Así se pronunció Sartori a través de las redes sociales: “Leí el fallo dividido (3 a 2) de la SCJ. Parece que el circo político crece cuando se acercan las elecciones. Reitero: no puedo ni voy a obligar a mi esposa, con la que tengo separación de bienes, a que presente nada. Es arcaico que en pleno siglo XXI se considere constitucional que el marido tenga que OBLIGAR a la mujer a hacer algo en contra de su voluntad. Quien cumple la función pública soy yo, no ella. Y mi declaracion jurada está COMPLETA y APROBADA por Jutep. Prefiero enfrentar las sanciones correspondientes antes que ser parte de un sistema que ya fue. Lamento que para los 3 ministros que desestimaron mi solicitud, el marido deba ser el tutor legal de la mujer como en 1800”.

Fuente Imagen: Diario El País.

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El fundamento del estudio lleva la firma de los profesionales

Carla Arellano, Sebastián Ramos, Diego Castagno, y Alexandra Rovere.

Así se expresa Ferrere:

“Uruguay no regula la corrupción en el sector privado. Cuando hablamos de corrupción en nuestro país, lo asociamos a los funcionarios públicos. Hoy en día, las mismas conductas cometidas por los funcionarios públicos de ser cometidas por particulares, encuadran en otras figuras delictivas diferentes a los delitos de corrupción.  El soborno privado no es un delito bajo la ley uruguaya.
No obstante, Uruguay ratificó la Convención de Naciones Unidas Contra la Corrupción (CNUCC) en el año 2006 (Ley Nº 18.056), que trata a la corrupción privada, instando a los Estados a adoptar medidas para prevenir la corrupción y mejorar las normas contables y de auditoría en el sector privado. Sin embargo, a la fecha no se ha regulado la corrupción en el sector privado.
Anteproyecto de ley a cargo de la JUTEP 
La Ley No. 19.797, vigente desde el 1° de marzo de 2020, encargó a la Junta de Transparencia y Ética Pública (JUTEP), la preparación de un anteproyecto de ley que analice y prevea medidas para prevenir la corrupción en el sector privado.
Asesoría técnica de la UNODC y participación del sector empresarial en la confección de una política sobre corrupción privada 
La Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y la Corrupción (UNODC) se encuentra asesorando técnicamente a la JUTEP, en la elaboración del mencionado anteproyecto de ley.

En el marco de este asesoramiento, el pasado 7 de diciembre se realizó un evento organizado por Pacto Global, UNODC y Ferrere Abogados, con la finalidad de que el sector empresarial uruguayo trabaje en el co-diseño de esta política sobre anticorrupción para el sector privado.
El evento contó con la participación de expertos de las mencionadas oficinas, así como las máximas autoridades de la JUTEP, Cámara de Comercio y Servicios del Uruguay, Unión de Exportadores, Asociación Nacional de Micro y Pequeñas Empresas (ANMYPE), Secretaría Nacional para la lucha Contra el Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo (SENACLAFT) y representantes de empresas tanto nacionales como multinacionales.
En el evento se repasó la normativa vigente, se intercambiaron opiniones y se aportó feedback al diseñó de la política pública anticorrupción en la que está trabajando la JUTEP.
Conclusiones del evento sobre la política anticorrupción privada
En el evento se concluyó que una política sobre corrupción en el sector privado debería incluir los siguientes elementos:

• Aplicar a: (i) sectores que se vinculen contractualmente con el Estado (farmacéutico, energía, construcción, logística), (ii) empresas que superen un determinado nivel de ingresos o activos, y (iii) empresas que puedan ejercer una posición dominante en el mercado local.
• Prever un sistema de responsabilidad administrativa – no penal- de las personas jurídicas. La responsabilidad penal continuaría recayendo únicamente sobre los individuos.
• Imponer un régimen gradual de sanciones (apercibimiento, observación, multa, suspensión temporaria o permanente, prohibición temporal o permanente de contratar con el Estado, pérdida de eventuales beneficios otorgados por el Estado, cancelación de la personería jurídica con la posibilidad de redimirse la empresa).
• Régimen público de incumplidores.
• Tipificar nuevos delitos en el sector privado como el soborno local y transnacional, tráfico de influencias (incluyendo la regulación del lobby o grupos de presión), colusión, peculado o malversación de bienes, blanqueo de capitales (incluyendo la corrupción privada como delito precedente), y conductas que atenten contra la transparencia en los registros contables.
• La JUTEP podría ser el organismo a cargo del control de cumplimiento de una eventual normativa, en relación a la responsabilidad administrativa de las personas jurídicas, en tanto que las Fiscalías especializadas en el tema lo serían para los delitos que se establezcan relativos a corrupción privada.
• Sistema de créditos y disminución de sanciones a favor de empresas que tengan programas eficaces de prevención en la corrupción, y el eventual otorgamiento de ciertos beneficios al momento de competir en sistemas de contratación con el Estado.

