“La inseguridad es hoy uno de los principales problemas que tenemos.

Lo dicen las estadísticas criminales y los estudios de opinión, lo informan los noticieros, los diarios y los portales semana a semana.

Lo sentimos los uruguayos que nos acostumbramos a poner rejas en nuestras casas, contratar empresas de seguridad, colocar alarmas o tomar medidas preventivas que unas décadas atrás eran inimaginables.

Todos hemos sufrido, o tenemos un familiar o amigo cercano que sufrió, un hecho delictivo.

Todos.

Un hurto, una rapiña, una rotura de un vidrio, o incidentes mas graves.

La delincuencia existió siempre y existe en todos lados, en todos los países.

Lo que aumentó en los últimos tiempos en el nuestro es no sólo la cantidad de delitos sino la violencia que se emplea al ejecutarlos. Ajustes de cuentas, homicidios, rapiñas a buses y transeúntes son parte de la crónica semanal a la que no quiero acostumbrarme.

Hace algunos años el gobierno del Frente Amplio, de forma irresponsable, negaba esta situación aduciendo que se trataba tan solo de una “sensación térmica“. Negación que luego mutó a la tardía aceptación que la realidad impone y la justificación “de que otros países de la región están peor“ (¿consuelo de muchos mal de tontos?).

Finalmente ese camaleón explicativo nos dijo por boca del Ministro y Subsecretario del Interior que “si uno no tiene problemas con las drogas o familiares no tiene posibilidades de que lo asesinen“ y que “no se debe andar con dinero por las calles“.

En uno de esos raros momentos de aceptación de la realidad, provocado por la evidencia de las cifras que esta arroja, el Ministro Bonomi reconoció hace poco la existencia de dos elementos importantes.

El primero, que las políticas de seguridad no fueron prioridad en el gobierno de Tabaré Vázquez (¿herencia maldita del propio Frente Amplio?).

El segundo, en abril de este año, fue más crudo. Dijo Bonomi que “la proporción de menores de edad que participan en delitos de rapiñas y hurtos ha aumentado“.

Eso es sabido desde hace tiempo. El Observatorio de Seguridad de la Fundación Propuestas informó que, de acuerdo con cifras oficiales, 56 menores fueron remitidos por homicidio en el año 2013. Esos menores fueron responsables del 21% de los asesinatos que ocurrieron ese año. Un aumento enorme si tenemos en cuenta que en el año 2006 eran responsables del 9% de los mismos.

Si consideramos que promedialmente se cometían 199 homicidios en el Uruguay y en los últimos dos años sufrimos más de 285 queda clara cuál es una de las causas de ese enorme aumento.

En materia de rapiñas el tema es aún peor. Los menores participaron en el 45% de las rapiñas en todo el país y en el 52% de las que ocurrieron en Montevideo.

Un grupo de ciudadanos venimos advirtiendo de esta problemática hace tiempo y presentamos, con 375 mil firmas, una propuesta concreta que será votada el próximo 26 de octubre junto a la elección nacional.

Es un tema serio y triste, sin dudas, pero que debemos enfrentar con responsabilidad.

Los opositores a la propuesta han tratado de simplificarla a que sólo se propone la baja de la edad de imputabilidad.

Esta es una parte importante de la misma, pero no la única. Lo que votaremos es una propuesta integral incluyendo la baja de la edad, la creación de un Instituto de Rehabilitación del menor, mantener antecedentes y combatir a los mayores que utilizan a menores para delinquir.

Los opositores también recurren al simplismo de decir que ser joven no es delito.

Esto es evidente. Ser mayor tampoco lo es y los mayores son responsabilizados cuando delinquen.

Delito es cometer homicidios, rapiñas, copamientos, lastimar a personas honestas. Sea mayor o menor quien delinque.

Bajar la edad de imputabilidad apunta a sacar de la calle y rehabilitar a los menores que cometen los delitos graves de homicidio, violación, rapiña, secuestro o copamiento.

El gobierno del Sr. Mujica comparte el sacar de la calle por mayor período a los que delinquen. Pero el Frente Amplio no.

Hace un año Mújica envió un proyecto de ley para duplicar las penas a los menores que cometen estos delitos. El proyecto es aun más duro que nuestra propuesta porque alcanza a los menores desde los 15 años y no desde los 16 como proponemos en la reforma a votar en octubre.

En los hechos, al duplicar las penas, se logra el mismo resultado que con la baja de la edad.

El problema es que las contradicciones internas del Frente Amplio, en especial la postura del Partido Socialista que lo integra, llevó a que el proyecto no se apruebe en el Parlamento.

Lo que refuerza la necesitad de aprobar la Reforma en octubre y terminar con tanto desatino.

La propuesta a votar incluye otro elemento que soluciona uno de los problemas que hoy tenemos: las denuncias constantes contra el Inau por torturas y maltrato a los menores y las fugas que de tanto en tanto ocurren.

Se propone crear un Instituto de Rehabilitación del Menor, por fuera del Inau y por fuera de la Cárceles de mayores. Es decir se les saca de las calles para que no sigan rapiñando, violando o asesinando, pero se crea una Institución especial para su rehabilitación y reinserción.

También se incluye en la Constitución la obligación de dotarle a dicha Institución el presupuesto necesario para ello y así terminar con la actual situación de maltrato y tortura que denunciaran las diversas entidades hace poco.

A eso se suma el mantenimiento, sin limitaciones, de los antecedentes para el caso que se vuelva a delinquir siendo mayor y la obligación constitucional de que la ley castigue mas severamente a los mayores que utilizan a menores para delinquir.

Hay otro precepto fundamental en la propuesta. Uno que se incorporará a la Constitución como orientación general de nuestra legislación: la obligación de priorizar la protección de las víctimas de los delitos.

Porque la ley debe reconocer y defender los derechos de los delincuentes. No seríamos una nación republicana y democrática si no lo hiciera.

Pero esa misma ley debe priorizar la defensa de la vida y los bienes de los honestos, de los que trabajan, pagan sus impuestos y cumplen con las normas. Por ello no pueden los que cometen esos delitos estar rápidamente en la calle de nuevo reiterándolos. Al votar el 26 de octubre estaremos aprobando una herramienta que nos ayudará a combatir la creciente inseguridad. Pero, sobre todo, estaremos enviando un mensaje claro a toda la clase política del Uruguay, en especial al Frente Amplio y sus doctrinas de sensación térmica, los otros están peor o justificación de ajustes de cuenta.

Estaremos diciendo bien fuerte y con nuestro voto que QUEREMOS VIVIR EN PAZ”.

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Miércoles 6 de julio, 20:15 horas.

Vertiente Artiguista (San José 1191 esq. Zelmar Michelini)

Para intercambiar acerca del lugar de los y las adolescentes en nuestra sociedad, sus derechos, su potencial, su relación con la inseguridad

Vamos a contar con la presencia de:

José Bayardi: Diputado Nacional, Vertiente Artiguista, Frente Amplio

Matías Rodríguez: Director del Instituto Nacional de la Juventud (INJU)

Eliane Gerber: Integrante de la Comisión Nacional NO A LA BAJA.

Los esperamos!!!

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“El Traje Nuevo del Emperador” es un cuento danés escrito por Hans Christian Andersen publicado en 1837.

Trata de un Rey preocupado por su vestuario. Un día dos embaucadores le dijeron que le fabricarían un traje de una tela especial: no sólo estaría hecho de la mejor seda sino que sería invisible a los ojos de los ineptos.

