Durante la sesión se hizo mención a la actual relación entre el Gobierno y la empresa minera Aratirí.

http://youtu.be/VQ4D_wZ_b60

Fuente Imagen: www.eldiario.com.uy

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Moderadores: Periodistas Miguel Nogueira y Serrano Abella.

Martes 29 de julio – 18 horas.

Paraninfo de la Universidad de la República.

Organiza: Uruguay Libre de Megaminería.

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En la mesa redonda participarán integrantes de la Unión de Trabajadores del Metal y Ramas Afines (Untmra), la Cámara de Industria Minera del Uruguay y la Federación de Estudiantes Universitarios del Uruguay (FEUU).

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Con fecha 4 de diciembre, y de acuerdo a lo establecido en el artículo 3º de la ley Nº 19.126 del 11 de setiembre de 2013, el Poder Ejecutivo resolvió declarar como Minería de Gran Porte (MGP) al Proyecto Valentines, promovido por el conjunto económico Minera Aratirí.

Dicha calificación se basa en que el proyecto de referencia supera las 400 hectáreas de área de intervención directa de explotación de minerales metálicos.

Esta resolución implica que el nuevo marco normativo de MGP aplica en todos sus términos al Proyecto Valentines, en relación a las exigencias ambientales, sociales y económicas. Entre ellas cabe destacar las garantías rigurosas de gestión ambiental que incluyen los planes de cierre y post cierre.

La ley de Minería de Gran Porte incorpora garantías adicionales a las del Código de Minería vigente, establece rigurosas medidas de protección ambiental y crea un nuevo régimen tributario para esta actividad que asegura al Estado aproximadamente el 50% de las ganancias. Los fondos que se generen se destinarán en parte a obras de infraestructura para el desarrollo de todo el país, fundamentalmente en el interior.

Por otro lado se crea el Fondo Soberano Intergeneracional de Inversión (FSII) que permite que un recurso natural no renovable se transforme en un activo que asegure la equidad de derechos con las generaciones futuras.

De acuerdo al Art. 23 de la ley referida, las concesiones para explotar Minería de Gran Porte se regirán por las normas de derecho público y por las disposiciones particulares de dicha ley.

El otorgamiento del título de concesión para explotar en los proyectos de MGP, se realizará mediante la celebración de un contrato entre el Poder Ejecutivo y el titular del proyecto.

En el marco de la evaluación del Proyecto minero, y a los efectos de otorgar transparencia a los procedimientos y garantías a los particulares, se procederá a partir de la próxima semana a dar vista previa de la solicitud de concesión para explotar y de las servidumbres correspondientes, a los interesados en los predios comprendidos por el proyecto, en cumplimiento a lo establecido en el Código de Minería.

Acceda al texto de la resolución: http://archivo.presidencia.gub.uy/sci/resoluciones/2013/12/miem_1020.pdf

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“Enfrentado a tener que aprobar la Ley de Minería de Gran Porte exclusivamente con los votos del oficialismo, cuando cada vez más amplios sectores de la sociedad rechazan la megaminería en el país, el gobierno ha lanzado una campaña de desprestigio que busca presentar a la oposición como un movimiento regido por intereses egoístas y ajenos a la voluntad de la población.

La Cámara de Diputados tratará en su sesión del martes 3 el proyecto de ley que viene con media sanción del Senado. Se prevé que la Cámara Baja confirme esta decisión porque, si introdujera algún cambio, el proyecto pasaría a la Asamblea General donde el oficialismo no cuenta con los votos suficientes al requerirse una mayoría especial de dos tercios para la aprobación.

La Ley de Minería de Gran Porte fue aprobada en el Senado por 16 votos en 30 integrantes del cuerpo. Votaron en contra las bancadas de los partidos Nacional y Colorado en pleno. El senador López Goldaracena, del Frente Amplio/PCU, dijo que no concordaba con el proyecto pero que lo votaba por fidelidad partidaria. Sin este voto, el oficialismo habría perdido la mayoría.

El Movimiento por un Uruguay Sustentable (MOVUS) advirtió que esta iniciativa no cuenta con los apoyos políticos y sociales requeridos para una decisión de esta importancia, porque se propone un cambio de la matriz productiva del país y no ha pasado por la consulta a la ciudadanía dado que ningún sector político propuso esta alternativa al requerir el voto a sus electores.

