El día 9 se  tratará el tema Código del Proceso Penal y garantías para ejercer el periodismo. Contará con la participación de Edison Lanza (Relator Especial para la Libertad de Expresión de la OEA), Jorge Díaz (Fiscal de Corte y Procurador General de la Nación), Raúl Oxandabarat (Director de la División de Comunicación Institucional de la Suprema Corte de Justicia) y Marcelo Pesce (Subdirector general de los Servicios Administrativos del poder Judicial).

El día 16 tratará sobre Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual y derechos de niños, niñas y adolescentes.

Expondrán: Paula Baleato (Coordinadora de la Agencia Voz y Vos), Gustavo Gómez (Director Ejecutivo del Observatorio Latinoamericano de Regulación, Medios y Convergencia), Andrea Venosa (Directora de la División Jurídica del INAU) y Marianella Fernández (Asesora de Dirección del INAU).

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Informaciones de prensa afirman que la actual administración no reglamentaría aún la ley a la espera del trámite jurídico de recursos de inconstitucionalidad que se han presentado contra algunos de sus artículos. Ante ello recordamos que, según el artículo 202 de la norma, el Poder Ejecutivo tiene 120 días para reglamentarla.

Además, la CCD reclama a los distintos poderes y organismos del Estado que cumplan con las disposiciones establecidas en la ley, muchas de las cuales no requieren reglamentación.

Por ejemplo, el artículo 75 dispone que la Asamblea General del Poder Legislativo integrará una Comisión Especial de nueve miembros conformada por todos los partidos políticos con representación parlamentaria para proponer candidatos a integrar el Consejo de Comunicación Audiovisual.

Asimismo, el capítulo IV de la ley atribuye a la Institución Nacional de Derechos Humanos la Defensoría del Público -designando para ello a un Relator Especial de los Servicios de Comunicación Audiovisual-, así como la coordinación de un Plan Nacional de Educación para la Comunicación.

Cabe recordar que, al haber derogado la ley muchas disposiciones anteriores, de no aplicarse la nueva normativa se produciría una peligrosa parálisis, al no poder darse continuidad a muchos trámites iniciados anteriormente, por ejemplo para asignación de frecuencias de radio en el interior del país.

Por todo ello la CCD reclama que, por encima de cualquier consideración política, se cumpla con lo establecido por la ley, que implica un gran avance en materia de democratización de las comunicaciones en nuestro país.

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Coalición por una Comunicación Democrática

http://www.infoycom.org.uy/

Somos una coalición de la sociedad civil creada en 2010 e integrada por más de 30 organizaciones sociales, académicas y sindicales. El colectivo surge en el proceso de democratización de las comunicaciones que se desarrolla en el país, y tiene como misión promover y aportar al pleno ejercicio de derechos ciudadanos, entre ellos el derecho a la libre expresión, el derecho al acceso a la información, la igualdad y la no discriminación y a la producción nacional en la cultura.

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Una ley que ha contado desde el primer momento con el respaldo decidido de las organizaciones de la sociedad civil, la academia y reconocidas voces del ámbito internacional, como los relatores de Libertad de Expresión de la OEA y la ONU, además de organizaciones como Artículo 19, Comité para la Protección de los Periodistas (CPJ) y Reporteros sin Fronteras.

No podemos más que congratularnos  con la aprobación de una ley que garantiza la libertad de expresión, no sólo de los medios de comunicación sino de sus trabajadores y periodistas, y de los ciudadanos todos.

La ley establece mecanismos transparentes y con participación ciudadana para la asignación de canales de cable y frecuencias de radio y televisión, así como límites a la concentración de medios en pocas manos.

Promueve la producción nacional y el trabajo de actores, músicos y trabajadores de la cultura.

Defiende los derechos de niños, niñas y adolescentes, estableciendo un horario de protección durante el cual no se podrán exhibir escenas de violencia extrema o pornografía.

Promueve la introducción paulatina de la lengua de señas y audio descripción, garantizando así el derecho de las personas que no pueden oír, ver, o tienen disminuidos esos sentidos.

Establece la Defensoría del Público, que será ejercida por la Institución Nacional de Derechos Humanos.

Sabemos que la ley contiene algunos aspectos a mejorar, y por ello la Coalición continuará haciendo aportes durante su implementación en la dirección de cumplir con los estándares internacionales en la materia, así como lo hizo desde 2010 para esta etapa que culminó ayer.