Tal traje no existía pero los dos bandidos simularon que se lo ponían al Rey. Este no se animó a decir que no lo veía para que no lo consideraran inepto. Los asesores reales tampoco se animaron a negar la inexistencia de la prenda  por la misma razón.

El Rey desfiló frente al Pueblo y nadie se animaba a ser considerado un inepto. Hasta que se escuchó la voz de un niño que exclamó “¡Pero si va desnudo!”

Algo similar parece pasarle hoy  al Gobierno y el Pit Cnt.

Esta semana lanzaron lo que ellos llaman la Contra campaña a la Campaña iniciada por nuestro Partído Colorado junto con el sector mayoritario del Partido Nacional e integrantes de la sociedad civil.

Desde el mes de marzo hemos puesto en funcionamiento los mecanismos constitucionales para promover una Reforma Constitucional en materia de Seguridad ciudadana. En los hechos estamos convocando a los uruguayos a votar sobre un tema que nos afecta duramente: la creciente inseguridad y violencia que estamos sufriendo todos los días.

La propuesta contiene cuatro puntos: 1) aumentar las penas a los mayores que utilizan menores para delinquir; 2) mantener los antecedentes de los menores al cumplir los 18 años, sin limitación alguna en el tiempo; 3) bajar la edad de imputabilidad a los 16 años; 4) crear el Instituto de Rehabilitación del Menor fuera del INAU (www.yofirmo.com.uy).

El Frente Amplio no acepta las primeras tres mientras que para la cuarta aprobó una complicada ley que crea el Instituto pero funcionando dentro del Inau aunque con cierta independencia que otra ley deberá asegurar en el futuro.

Al lanzar la contra campaña esta semana el Frente Amplio, o mejor dicho algunos sectores de ese Partido se vuelven a poner del lado de los delincuentes y no de los ciudadanos honestos a los que todo Gobierno debe proteger.

Quiénes llevan la voz cantante dentro del Partido de Gobierno son los Socialistas y el Pit Cnt.  Esto no es nuevo. Fue el propio Partido Socialista a través del entonces Ministro José Díaz y el Presidente Tabaré Vázquez quienes a los pocos meses de llegar al gobierno resolvieron liberar a más de mil presos a mediados del 2005.

Es notorio que a partir de ese momento no sólo aumento la inseguridad sino que también la violencia y la minoridad delincuente. Es cierto que ya existían problemas de inseguridad en el país pero no menos certero es que a partir de ese momento la misma aumentó en guarismos tremendos tanto en cantidad como en violencia.

Los datos aportados por el propio Ministerio del Interior acerca de la participación de los menores en delitos es contundente. En el 2006 el 9% de los homicidios eran cometidos por menores. En el 2010 el 26%. El 53% de las rapiñas cometidas en el 2010 fueron realizadas por menores.

Esto es negado por el Partido Socialista y el Pit Cnt que controvierten al Ministerio del Partido que ellos mismos integran y apoyan respectivamente. Para ellos no es cierto que exista esta participación de menores en los delitos.

Más aún, niegan que en nuestro país haya inseguridad porque, para ellos, estamos mejor que otros.

El mismo día en que lanzaron su contra campaña un comerciante fue herido gravemente por dos menores de edad en la Unión. Uno de los menores falleció y el comerciante está en el CTI.

Al otro menor pronto lo liberarán o se escapará (las normas de responsabilidad penal de menores no tienen mínimo de sentencia). Después le borrarán los antecedentes.

Pero el Partido Socialista y el Pit Cnt seguirán diciéndonos que no hay problemas de inseguridad y por ello no hay que firmar para habilitar el voto para Vivir en Paz y con Seguridad.

¿Será necesario que el Pueblo, con su firma, les diga que van desnudos?

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El tema de la inseguridad está instalado en la agenda política como un tema de primer orden desde el gobierno anterior. Fue tema central en la campaña electoral. Y fue un tema abordado por el actual gobierno desde antes de su instalación. En ese sentido el Gobierno Nacional, lo incorporó como uno de los cuatro temas en el diálogo con los partidos de la oposición. Logrando acuerdos muy importantes en la materia que fueron suscritos por todos los partidos políticos, en agosto de 2010. Es de destacar que la mejora en temas tales como el empleo, la pobreza, las coberturas de salud, el crecimiento económico llevados adelante por la gestión del gobierno desde 2005 y el espacio que ocupa en los medios de comunicación los temas sobre seguridad y fundamentalmente sobre menores infractores ha colaborado en colocar este punto en el primer lugar en los resultados de las encuestas sobre preocupaciones de nuestra población.

Dentro del tema de la inseguridad el gobierno manejó el abordaje del tema tanto en lo relativo a los aspectos preventivos, como en los aspectos represivos y de rehabilitación de los privados de libertad. Así se aumentaron los recursos presupuestales del Ministerio del Interior (MINT) dirigidos a aumentar las retribuciones de la Policía, aumento del número de efectivos (los que fue autorizado a incrementarlos en el orden de 1500 al inicio de 2010, y posteriormente se autorizó a trasladar efectivos del Ministerio de Defensa (previa capacitación para la función) en forma incremental por año pudiendo llegar al final del período hasta cerca de 6000. Por ende más efectivos policiales y mejor remunerados. Llegándose al final del periodo actual de gobierno a duplicar la remuneración de inicio del mismo.

Se ha autorizado a incrementar el número de efectivos y dotado de recursos materiales para extender la jurisdicción nacional a la Guardia Republicana, con lo que implica desde el punto de vista del aumento del número de efectivos y de los recursos materiales, de un CUERPO POLICIAL con capacidad de acción ante situaciones de mayor violencia.

Se ha dotado de un marco legal para la extensión de la guardia perimetral de las cárceles por parte de efectivos de las FF.AA. con vigencia hasta el 31 de julio de 2012, mientras el MINT adecua sus recursos para el cumplimiento futuro de dicha misión.

Se han asignado importantes recursos económicos para la construcción de nuevos centros de reclusión a los efectos de combatir el hacinamiento de las cárceles, que en el estado actual impiden cualquier intento de rehabilitación basado en la clasificación de los detenidos y el desarrollo de programas concretos de rehabilitación. Ya se ha hecho efectivo el traslado de reclusos a nuevos centros (punta de Rieles, nuevo centro de Las Rosas).

Se ha continuado con las políticas dirigidas al combate al narcotráfico, lo que a su vez ha determinado un incremento muy importante en cuanto a procesamientos y encarcelamiento, agudizando la situación crítica de nuestro sistema penintenciario.

Y un abordaje del tema desde una perspectiva progresista no debe soslayar el encare que se ha venido haciendo desde el anterior gobierno y se ha reforzado en el actual gobierno que es actuar sobre las causas sociales o socio económicas determinantes de la desestructuración social y de las transformaciones culturales que se encuentran en la base del incremento de los delitos en un contexto social determinado.

No debemos dejar de lado a la hora de defender lo que se ha venido haciendo los incrementos en materia de políticas sociales desde que comenzamos con el PANES, y luego con el Plan de Equidad, el incremento de las tarjetas del MIDES, las reformas en materia de Salud, las políticas de asignaciones familiares, el incremento importante en materia de Educación, los recursos volcados en el presupuesto actual a Vivienda.

Y mucho menos dejar de lado la política económica centrada en el crecimiento económico con justicia redistributiva y equidad social, que nos permite centrar hoy la discusión en las mejoras en la redistribución de la riqueza generada, que ha alcanzado un crecimiento sostenido y que nos permite proyectar un PBI como el país no hubo conocido.

