El Jueves 7 de diciembre, a partir de la hora 9:00 en el Pasaje Acuña de Figueroa del Edificio Anexo del Palacio Legislativo, se realizará el VII Espacio de Innovación Penitenciaria, que se centrará en el tema “Impacto del nuevo Código del Proceso Penal en las cárceles”. La actividad es organizada por el Comisionado Parlamentario Penitenciario y auspiciada por la Institución Nacional de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo.

En la apertura (hora 9:00) estarán la senadora Ivonne Passada, Presidente de la Comisión Bicameral de Seguimiento Carcelario, Mariana Mota, Presidenta de la Institución Nacional de Derechos Humanos, Mireia Villar, Coordinadora Residente de Naciones Unidas y Juan Miguel Petit, Comisionado Parlamentario Penitenciario.

En el encuentro habrá dos meses con jueces, defensores y académicos que analizarán las novedades que ya está generado el nuevo juicio penal sobre la realidad penitenciaria. En la primera mesa (hora 9:45) sobre las novedades legales vigentes, habrá presentaciones de Jorge Chediak, Presidente de la Suprema Corte de Justicia, Jorge Díaz, Fiscal de Corte y Adriana Berezán, Presidenta de la Asociación de Defensores.  Luego (hora 11:15), hablarán sobre las herramientas legales que pueden cambiar la realidad carcelaria Carlos Negro, fiscal, Alberto Reyes, ministro de Tribunal de Apelaciones Penal y Martín Sbrocca, académico e integrante de IELSUR.

La conferencia de cierre (hora 13:00) estará a cargo del profesor Juan Ceretta y sobre la “Tutela Jurisdiccional de los Derechos Humanos”. Como despedida de estas actividades de reflexión y prospectiva, se presentará un grupo de tambores de internos del COMCAR. Se distribuirá material informativo elaborado por la Oficina del Comisionado Parlamentario durante 2017.

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Dicha sanción viola derechos humanos específicos del mencionado deportista, y se extiende, incluso, al ejercicio de éstos dentro del territorio nacional. Los derechos vulnerados están consagrados en la Constitución de la República y en el orden jurídico de los Derechos Humanos que la humanidad ha venido consagrando y desarrollando desde 1948. Los Estados en que la FIFA actúa, incluido el Estado uruguayo, están obligados a respetar ese marco normativo universal. Sin embargo, por expresa disposición de los estatutos de la referida corporación, la penalización no puede ser recurrida ante ninguna autoridad judicial2

La sanción mencionada desconoce el derecho de toda persona a un recurso efectivo ante

Tribunales nacionales competentes. Esto implica el derecho, en condiciones de plena igualdad, a ser oída públicamente y con justicia por un Tribunal independiente e imparcial3 modo afecta, entre otros, el derecho al trabajo y a la libertad personal, especialmente teniendo en cuenta la forma en que la sanción fue procesada y sus consecuencias inmediatas.

La Institución expresa asimismo su esperanza de que la indignación y solidaridad compartida que sacudió a la sociedad uruguaya frente a tal situación, no se agote en este acto, y sirva de motor para enfrentar todas las violaciones a los derechos humanos que enfrentan distintos integrantes de la misma, y en particular, los pertenecientes a los sectores en condiciones de mayor vulnerabilidad.

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