En virtud de la aprobación del proyecto de nueva “Ley de Medios” en el Plenario de la Cámara de Senadores el día 14 de mayo de 2024, con carácter de “grave” y “urgente” el Sindicato Único de Telecomunicaciones (SUTEL), la Asociación de la Prensa Uruguaya (APU), el Centro de Archivos y Acceso a la Información Pública (CAinfo), el Centro de Estudiantes de Información y Comunicación (CEICo – FIC) y la Asociación de Docentes de la Universidad de la República de la Facultad de Información y Comunicación (ADUR-FIC), DECLARAMOS NUESTRA MÁS FIRME OPOSICIÓN:

1. A este tipo de atropellos legislativos que atentan contra las mejores prácticas democráticas, siendo un Proyecto de Ley que cuenta con numerosas críticas de organismos internacionales expertos en libertad de expresión y comunicación.
2. A los cambios legislativos que atentan contra el derecho humano fundamental de libertad de expresión, consagrado en el artículo 29 de nuestra Constitución, estableciendo mecanismos de control y censura.

• A este tipo de cambios, que son a medida de unos pocos y afectan el patrimonio y la soberanía nacional de todos/as.

1. A las medidas que favorecen a los dueños de los grandes medios de comunicación con disposiciones que determinan el no pago por el uso de los recursos del Estado y las renovaciones automáticas de autorizaciones y licencias.
2. A los cambios normativos que establecen mayor concentración y extranjerización de los medios de comunicación, atentan contra la pluralidad y la transparencia, eliminan mecanismos de control social y suprimen la institucionalidad creada en la actual Ley de Medios vigente.
3. A las medidas que afectan a Antel, empresa pública y estatal, que implican ceder la línea del negocio de datos fijos y el acceso a internet a sus competidores, al tiempo que pone al servicio de sus competidores la inversión realizada en despliegue de tecnología.

POR TODO LO EXPUESTO, RECHAZAMOS:

1. Los cambios normativos que establecen mayor concentración y extranjerización de los medios de comunicación, que atentan contra la pluralidad, la transparencia, que eliminan mecanismos de control social, y que suprimen la institucionalidad creada en la actual Ley de Medios (particularmente la CHASCA), dando el poder de tomar decisiones discrecionales al Poder Ejecutivo.
2. El desfinanciamiento del Fondo de Fomento a la Industria Audiovisual Uruguaya y el debilitamiento del sistema de medios públicos de nuestro país.

• Que se legisle atendiendo intereses de unos pocos, en detrimento de todos, atentando contra derechos fundamentales consagrados en nuestra Constitución.

1. Que se afecte el patrimonio de los uruguayos para pagar favores de campañas políticas y asegurar la hegemonía de los grandes medios de comunicación en el contexto de campaña electoral.
2. Que el Estado garantice recursos que le son propios para favorecer a los grandes medios de comunicación. VI. Que se desconozca la voluntad popular en defensa de nuestro patrimonio, de nuestra soberanía nacional y de nuestra Antel, empresa pública y estatal.

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En este caso contaremos con la presencia de Gustavo Buquet y Federico Beltramelli para conversar sobre la ley de medios y sus implicancias políticas y sociales.

La actividad se estará realizando este miércoles 14/12, a las 19:00hs en Casa del Pueblo (Soriano 1218). También se transmitirá por la página de Facebook del Partido Socialista https://www.facebook.com/socialistas90

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El miembro informante fue el senador socialista Daniel Martínez, que afirmó que, si bien la ley puede tener cosas para mejorar, se trata de un proyecto «garantista». Quedó fuera de la regulación Internet.

Hicieron uso de la palabra en el debate los senadores: Pedro Bordaberry, Luis Alberto Lacalle, Sergio Abreu, Enrique Rubio, Luis Alberto Heber, Alicia Pintos, Ernesto Agazzi, Eduardo Fernández, Ope Pasquet, Constanza Moreira, Rafael Michelini y Carlos Baraibar.

Algunos senadores de la oposición solicitaron mayorías especiales en la votación para poder aprobar la Ley, (el acuerdo de dos tercios de la Cámara), pero el pedido no fue tenido en cuenta.

La ley consta de 186 artículos.