Programas efectivos de cumplimiento en anticorrupción en el sector privado
Si bien Uruguay no cuenta con regulación específica en materia de corrupción privada, a la fecha varias de las empresas locales y sobre todo multinacionales con actividad en Uruguay, cuentan con sus propios programas sobre anticorrupción incluyendo tanto la corrupción en el sector público como en el sector privado.
Estos programas son de variado alcance, confeccionados conforme valores y principios de cada empresa, y responden en ocasiones a políticas internas de matrices extranjeras. En general estos programas incluyen:

• Análisis de riesgos y confección de matrices de riesgos.
• Códigos de ética o de conducta.
• Políticas y procedimientos de integridad.
• Reglas sobre gobernanza que indiquen las obligaciones y responsabilidades de los diferentes partícipes de la empresa (accionistas, directorio, comité de auditoría, oficial de cumplimiento, jefaturas y gerentes, etc.).
• Capacitaciones periódicas y diferenciadas.
• Apoyo desde la alta dirección y gerencia.
• Canales internos de denuncia, abiertos para los integrantes de la empresa y también a terceros, siendo importante por tanto su adecuada difusión.
• Política de protección al denunciante.
• Protocolo de investigación de denuncias.
• Due diligence de terceros, socios de negocios, incluyendo proveedores, distribuidores, prestadores de servicios.
• Due diligence en procesos de fusiones y adquisiciones.
• Monitoreos, auditorías y evaluación continua de la efectividad del programa de cumplimiento anticorrupción.
• Designación de un responsable interno con foco en “corrupción”.

Contar con efectivos programas de integridad beneficia a las empresas, no solo por la adecuada gestión que realizan de sus riesgos (operaciones, reputacionales, etc.), sino también porque generan una importante oportunidad de negocios, ya sea porque si no cuentan con estas herramientas, no son tenidas en cuenta como proveedores; o porque al tenerlas, se vuelven en empresas más atractivas para accionistas e inversores.
FERRERE cuenta con una experiencia regional y única en el diseño de programas de integridad en materia de prevención de la corrupción tanto pública como privada, que incluye -entre otros aspectos- el diseño e implementación de las mencionadas acciones”.

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La frase corresponde a Jorge Castro, integrante de la Junta de Transparencia y Ética Pública (JUTEP), al participar el pasado 3 de diciembre en la Comisión Especial de lavado de activos de la Cámara de Representantes.

En representación de la JUTEP, además de Castro, que es vocal, participaron, su Presidenta Escribana Susana Signorino, y el Vicepresidente contador Guillermo Ortiz.

“Quiero señalar algunas cuestiones relacionadas a la Jutep que me parecen relevantes. La Jutep mantiene un número importante de convenios de capacitación con varios organismos públicos; precisamente, en estos días aprobamos uno con la Utec,” expresó Castro.

Agregó que “su cometido es asesorar a distintas instituciones públicas respecto a normas que tengan que ver con prevenir posibles prácticas que fomenten la corrupción. Ese también es un rol fundamental. Esa tarea la hacemos a través de la contratación de docentes especializados en la materia externos a la Jutep”.

“Ellos son los encargados de dictar esos cursos en los distintos organismos públicos. Por tanto, esto también forma parte fundamental del accionar de la Jutep, que tiene que ver con la prevención de que puedan suceder acontecimientos de índole de corrupción. Neptuno, para poder dominar los océanos, tenía un tridente. Nosotros, para poder combatir la corrupción, tenemos un escarbadientes. Digo esto para expresar nuestra situación en términos gráficos”, añadió Castro.

El jerarca indicó que “no tenemos el personal que necesitamos. La Jutep tiene, en total, catorce funcionarios. Esta cifra abarca a los administrativos y a los profesionales. Tenemos una enorme responsabilidad, que es conservar las declaraciones juradas y publicarlas. Además, el habeas data supone la necesidad de que exista en la apertura la figura de un escribano que nos de garantías a nosotros como institución y, también, a quien le abrimos la declaración”.

“Tenemos un conjunto de leyes nacionales -convenios que suscribió el país a nivel internacional-, que nos obligan a trabajar en temas tan importantes como la prevención de la corrupción en el sector privado. Hay una legislación comparada con distintos países de América Latina, donde se destaca particularmente las leyes de Chile y Argentina, que son las más desarrolladas en este sentido. Pero para trabajar -está bien la colaboración que se plantea entre el Parlamento y nosotros para elaborar un anteproyecto- la Jutep necesita, entre otras cosas, asesorarse”, dijo.