LA INSEGURIDAD Y LAS POLITICAS RESPECTO A LOS JOVENES EN CONFLICTO CON LA LEY PENAL.

Logrado los acuerdos en el marco de las conversaciones multipartidarias respecto a los temas de seguridad – que contiene acuerdos en una multiplicidad de aspectos – hoy tenemos centrada la discusión respecto a los jóvenes en conflicto con la Ley.

La derecha ha basado en términos históricos su accionar de cara a la sociedad en los miedos y en las políticas exclusivamente de represión, lo que ha derivado en desentenderse del abordaje de las causas. O lo que es peor defender políticas que en el campo de las causas sólo profundizan las condiciones sociales para la desestructuración social y la profundización de las mismas con el consiguiente incremento del delito y la única solución que es el incremento de cárceles.

En ese sentido ha resultado absolutamente coherente que desde la derecha del Partido Colorado, representada por el sector de Vamos Uruguay y con el apoyo del herrerismo, representado por el Dr. Lacalle,  se haya resuelto trabajar sobre los miedos legítimos de la sociedad tomando como eje las políticas sobre los menores en conflicto con la Ley. Demás está decir que en el resto de los problemas que afectan a la sociedad pocas o ninguna iniciativa han aportado al debate.

En el marco de los acuerdos interpartidarios se abordó el tema de los menores infractores, se acordó que el problema central consistía en la incapacidad del sistema actual para mantener recluidos a los menores privados de libertad, dada las fallas del sistema para evitar la fugas de los mismos. Se acordó también la creación de un Instituto de Privación de Libertad que tendría una dirección para adultos y otra dirección para menores. No llegándose a acuerdos en las baja de la edad de imputabilidad (entendiéndose por tal no la falta de sanción penal para los menores, que en nuestro país existe desde los 13 años de edad, sino en la aplicación del Código Penal de adultos a los menores de 18 años);  en el mantenimiento de los antecedentes de menores a la edad adulta, y en el aumento de las penas a los menores que en el Código de la niñez y la adolescencia (CNA) queda determinada en una pena máxima de 5 años de privación de libertad.

En ese contexto y en el marco del debate parlamentario se conformó una Comisión Bicameral a los efectos de abordar “el análisis de la legislación relativa a los temas de seguridad pública y en especial de los adolescentes en conflicto con la ley penal.”

La Comisión trabajó con plazos a término y lo hizo entre los meses de diciembre y febrero. Centró sus trabajos desde el inicio en la situación de los adolescentes en conflicto con la Ley Penal. Recibió al Directorio del INAU, al Ministerio del Interior, a la Suprema Corte de Justicia; a jueces, fiscales y a la defensoría de oficio de menores; al representante de la UNICEF; al director del Instituto de Sociología Jurídica de la facultad de Derecho; al secretario ejecutivo del Comité de los Derechos del Niño.

La comisión centró el intercambio en los siguientes aspectos:

Creación del Instituto de Rehabilitación de los adolescentes en conflicto con la ley.

Creación de la pena de tentativa de hurto.

Rebaja de la edad de imputabilidad.

Aumento de las penas para los adolescentes en conflicto con la ley, y

Mantenimiento de los antecedentes de los menores en la etapa adulta.

Al respecto de los asuntos abordados la Comisión acordó:

Respecto al Instituto de rehabilitación penal adolescente existe acuerdo que éste es el tema central relacionado con la posibilidad de contar con un ámbito institucional que a la vez permita que los adolescentes en conflicto con la ley penal cumplan efectivamente la sentencia que corresponda, lo hagan en un ámbito que permita su socialización y permita la construcción de un proyecto propio a futuro del cual se entiende han carecido. Por ende la denominación correcta debería ser Instituto de Responsabilización Penal Adolescente, dado que la rehabilitación o resocialización presupone que hayan estado a lo largo de su corta vida socializados o capacitados para vivir con armonía en la sociedad cosa que se entiende no ha sido así. Se deja constancia que este acuerdo preexistía desde los resultados de la comisión multipartidaria (puntos 3.19.4 y 3.19.5 de los acuerdos de agosto de 2010).

En este sentido se discutió si debía ser un instituto que actuara por delegación del INAU o separado del mismo. Se acordó avanzar en un proyecto de ley que presentó el Directorio del INAU que implica comenzar a funcionar una comisión delegada de tres miembros como órgano desconcentrado del INAU, con la mayor autonomía administrativa y técnica, que será responsable del desarrollo e implementación de dicho instituto. Comisión que actuará con funciones delegadas y que derivará durante el presente gobierno en un organismo descentralizado.

Respecto a la responsabilidad de los adolescentes en conflicto con la ley se acordó sancionar la tentativa y complicidad de hurto con medidas alternativas a la privación de libertad y también analizar la eventual extensión de la penalización de la complicidad y tentativa de los delitos graves calificados como graves en el Código de la Niñez y Adolescencia. A su vez se acordó extender el plazo a 90 días (de los actuales 60 días) para el dictado de sentencia para los delitos tipificados como gravísimos. Dejando claro que el informe del INAU previo al dictado de sentencia es preceptivo presentarlo por parte del INAU dentro de los plazos, pero no es preceptivo para dictar sentencia.

A su vez teniendo en consideración las opiniones vertidas en la Comisión por parte de operadores del sistema judicial se analizará la oportunidad y conveniencia de limitar la discrecionalidad judicial en la imposición de sanciones mediante el establecimiento de plazos máximo y mínimos para los distintos delitos.

Respecto a la baja de la edad de imputabilidad. La mayoría de la Comisión ha entendido que los menores en Uruguay son punibles penalmente desde los 13 años, por lo cual es mentira que los menores sean inimputables. Que en consonancia con las convenciones internacionales de las cuales el país es firmante y ha ratificado por Ley (Convención Internacional de los Derechos del Niño) el país ha establecido un régimen especial para los menores de 18 años, que determina que entre los 13 y 18 años el adolescente es punible o sea responsabilizable penalmente por los delitos tipificados y que más allá de las obligaciones asumidas ante la comunidad internacional, no existe prueba de que la baja de la edad colabore a un encare y solución de fondo y permanente para el problema planteado. Es más la experiencia internacional determina lo contrario, dado que introducir a un menor de 18 (entre 16 y 18 años como está planteado) en cárceles de adultos, determina que éste entre en contacto con delincuentes de más experiencia y se vincule a niveles mayores del delito organizado. Además de que el delito organizado va a tratar de reclutar cada vez jóvenes o niños de menor edad para vincularlos al circuito delictivo. El Partido Colorado sostiene que ellos no plantean recluirlos en cárceles de adultos sino en establecimientos especiales, no tomando en cuenta que ya existe el acuerdo de avanzar en establecimientos especiales para jóvenes entre 13 y 18 años. No resulta entendible – salvo una finalidad demagógica de acumulación electoral anticipada que trabaje sobre los miedos de la sociedad – que sea factible contar con otro instituto ahora para jóvenes entre 16 y 18 exclusivamente.