Fuente: uypress.net

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Actualmente existe una Ley de Radiodifusión impuesta por la dictadura. Es momento de una Ley en democracia.

Esta nueva Ley habilita más producción nacional, una mayor participación ciudadana en la opinión e incidencia de los contenidos de los medios y transparencia en los procedimiento y condiciones de otorgamiento para prestar servicios de comunicación, entre otras cosas.

Es por esto que convocamos a todos y todas a concurrir a las barras y apoyar este paso más del Uruguay que no se detiene.

Porque queremos imaginar la posibilidad de más y mejores medios de comunicación, más y mejor democracia.

‪#‎laimaginacionalosmedios

JSU -Juventud Socialista del Uruguay.

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Hoy sesionó la Junta Federal del Partido Independiente (PI) donde decidió que «si el Frente Amplio vota la ley de medios sin excluir un capítulo sobre publicidad electoral gratuita, el Partido Independiente iniciará una acción de inconstitucionalidad de ese capítulo por cuanto entendemos viola la Constitución», dijo el líder de ese partido en radio Monte Carlo.

También hoy el PI decidió «pedirle una reunión a los demás partidos para transmitirles nuestra postura con respecto a que no se impida el voto cruzado en las elecciones de mayo, que los ciudadanos puedan elegir libremente intendentes y ediles del partido que prefieran y alcaldes y concejales del partido que mejor les parezca».

El próximo jueves la Convención Departamental de Montevideo del Partido Independiente se reunirá para evaluar quién será su candidato a la Intendencia para las elecciones de 2015. Y el sábado 20 de diciembre se reunirá la Convención Departamental de Canelones de ese partido para designar al candidato a la comuna canaria.

Fuente: elpais.com.uy

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El senador Enrique Rubio (Vertiente Artiguista) dijo a El País que en una reunión de coordinación de las bancadas del Senado y Diputados se incluyó a la ley de medios como uno de los temas a tratar en el mes de diciembre. «En noviembre no habrá sesión para tratar proyectos, en realidad no hay novedades, porque el compromiso que asumimos en septiembre era que trataríamos al proyecto de ley de medios en diciembre y eso por ahora no cambió», explicó Rubio.

A pedido del astorismo y luego de una gestión del candidato oficialista, Tabaré Vázquez, la bancada del Frente Amplio en el Senado decidió posponer el tratamiento de la ley de medios hasta después de las elecciones nacionales, para que el tema no ingresara en el debate electoral.

Los senadores astoristas justificaron su decisión de postergar la votación del proyecto en el riesgo que tenía la ley de ser declarada inconstitucional por la Suprema Corte de Justicia (SCJ), dado que planteaba la creación de cargos en un año electoral, algo que no está permitido por la Constitución.

Abuso.
El procesamiento sin prisión del exministro de Economía, Fernando Lorenzo, y del expresidente del BROU, Fernando Calloia, por «abuso de funciones» por el caso Pluna, abrió un debate por la derogación del artículo 162 del Código Penal.

Sin embargo, todo indica que la eliminación o modificación del delito de abuso de funciones no se tratará en esta legislatura, porque ya no hay tiempo para modificar el Código Penal en esta legislatura.

«No creo que haya la menor posibilidad de que el Código Penal se apruebe, porque todavía lo tiene que aprobar Diputados y después pasar al Senado. Para mi el Código Penal queda para la próxima legislatura», señaló.

En tanto, Rubio indicó que el Código del Proceso Penal —que instrumenta el juicio oral y público— está próximo a aprobarse. Como temas prioritarios para aprobarse en esta legislatura por Diputados, están la ley de ordenamiento territorial y desarrollo sostenible y la regulación del consumo y distribución de bebidas alcohólicas .

Fuente Contenido: elpais.com.uy

Imagen: AFP

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Es indudable que esta postura puede tener consecuencias perdurables en el tiempo respecto la política pública de comunicación democrática que el Frente Amplio se comprometió a desarrollar en sus dos primeros gobiernos, pero que hasta el momento ha cumplido parcialmente.

El texto completo de la carta es el siguiente.

Montevideo, 6 de Julio de 2014

Sr. Candidato Presidencial del Frente Amplio

Dr. Tabaré Vázquez.

c/c: Sr. Candidato Vicepresidencial del Frente Amplio.

Don Raúl Sendic.

