lesiones graves, violencia familiar, secuestros, extorsiones, invaden nuestras noticias, arrasan con la tranquilidad y la vida de muchas familias uruguayas.

Día a día, nos encontramos con nuevos casos y qué respuesta obtenemos del gobierno?!

Ninguna!!! o lo que es peor, omiten tomar medidas que reviertan esta situación!!!

Por el contrario, emiten comunicados, cursos y congresos intentando sensibilizarnos con los victimarios, en un alocado intento de que comprendamos, que el contexto socio cultural y económico, es motivo más que suficiente, para delinquir, sin tener responsabilidad del crimen cometido.

La discriminación de este tipo de posiciones, no solo implica desvalorizar a las familias de bajo recursos, ya que no considero que por pertenecer a contextos críticos, seamos carentes de valores familiares, sino que implica también una discriminación entre las víctimas, que han perdido familiares.

Pareciera que algunas tienen derechos y otras no!

Acaso Macarena, tiene más derecho a ser protegida que la familia de las víctimas de la Inseguridad ciudadana?!

Estuve presente en el Palacio Legislativo, al momento que estos familiares hicieron acto de presencia, exigiéndonos que legislemos para ejercer justicia, solicitud más que lógica.

Quiero extractar parte de lo sucedido ese día, a fin de plasmar el grado de involucramiento o no…del oficialismo.

Para ello, transcribo párrafos del artículo publicado por El País.

«En reclamo por más seguridad, los familiares de víctimas, se hicieron presentes en el Palacio Legislativo con varias propuestas y fueron recibidos por legisladores de todos los partidos.

La reunión fue tensa…» lo cual era de esperar, ya que los temas a tratar han destruido la unidad familiar de estas personas.

Pero lo inesperado fue la reacción de representantes del partido del gobierno.

«A pocos minutos de haber comenzado, el diputado del Frente Amplio, Carlos Gamou, se retiró del encuentro tras enfrentar cuestionamientos…» que no supo responder.

«A medida que las personas se arrimaban para hacer oír su voz, legisladores blancos y colorados salían de sus despachos y se apegaban a los familiares»

Lo cual no llama la atención, el Partido Nacional siempre a batallado por la seguridad, basta recordar su publicidad electoral y mi Partido el Partido Colorado, no solamente la ha defendido siempre, sino que además a trabajado responsablemente en la creación de 50 Medidas, capaces de revertir la inseguridad, que se ha instalado en nuestra sociedad.

«Mientras tanto, diputados oficialistas como Alfredo Asti, Sebastián Sabini, Álvaro Vega y Jorge Pozzi cruzaban la Avenida de las Leyes sin detenerse»

Lo que me parece de un grado de insensibilidad intolerable, es evidente que tienen la fortuna de que no les tocó de cerca.

De paso por el lugar, el diputado Estéban Pérez (MPP) cuestionó a sus colegas y dijo, que es inadmisible “hacer política con el dolor”.

«En respuesta, el colorado Germán Cardozo sostuvo que esa actitud es “la justificación perfecta de los que no hacen nada, para que las cosas cambien”.

Lo que es corroborado, con solo observar que no han presentado ningún proyecto, para solucionar este tema. A diferencia del Partido que represento, que si nos sentimos implicados y si hemos elaborado propuestas y vías de acción para instrumentarlas.

Los familiares entregaron un documento con doce propuestas. Reclaman crear una policía militar para reforzar el patrullaje, que los padres sean responsables de los delitos que cometen sus hijos menores y que haya un resarcimiento a quienes sean víctimas de delitos, entre otras cosas.

Me limito a realizar ciertas deducciones obvias:

*qué diferencia encuentra el oficialismo, entre la pérdida de la madre de Macarena y la pérdida de aquellos muchachos, que defienden los familiares que exigen justicia?

*Por qué apoyar a la familia de Macarena es una acto de justicia y apoyar a los familiares de las víctimas de la inseguridad, es hacer política?

*Por qué si reconocen la existencia de un flagelo social que nos está matando día a día, no han implementado medidas que atiendan y eluciden esta realidad?

*Por qué duerme en un escritorio archivadas las 50 medidas de seguridad presentadas por Vamos Uruguay a la Ministra Tourné en 2008, si al estudiarlas, respondieron que eran viables y efectivas?

*Por qué no apoyan la modificación del artículo 34 del Código Penal de 1945, si todos saben que la ciudadanía en su mayoría lo apoya?

No estamos frente a un acto de discriminación?

No es notoria la postura negligente con que se toman ciertos hechos, mientras otros requieren toda la fuerza de la legalidad?

No somos todos iguales, ante la ley uruguaya?!».

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En Maldonado, el martes 22 de setiembre, Lacalle dijo que sin orden no hay libertad. Criticó  que un documento del frente amplio hable de duplicar el presupuesto en materia de seguridad. Pidió disculpas pero dijo que él no dice “bolazos”.

Criticó  que el frente amplio no lo haya hecho cuando estaba el tiempo de las vacas gordas. Para el verano, dijo que no hay que sacar la policía de las localidades chicas para mandarlas para la costa, sino contratar a recientemente retirados por 60 a 90 días para que puedan cobrar un retiro más un contrato y que la gente pase tranquila la temporada estival porque hay custodia.

En materia de seguridad, Lacalle dijo que hay propuestas concretas del Partido Nacional, señalando que se acabará el recreo el 2 de Marzo de 2010. Recreo que calificó como miedo de salir a tomar el ómnibus, a comer una pizza o pasear por la rambla.

También hizo referencia a la campaña y pidió respeto para los que votan al Frente Amplio, exhortando a no entrar en una campaña a nivel de la gente que recibe malos ejemplos de arriba.

Pidió  que la semilla de la división no brote, solicitando que cuiden las relaciones con los vecinos, exhortando a que el Partido Nacional quiere gobernar en paz.

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