Por esos motivos y muchos más, festejamos  la aprobación de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, y seguiremos bregando por  más democratización de la comunicaciones y más libertad de expresión.

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La CCD considera que la sociedad uruguaya se encuentra ante una oportunidad única de democratizar los medios de comunicación y que postergar el tratamiento de la ley sería un error. En ese sentido, comparte la opinión del relator especial para la Libertad de Expresión de las Naciones Unidas, Frank La Rue, quien en su visita a Montevideo el pasado lunes 7 de julio reiteró su respaldo a la ley e insistió con la necesidad de culminar con el proceso de aprobación lo más pronto posible.

La Coalición emitió una carta pública dirigida al candidato Tabaré Vázquez pidiendo la pronta aprobación. Puede leerla y adherir ingresando aquí: bit.ly/sialaLeySCA

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Es indudable que esta postura puede tener consecuencias perdurables en el tiempo respecto la política pública de comunicación democrática que el Frente Amplio se comprometió a desarrollar en sus dos primeros gobiernos, pero que hasta el momento ha cumplido parcialmente.

El texto completo de la carta es el siguiente.

Montevideo, 6 de Julio de 2014

Sr. Candidato Presidencial del Frente Amplio

Dr. Tabaré Vázquez.

c/c: Sr. Candidato Vicepresidencial del Frente Amplio.

Don Raúl Sendic.

Presente.-

Los abajo firmantes, representantes de organizaciones de la sociedad civil, organizaciones de la sociedad civil y activistas a título individual por la libertad de expresión y los derechos humanos, le hacemos llegar esta carta, con el afán de que reconsidere su postura hecha pública por la prensa días atrás, en el sentido de solicitarle a los senadores del Frente Amplio que posterguen la aprobación del proyecto de Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual hasta una vez pasada la primera vuelta de la elección nacional del mes de octubre.

Es indudable que esta postura puede tener consecuencias perdurables en el tiempo respecto la política pública de comunicación democrática que el Frente Amplio se comprometió a desarrollar en sus dos primeros gobiernos, pero que hasta el momento ha cumplido parcialmente.

Es cierto que la fuerza política que usted representa ha avanzado durante los dos primeros gobiernos en el respeto a los derechos humanos y en la extensión de las garantías para ejercer la libertad de expresión, el derecho a la información y el derecho a la cultura de los uruguayos y uruguayas. Pero no es menos cierto, que la LSCA es la piedra angular a la hora de promover cambios en el núcleo duro del poder concentrado y tradicional que controla desde hace décadas los medios de comunicación, bajo normas que no cumplen con los estándares internacionales de libertad de expresión, diversidad y pluralismo.

No es cierto, como algunos actores repiten, que las fuerzas sociales, el actual gobierno y los legisladores del Frente Amplio no hayan dado lugar a la discusión y el debate sobre este proyecto de ley central para la democracia. Por el contrario, este proyecto es el producto de varias instancias de discusión, tanto sociales, como a nivel de todos los actores (incluida la sociedad civil, los sindicatos, los empresarios y el Estado) y durante los dos últimos años en el Parlamento. Si la bancada mayoritaria aprueba ahora esta ley, no estará violentando ninguna institucionalidad, sino cumpliendo con su programa y con una promesa largamente postergada por la presión de intereses corporativos: ni más ni menos que la democratización de los medios de comunicación.

La propuesta de postergar la inminente aprobación del proyecto, que ha contado con la cerril oposición de los grupos más concentrados de la comunicación y de la oposición, puede ser un entierro de lujo para este proyecto esencial. A nadie se le escapa que en octubre tendremos un nuevo mapa político surgido de las urnas y será muy pero muy difícil para un Parlamento saliente aprobar una ley que encuentra tanta resistencia de los poderosos.

Si se tratara de una ley más, no estaríamos firmando esta petición, pero se trata de una ley esencial para la consolidación de la democracia y para promover un cambio real en una legislación, y en un sector del poder, que se muestra prácticamente incambiado desde la dictadura militar.

Como destacamos a continuación, la ley es importante por muchas razones, entre otras cosas porque por primera vez en la historia se regula el trascendente tema de la publicidad electoral, algo que las democracias más viejas hacen desde hace décadas. Sin embargo, no debería ser este capítulo una razón para detener la aprobación de toda una ley, dada la falta de consenso entre los partidos políticos. Como se ha hecho con tantas leyes, bastaría con desglosar este capítulo o postergar su entrada en vigencia, sin afectar con esto la estructura central de la ley.