Presente.-

Los abajo firmantes, representantes de organizaciones de la sociedad civil, organizaciones de la sociedad civil y activistas a título individual por la libertad de expresión y los derechos humanos, le hacemos llegar esta carta, con el afán de que reconsidere su postura hecha pública por la prensa días atrás, en el sentido de solicitarle a los senadores del Frente Amplio que posterguen la aprobación del proyecto de Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual hasta una vez pasada la primera vuelta de la elección nacional del mes de octubre.

Es indudable que esta postura puede tener consecuencias perdurables en el tiempo respecto la política pública de comunicación democrática que el Frente Amplio se comprometió a desarrollar en sus dos primeros gobiernos, pero que hasta el momento ha cumplido parcialmente.

Es cierto que la fuerza política que usted representa ha avanzado durante los dos primeros gobiernos en el respeto a los derechos humanos y en la extensión de las garantías para ejercer la libertad de expresión, el derecho a la información y el derecho a la cultura de los uruguayos y uruguayas. Pero no es menos cierto, que la LSCA es la piedra angular a la hora de promover cambios en el núcleo duro del poder concentrado y tradicional que controla desde hace décadas los medios de comunicación, bajo normas que no cumplen con los estándares internacionales de libertad de expresión, diversidad y pluralismo.

No es cierto, como algunos actores repiten, que las fuerzas sociales, el actual gobierno y los legisladores del Frente Amplio no hayan dado lugar a la discusión y el debate sobre este proyecto de ley central para la democracia. Por el contrario, este proyecto es el producto de varias instancias de discusión, tanto sociales, como a nivel de todos los actores (incluida la sociedad civil, los sindicatos, los empresarios y el Estado) y durante los dos últimos años en el Parlamento. Si la bancada mayoritaria aprueba ahora esta ley, no estará violentando ninguna institucionalidad, sino cumpliendo con su programa y con una promesa largamente postergada por la presión de intereses corporativos: ni más ni menos que la democratización de los medios de comunicación.

La propuesta de postergar la inminente aprobación del proyecto, que ha contado con la cerril oposición de los grupos más concentrados de la comunicación y de la oposición, puede ser un entierro de lujo para este proyecto esencial. A nadie se le escapa que en octubre tendremos un nuevo mapa político surgido de las urnas y será muy pero muy difícil para un Parlamento saliente aprobar una ley que encuentra tanta resistencia de los poderosos.

Si se tratara de una ley más, no estaríamos firmando esta petición, pero se trata de una ley esencial para la consolidación de la democracia y para promover un cambio real en una legislación, y en un sector del poder, que se muestra prácticamente incambiado desde la dictadura militar.

Como destacamos a continuación, la ley es importante por muchas razones, entre otras cosas porque por primera vez en la historia se regula el trascendente tema de la publicidad electoral, algo que las democracias más viejas hacen desde hace décadas. Sin embargo, no debería ser este capítulo una razón para detener la aprobación de toda una ley, dada la falta de consenso entre los partidos políticos. Como se ha hecho con tantas leyes, bastaría con desglosar este capítulo o postergar su entrada en vigencia, sin afectar con esto la estructura central de la ley.

Por eso le reiteramos las varias razones que existen en este momento para no postergar más la concreción de este compromiso, que podría frustrarse, si no se aprovecha este momento histórico.

¿Por qué el Senado debe aprobar ahora la LSCA?

● Porque los medios audiovisuales, aún pese al avance de Internet, continúan siendo las principales plataformas de acceso a la información, al entretenimiento, a la cultura, al deporte y a los contenidos más diversos para la población.

● Porque el espectro radioeléctrico es un patrimonio común de la humanidad y el Estado debe regularlo de acuerdo a principios claros y transparentes. Porque la legislación actual no garantiza criterios democráticos para la asignación de permisos y licencias, ni establece plazos, ni contraprestaciones para el sector privado/comercial.

● Porque el espacio de los medios audiovisuales sigue estando regulado por una ley anticuada y antidemocrática, aprobada durante la dictadura. El país está en deuda con la democracia. La legislación actual también viola convenciones Internacionales debido a su concepción, ambigüedad y discriminación de distintos grupos frente a la comunicación.