En la última semana, el propio presidente de la República, José Mujica, apareció en distintos medios de prensa atacando, con su estilo característico, al movimiento contra la megaminería, atribuyéndole «deshonestidad intelectual», estar dirigido por estancieros que explotan a sus peones y por ambientalistas «idiotas» que no quieren tocar las riquezas del subsuelo.

¿Se pueden ignorar cuatro marchas nacionales En Defensa de la Tierra y los Bienes Naturales de los últimos dos años y medio, la última con más de 10 mil personas y más de 200 caballos en la capital? ¿O las miles de firmas recogidas en el interior, 13.000 solo en Tacuarembó, apelando a la iniciativa popular prevista en la Constitución? ¿O el 46% de los consultados en reciente encuesta nacional que expresó su rechazo a la megaminería metalífera contra un 28% a favor?

Cuando se deforma la realidad de esa manera, se está tratando de justificar lo injustificable.

Esa imagen de grandes terratenientes criadores de ganado sin ninguna tecnología y explotando al pobre peón rural es de 50 o 60 años atrás. Esos campos han sido de los primeros en venderse al capital extranjero que hoy posee latifundios varias veces mayores que aquellos. Se grita contra los que resisten la invasión y el saqueo, pero se beneficia en silencio a los saqueadores.

El trabajador rural está hoy legalmente protegido. En 2006 se aprobaron leyes de libertad sindical y de regularización laboral y, en 2008, la ley de ocho horas en el sector rural. El trabajador debe cobrar, como mínimo, el salario fijado en su Consejo de Salarios. Si alguien intenta eludirlo, es responsabilidad del gobierno inspeccionar, sancionar y hacer que se cumpla la ley.

Sin justificarlo, el salario del trabajador rural no es una excepción a los bajos salarios vigentes. Según el Instituto Cuesta Duarte del PIT-CNT, el porcentaje de asalariados formales que perciben menos de $14.000.- en la ganadería es igual al del arroz (65.4%), parecido al sector de la madera (63.9%) y los equipos eléctricos (63.3%), algo mejor al de la alimentación (de 66.8% a 69.2%), y mucho mejor que en el sector frutícola (86.5%), de hortalizas (88.9%) y la cría de aves (83.3%).

¿La megaminería resolverá esta situación? Uruguay tiene unos 70.000 asalariados rurales. Aratirí, el único proyecto posible de minería de gran porte, promete 1.300 empleos durante 12 años. No es significativa la cantidad ni la duración. Pero, además, la zona de Valentines no está vacía, la habitan productores familiares y asalariados que trabajan en forma permanente. ¿Adónde irán hoy estos pobladores? ¿y adónde irán después de 12 años los trabajadores de Aratirí?

En una entrevista de esta semana, el presidente Mujica se queja de la «burocracia» y luego afirma que el primer cargamento de hierro saldrá en octubre de 2014. La queja es una alusión indirecta a la DINAMA, que ha tenido una actitud decente en este tema. Expertos de Canadá y otros países mineros han dicho que la evaluación de un proyecto como el de Aratirí insume cinco años. En nuestro país, sin antecedentes de este orden, recién lleva poco más de dos años.

Ni suponiendo que la ley se apruebe mañana, se firme también mañana el contrato con Aratirí y se expida rápidamente la autorización ambiental, es factible que mina, mineroducto y puerto estén operando en octubre del año próximo. Coincidentemente, para esas fechas se prevé la conclusión de la planta de celulosa de Montes del Plata, con lo cual miles de trabajadores de la construcción quedarán sin empleo, y estaremos en vísperas de las elecciones nacionales.

En definitiva, los esfuerzos del gobierno están dirigidos a justificar la aprobación de la ley por una mayoría parlamentaria de un solo partido, a otorgar rápidamente la concesión minera a Aratirí y a poder comenzar las obras de construcción que permitan resolver, aunque solo sea una solución transitoria, los problemas inmediatos que generará la desocupación laboral mencionada. ¿Es apropiado tomar de esta manera decisiones clave para el futuro desarrollo del país?

Una decisión de esta envergadura bajo tales circunstancias sociales y políticas configurará una enorme responsabilidad y, por lo tanto, esta historia no termina aquí sino que recién comienza. El MOVUS seguirá reclamando una decisión democrática ante estas alternativas y recurrirá a todos los caminos legales disponibles para hacer escuchar y respetar la voluntad popular”.

