Compartimos la columna del líder del Partido Independiente, Pablo Mieres a favor del proyecto de ley de Minería de Gran Porte.

Al comienzo de este período de gobierno nos enteramos que una empresa inversora de capitales indios estaba realizando prospecciones en la zona de Cerro Chato y alrededores, para determinar la posibilidad de explotar el mineral de hierro. Desde hace décadas en nuestro país se especulaba con la existencia de esos minerales, sin embargo en aquellos tiempos las tecnologías de extracción disponibles y los precios internacionales del mineral indicaban que la operación no era económicamente redituable.

Mucha agua ha pasado por debajo de los puentes y tanto el desarrollo de las nuevas tecnologías como la evolución de los precios internacionales del hierro determinan que sea viable la actividad minera en esa zona. Nuestras existencias son suficientes en calidad y cantidad como para ameritar una fuerte inversión en este sector de la economía.

Ante estas circunstancias y debido a los desafíos que implica el desarrollo de una apuesta minera de mayor entidad, el gobierno decidió dos años atrás instalar una comisión multipartidaria que estudiara los antecedentes internacionales, que comparara la normativa vigente en aquellos países más desarrollados que poseen una industria minera importante y que estableciera los criterios normativos para regular la minería de gran porte.

El marco jurídico vigente era el viejo Código Minero que contiene disposiciones atrasadas y no adaptadas a los desafíos de industrias de mayor significación. Para decirlo más claro, era más conveniente para las empresas mineras que están invirtiendo en el país, mantener los viejos criterios previstos en el Código de Minería que la aprobación de una nueva normativa más exigente, actualizada y favorable a los intereses de nuestro país.

Así es que los cuatro partidos trabajaron en forma conjunta por medio de delegaciones con integración política y técnica, finalizando esos estudios con la firma de un documento que reflejaba los acuerdos alcanzados. Se había dado un paso muy importante para que el avance en esta nueva diversificación de nuestra matriz productiva se sustentara en criterios de política de Estado, con el respaldo de todos los partidos.

En el caso de nuestro partido integramos la delegación con un equipo técnico de primer nivel coordinado por nuestro diputado Iván Posada y confirmamos con nuestra firma la conformidad con los acuerdos alcanzados.

Tiempo después el gobierno envió al Parlamento el proyecto de ley que contenía, en forma de propuesta legislativa, los acuerdos alcanzados en la comisión multipartidaria. Este proyecto fue objeto de análisis y correcciones en las comisiones parlamentarias de ambas Cámaras, ajustándose las disposiciones normativas a los criterios acordados; de hecho algunos de los representantes de los partidos tradicionales lllegaron a votar en Comisión el proyecto de ley. Sin embargo, repentinamente, tanto el Partido Nacional como el Partido Colorado cambiaron de posición y, con la sola excepción de algún legislador nacionalista, votaron en contra en ambas cámaras y han iniciado una campaña crítica a la propuesta normativa.

Es muy curioso lo que ha ocurrido. La Cámara de Minería que agrupa a las pocas empresas mineras que existen en nuestro país ha manifestado críticas a la nueva normativa porque afecta sus márgenes de ganancia. La norma aprobada incluye un significativo aumento de la presión tributaria sobre esta actividad y garantiza al país un significativo nivel de recursos que, por otra parte, de acuerdo a lo acordado entre todos los partidos, no podrá gastarse en forma inmediata sino que formará parte de un fondo intergeneracional para que el producido por la explotación de esta riqueza natural que poseemos en nuestro país no se gaste en el corto plazo sino que sea gozada por las futuras generaciones.

Lo más sorprendente es que los partidos tradicionales, que aceptaron y permitieron sin chistar durante sus administraciones de gobierno la explotación de la minería en oro en el norte del país, sin preocuparse por ajustar o actualizar la normativa vigente, ahora “pongan el grito en el cielo” y se opongan a una reforma legislativa que mejora los niveles de control del Estado sobre esta actividad y aumenta sustantivamente los márgenes de ganancia del Estado como resultado de esta actividad.

 

La situación nos hace acordar mucho a la postura del Frente Amplio, cuando estaba en la oposición, a la fábrica de celulosa de Botnia. En aquel tiempo el Convenio con Finlandia que era un requisito normativo previo para la inversión de Botnia en nuestro país fue votado en contra por toda la bancada del Frente Amplio. Luego cuando este llegó al gobierno no solo defendió a “rajatabla” el mencionado proyecto al punto de aceptar un fuerte conflicto con el gobierno argentino, sino que aprobó e impulsó una segunda fábrica de celulosa y, ahora, anuncia que quizás haya un tercer proyecto en tal sentido.

Es que nuestro país está diversificando su matriz productiva. No solo ha vivido un proceso de profunda transformación productiva en la agropecuaria, sino que ha incorporado, ahora ya sin resistencia, la inversión forestal con todo el valor agregado que ha supuesto.

Hace unos años se cuestionaba el avance forestal y se indicaba con alarmismo que este iba a significar la afectación de la producción agropecuaria en nuestro país; hoy las vacas pastan debajo de los árboles y ya nadie puede discutir la valía de la incorporación de la forestación a nuestro desarrollo productivo.

 

Ahora nuestra inversión minera se agrega a nuestro escenario productivo con toda la potencialidad que posee y eso es definitivamente una buena noticia. Y más allá de las resistencias actualmente existentes, el tiempo demostrará, como antes también lo hizo con la forestación, que la minería aportará nuevos beneficios a nuestro desarrollo. Particularmente si este desarrollo se ejecuta con normativas que como esta, ofrecen garantías para nuestro país.

Es muy lamentable que las posiciones políticas que se asumen con respecto a las nuevas oportunidades de desarrollo dependan de qué lado del mostrador cada partido se ubica.

¿Saben cuál ha sido el único partido que en aquel entonces no formando parte del gobierno apoyó la construcción de la planta de celulosa y ahora, también sin formar parte del gobierno, apoya la ley de minería de gran porte? El Partido Independiente.

Seguramente estas diferencias en las conductas dicen mucho más que mil discursos sobre las maneras de pararse frente a las oportunidades de desarrollo del país y la evaluación de los intereses generales con respecto a los intereses partidarios.