● Porque durante décadas las frecuencias radioeléctricas se administraron en base a criterios arbitrarios, sin procesos transparentes, justos ni abiertos para todas y todos.

En Uruguay vivimos de las peores prácticas en torno a la gestión de este bien común de la humanidad, más allá de que esas situaciones se han venido corrigiendo por sucesivos decretos. Siguiendo a Artigas creemos que la ley es el mejor freno a las veleidades humanas.

● Porque con la legislación actual se ha conformado un sistema de medios concentrado, desequilibrado y con predominio del sector comercial. En el área metropolitana tres actores concentran la propiedad cruzada de radio, televisión abierta y cable, con empresas colaterales que también dominan buena parte de los medios del interior.

En lo departamental y regional también existe en muchas ciudades una concentración de medios inaceptable para una democracia. En lugares como Durazno, Cerro Largo, Tacuarembó, Paysandú, Salto, un solo grupo concentra medios en cable, televisión y radio.

● Porque la producción nacional audiovisual para la industria de la televisión ha sido escasa, de baja calidad y casi nula innovación. Tenemos una valiosa industria de cine nacional y no logramos realizar series o telenovelas que reflejen nuestra cultura, nuestra forma de ver el mundo. La concentración y la falta de competencia alentaron este fracaso.

● Porque vastos sectores de nuestra sociedad, como niñas, niños y adolescentes, mujeres, personas con discapacidad, población LGTBI o afrodescendientes, han sufrido la discriminación de un sistema de medios que reprodujo los peores estereotipos, sin dar lugar a ninguna respuesta durante años, ni garantizar que derechos específicos sean respetados

● Porque el proyecto contiene garantías expresas para ejercer la libertad de expresión en los artículos 14 a 18 (prohibición de toda forma de censura, incluso la indirecta; garantiza la independencia editorial). Por todo esto, mal podría afirmarse que la LSCA proyectada suponga censura a los medios de comunicación.

● La regulación proyectada se limita estrictamente a la violencia extrema y a la incitación al consumo de drogas, y ello sólo durante el horario de protección a la infancia. En todos los demás casos, prima la libertad sin límites para informar sobre hechos de interés público.

● No hay nada en el texto de referencia que suponga limitaciones a la información, al análisis o a la discusión -en los programas educativos, informativos y periodísticos- sobre situaciones de violencia, sobre sus causas o sus repercusiones en materia de seguridad ciudadana, así como sobre temas de sexualidad, drogas legales e ilegales o discriminación en todas sus manifestaciones.

● Porque el proyecto de LSCA busca garantizar la libertad de expresión de todas las personas con una serie de instrumentos (horario de protección a la infancia,cláusula de conciencia, defensoría de las audiencias) incluidos en el proyecto de ley. Allí radica la reproducción de aquellos valores de convivencia.

● Si no fuera así, las máximas instancias internacionales en materia de libertad de expresión (Relator Especial para la Libertad de Expresión de ONU y OEA) y las más prestigiosas organizaciones de derechos humanos vinculadas a la libertad de expresión (Reporteros Sin Fronteras, Unesco y Artículo 19) no hubiesen ponderado el proceso y no hubiesen afirmado, como lo hicieron, que este proyecto puede ser un modelo para toda la región.

● Por que el proyecto de LSCA a estudio del Senado, fue elaborado en a través de un proceso inédito y profundamente democrático, con representación de toda la diversidad de voces y actores vinculados a los medios de comunicación, incorporando de manera rigurosa todos los estándares internacionales vigentes en materia de Derechos Humanos y Libertad de Expresión y recogiendo las mejores tradiciones de las democracias más consolidadas en el mundo, que ya hace varias décadas cuentan con legislación, institucionalidad e instrumentos de regulación democrática de sus sistemas de medios.

