Mujica, también consideró que la discusión debería centrarse en el destino que tendrán los recursos generados por el desarrollo de la minería. Recordó que se propone no “usar una riqueza que tenemos ahí enterrada y después salimos a la sociedad de consumo a comprar autos”.

Mujica señaló que los inversores privados toman en consideración los impactos ambientales. «En defensa de sus intereses los inversores cuidan el medioambiente, dado que lo que tienen que pagar por impactos negativos es cuantioso», indicó. También recordó que Finlandia es un gran productor de celulosa y papel y está primero en materia de cuidado medioambiental. Asimismo, detalló que “hay algunas minas que han sido un desastre en el mundo, mientras que en Panamá hay una mina de hierro agotada y el suelo está mejor que antes”.

El mandatario recordó que se decía que el emprendimiento de Botnia causaría la muerte de los peces y ello no sucedió. “El hombre puede destrozar, pero si se tiene cuidado, se puede hasta mejorar las cosas”, expresó.

En otro orden, señaló que tuvo, en su momento, reparos sobre la forestación pero la masa forestal del país contribuye a mantener el equilibrio de emisiones causadas por el ganado vacuno. “Estas cosas hace veinte años, yo no las sabía y hoy hasta se está descubriendo que la propia madera de eucalipto puede servirnos para fundir el hierro y desarrollar en el país la industria metalúrgica”.

El Presidente de la República, José Mujica, participó en una asamblea de la Asociación Nacional de Empresas Recuperadas (ANERT). El evento se desarrolló en las instalaciones de la empresa recuperada Pressur, en la zona franca de Nueva Helvecia, departamento de Colonia, el sábado 11 de mayo de 2013. Luego de la actividad el mandatario realizó declaraciones a la prensa.

Fuente: Presidencia de la República. www.presidencia.gub.uy

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Somos un agrupamiento de ciudadanos y asociaciones de productores rurales, sindicatos, centros de estudios, investigadores, docentes, académicos, grupos de vecinos y personas preocupados por las consecuencias de estos proyectos en el país.

El MOVUS considera que una ley que pretende regular una actividad económica que modificaría sustancialmente la matriz productiva del país, como sus impulsores lo proponen, debe ser objeto de una discusión amplia e informada de toda la sociedad. En las últimas elecciones nacionales, ninguno de los partidos políticos incluyó en su programa o en sus propuestas un cambio de estas dimensiones.

Tres marchas multitudinarias en la capital, reflejadas por la prensa nacional, tres marchas en el interior, una en Cerro Chato y dos en Treinta y Tres, los departamentos de Lavalleja, Treinta y Tres, Tacuarembó y Rivera con miles de firmas recogidas para decidir en un plebiscito si se acepta o no la minería metalífera a cielo abierto en su territorio, ¿no son muestras suficientes de que la sociedad uruguaya quiere decidir sobre el tema?

Objeciones al proyecto de ley

1) El proyecto de ley a consideración del Parlamento es ajeno a la realidad del país. Uruguay posee un sistema natural de tierras privilegiado en el mundo, sus yacimientos minerales son pequeños y de escasa concentración. La minería a cielo abierto en gran escala destruye en forma irreversible y entonces, por un negocio de 12 a 15 años, estaríamos hipotecando el futuro de nuestros hijos y de nuestros nietos.

2) La destrucción del ecosistema y la corta duración de la actividad han sido reconocidas por las autoridades económicas en la comisión legislativa que estudia este proyecto. Ese ritmo de extracción es depredador no solo en la zona minera, también está asociado al mineroducto y el puerto de aguas profundas, que afectarán otros departamentos.

3) Destrozar un territorio productivo y poblado por un negocio de ocasión, no es la manera de gobernar el país. Se violaría el Artículo 47 de la Constitución de la República. Hay un solo proyecto de minería de gran porte posible en Uruguay, que es el proyecto Aratirí de Zamin Ferrous, y resulta obvio que esta ley está hecha para ese proyecto.

4) Zamin Ferrous es una empresa creada en 2005, con sede en un paraíso fiscal, que no cuenta con antecedentes de explotación minera y acostumbra falsear la información al público. Fue creada para aprovechar la especulación financiera internacional con las materias primas y los metales. Pero es peor aún, el proyecto propone que el titular de la concesión sea una entidad financiera, un fondo de inversión, no la empresa minera.