Por eso le reiteramos las varias razones que existen en este momento para no postergar más la concreción de este compromiso, que podría frustrarse, si no se aprovecha este momento histórico.

¿Por qué el Senado debe aprobar ahora la LSCA?

● Porque los medios audiovisuales, aún pese al avance de Internet, continúan siendo las principales plataformas de acceso a la información, al entretenimiento, a la cultura, al deporte y a los contenidos más diversos para la población.

● Porque el espectro radioeléctrico es un patrimonio común de la humanidad y el Estado debe regularlo de acuerdo a principios claros y transparentes. Porque la legislación actual no garantiza criterios democráticos para la asignación de permisos y licencias, ni establece plazos, ni contraprestaciones para el sector privado/comercial.

● Porque el espacio de los medios audiovisuales sigue estando regulado por una ley anticuada y antidemocrática, aprobada durante la dictadura. El país está en deuda con la democracia. La legislación actual también viola convenciones Internacionales debido a su concepción, ambigüedad y discriminación de distintos grupos frente a la comunicación.

● Porque durante décadas las frecuencias radioeléctricas se administraron en base a criterios arbitrarios, sin procesos transparentes, justos ni abiertos para todas y todos.

En Uruguay vivimos de las peores prácticas en torno a la gestión de este bien común de la humanidad, más allá de que esas situaciones se han venido corrigiendo por sucesivos decretos. Siguiendo a Artigas creemos que la ley es el mejor freno a las veleidades humanas.

● Porque con la legislación actual se ha conformado un sistema de medios concentrado, desequilibrado y con predominio del sector comercial. En el área metropolitana tres actores concentran la propiedad cruzada de radio, televisión abierta y cable, con empresas colaterales que también dominan buena parte de los medios del interior.

En lo departamental y regional también existe en muchas ciudades una concentración de medios inaceptable para una democracia. En lugares como Durazno, Cerro Largo, Tacuarembó, Paysandú, Salto, un solo grupo concentra medios en cable, televisión y radio.

● Porque la producción nacional audiovisual para la industria de la televisión ha sido escasa, de baja calidad y casi nula innovación. Tenemos una valiosa industria de cine nacional y no logramos realizar series o telenovelas que reflejen nuestra cultura, nuestra forma de ver el mundo. La concentración y la falta de competencia alentaron este fracaso.

● Porque vastos sectores de nuestra sociedad, como niñas, niños y adolescentes, mujeres, personas con discapacidad, población LGTBI o afrodescendientes, han sufrido la discriminación de un sistema de medios que reprodujo los peores estereotipos, sin dar lugar a ninguna respuesta durante años, ni garantizar que derechos específicos sean respetados

● Porque el proyecto contiene garantías expresas para ejercer la libertad de expresión en los artículos 14 a 18 (prohibición de toda forma de censura, incluso la indirecta; garantiza la independencia editorial). Por todo esto, mal podría afirmarse que la LSCA proyectada suponga censura a los medios de comunicación.

● La regulación proyectada se limita estrictamente a la violencia extrema y a la incitación al consumo de drogas, y ello sólo durante el horario de protección a la infancia. En todos los demás casos, prima la libertad sin límites para informar sobre hechos de interés público.

● No hay nada en el texto de referencia que suponga limitaciones a la información, al análisis o a la discusión -en los programas educativos, informativos y periodísticos- sobre situaciones de violencia, sobre sus causas o sus repercusiones en materia de seguridad ciudadana, así como sobre temas de sexualidad, drogas legales e ilegales o discriminación en todas sus manifestaciones.

● Porque el proyecto de LSCA busca garantizar la libertad de expresión de todas las personas con una serie de instrumentos (horario de protección a la infancia,cláusula de conciencia, defensoría de las audiencias) incluidos en el proyecto de ley. Allí radica la reproducción de aquellos valores de convivencia.

● Si no fuera así, las máximas instancias internacionales en materia de libertad de expresión (Relator Especial para la Libertad de Expresión de ONU y OEA) y las más prestigiosas organizaciones de derechos humanos vinculadas a la libertad de expresión (Reporteros Sin Fronteras, Unesco y Artículo 19) no hubiesen ponderado el proceso y no hubiesen afirmado, como lo hicieron, que este proyecto puede ser un modelo para toda la región.