Respecto al aumento de las penas para los adolescentes en conflicto con la Ley tanto el Partido Colorado como el Partido Nacional plantearon la extensión de las penas. La graduación de las penas varía de un país a otro. En nuestro país el tiempo máximo está estipulado en 30 años. O sea existe una gradualidad que el código penal tipifica de acuerdo a valoraciones no siempre coincidente respecto al bien a salvaguardar. Para los menores ha quedado estipulado en 5 años de pena máxima de privación de libertad. En el FA hemos entendido que es un plazo razonable teniendo en cuenta que es muy raro encontrar delitos graves cometidos por menores de 13 años, en general se ubican en el entorno de los 15 o 16 años en adelante. Se entiende que 5 años a esa altura de la vida es casi la mitad de la vida en que pueden haber asumido conciencia de la responsabilidad. Siempre y cuando partamos de la base que tuvieron las condiciones durante su desarrollo y el contexto en que se desarrollaron, de poder haber asumido las pautas para determinar la responsabilidad frente a la sociedad. No vemos que lo que no podamos hacer en 5 años, a través de un proceso socio-educativo, en el que van a estar separados de la sociedad para socializarlos e insertarlos nuevamente, podamos hacerlo en 7 años. Algunos tratan de justificar la extensión del plazo de las penas en lo que resulte justo o no para “pagar” por el delito cometido. El pago por el delito cometido (tiempo de plazo de privación de libertad) es una convención pacíficamente aceptada para evitar la justicia por mano propia. Qué es justo o no, en términos de plazo para un delito determinado puede estar siempre en discusión y depende del lado que uno este parado en la discusión. Cual resulta el plazo “razonable y justo” para una víctima o su familiar? Sería una larga discusión que no creemos que aporte al objetivo central que es que el menor asuma su responsabilidad, que haga frente a la misma con la pérdida de su libertad y que pueda insertarse a futuro en la sociedad alejado del delito.

Respecto al mantenimiento de los antecedentes de los menores en la etapa adulta.

Este punto fue el que dio más lugar a la discusión dentro del FA. Había compañeros, en el Ejecutivo y en el Legislativo, que entendían que debían quedar abiertos y discutían por cuánto tiempo. Había compañeros que entendían que no, en consonancia con la Convención Internacional de los derechos del Niño y las reglas de Beijing, por lo cual no había que modificar el actual artículo 222 del Código de la Niñez y de la Adolescencia.

A saber, en el actual Código de la Niñez y la Adolescencia el tema de los antecedentes está tratado por el capítulo XVIII en los artículos 218 a 222, que dicen:

CAPÍTULO XVIII

REGISTRO DE INFORMACIÓN DE NIÑOS Y ADOLESCENTES

Artículo 218. (Sistema de datos).- El Instituto Nacional del Menor deberá desarrollar el

Sistema Nacional de Información sobre Niñez y Adolescencia, que deberá incluir datos sobre el niño o adolescente a su cargo y las instituciones que lo atienden.

Artículo 219. (Seguimiento).- El Sistema Nacional de Información sobre Niñez y

Adolescencia deberá generar datos que permitan un adecuado seguimiento de la atención del niño o adolescente y de la evolución de la misma, así como generar la información necesaria para la formulación de las políticas de niñez y adolescencia.

Artículo 220. (Colaboración).-

1) Los distintos Poderes y reparticiones del Estado, instituciones privadas y organismos no gubernamentales, deberán aportar los datos e información pertinentes al Sistema Nacional de Información sobre Niñez y Adolescencia, sin perjuicio de la autonomía y competencia específica de cada institución pública o privada.

2) La Suprema Corte de Justicia, a través de sus órganos competentes, desarrollará un sistema de información sobre niños y adolescentes atendido tanto por la judicatura de adolescentes como de familia.

Los datos manejados por este Sistema Judicial de Información tendrán igual régimen y tratamiento que el establecido por los artículos 221 y 222 de este Código.

Artículo 221. (Reserva).- El Instituto Nacional del Menor será el custodio de la información contenida en el Sistema Nacional de Información sobre Niñez y Adolescencia, por lo que se deberá garantizar el uso reservado y confidencial de los datos correspondientes a cada niño o adolescente, en concordancia con su interés superior y en cumplimiento del derecho a la privacidad de su historia personal, como único propietario de la misma.

Artículo 222. (Limitaciones).- La información relativa a niños y adolescentes no podrá ser utilizada como base de datos para el rastreo de los mismos, una vez alcanzada la mayoría de edad.

Los antecedentes judiciales y administrativos de los niños o adolescentes que hayan estado en conflicto con la ley se deberán destruir en forma inmediata al cumplir los dieciocho años o al cese de la medida.

Dejo la constancia que el destacado en negrita, está contenido en el actual CNA y que no se ha efectivizado aún. Luego de un proceso de discusión al interior del FA tanto con operadores del Poder Ejecutivo como del INAU y del Parlamento se acordó para cinco delitos (secuestro, violación, homicidio doloso, rapiña y copamiento) legislar atribuyendo la potestad al juez para que mantenga los antecedentes como pena accesoria, por no más tiempo que el que haya correspondida a la pena primaria. Mantenerlos en la esfera del Poder Judicial, y pasible de ser tenidos en cuenta en correlación con un futuro delito como adulto de la misma entidad que los enunciados y a los efectos de evaluar eventuales excarcelaciones anticipadas que pudieran corresponder. En esta línea se viene trabajando respecto al manejo de los antecedentes.

Finalmente se torna imprescindible asumir una actitud militante contra las políticas que se pretenden impulsar desde la derecha y fundamentalmente desde el Partido Colorado. Reconociendo todo lo que aún falta por hacer pero reivindicando y difundiendo todo lo que se ha venido haciendo desde las gestiones del FA en el Gobierno desde 2005. Todo lo hecho y que se está haciendo para combatir la fragmentación y desestructuración social, a la que condujeron al país los gobiernos anteriores y  que actúa como caldo de cultivo de un comportamiento social que se coloca por fuera del promedialmente aceptable y que conduce a que queden vinculados al delito cientos o miles de jóvenes por carecer de oportunidades que la sociedad les niega.

Reivindicar también lo que se está haciendo, además de las políticas relacionadas con la atención a lo social y a la redistribución de la riqueza, disminuyendo significativamente los niveles de pobreza y de indigencia.

Lo que se está haciendo para potenciar al Ministerio del Interior de los recursos humanos y materiales para el cumplimiento de las acciones de prevención y represión del delito.

Los recursos aportados para mejorar las condiciones de reclusión de adultos y de menores infractores a través del INAU.

Los acuerdos alcanzados entre todos los partidos para atender la situación de seguridad interna y del tratamiento de los menores en conflicto con la Ley Penal que se ha expresado en el último Presupuesto Nacional.

Enfocar y centrar el debate en que quienes tuvieron la responsabilidad de conducir el país cuando los actuales menores infractores nacieron y comenzaron su desarrollo (que hoy tienen mayoritariamente edad entre 15 y 27 años) no se pueden presentar hoy como adalides en la solución de dicho problema, sino como responsables de las causas que potenciaron su desarrollo.

Convencidos que la solución sólo puede llegar con nuestra fuerza política, el Frente Amplio y de la mano de las políticas que en diversos planos comenzaron a aplicarse desde marzo de 2005.

Fuente: UNOMASUNO – ABRIL 2011.

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Departamento de Relaciones con la Comunidad: e-mail prensacss@parlamento.gub.uy

Tel: (0598  2) 924 95 72. Telefax: 2401 61 51.

Web del Parlamento: www.parlamento.gub.uy

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Montevideo, 28 de diciembre de 2010.

POSICION DEL PARTIDO COLORADO.