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Al comienzo de este período de gobierno nos enteramos que una empresa inversora de capitales indios estaba realizando prospecciones en la zona de Cerro Chato y alrededores, para determinar la posibilidad de explotar el mineral de hierro. Desde hace décadas en nuestro país se especulaba con la existencia de esos minerales, sin embargo en aquellos tiempos las tecnologías de extracción disponibles y los precios internacionales del mineral indicaban que la operación no era económicamente redituable.

Mucha agua ha pasado por debajo de los puentes y tanto el desarrollo de las nuevas tecnologías como la evolución de los precios internacionales del hierro determinan que sea viable la actividad minera en esa zona. Nuestras existencias son suficientes en calidad y cantidad como para ameritar una fuerte inversión en este sector de la economía.

Ante estas circunstancias y debido a los desafíos que implica el desarrollo de una apuesta minera de mayor entidad, el gobierno decidió dos años atrás instalar una comisión multipartidaria que estudiara los antecedentes internacionales, que comparara la normativa vigente en aquellos países más desarrollados que poseen una industria minera importante y que estableciera los criterios normativos para regular la minería de gran porte.

El marco jurídico vigente era el viejo Código Minero que contiene disposiciones atrasadas y no adaptadas a los desafíos de industrias de mayor significación. Para decirlo más claro, era más conveniente para las empresas mineras que están invirtiendo en el país, mantener los viejos criterios previstos en el Código de Minería que la aprobación de una nueva normativa más exigente, actualizada y favorable a los intereses de nuestro país.

Así es que los cuatro partidos trabajaron en forma conjunta por medio de delegaciones con integración política y técnica, finalizando esos estudios con la firma de un documento que reflejaba los acuerdos alcanzados. Se había dado un paso muy importante para que el avance en esta nueva diversificación de nuestra matriz productiva se sustentara en criterios de política de Estado, con el respaldo de todos los partidos.

En el caso de nuestro partido integramos la delegación con un equipo técnico de primer nivel coordinado por nuestro diputado Iván Posada y confirmamos con nuestra firma la conformidad con los acuerdos alcanzados.

Tiempo después el gobierno envió al Parlamento el proyecto de ley que contenía, en forma de propuesta legislativa, los acuerdos alcanzados en la comisión multipartidaria. Este proyecto fue objeto de análisis y correcciones en las comisiones parlamentarias de ambas Cámaras, ajustándose las disposiciones normativas a los criterios acordados; de hecho algunos de los representantes de los partidos tradicionales lllegaron a votar en Comisión el proyecto de ley. Sin embargo, repentinamente, tanto el Partido Nacional como el Partido Colorado cambiaron de posición y, con la sola excepción de algún legislador nacionalista, votaron en contra en ambas cámaras y han iniciado una campaña crítica a la propuesta normativa.

Es muy curioso lo que ha ocurrido. La Cámara de Minería que agrupa a las pocas empresas mineras que existen en nuestro país ha manifestado críticas a la nueva normativa porque afecta sus márgenes de ganancia. La norma aprobada incluye un significativo aumento de la presión tributaria sobre esta actividad y garantiza al país un significativo nivel de recursos que, por otra parte, de acuerdo a lo acordado entre todos los partidos, no podrá gastarse en forma inmediata sino que formará parte de un fondo intergeneracional para que el producido por la explotación de esta riqueza natural que poseemos en nuestro país no se gaste en el corto plazo sino que sea gozada por las futuras generaciones.

Lo más sorprendente es que los partidos tradicionales, que aceptaron y permitieron sin chistar durante sus administraciones de gobierno la explotación de la minería en oro en el norte del país, sin preocuparse por ajustar o actualizar la normativa vigente, ahora “pongan el grito en el cielo” y se opongan a una reforma legislativa que mejora los niveles de control del Estado sobre esta actividad y aumenta sustantivamente los márgenes de ganancia del Estado como resultado de esta actividad.

La situación nos hace acordar mucho a la postura del Frente Amplio, cuando estaba en la oposición, a la fábrica de celulosa de Botnia. En aquel tiempo el Convenio con Finlandia que era un requisito normativo previo para la inversión de Botnia en nuestro país fue votado en contra por toda la bancada del Frente Amplio. Luego cuando este llegó al gobierno no solo defendió a “rajatabla” el mencionado proyecto al punto de aceptar un fuerte conflicto con el gobierno argentino, sino que aprobó e impulsó una segunda fábrica de celulosa y, ahora, anuncia que quizás haya un tercer proyecto en tal sentido.