● Por que el proyecto de LSCA a estudio del Senado, fue elaborado en a través de un proceso inédito y profundamente democrático, con representación de toda la diversidad de voces y actores vinculados a los medios de comunicación, incorporando de manera rigurosa todos los estándares internacionales vigentes en materia de Derechos Humanos y Libertad de Expresión y recogiendo las mejores tradiciones de las democracias más consolidadas en el mundo, que ya hace varias décadas cuentan con legislación, institucionalidad e instrumentos de regulación democrática de sus sistemas de medios.

Firmas:

Coalición por una Comunicación Democrática, Pro Derechos, la Red de Gobierno Abierto, Sociedad Uruguaya de Actores (SUA), Asociación de la Prensa Uruguaya (APU), Grupo Medios y Sociedad (GMS), Centro de Archivos y Acceso a la Información Pública (CAINFO), Cotidiano Mujer, Sociedad Uruguaya de Actores (SUA), Red Especial Uruguaya, Colectivo Ovejas Negras, Mujer y Salud en Uruguay (MYSU), Comisión Nacional de Seguimiento CNS Mujeres, Consumidores y Usuarios Asociados (CUA), Agrupación de Trabajadores de TeVe Ciudad (ATTC), Federación Uruguaya de Teatros Independiente (FUTI), Agencia de Comunicación de Niñez y Adolescencia Voz y Vos – El Abrojo, Comité de los Derechos del Niño-Uruguay, Causa Común, Asociación Mundial de Radios Comunitarias – ATABAQUE Grupo cultural afroemerindio, Instituciones Federadas Afroumbandistas IFA del Uruguay, Servicio Paz y Justicia (SERPAJ), Observatorio de Políticas Públicas de Derechos Humanos en el MERCOSUR, Organización Idas y Vueltas, Instituto de Estudios Legales y Sociales del Uruguay (IELSUR), el Instituto de Comunicación y Desarrollo (ICD), Mujer Ahora y Uruguay Transparente.

A título individual: Gabriel Kaplún, Esteban Schroeder, Walter Tournier, Lilían Celiberti, Paula Baleato, Lilián Abracinskas, Gustavo Buquet, Edison Lanza, José Imaz, Walter Sena, Manuel Podetti, Margarita Percovich.#

#La carta quedará abierta a la firma de otros adherentes en la siguiente dirección web: http://bit.ly/sialaLeySCA

Fuente Imagen: ciro-aulainteractiva.blogspot.com

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Pese a trascendidos de prensa indicando que el candidato a la presidencia del Frente Amplio, Tabaré Vázquez, no estaría de acuerdo en que se apruebe el proyecto durante la campaña electoral, integrantes de la bancada de senadores del mismo partido indicaron que siguen adelante con la planificación acordada y mañana miércoles 11 tienen previsto comenzar a discutir y aprobar el articulado.

De acuerdo a la información recabada, en el texto final se incorporaron varios de los cambios sugeridos por la sociedad civil y el Poder Ejecutivo en dos líneas: restablecer la figura del Consejo de Comunicación Audiovisual bajo estándares de autonomía e independencia, a los efectos de aplicar la ley, y establecer mayores garantías para el ejercicio de la potestad sancionatoria respecto a los medios.

El Frente Amplio ha puesto la aprobación de la LSCA entre sus prioridades legislativas. El proyecto cuenta con media sanción de Diputados, pero de recibir cambios deberá regresar a la primera cámara.

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La Coalición por una Comunicación Democrática lanza desde hoy (domingo 1º de setiembre) una campaña en apoyo al proyecto de Ley de servicios de comunicación audiovisual a estudio del Parlamento. La iniciativa consiste en una serie de spots audiovisuales donde diferentes artistas, periodistas y activistas explican por qué apoyan el proyecto de ley a estudio del Parlamento.

El proyecto, enviado al Parlamento por el Poder Ejecutivo, se nutrió de casi tres años del más amplio debate público, con participación de diversos actores de la sociedad civil, las universidades, los actores, productores audiovisuales, los sindicatos y los empresarios de los medios.

Sin embargo, en todo este tiempo, pero sobre todo en las últimas semanas, algunos medios televisivos dejaron de reflejar la amplitud del debate e invisibilizaron las posiciones favorables a la nueva legislación. Hoy los ciudadanos que se informan por esos medios pueden acceder a una única visión, la más crítica al proyecto, la de aquellos que no quieren ningún cambio. Desde la Coalición entendemos que es necesario reflejar todas las posturas para propiciar un verdadero debate público, abierto y plural, que nutra la discusión sobre el proceso de democratización de la comunicación en Uruguay.