COMISIÓN ESPECIAL DISPUESTA POR LA ASAMBLEA GENERAL SOBRE SEGURIDAD PÚBLICA, EN PARTICULAR SOBRE LOS ADOLESCENTES EN CONFLICTO CON LA LEY PENAL.

MARCO GENERAL DE REFERENCIA.

Teniendo presente que la Comisión Especial dispuesta por la Asamblea General, tiene el mandato de indicar un marco general de referencia y efectuar sugerencias legislativas sobre el tema de seguridad pública, en particular sobre  los adolescentes en conflicto con la ley penal, como insumo para proyectar una legislación referida al tema sobre la base de los acuerdos alcanzados y de los principios rectores elaborados.

Considerando que debe tenerse presente el documento de Consenso alcanzado en agosto de 2010 por los representantes designados de todos los partidos políticos con representación parlamentaria  y el gobierno nacional, donde se fijan bases claras para abordar el problema del delito y de la seguridad.

El Partido Colorado ante la complejidad de la temática y de acuerdo a los principios políticos que le sustentan, hace énfasis en los siguientes puntos a incluir en el documento final, que elabore esta Comisión Especial de la Asamblea General y que en síntesis refieren a:

1.- LA INSTALACIÓN DE UN SISTEMA Y LA CREACIÓN DE UN INSTITUTO que cuente con la idoneidad, los recursos y la eficiencia para cumplir el doble propósito fundamental de propender a la rehabilitación y de contener en forma segura a los menores de edad privados de libertad por orden judicial, en un ámbito absolutamente exclusivo para menores, clasificados y tratados de acuerdo a sus condiciones jurídicas y antecedentes personales y con estricta aplicación de medidas de evitación de fugas o de permanente desborde del imprescindible orden interno de los establecimientos. Es inimaginable pensar que la rehabilitación sea posible si quien debe ser tratado esta fugado o en permanente inconducta  y resistencia a las autoridades del instituto y de quienes deben asistirle y tratarles.

La ley determinará la mejor naturaleza jurídica del instituto responsable, aun cuando el documento de Consenso Interpartidario, es claro respecto a la descentralización, aptitud  y especialidad necesaria del mismo.

El Partido Colorado ha sostenido con claridad, que mas allá del formato institucional, lo esencial es la dotación de recursos, la construcción de centros adecuados y descentralizados territorialmente, con alojamiento de infractores debidamente clasificados por la naturaleza de los delitos cometidos y sus antecedentes personales, con determinación profesional de las etapas de rehabilitación y la debida aplicación de los principios de recompensa, basados en el principio de progresividad, resultante de la buena conducta del recluido.

Pero también es esencial que se garantice el estricto cumplimiento de las medidas de aseguramiento dispuestas por un magistrado en el marco de normas legales preexistentes y por conductas juzgadas desde el principio del debido proceso. No hay excusa válida para incumplir el mandato judicial, y en situaciones de peligrosidad manifiesta, el Estado tiene el deber de garantizar el estricto cumplimiento de las medidas que fueren compatibles con la seguridad de la población y los propósitos de recuperación del infractor.

La creación de un instituto específico, tal como lo acordara la Comisión Interpartidaria de Seguridad Pública, más allá de si estará o no  relacionado con la actual estructura del INAU, deberá contar con un ámbito absolutamente diferenciado, especializado y garantizado, de conducción plural, dirigido por personas idóneas designadas con venia parlamentaria, que tendrá a su cargo  el  manejo seguro del menor recluido. Esta condición esencial supera  a la forma jurídica del instituto que se disponga por Ley, puesto que cualquiera fuere el formato institucional,  ante la esencialidad del  deber que se impone por un juez a la administración al disponer la privación de libertad, esta debe cumplirse, no solo por  razones de protección, sino porque resulta obvio que no es posible aplicar tratamiento rehabilitatorio alguno, a una persona fugada.

2.- EL TEMA DE LOS ANTECEDENTES DEL MENOR  y qué hacer con ellos cuando las personas cumplen la mayoría de edad y continúan su  trayectoria de infracción a la ley penal, delinquiendo luego de  los 18 años de edad.

Par el Partido Colorado sobre este complejo tema, hace dos enfoques claramente diferenciados, aun cuando son complementarios y ambos refieren a los antecedentes por infracciones a la ley penal cometidos por el menor que deviene en mayor y vuelve a infringir la ley penal.:

a.- El primer enfoque refiere a si los antecedentes deben o no ser tenidos en cuenta al tiempo de resolver por el magistrado penal actuante, el delito cometido cuando el menor pasó a ser mayor de edad.

b.- El segundo enfoque refiere a la importancia de tener en cuenta los antecedentes, ya no para aplicar circunstancias que agraven la sanción penal a recaer, sino cuando luego de juzgada la infracción penal, se debe atender del mejor modo la propia privación de libertad dispuesta judicialmente, propender a la rehabilitación del imputado, la clasificación carcelaria, la protección del privado de libertad, la forma de alojar al recluido con otras personas privadas de libertad, las seguridades para el traslado incluso a sedes judiciales o a tratamiento de salud y las medidas a adoptar necesariamente para la debida protección del personal carcelario y de los auxiliares de la justicia, incluyendo defensores, funcionarios, personal de la salud , educadores  y magistrados judiciales.

Conocer la historia personal del infractor por parte de las autoridades judiciales, es también esencial para la mejor protección de las víctimas y los testigos, teniendo presente las situaciones de peligrosidad manifiesta por el tipo de delito cometido o las características del tipo de infracción a la ley penal cuando el infractor era menor.

Son elementos esenciales para el justo y debido abordaje del tratamiento y condiciones de detención, tener en cuenta la violencia empleada, la reiteración  y las agravantes que definen un perfil de personalidad que es imprescindible considerar.

Estos aspectos hacen a la realidad en que deben fundarse las medias que se adoptarán para que sean compatibles con el doble propósito de la seguridad de la población y el cometido de recuperación del infractor.

En cualquier caso, lo que el Partido Colorado propone es que con la debida salvaguardia que establece el CNA para la protección de la información mientras el infractor es menor, estos antecedentes se mantengan por el plazo prudencial que fije la ley, pero en ningún caso estos se destruyan, como se establece actualmente en la normativa vigente.

Desde nuestra perspectiva, el tema de considerar los antecedentes de una persona en materia de violación a la normativa penal, cuando la fecha de comisión de la infracción a ley penal es anterior a los 18 años de edad del autor, tiene una importancia que va mucho más allá del  enfoque de la agravación de la sanción penal o la medida a recaer al tiempo de su juzgamiento.

Entendemos que los antecedentes deben ser tenidos en cuenta en toda circunstancia,  pero parece difícilmente aceptable la conveniencia de que los mismos se destruyan.

En tal sentido para el Partido Colorado, corresponde tener en cuenta  los siguientes aspectos:

A)  la privación o cualquier limitación de  libertad es una medida dispuesta por los magistrados con las condiciones, propósitos y objetivos  previstos constitucional y legalmente.

B) esa privación de libertad además de asegurativa,  tiene una finalidad referida a propender a la rehabilitación del recluido.

Pero el privado de libertad no está solo, sino muchas veces recluido en condiciones de proximidad y convivencia crítica con otros recluidos entre otras personas del sistema.

Conocer la trayectoria de vida de toda persona recluida, es mucho más que considerar sus antecedentes para la sanción penal a recaer, sino que debe ser considerada para propender a  su mejor y más efectiva rehabilitación y asegurar que tanto el imputado como los demás recluidos, el personal del establecimiento y hasta las visitas y los auxiliares de la justicia, estén debidamente protegidos y en conocimiento preventivo, de las características más críticas de la población reclusa.