Según Castro, “en una materia tan delicada como esta, no es cuestión solo de buenas intenciones. Debemos establecer una normativa clara, que realmente prevenga, señale y sancione cuando se realicen prácticas que vayan en contra de la fortaleza institucional. La corrupción debilita a la institucionalidad en su conjunto y los fundamentos de la República”.

Por tanto, “debe haber una lucha frontal contra las prácticas corruptas, desde las más mínimas que pueden suceder en cualquier oficina pública, hasta las más encumbradas, porque la corrupción es en espiral: si se permite un pequeño hecho corrupto, se retroalimenta. Para hacer ese trabajo es necesario contar con los recursos, que son materiales y también humanos: profesionales, técnicos. Si no los tenemos, tenemos un catálogo de buenas intenciones pero para la ciudadanía y para el contexto internacional que nos observan, estamos en falta si no cumplimos con lo que establecen la ley y los convenios internacionales”.

Castro dijo que “cuando se suscribe un convenio internacional, se entiende que la República que lo suscribe tiene las condiciones materiales y humanas para poder cumplir. ¿Qué vamos a decir si no los cumplimos? ¿Que no podemos cumplir con lo que suscribimos internacionalmente porque solo tenemos catorce funcionarios, dos de ellos profesionales que ni siquiera son del organismo? Eso, para quien nos observa desde afuera, no es una excusa. Nosotros tenemos que cumplir con lo que la ley establece”.

También sostuvo que “en este directorio de la Jutep hemos trabajado con objetivos comunes, por encima de las representaciones políticas. Y hemos marcado que nuestra función no es un condicionamiento político, sino cumplir lo que nos encomienda la Ley, que está por encima de los partidos y que tiene que ver con pilares republicanos. Esa es la forma en la que estamos trabajando”.

Ahora bien; puntualizó, “queremos ser muy claros: lo que podamos cumplir o no depende de los recursos que se nos asigne. Los hombres tienen voluntad. Existe un denominador común de avanzar en dar una batalla frontal contra aquellos que corroen. La realidad es que hacer este trabajo con los recursos que hoy tenemos es nadar sin poder llegar a la orilla, por más esfuerzos que hagamos”.

Entonces, “no basta solo con la voluntad. La voluntad tiene que tener la determinación de los poderes públicos de darnos los recursos materiales y financieros que permitan dar cumplimiento a lo que establece la Ley y, sobre todo, dar cumplimiento a lo que la República suscribió en los tratados internacionales y el Parlamento ratificó”.

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La finalidad de esta Resolución de las NU, es contribuir a crear conciencia a escala mundial respecto a los serios problemas que genera la corrupción a una sociedad y sobre los mecanismos que pueden ser más efectivos para combatirla.

Este año la Junta de Transparencia y Ética Pública, teniendo en cuenta que el 9 de diciembre será domingo, ha resuelto conmemorar este Día Internacional el jueves 6 de diciembre, mediante una actividad a realizarse en el Salón de Actos de la Torre Ejecutiva, con acceso por la calle Liniers, esquina Plaza Independencia, de 11 a 13 horas.

En el mismo estarán presentes autoridades nacionales; abriendo el acto el Dr. Luis Yarzábal, Presidente de la JUTEP, la Sra. Susan McDade, Representante Residente del PNUD en Uruguay y el Dr. Ricardo Ehrlich, Ministro de Educación y Cultura.

Luego hará uso de la palabra el Presidente de Uruguay Transparente Sr. Pedro Cribari quien expondrá sobre tema “Presentación del Índice de Percepción de la Corrupción (IPC) 2012”.

Posteriormente lo hará el Dr. Carlos Soares de Lima, Vocal de la Junta de Transparencia y Ética Pública, que se referirá al “Programa de Capacitación de la JUTEP”.

Finalmente, los Drs. José Pedro Montero Traibel, Vicepresidente de la JUTEP y Carlos Balsa D’Agosto, Expresidente de la JUTEP, presentarán el libro “El control de la Corrupción en el MERCOSUR”, obra que expone los organismos y las estrategias que han instrumentado Argentina, Brasil, Chile, Paraguay, Venezuela y Uruguay para prevenir, detectar, reprimir y reducir el daño social que produce la corrupción.

Las reflexiones de cierre estarán a cargo del Prosecretario de la Presidencia de la República, Dr. Diego Cánepa.

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