Firmas:

Coalición por una Comunicación Democrática, Pro Derechos, la Red de Gobierno Abierto, Sociedad Uruguaya de Actores (SUA), Asociación de la Prensa Uruguaya (APU), Grupo Medios y Sociedad (GMS), Centro de Archivos y Acceso a la Información Pública (CAINFO), Cotidiano Mujer, Sociedad Uruguaya de Actores (SUA), Red Especial Uruguaya, Colectivo Ovejas Negras, Mujer y Salud en Uruguay (MYSU), Comisión Nacional de Seguimiento CNS Mujeres, Consumidores y Usuarios Asociados (CUA), Agrupación de Trabajadores de TeVe Ciudad (ATTC), Federación Uruguaya de Teatros Independiente (FUTI), Agencia de Comunicación de Niñez y Adolescencia Voz y Vos – El Abrojo, Comité de los Derechos del Niño-Uruguay, Causa Común, Asociación Mundial de Radios Comunitarias – ATABAQUE Grupo cultural afroemerindio, Instituciones Federadas Afroumbandistas IFA del Uruguay, Servicio Paz y Justicia (SERPAJ), Observatorio de Políticas Públicas de Derechos Humanos en el MERCOSUR, Organización Idas y Vueltas, Instituto de Estudios Legales y Sociales del Uruguay (IELSUR), el Instituto de Comunicación y Desarrollo (ICD), Mujer Ahora y Uruguay Transparente.

A título individual: Gabriel Kaplún, Esteban Schroeder, Walter Tournier, Lilían Celiberti, Paula Baleato, Lilián Abracinskas, Gustavo Buquet, Edison Lanza, José Imaz, Walter Sena, Manuel Podetti, Margarita Percovich.#

#La carta quedará abierta a la firma de otros adherentes en la siguiente dirección web: http://bit.ly/sialaLeySCA

Fuente Imagen: ciro-aulainteractiva.blogspot.com

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Asimismo, y en vista que la intención del gobierno es retomar la discusión en el mes de diciembre, el Partido Independiente insiste en que esta ley tal como está redactada es mala y afecta sustancialmente la calidad de la democracia, por lo cual no debe ser aprobada.

Por otra parte, entiende que sería una muy mala señal que el Parlamento saliente aprobara, a último momento y a las corridas, una ley sobre una temática tan delicada y sin contar con el más amplio respaldo de todo el espectro político.

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“El partido de gobierno deberá evaluar muy bien el efecto de sus actos, porque está a punto de cometer un exabrupto autoritario de marca mayor. El proyecto de ley de medios que se está discutiendo en el Parlamento amenaza convertirse en una nueva violación constitucional (y ya van…) resultado del ejercicio verticalista de una mayoría absoluta disciplinada.

Una ley que regula los medios de comunicación, en cualquier país democrático, es el resultado de un profundo diálogo entre todos los actores del sistema político y su aprobación debe registrar un amplio consenso político e institucional. En cualquier análisis sobre la calidad y profundidad democrática, la dimensión referida a las garantías de la libertad de expresión y el pluralismo y, en particular, la regulación de los medios de comunicación, constituye uno de los pilares que definen la calidad democrática de un país.

En tal sentido, nuestro país ha sido un ejemplo relevante de respeto a las libertades públicas y los derechos políticos que lo sitúan entre los más democráticos del mundo. Su historia, además, ratifica la particular preocupación por la tolerancia y por el respeto al pluralismo. Por eso es tan delicado el asunto en discusión.

Nosotros no discutimos la posibilidad de legislar sobre los medios de comunicación, aunque nuestro reflejo básico sea el mismo que tiempo atrás animaba al Presidente de la República y al Vicepresidente de la República: “la mejor ley de medios es la que no existe” o “si me traen un proyecto de regulación de los medios lo tiro a la papelera”.

Se puede legislar, pero siempre sobre la base de una enorme precaución por evitar los excesos; en este tema, más que en ningún otro, más vale pecar por poco que excederse en las normativas y regulaciones.

El bien superior en juego es nada más ni nada menos que la libertad de expresión y el respeto al pluralismo político y cultural.

Pues bien, el gobierno se empecinó en hacer lo contrario. Sin haber dialogado previamente con ninguno de los partidos, sin la cautela propia de un tema tan delicado, se descolgó con una norma extensa y minuciosa que regula e interviene de una manera absolutamente inconveniente, poniendo en riesgo la calificación democrática de nuestro país en un futuro más o menos próximo.

Hay muchas razones para rechazar la normativa propuesta, pero ahora además se agrega un componente absolutamente relevante. Estamos en plena campaña electoral y parece muy grotesco transitar por ella con la amenaza legislativa pendiendo sobre los medios de comunicación que, como todos sabemos, son un actor particularmente relevante en la difusión de las posiciones y de la publicidad de los candidatos y partidos.