No es igual aplicar una política carcelaria, regida por principios claves como la progresividad y el reconocimiento de los méritos de la inconducta superada, desde el conocimiento integral del perfil personal del recluido, que partir de la ficción que todos son iguales y carentes de antecedentes, porque la vida pareciera comenzar  a los 18 años, no importa cuán grave fueren las infracciones cometidas poco tiempo antes.

No solo es una falsa premisa, que en la vida privada pocos o nadie aplica, sino que además no ayuda al propósito de la seguridad ni mucho menos al del debido tratamiento para la rehabilitación.

Ya sea para la aplicación de agravantes o en caso de probada inexistencia real de antecedentes para  poder acceder a las medidas sustitutivas o alternativas a la prisión, los antecedentes son factores de fondo que deberán ser considerados en profundidad, no solo en relación de quien es juzgado, sino para ser justos con otras personas que delinquen realmente por primera vez siendo adultos.

La peligrosidad a la que refiere el art. 123 del código penal ,para extender el plazo de prescripción de un delito y el estado renunciar por el mero transcurso del tiempo  a la pretensión de punición, y la definitoria referencia a la peligrosidad establecida en el  art .91 del C.N.A,  no son figuras  teóricas y es necesario tenerlas presentes.

Es naturalmente diferente, juzgar presuntivamente la peligrosidad de una persona sin que hubiere llegado a cometer delito, conocida doctrinariamente como la peligrosidad sin delito, cuya aplicación puede producir situaciones real y potencialmente violatorias de los derechos individuales;  que considerar el tipo y las características de peligrosidad que resultan de la comisión de un delito, cuyo modo de ejecución puede dejar de manifiesto personalidades extremadamente complejas o patologías profundas definidas o en proceso, que se tiene el deber de considerar a todos los efectos de una política criminal, incluso individualmente aplicada.

Si un menor cometió varios delitos extremadamente violentos antes del que se le imputa por haberlo cometido como mayor, no hay derecho a exponer a las autoridades policiales, a los defensores, a los magistrados y al personal judicial y a las víctimas y a los testigos desde la ignorancia de la peligrosidad que resulta de esos antecedentes.

Existe el deber de preguntarse si se está dispuesto a conceder la  libertad y medidas sustitutivas, a quien ha tenido comprobadas conductas de peligrosidad ejercida contra la vida de otras personas poco tiempo antes.

La  ficción de que todo comienza de cero a los 18 años, no importa lo que esté atrás en la trayectoria vital de una persona, en nuestra opinión significa que incluso para temas que no tienen que ver con la sanción penal propiamente dicha, estaríamos violentando el derecho de mucha gente a recibir un trato justo, eficiente y adecuado a su conducta y condición, incluso respecto del propio imputado.

La edad a partir de la cual se considera que una persona tiene la madurez intelectual para conocer plenamente la ilicitud de matar, o de cometer otros delitos gravísimos, pareció al legislador del CNA, ser notoriamente menor a la que prevé el Código Penal, por lo cual la normativa vigente llevó esa edad a limites más bajos que los de dicho código, estableciendo esa  edad a los trece años.

Comparar -como se ha hecho- que la edad para tener conciencia y voluntad suficiente para saber que está mal matar a otro ser humano, tiene alguna relación automática con la edad para celebrar por ejemplo, complicados negocios jurídicos o elegir programas de gobiernos y los mejores candidatos desde el sufragio. Parece un argumento de difícil sostén práctico y notoriamente injusto con la realidad. En todo caso la solución jamás podrá ser  considerar que un menor no conoce que es  incorrecto dar muerte a otro ser humano, porque se requiere más edad para celebrar un contrato o poder votar. Por eso el CNA estableció la modificación de la edad que en él se fija, más allá de la imputabilidad como mayor que es otro tema.

Si el concepto de la privación de libertad tiene el  citado doble propósito del aseguramiento del infractor de la ley penal, y además propender a su rehabilitación, según lo dispone la justicia y la constitución nacional, resulta imperioso que el sistema conozca los antecedentes del imputado a fin de aplicar correctamente la política criminal y carcelaria a su respecto.

Si no se conoce el historial del recluido o de la persona a aplicarle medidas sustitutivas, o cuando se trate de medidas curativas, no podrá tenerse en cuenta el imprescindible conocimiento de la personalidad del imputado, o su peligrosidad manifiesta, en relación a la conducta asociada al delito imputado.

Difícilmente se podrá ser justo al  tratar igual a una persona con antecedentes de conductas de altísima agresividad para los demás, en relación a su autoría de delitos gravísimos, y  por destruir los antecedentes, tratarlo como si fuera alguien que infringe la ley por primera vez. El Partido Colorado considera que esta solución es injusta e inconveniente a los propósitos perseguidos.

Por otra parte, no es justo para quien ha tenido en su juventud, una  conducta alejada del delito (muchas veces a pesar  del ambiente donde está instalada su vida), y considerarle igual que alguien que hizo de su juventud hasta los 18 años, una vida de delito.

Parece inadmisible igualar de ese modo, destruyendo el merito de vivir sin delinquir, mas allá que de mayor cometa un delito.

En todos los terrenos de la vida, la historia vital forma parte de cada uno de nosotros y la responsabilidad penal en un estado democrático de derecho, se ve teñida por una visión general de la vida de una persona, para separar la excepcionalidad, de la habitualidad, más allá de la concepción jurídica del término

Destruir la historia clínica de cada paciente dado de alta de una enfermedad, no parece ser el mejor modo de luego curar o e este caso rehabilitar y bien atender a quien requiere ser rehabilitado.

Un mayor que delinque y es adicto a los estupefacientes, y en su etapa anterior a cumplir 18 años de edad cometió delitos gravísimos asociados al consumo o al síndrome de abstinencia, al ser tratado cuando es mayor, jamás puede ser positivo que se desconozca ese historial clínico y jurídicamente relevante, incluso para su ubicación en un establecimiento de detención y la seguridad de su entorno.

No es justo poner en una misma celda a un primario, junto a una persona que tiene varias muertes o violaciones poco tiempo atrás cuando era menor. Hay responsabilidad gravísima al actuar de ese modo.

De donde resulta que el derecho a ocultar a información de los antecedentes del menor es superior al de la protección de los demás. Quien se hará responsable de las consecuencias, cuando el irreparable experimento de ocultamiento y destrucción hoy establecido, falla en su propósito y se producen nuevas víctimas.

Para el Partido Colorado la pérdida de información que implica la destrucción de antecedentes, no puede ser un instrumento valido para ningún proceso rehabilitatorio.

Un menor que delinquió cometiendo infracciones o delitos  gravísimos siendo tal, cuando delinque siendo mayor, no puede ni debiera ser tratado igual que un mayor relativo que comete su primera infracción a la ley penal

Debieran diferenciarse aquellos hechos antijurídicos que son indicio de una mayor peligrosidad por la violencia comprendida,  de los que manifiestamente  son consecuencia de la inmadurez propia de de la minoridad. Conductas referidas a infracciones gravísimas  a la Ley Penal, en las que está presente la violencia, debieran ser tenidas en cuenta, pues son reflejo de una peligrosidad que difícilmente se disipe por si sola por el paso de los años. Los antecedentes deben mantenerse a los solos efectos judiciales y carcelarios pero tal como sucede durante la minoridad en el CNA, la información del registro será estrictamente reservada, para que su difusión no implique una estigmatización, de quien en su juventud erro al camino.

