8 Oct '13

Sociedad Uruguaya

Elogian Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual uruguaya

El proyecto de Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual y sus modificaciones pasaron un duro examen el viernes 5 de octubre durante una reunión de instituciones regionales de derechos humanos y organizaciones internacionales de libertad de expresión que organizó el gobierno en la Torre Ejecutiva.

Participaron en el encuentro Catalina Botero (Relatora Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos), José Miguel Vivanco (Director de la División de las Américas de Human Rights Watch), Carlos Lauría (Coordinador del Programa Américas del Comité de Protección de Periodistas) y Benoît Hervieu (Director para Las Américas de Reporteros Sin Fronteras). La sesión fue moderada por el prosecretario de la Presidencia, Diego Cánepa.

Los cuatro expertos coincidieron en resaltar que el proyecto de ley SCA de Uruguay puede convertirse en un modelo para toda la región. Destacaron también el proceso de discusión del proyecto, donde el gobierno estuvo abierto a recibir críticas y pudo nutrirse de diferentes aportes y recomendaciones.

Carlos Lauría, Coordinador del Programa Américas del Comité de Protección de Periodistas (CPJ), destacó que el proyecto respeta los estándares internacionales en materia de libertad de expresión. Calificó como positivo que el gobierno haya aceptado cambiar el diseño del órgano de control de la ley, el Consejo de Comunicación Audiovisual. A su entender, cuanto más autonomía del poder Ejecutivo más garantía ofrece.

José Miguel Vivanco, Director de la División de las Américas de Human Rights Watch (HWR), enfatizó la importancia de la libertad de expresión como condición habilitante de otros derechos. Destacó además que el proyecto de ley prohíbe a texto expreso la censura previa, consagra el derecho de los medios a ser independientes e impide que se ejerzan presiones directas o indirectas del gobierno.

Benoît Hervieu, Director para Las Américas de Reporteros Sin Fronteras (RSF), destacó también la prohibición de la censura previa y agregó que coincide con la decisión de excluir los servicios que se brindan por la plataforma de internet.

A través de una video conferencia, Catalina Botero, Relatora Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), remarcó que el proceso de discusión del proyecto de ley ha sido transparente y está atravesado por una serie de líneas que garantizan todos los derechos. Asimismo destacó que a texto expreso se prohíbe la formación de monopolios y oligopolios públicos o privados en la comunicación, algo que dijo, atenta contra la libertad de expresión.

Del lado de las discrepancias, los expertos coincidieron principalmente en señalar dos aspectos del proyecto que, a su juicio, deberían modificarse.

El primero es respecto a las Cadenas Oficiales, reguladas por el artículo 86 del proyecto.

El representante de HWR reconoció que en Uruguay el abuso de las cadenas oficiales nunca ha sido un problema de libertad de expresión pero, dijo, que es necesario legislar para prohibir que el Ejecutivo haga abuso de las mismas. Botero opinó en el mismo sentido; señaló que lo esperado es que el gobierno haga uso estrictamente necesario de esta herramienta.

Por su parte Cánepa aclaró que tal disposición no se puso en el proyecto porque Uruguay tiene una tradición de buen uso de las cadenas oficiales y el presidente de la República ha utilizado este recurso en tres o cuatro oportunidades en el correr del año. También manifestó que el país tiene una tradición de habilitar el uso de las cadenas a organizaciones sociales en días especiales, como el Día del Trabajador o situaciones por el estilo.

El segundo aspecto que dio lugar a debate fue el artículo 27 del proyecto de ley, que reza lo siguiente:

Los servicios de comunicación audiovisual deben ofrecer en sus emisiones una imagen respetuosa e inclusiva de todas las personas en su diversidad, en tanto manifestación enriquecedora de la sociedad, impidiendo difundir percepciones estereotipadas, sesgadas o producto de prejuicios sociales.

No podrán realizar ninguna forma de discriminación hacia las personas por motivos de género, raza, etnia, orientación sexual, edad,

discapacidad, identidad cultural, estado civil, lugar de nacimiento, credo, ideología, filiación política o condición socio-económica; impidiendo la difusión de contenidos que signifiquen o promuevan dicha práctica.

José Miguel Vivanco opinó que el artículo merece revisión por ser poco preciso en su redacción, lo cual daría lugar a cierta discrecionalidad del órgano regulador. Tal opinión fue compartida por los otros tres participantes. Botero opinó que la mejor forma de hacer caer los prejuicios y la discriminación es precisamente mostrando que son prejuicios, no ocultándolos.

Al ser consultado por el público de qué manera cambiarían la redacción del artículo 27, Vivanco dijo: “Yo lo eliminaría completamente”. Lauría de CPJ opinó en el mismo sentido. Sin embargo, Benoît Hervieu, de Reporteros Sin Fronteras, indicó que sería mejor dejar el artículo pero para los casos que haya una incitación directa al odio por motivos de género, raza, etnia, orientación sexual, etc.

Cánepa, en tanto, aseguró que el gobierno decidió quitar de la redacción del artículo la prohibición de “difundir percepciones estereotipadas, sesgadas o producto de prejuicios sociales”, pero que en principio no está de acuerdo en quitar toda referencia a la prohibición de discriminar en los medios. “Hemos escuchado a todo el mundo y hemos aceptado gran cantidad de sugerencias, pero no creemos en el razonamiento de que para defender la libertad de expresión no tiene que existir ningún límite, ni siquiera legal, para casos tan extremos como incitar a la discriminación”, estimó.

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