Es vergonzoso que el partido de gobierno utilice su mayoría absoluta parlamentaria para presionar sobre los medios de comunicación a escasos meses del pronunciamiento electoral. Esta situación lleva las cosas a un extremo de máxima gravedad.

No vamos a extendernos en las numerosas razones por las que rechazamos el proyecto de regulación de los medios de comunicación. Vamos a limitarnos a explicitar uno de los capítulos más vergonzosos y de mayor talante autoritario.

Justamente es el que tiene relación con la regulación de la publicidad electoral gratuita. Al respecto, el proyecto de ley del partido de gobierno establece que la distribución de la publicidad gratuita se definirá en función de los resultados de las elecciones anteriores.

Este criterio ofende la cultura democrática nacional. De los tres sistemas de asignación de publicidad gratuita existentes en el mundo, este es el más escandalosamente contrario al pluralismo y a la libertad de los electores y es, además, el que busca de manera intencional mantener el predominio y la hegemonía de los partidos mayores.

En efecto, otros países poseen un sistema paritario en el que se otorga el mismo tiempo de publicidad gratuita a todos los candidatos, parece mucho más democrático y abre las oportunidades de equidad para todas las opciones. Pero existe un sistema intermedio que consiste en dividir el tiempo publicitario gratuito en dos mitades, una mitad se distribuye en forma igual para todos los candidatos y la otra mitad en función de los resultados de la elección anterior, de esta forma se da ventaja a los partidos mayores pero se atempera con el criterio de dar oportunidad al cambio.

Pues bien, el Frente Amplio pretende imponer la solución más hegemónica y excluyente.

Pero ahí no termina la cosa. El otro problema es el monto de minutos que se asignan por día a cada partido en forma gratuita. Aunque no se pueda creer, la normativa establece un criterio de cálculo que llevado a lo concreto, determina que el Frente Amplio tenga casi 45 minutos gratis por día en cada canal en horario central, el Partido Nacional contaría con 27 minutos, el Partido Colorado con 15 y el Partido Independiente 2 minutos.

¿Se habrá visto algo más grotesco en la historia política de nuestro sistema democrático?

Pero, además, con estos montos de publicidad gratuita no existe posibilidad de contratar minutos de publicidad extra. Es decir que el partido de gobierno no solo se garantiza la mitad de toda la publicidad gratuita sino que además, como el monto en tiempo es escandaloso, en los hechos impide que los demás partidos puedan contratar más publicidad para descontar la ventaja.

Está claro que este capítulo refiere a la materia electoral y, por lo tanto, requiere de mayoría especial de dos tercios. Sin embargo, la bancada del partido de gobierno negó en ocasión del voto en Diputados, que esto fuera objeto de materia electoral. Insólito.

Es obvio que de aprobarse esta barbarie que no tiene antecedentes en nuestra historia política, presentaremos nuestra acción de inconstitucionalidad.

Pero independientemente de eso, se habrá producido un verdadero quiebre de las reglas de juego democráticas y el Frente Amplio habrá dado un paso sin retorno en una apuesta a una hegemonía excluyente de talante autoritario.

Para nosotros existe un antes y un después de la aprobación de esta norma.

Que quede claro que lo estamos advirtiendo antes de que ocurra”.

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Participaron en el encuentro Catalina Botero (Relatora Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos), José Miguel Vivanco (Director de la División de las Américas de Human Rights Watch), Carlos Lauría (Coordinador del Programa Américas del Comité de Protección de Periodistas) y Benoît Hervieu (Director para Las Américas de Reporteros Sin Fronteras). La sesión fue moderada por el prosecretario de la Presidencia, Diego Cánepa.

Los cuatro expertos coincidieron en resaltar que el proyecto de ley SCA de Uruguay puede convertirse en un modelo para toda la región. Destacaron también el proceso de discusión del proyecto, donde el gobierno estuvo abierto a recibir críticas y pudo nutrirse de diferentes aportes y recomendaciones.

Carlos Lauría, Coordinador del Programa Américas del Comité de Protección de Periodistas (CPJ), destacó que el proyecto respeta los estándares internacionales en materia de libertad de expresión. Calificó como positivo que el gobierno haya aceptado cambiar el diseño del órgano de control de la ley, el Consejo de Comunicación Audiovisual. A su entender, cuanto más autonomía del poder Ejecutivo más garantía ofrece.