Resulta necesario tener presente el criterio establecido en el ARTÍCULO 219°. del CNA, que expresa; “(Seguimiento).- El Sistema Nacional de Información sobre Niñez y Adolescencia deberá generar datos que permitan un adecuado seguimiento de la atención del niño o adolescente y de la evolución de la misma, así como generar la información necesaria para la formulación de las políticas de niñez y adolescencia”.

Ese debe ser el principio rector, pues ese mismo seguimiento es absolutamente esencial, cuando el menor paso a cumplir un día más de los 18 años de edad, porque naturalmente sigue siendo la misma persona y su consideración debe ser vista desde una perspectiva de integralidad, ya sea para considerar el antecedente al momento de juzgar nuevos delitos cometidos o ya sea para el manejo de su rehabilitación, la protección del sistema de reclusión y la de las personas comprendidas, incluida la población como el propio CNA bien lo expresa y venimos desarrollando.

Lo inconveniente es la destrucción de esos antecedentes, ya  que excede toda lógica de protección de la sociedad y de la correcta aplicación de las medidas judicialmente dispuestas, o los tratamiento a aplicar, considerando nuevamente  lo preceptuado por el referido CNA en su artículo 91 que expresa: “En situaciones de peligrosidad manifiesta, se adoptarán las medidas que fueren compatibles con la seguridad de la población y los propósitos de recuperación del infractor”.

3.-  EL TERCER TEMA  REFIERE A LA EDAD DE LA IMPUTABILIDAD  Y SU EVENTUAL REDUCCIÓN: Ante la absoluta y manifiesta falta de acuerdo político sobre este tema entre los Partidos Políticos con representación parlamentaria, tanto en el ámbito parlamentario, como en el seno de  la Comisión Interpartidaria de Seguridad  Publica ya citada y el gobierno,  el Partido Colorado ha resuelto por su máximo órgano, la Convención Nacional, poner en funcionamiento una consulta plebiscitaria al respecto.

4.-EL CUARTO TEMA COMO SE HA DICHO, REFIERE A  LA SALVAGUARDA Y EFECTIVA APLICACIÓN DE LOS ACUERDOS CELEBRADOS EN LA COMISION INTERPARTIDARIA recogidos en el DOCUMENTO DE CONSENSO, aprobado y suscrito por todos los Partidos Políticos con representación parlamentaria y el Gobierno Nacional en agosto de 2010.

5.- EL QUINTO ASPECTO REFIERE A LA IMPORTANCIA QUE EL PARTIDO COLORADO LE ATRIBUYE A  CONSIDERACIÓN LA APROBACIÓN DE TRES PROYECTOS DE LEY oportunamente presentados en Cámara de Representantes  por el Diputado Alberto Scavarelli,  que el Partido hace suyos y están referidos:

a) PROTECCIÓN DE VÍCTIMAS Y TESTIGOS, (Comisión de Derechos Humanos- Carpeta Nº 3878 de 2004 Repartido Nº 86 Marzo de 2005)

b) Creación del PATRONATO NACIONAL DE ORIENTACIÓN Y AYUDA

AL EGRESADO DEL INAU  (ex INAME) (Comisión de Educación y Cultura – Carpeta Nº 3246 de 2003 Repartido Nº 83Marzo de 2005)

c) SITUACIÓN DE LAS PERSONAS AUSENTES  O EXTRAVIADAS, (Comisión de Derechos Humanos – Carpeta Nº 3510 de 2003 Repartido Nº 84Marzo de 2005) con especial énfasis en las acciones de protección de los menores de edad.

Resulta esencial considerar, que tras la comisión de una lesión a los derechos de los habitantes de la República, hay un fracaso de la sociedad en su prevención y evitación.

Hay también un derecho de las víctimas y de los testigos indefensos a proteger, que quien delinquió y su entorno identifica. Debe tenerse presente que la sociedad  no es un laboratorio de prueba sobre la conducta de quien ya delinquió y su eventual rehabilitación, por lo que la protección y las garantías técnicas resultantes de la aplicación de la justicia terapéutica, son esenciales.

Al Partido Colorado le preocupa además, el tema de la prescripción de los delitos gravísimos cometidos por menores, que la legislación vigente fija en un plazo máximo de dos años para el menor lo que resulta de una situación que debe ser considerada especialmente pues un menor de 16 años comete un homicidio múltiple y a los dos años prescribe su delito y queda impune, con el riesgo que ello implica incluso para su utilización por mayores o por el delito organizado,  capaz de ocultar por tan breve lapso, a cualquier persona, en virtud de los recursos y conexiones internacionales de que dispone.

Se está absolutamente de acuerdo con lo aprobado por la comisión interpartidaria para la creación de un INSTITUTO NACIONAL DE REHABILITACIÓN que incluya áreas especializadas y comprenda todos las privaciones de libertad, incluyendo establecimientos exclusivamente para menores, exclusivamente para menores y control de centros de tratamiento siquiátricos que es otro modo de privación impuesta de libertad, como lo propusiera nuestro Partido.

La ley establecerá las características de este instituto especializado, cuya área de menores podría eventualmente estar en la estructura del INAU, pero con un área especializada, o  con cualquier otro formato externo al INAU, pero que en toda circunstancia garantice el efectivo aseguramiento del  recluido y el efectivo y adecuado pleno esfuerzo, para procurar la rehabilitación e inserción social

Por otra parte el Partido Colorado hace énfasis en cuanto a la necesidad de:

a)         Incrementar el número de Sedes  Judiciales, Magistrados, Funcionarios,  Técnicos y los recursos asignados a la Justicia especializada en los temas de minoridad y familia.

b)         Incrementar las acciones de prevención referidas a menores en situación de calle o de manifiesto abandono, incluyendo profundización de acciones para resolver la deserción escolar y en la enseñanza media.

c)         En definitiva, profundizar las acciones de protección y prevención de situaciones que aun desde  edades muy bajas, son públicas las situaciones de abandono con desvíos notorios de conductas de abuso del menor y de progresivo desencuentro con elementales normas de convivencia social, incluyendo las adicciones y las situaciones que en su entorno se desarrollan.

d)         Apoyar con rapidez las propuestas que nuestro Partido realizó en la Comisión Interpartidaria de Seguridad Publica, entre otras, las referidas al apoyo económico a las víctimas de delitos , protección de funcionarios con tareas de alta complejidad, protección a los operadores del transporte público, apoyo a la policía del fuego, y en general la profundización de las asignaciones presupuestales ya dispuestas en el recientemente aprobado Presupuesto Nacional ,que se funda en  lo acordado en el documento de consenso resultante de dicha comisión.

e)         FORTALECIMIENTO DE LA PARTICIPACION DE LA SOCIEDAD CIVIL. Sin perjuicio de establecer que el tema de la seguridad  es una responsabilidad esencial del Estado, para el Partido Colorado resulta  fundamental, que la sociedad civil se involucre en apoyar la solución del tema de la minoridad infractora, sin la “alteridad” o lejanía con que a veces se encara este tema, agravado por la ya citada segregación territorial, que divide a la sociedad en función de territorio socio económico donde se habita. El modelo de sociedad Batllista integrada e integradora, advierte en  la estimulada colaboración de la  sociedad civil, incluso material, con el fomento a las  ONGs. que participen de la reeducación dentro y fuera de los establecimientos carcelarios, un instrumento formidable. Propugna  conceder  exoneraciones tributarias, para aquellos particulares que colaboren en el mejoramiento de la infraestructura del sistema punitivo/reeducativo de menores, en el marco de las políticas diseñadas al efecto, tal como hoy sucede en materia cultural.