Es que nuestro país está diversificando su matriz productiva. No solo ha vivido un proceso de profunda transformación productiva en la agropecuaria, sino que ha incorporado, ahora ya sin resistencia, la inversión forestal con todo el valor agregado que ha supuesto.

Hace unos años se cuestionaba el avance forestal y se indicaba con alarmismo que este iba a significar la afectación de la producción agropecuaria en nuestro país; hoy las vacas pastan debajo de los árboles y ya nadie puede discutir la valía de la incorporación de la forestación a nuestro desarrollo productivo.

Ahora nuestra inversión minera se agrega a nuestro escenario productivo con toda la potencialidad que posee y eso es definitivamente una buena noticia. Y más allá de las resistencias actualmente existentes, el tiempo demostrará, como antes también lo hizo con la forestación, que la minería aportará nuevos beneficios a nuestro desarrollo. Particularmente si este desarrollo se ejecuta con normativas que como esta, ofrecen garantías para nuestro país.

Es muy lamentable que las posiciones políticas que se asumen con respecto a las nuevas oportunidades de desarrollo dependan de qué lado del mostrador cada partido se ubica.

¿Saben cuál ha sido el único partido que en aquel entonces no formando parte del gobierno apoyó la construcción de la planta de celulosa y ahora, también sin formar parte del gobierno, apoya la ley de minería de gran porte? El Partido Independiente.

Seguramente estas diferencias en las conductas dicen mucho más que mil discursos sobre las maneras de pararse frente a las oportunidades de desarrollo del país y la evaluación de los intereses generales con respecto a los intereses partidarios.

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“Los debates de esta semana en la Cámara de Senadores, sobre el Proyecto de Ley de Minería de Gran Porte, mostraron dos carencias fundamentales para justificar una iniciativa de esta magnitud. La primera, el hecho de que esta ley solo cuenta con los votos del oficialismo. Y la segunda, que se ha visto reforzada, es la validez del cuestionamiento y el rechazo social a esa propuesta.

Las intervenciones de los senadores de la oposición no solo tuvieron en consideración gran parte de las críticas realizadas por las organizaciones sociales a este proyecto de ley. Además dejaron constancia de que la propuesta del oficialismo violentó en varios puntos el acuerdo de la Comisión Multipartidaria, que fue convocada por el Poder Ejecutivo en 2011 con la finalidad de definir una «política de Estado» ante lo que constituye un cambio de la matriz productiva del país.

Entre las inconsistencias del proyecto se señaló el capítulo sobre el Plan de Cierre de Minas, que ha sido presentado como un gran avance en las exigencias ambientales. La propuesta deja el plan de cierre librado a una definición sin límites precisos. Y la empresa Aratirí -que negocia el contrato con el gobierno-, expresó ante la comisión del Senado que analizó el proyecto, que su plan es que esos inmensos cráteres se rellenen con agua de lluvia a lo largo de 80 años.

Otro aspecto clave del proyecto es el capítulo sobre el Régimen Tributario donde, contrariando las declaraciones oficiales que hablan de mayor exigencia y grandes ingresos económicos, esta ley habilitaría importantes beneficios fiscales eximiendo a la megaminería del impuesto al patrimonio, del IVA, así como de gravámenes a la importación y la exportación, sin contar la energía barata que le proporcionaría UTE a Aratirí con la proyectada regasificadora. El tributario es otro punto clave donde no se cumplieron los criterios definidos en el Acuerdo Multipartidario.

A lo anterior se suma el capítulo sobre el Contrato de Concesión, un tema que no fue considerado en la Comisión Multipartidaria y por el cual se autoriza a la megaminería a superar el límite de 500 hectáreas del Código de Minería. Incluyen también aquí los beneficios fiscales y su mantenimiento en el tiempo, las informaciones que tendrán carácter confidencial, los compromisos del gobierno de realizar las obras de infraestructura requeridas por la actividad minera y un mecanismo de resolución de controversias cuando esto es competencia de la Justicia uruguaya.

Las intervenciones de los senadores del Partido Nacional y el Partido Colorado coincidieron con los principales cuestionamientos hechos por el Movimiento por un Uruguay Sustentable (MOVUS) a este proyecto. Hubo coincidencia también en calificarlo como una «ley con nombre y apellido», refiriéndose a Aratirí, ya que sus disposiciones y beneficios excepcionales van dirigidos a habilitar el proyecto de explotación a cielo abierto en gran escala del hierro de Valentines.