José Miguel Vivanco, Director de la División de las Américas de Human Rights Watch (HWR), enfatizó la importancia de la libertad de expresión como condición habilitante de otros derechos. Destacó además que el proyecto de ley prohíbe a texto expreso la censura previa, consagra el derecho de los medios a ser independientes e impide que se ejerzan presiones directas o indirectas del gobierno.

Benoît Hervieu, Director para Las Américas de Reporteros Sin Fronteras (RSF), destacó también la prohibición de la censura previa y agregó que coincide con la decisión de excluir los servicios que se brindan por la plataforma de internet.

A través de una video conferencia, Catalina Botero, Relatora Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), remarcó que el proceso de discusión del proyecto de ley ha sido transparente y está atravesado por una serie de líneas que garantizan todos los derechos. Asimismo destacó que a texto expreso se prohíbe la formación de monopolios y oligopolios públicos o privados en la comunicación, algo que dijo, atenta contra la libertad de expresión.

Del lado de las discrepancias, los expertos coincidieron principalmente en señalar dos aspectos del proyecto que, a su juicio, deberían modificarse.

El primero es respecto a las Cadenas Oficiales, reguladas por el artículo 86 del proyecto.

El representante de HWR reconoció que en Uruguay el abuso de las cadenas oficiales nunca ha sido un problema de libertad de expresión pero, dijo, que es necesario legislar para prohibir que el Ejecutivo haga abuso de las mismas. Botero opinó en el mismo sentido; señaló que lo esperado es que el gobierno haga uso estrictamente necesario de esta herramienta.

Por su parte Cánepa aclaró que tal disposición no se puso en el proyecto porque Uruguay tiene una tradición de buen uso de las cadenas oficiales y el presidente de la República ha utilizado este recurso en tres o cuatro oportunidades en el correr del año. También manifestó que el país tiene una tradición de habilitar el uso de las cadenas a organizaciones sociales en días especiales, como el Día del Trabajador o situaciones por el estilo.

El segundo aspecto que dio lugar a debate fue el artículo 27 del proyecto de ley, que reza lo siguiente:

Los servicios de comunicación audiovisual deben ofrecer en sus emisiones una imagen respetuosa e inclusiva de todas las personas en su diversidad, en tanto manifestación enriquecedora de la sociedad, impidiendo difundir percepciones estereotipadas, sesgadas o producto de prejuicios sociales.

No podrán realizar ninguna forma de discriminación hacia las personas por motivos de género, raza, etnia, orientación sexual, edad,

discapacidad, identidad cultural, estado civil, lugar de nacimiento, credo, ideología, filiación política o condición socio-económica; impidiendo la difusión de contenidos que signifiquen o promuevan dicha práctica.

José Miguel Vivanco opinó que el artículo merece revisión por ser poco preciso en su redacción, lo cual daría lugar a cierta discrecionalidad del órgano regulador. Tal opinión fue compartida por los otros tres participantes. Botero opinó que la mejor forma de hacer caer los prejuicios y la discriminación es precisamente mostrando que son prejuicios, no ocultándolos.

Al ser consultado por el público de qué manera cambiarían la redacción del artículo 27, Vivanco dijo: “Yo lo eliminaría completamente”. Lauría de CPJ opinó en el mismo sentido. Sin embargo, Benoît Hervieu, de Reporteros Sin Fronteras, indicó que sería mejor dejar el artículo pero para los casos que haya una incitación directa al odio por motivos de género, raza, etnia, orientación sexual, etc.

Cánepa, en tanto, aseguró que el gobierno decidió quitar de la redacción del artículo la prohibición de “difundir percepciones estereotipadas, sesgadas o producto de prejuicios sociales”, pero que en principio no está de acuerdo en quitar toda referencia a la prohibición de discriminar en los medios. “Hemos escuchado a todo el mundo y hemos aceptado gran cantidad de sugerencias, pero no creemos en el razonamiento de que para defender la libertad de expresión no tiene que existir ningún límite, ni siquiera legal, para casos tan extremos como incitar a la discriminación”, estimó.

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Coalición por una Comunicación Democrática

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Reuniones: Sede APU, San José 1330

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