5) En caso de un litigio con la minera, el proyecto de ley traslada la resolución del conflicto a la jurisdicción internacional, donde las empresas extranjeras tienen mayor respaldo, como está pasando hoy con el juicio de la tabacalera Philip Morris contra Uruguay.

6) El gobierno y la empresa se quieren reservar la confidencialidad de sus acuerdos. Los contratos de inversión del gobierno con empresas extranjeras, salvo datos particulares, deben ser de conocimiento público. El gobierno es el administrador de la cosa pública, no es el dueño del patrimonio nacional, que pertenece a todos los uruguayos.

7) Se divulgan grandes cifras sobre el aporte económico de este proyecto para el país, pero lo que le quitan a la minera de un lado, se lo entregan por el otro con estímulos y beneficios. Una actividad que duraría a lo sumo 15 años, porque no hay mayores riquezas minerales, no es significativa en la historia de un país y menos cuando se destruye una zona productiva que ha dado y seguirá dando beneficios a sus habitantes y al país.

Por todas estas razones, consideramos que este proyecto de ley es inconveniente para el país. Antes de cualquier decisión, debemos asegurarnos que la sociedad sea informada y pueda debatir ampliamente si es esto lo que queremos para el Uruguay. Si el Parlamento no escucha este reclamo, habrá que recurrir a otros caminos de respeto por las leyes y por el derecho de los uruguayos a decidir democráticamente su destino.

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COMUNICADO DEL OBISPO DE TACUAREMBO-RIVERA ACERCA DE LOS PROYECTOS DE MINERIA DE GRAN PORTE

A todos los diocesanos, hombres y mujeres de buena voluntad

1. El Dios de la vida nos encomendó su obra creadora para que la “cultiváramos y la guardáramos” (Libro del Génesis Cap. 2,15).

2. En el Uruguay vamos tomando conciencia de que la naturaleza es una herencia gratuita que recibimos para proteger, que es espacio precioso de la convivencia humana y responsabilidad de cuidarla para bien de todos.

3. Observamos en toda América Latina que esta herencia se manifiesta muchas veces frágil e indefensa ante los poderes económicos y tecnológicos.

4. Uniendo mi voz a la de todos los que apuestan por la vida quiero insistir en que la intervenciones sobre los recursos naturales no pueden estar dominadas por intereses de grupos económicos que degradan irracionalmente las fuentes de la vida.

5. Con motivo de saludar a los trabajadores este 1º de Mayo, los Obispos reunidos en asamblea, les decimos: ”Mirando los nuevos emprendimientos en el país, juzgamos que debe ser prioritario de parte del gobierno, los legisladores y las poblaciones involucradas, reforzar el monitoreo y fiscalización sobre los grandes proyectos de inversión agroindustriales y mineros, pensando en el cuidado de nuestros recursos naturales”.

6. Felicito iniciativas como la que tuvo la Junta Departamental de Tacuarembó, en la jornada realizada el pasado jueves 19 de abril, promoviendo en nuestra sociedad el conocimiento de la megaminería, los indicios de instalación en la región, las modificaciones propuestas al Código de Minería, las posiciones de los actores públicos involucrados, la postura de la academia y la sociedad civil.

7. Destaco el haber brindado a los vecinos de la zona de Caraguatá, la posibilidad de ser escuchados en el planteo de las incertidumbres que están viviendo a raíz de haberse encontrado con que sus propiedades están pedidas para proyectos de prospección minera.

8. Hago un llamado a la población en general para informarse acerca del tema de los proyectos mineros en nuestra región que permitan fundamentar una toma de posición responsable.

9. Ruego a nuestros gobernantes continuar esforzándose en la promoción de políticas públicas que, preservando los derechos de nuestras familias rurales, garanticen la protección y conservación de los recursos naturales.

10. Tengan en cuenta en sus decisiones, las medidas de monitoreo y control establecidas por los estándares ambientales internacionales.

Cuidemos la Casa de Todos: el destino universal de los bienes nos exige la solidaridad con la generación presente y con las futuras.

Monseñor Julio César Bonino
Obispo de Tacuarembó – Rivera.

Fuente Imagen: apdurazno.blogspot.com

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