Por ello esta campaña es fruto del compromiso de distintos actores del periodismo, la cultura, creación audiovisual, la música y de las organizaciones vinculadas a la defensa de los derechos humanos.

Participan de la campaña: Mónica Navarro (cantante/conductora Tv), Walter Tournier (animador, creador), Daniel Lema (periodista/ ex-Presidente de la Asociación de la Prensa Uruguaya), Jorge Denevi (director de teatro y Tv), Michelle Suárez (Abogada/activista Colectivo Ovejas Negras), Julio Brum (músico/docente), Jorge Bolani (actor/director), Humberto Demarco (experto en accesibilidad universal/presidente de Red Especial Uruguaya), Jorge Temponi (actor), Pilar Teijeiro (periodista/conductora Tv), Jorge Schellembeg (músico/gestor cultural), Luis Curbelo (periodista/secretario general de la Asociación de la Prensa Uruguaya), Santiago Tavella (músico, Cuarteto de Nos), Ana Prada (cantante/compositora), Mirella Pascual (actriz), Lilián Celiberti (Cotidiano Mujer), Florencia Zabaleta (actriz de la comedia nacional) y César Troncoso (actor).

La Coalición por una Comunicación Democrática es una coalición de la sociedad civil creada en 2010 e integrada por más de 30 organizaciones sociales, académicas y sindicales. El colectivo surge en el proceso de democratización de las comunicaciones que se desarrolla en el país, y tiene como misión promover y aportar al pleno ejercicio de derechos ciudadanos, entre ellos el derecho a la libre expresión, el derecho al acceso a la información, la igualdad y la no discriminación y a la producción nacional en la cultura.

El rodaje y edición de esta campaña también ha sido posible gracias al apoyo de la Comisión Nacional del Uruguay para la Unesco, la colaboración del estudio HTV3 de Hernán Tajam y Bizarro Records (particularmente a Andrés Sanabria y Daniel Andino) que facilitaron la gestión derechos de parte de la música utilizada (temas de Mateo Moreno y Socio).

Para que todos participemos del proceso de democratización de las comunicaciones, te pedimos algo muy sencillo: compartí los spots a través de las redes sociales. De esta forma muchos más podrán accedan a la posición de los músicos, periodistas, actores y activistas, respecto a este tema.

Los videos los podrán encontrar en el canal en youtube de la Coalición: http://www.youtube.com/user/coalicionuy

Por ahora pueden ver y compartir los siguientes:

– Jorge Bolani http://www.youtube.com/watch?v=URl_Y0CjLT8

– Michelle Suárez: http://www.youtube.com/watch?v=x2olIkyqMaI

– Daniel Lema: http://www.youtube.com/watch?v=8nBOqYCaoXU

– Walter Tournier: http://www.youtube.com/watch?v=8hCTT9pbLwg

– Mónica Navarro: http://www.youtube.com/watch?v=FW_V06W_vYM

– Jorge Denevi: http://www.youtube.com/watch?v=Y_XiRS_RPtQ

– Pilar Teijeiro: http://www.youtube.com/watch?v=RGE5GZ_eIto

– Jorge Schellemberg: http://www.youtube.com/watch?v=CZvQ5Np4KnI

– Humberto de Marco: http://www.youtube.com/watch?v=x7Qaxs8gDAM

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Sala de Conferencias de IMPO.

Germán Barbato 1379 entre 18 de Julio y Colonia.

IMPO, Centro de Información Oficial, invita a participar en LA LEY EN VIVO, ciclo de debates y difusión de la normativa nacional. El mismo es una iniciativa de IMPO en articulación con el Centro de Estudiantes de Derecho (CED).

En la primera jornada del ciclo, en agosto, importantes actores del Estado y la sociedad civil intercambian ideas sobre el proyecto de Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, actualmente en consideración del Parlamento Nacional.

Debaten:

* Gustavo Gómez, Profesor de la Universidad Católica

* Rafael Inchausti, Presidente de ANDEBU.

Presenta el proyecto de ley, el constitucionalista Dr. Daniel Ochs.

Modera la comunicadora Raquel Daruech.

Jueves 22 de agosto de 2013, 18.00 hs.

Sala de Conferencias de IMPO.

Germán Barbato 1379 entre 18 de Julio y Colonia.

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