Esto no hace más que reafirmar el cuestionamiento al proyecto Aratirí y a esta iniciativa legislativa que lo complementa. Cuestionamiento que se inició con los productores rurales y las poblaciones de la costa oceánica que serían afectadas directamente y que se traduce hoy en un movimiento de un amplio espectro de la sociedad que, en defensa de la tierra y los bienes naturales, estima que la megaminería metalífera a cielo abierto no es una opción válida para el país.

Es ilustrativo el resultado de una encuesta de opinión pública divulgada en estos días donde solo un 28% de la población uruguaya mayor de 18 años se mostró de acuerdo con la minería a cielo abierto en Uruguay y con el proyecto Aratirí, mientras un 46% se manifestó en contra, un 12% no opinó y otro 12% no conoce el tema. El Grupo Radar responsable de la encuesta aclaró que la misma «no fue contratada en exclusividad por ninguna empresa, medio o partido político».

La conclusión que se desprende de esta síntesis es que la propuesta ley de minería de gran porte, aunque disponga de la mayoría parlamentaria, no cuenta con el apoyo político y social requerido para tomar esa decisión. No solo carece del acuerdo necesario de los partidos políticos, le falta el imprescindible acuerdo social que, como hemos reclamado, debería plasmarse en la información adecuada, junto con el debate necesario, y la consulta democrática a la sociedad”.

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Soslayando la oposición expresada en amplios sectores de la sociedad y los cuestionamientos realizados por los partidos de oposición representados en el Parlamento, el oficialismo insiste con una propuesta que otorga beneficios excepcionales a una actividad sin antecedentes en el país y que conlleva altos impactos sociales y ambientales. En forma reiterada planteamos que la ciudadanía debe ser consultada para tomar una decisión de esta envergadura.

La ley propuesta es ajena a la realidad del país, Uruguay posee tierras privilegiadas en el mundo para producir alimentos, sus reservas minerales son pequeñas y de pobre concentración. La destrucción del ecosistema y la corta duración de la actividad minera posible fueron confirmadas en la discusión legislativa. El proyecto Aratirí al que esta ley beneficia es un negocio de ocasión de una empresa extranjera que pretende exportar rápidamente el hierro disponible.

A pesar de limar algunos de los aspectos más chocantes, el proyecto de ley habilita beneficios fiscales por 700 a 1000 millones de dólares, según cálculos hechos por legisladores. Se mantiene el impuesto a las ganancias (IRAE) y su adicional, pero no se adoptan medidas para evitar la subdeclaración por la empresa. Permite asimismo descontar los gastos previos a la concesión como si fueran costos de operación y descontar el canon del adicional del IRAE.

Son un engaño para confundir a la población las declaraciones de quienes afirman que este proyecto de ley impondrá mayores exigencias tributarias a la minería de gran porte.

Una actividad que duraría a lo sumo 15 años, porque no hay mayores riquezas minerales y porque cada vez hay más noticias de una baja de los precios de los metales en los próximos años por superproducción, no es significativa en la historia del Uruguay y menos cuando se destruye una zona productiva que ha dado y seguirá dando beneficios a sus habitantes y al país.

Este proyecto de ley es altamente inconveniente para el país y no puede ser aprobado por el solo hecho de contar con una mayoría parlamentaria. Los legisladores son representantes y no dueños de la voluntad de los electores. La ciudadanía está y se seguirá movilizando para poner en práctica mecanismos de consulta y decisión verdaderamente democráticos.

Por todo ello, convocamos a la población a concurrir a la sesión de la Cámara de Senadores del próximo martes, desde las 9 y 30 horas, para expresar la oposición a este proyecto.

Fuente: Twitter. www.twitter.com

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La iniciativa fue aprobada el miércoles 17 de abril por 56 votos a favor (Frente Amplio, Partido Independiente y seis legisladores nacionalistas), y 36 en contra.

El diputado Amarilla (PN) sostuvo que más allá de reconocer el “ámbito multipartidario y los aportes de los integrantes del Partido Nacional” cuestionó la filosofía misma en la que se basa la normativa propuesta por la que se entiende a la actividad minera como prioritaria y hasta preferencial respecto a otras actividades productivas. Amarilla sostuvo que “Se considera a la riqueza minera como superior y de mayor valor que otras riquezas naturales en nuestro territorio”.

El legislador nacionalista se preguntó “¿Cuánto vale preservar un acuífero subterráneo o un curso superficial de agua? o ¿Cuánto vale poseer y explotar sustentablemente una hectárea de suelo fértil?” agregando que “Esta ley no nos brinda garantía para poder tener opciones de autorizar o no las explotaciones mineras, sin tener especial atención o cuidado por el agua, el suelo o la diversidad que pretendamos proteger”.

Amarilla recordó que en los cuestionamientos realizados en la interpelación se planteó la preocupación por “las zonas de relevancia ambiental, que pueden ser afectadas irreversiblemente como la Reserva de la Biosfera de Unesco o el área sometida bajo la protección de la Convención de Ramsar para la preservación de humedales”. Agregó que “Ese planteo sigue vigente así como el resto de las zonas de valor ambiental, incluidas o en estudio para incluir, en el Sistema Nacional de Áreas Naturales Protegidas”.

El legislador también cuestionó la cláusula que establece confidencialidad ya que puede generar “falta de transparencia”-

Amarilla cuestionó duramente un artículo del proyecto por el que es establece el Arbitraje Internacional en eventuales conflictos entre el Estado y las empresas, expresando que “resulta más que cuestionable, la renuncia legal que se hace por este proyecto de ley a que el Estado entregue su soberanía para resolver diferendos con las empresas multinacionales, confiando estos a tribunales internacionales”. Agregando que la “Rechazamos esa postura como nacionalistas pero sobre todo porque se trata sobre diferendos que se pueden dar con respecto a la defensa de recursos naturales de nuestra tierra”.

El legislador nacionalista culminó su intervención sosteniendo que por esta norma están en juego “ la protección de los recursos naturales, el desarrollo sustentable y el Uruguay Natural” y recordó la frase José Artigas “No venderé el rico patrimonio de los orientales al bajo precio de la necesidad”.

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El Poder Ejecutivo (PE) entregó hoy a la Comisión Multipartidaria de Análisis de la Minería de Gran Porte (MGP)-conformada a instancias del presidente de la República, José Mujica, e integrada por representantes de todos los partidos políticos con representación parlamentaria y del propio PE-, el proyecto de ley para esta área.

La redacción del proyecto fue liderada por el Ministerio de Industria, Energía y Minería (MIEM), junto al Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) y el Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente (Mvotma).

En su exposición de motivos, se explica que el proyecto de ley surgió de los compromisos establecidos en el documento de acuerdo que se firmó en diciembre de 2011, producto del trabajo de la comisión multipartidaria. En él se incluyeron los principios y bases que se consideran necesarios para el desarrollo de la MGP en el país, y se acordó que se les daría rango legal.

“El presente proyecto de Ley, producto de dichos acuerdos y compromisos, tiene como objetivo dotar al País de un instrumento moderno de política de desarrollo sustentable en una actividad que utiliza recursos naturales no renovables, y que por tanto su accionar deberá asegurar la protección del ambiente, las necesidades sociales de las comunidades cercanas a los lugares donde se realizará la actividad, así como las necesidades nacionales de desarrollo económico”, indica textualmente el proyecto de ley.

En una perspectiva que toma en cuenta que la explotación de la MGP debe “generar oportunidades para las generaciones actuales pero prever también beneficios para las generaciones futuras”, se considera que “el Estado debe participar eficientemente de una parte de las rentas económicas generadas por la explotación de recursos no renovables del cual es propietario y garantizar a la sociedad una asignación y gestión óptima a los objetivos trazados”.

“En cuanto a los aspectos ambientales cabe destacar que se incorpora la necesidad de realizar un Estudio de impacto ambiental completo el cual será a la vez auditado por una entidad internacional con reconocida trayectoria en la materia. El proyecto de ley enfatiza la necesidad del plan de cierre de forma de asegurar el reacondicionamiento de los sitios a niveles tales que posibiliten el desarrollo de actividades post-cierre u otros usos posteriores. De forma de asegurar esto se crean garantías de cumplimiento de la MGP”, señala, textualmente, el proyecto presentado hoy.

En lo que refiere a los aspectos tributarios, se propone “el establecimiento de límites respecto al alcance de los beneficios fiscales que recaen sobre ciertas inversiones; la realización de ajustes en el régimen general de liquidación del Impuesto a las Rentas de las Actividades Económicas (IRAE); así como la incorporación de un adicional al mismo, específico a la renta proveniente de la explotación de la Minería de Gran Porte (MGP) incorporándose al cuerpo normativo de este impuesto”.

En los próximos días, el documento también se enviará al Parlamento.

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