Prof. Tabaré Viera Duarte.

Senador.

Dr. Alberto Scavarelli.

Representante del Partido Colorado

en la Comisión de lnterpartidaria de Seguridad Pública. (Redactor).

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En lo referente a la penalización de la tentativa de hurto, desde el FA se reconoció que es una situación que “debe ser revisada”, pero en la medida en que se definan penas alternativas a la privación de libertad.

Sobre este punto, Luis Pedernera, del Comité de los Derechos del Niño-Uruguay, señaló durante su reunión con la comisión, llevada a cabo días atrás, que durante el 2009, el INAU gastó U$S 2300 mensuales por la atención de cada adolescente privado de libertad. Pedernera denunció la inexistencia de programas socioeducativos para los adolescentes, así como las condiciones en que éstos son recluidos, ya que llegan a pasar las 24 horas del día encerrados. “Así no se puede funcionar; el cotidiano tiene que estar mínimamente planificado”, aseguró.

Respecto a mantener o no los antecedentes de los adolescentes que cometen infracciones a la ley penal, una vez cumplidos los 18 años, el documento señala que este punto “no tiene ninguna relación con la resolución de los problemas de los menores de edad en conflicto con la ley penal”. Los representantes del FA expresaron, no obstante, que el tema “debe estudiarse, sin prejuicios pero con mucha rigurosidad científica”.

Si bien el oficialismo había dado señales de que podría llegar a implementarse una modificación en el Código de la Niñez y la Adolescencia (CNA), para mantener los antecedentes de los menores de edad, propuesta defendida por el propio ministro del Interior, Eduardo Bonomi, las intervenciones de los integrantes de la Suprema Corte de Justicia, y de representantes del Comité de los Derechos del Niño, y UNICEF Uruguay, fueron determinantes para que, en un principio, la legislación vigente permanezca incambiada. Jorge Chediak, presidente de la SCJ, había manifestado que un cambio en el CNA pondría al Estado “en una clara infracción que podría acarrear su responsabilidad internacional”.

El documento señala también la necesidad de contar con una base de datos confiable, ya que “la actual situación de producción de datos por diferentes instituciones, distintos criterios en la forma de construcción de los mismos, vuelve imprescindible que los organismos encargados de su producción establezcan criterios comunes”.

Fuente: El País, Daniel Isgleas, pág. A10; la diaria, CA, pág. 3; El Observador, pág. 6; Últimas Noticias, pág. 5; 24/12/2010 y Agencia Vos y Voz.

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Con matices partidarios y aún entre los sectores de las colectividades de los partidos tradicionales, la Asamblea General aprobó el miércoles 24 por 93 votos en 94 la creación de una Comisión Especial de quince miembros que estudiará la situación de la seguridad pública, y en particular la de los adolescentes en conflicto con la ley penal, y se expedirá en 30 días con propuestas concretas.

En representación del gobierno, el diputado Felipe Michelini (Nuevo Espacio) afirmó que existe “un total respaldo” a la acción promovida por el ministro del Interior, Eduardo Bonomi.

Por otra parte, no prosperó una moción del colorado Amorín que, paralelamente, quería conformar una comisión similar pero en materia de educación, considerando que aún este tema es de mayor importancia que el referente a la seguridad pública en el entendido que insumirá más tiempo para solucionarlo (ver nota aparte).

La sesión de la Asamblea General de la víspera que intercambió reflexiones sobre la seguridad ciudadana fue a instancias “de todos los partidos”, puntualizó Topolanski, a la hora 15.21 cuando se inició la deliberación.

El primero en hacer uso de la palabra fue el nacionalista Luis Lacalle Pou quien recordó muchas ideas presentadas por el PN en materia de seguridad ciudadana.

“La dirigencia política no ha estado a la altura de las circunstancias”, dijo.

Respecto a la propuesta que junto a otros legisladores blancos impulsó sobre tener en cuenta los antecedentes de los menores cuando luego cumplen los dieciocho años, nombró a diferentes actores que se han manifestado a favor, desde autoridades y legisladores del gobierno hasta desde la institucionalidad como la Suprema Corte de Justicia, y también Pedro Bordaberry del Partido Colorado.

También mencionó los dichos del pasado lunes el Secretario de Presidencia, Alberto Breccia.

“La realidad ha superado rotundamento los conflictos político partidario, ha superado rotundamente los derechos de autor, no nos podemos estar mirando el ombligo con estos temas. No se pueden leer declaraciones en la prensa diciendo que no vamos a votar el proyecto de Fulano o de Mengano, y después proponer tipo disfrazado el proyecto de Mengano o de Sultano”, reflexionó.

Evaluó que se está ante una decisión importantísima que requiere de “una gran dosis de humildad, y se necesita coraje político” que es “cruzar hasta donde está aquel (de otro partido) y decirle que su idea es buena y que la voy a tomar como mía y no estoy perdiendo ni condición de opositor u oficialismo”.

El herrerista Gustavo Borsari indicó que hay un grupo de jóvenes “asolando al país”, que han cometido “homicidio, violación, rapiña, secuestro, delitos graves”, y que por ello es necesario el Instituto de rehabilitación del adolescente infractor, “por fuera del INAU”.

Respaldo a Bonomi

Desde el Frente Amplio, Felipe Michelini dijo que el tema de la inseguridad no es nuevo, y aludió a la Ley de seguridad ciudadana de 1995 en el gobierno colorado.

“Respaldamos en un todo al ministro Eduardo Bonomi porque él refleja las políticas que el FA ha entendido necesario llevar adelante para garantizar la mejor calidad de seguridad ciudadana, que en definitiva es la que refleja la mejor calidad de vida de un pueblo”, indicó.

Luego nombró las nueve medidas acordadas en materia de seguridad pública en el acuerdo multipartidario.

“Nosotros estamos convencidos que el marco del documento de acuerdo de agosto de 2010 es una buena base para seguir trabajando. Se nos propone una comisión en el marco de la Asamblea General, bienvenida. Estamos dispuestos a transitar todos los ámbitos porque estamos convencidos que si le quitamos los aspectos agitativos, que en definitiva convocan a la irracionalidad, vamos por un mejor camino”, afirmó Michelini.

Asimismo, señaló que desde el gobierno “estamos dispuestos a transitar a crear un instituto nacional de rehabilitación, que pueda cumplir cabalmente con contener primero, y dar herramientas de reinserción.a esos adolescentes que han cometido delitos”.

Edad de imputabilidad

El diputado Germán Cardoso también recordó que el Partido Colorado “también ha presentado innumerables propuestas”.

Insistió con la necesidad de la baja de edad de imputabilidad y que su colectividad recogerá las firmas para que la propuesta sea plebiscitada en las próximas elecciones.

“Nos gustaría hacerlo antes. Tal vez, podríamos dialogar con el gobierno –tantas veces el Frente Amplio apeló al mecanismo plebiscitario- y porque no ponernos de acuerdo, y juntar en este Cuerpo los 2/3 y eso no implica estar de acuerdo con la baja de imputabilidad, pero habilitar a que sea el pueblo en el 2012 o 2013 se pronuncie”, añadió Cardoso.

Desconocimiento

Para Iván Posada (PI) “en el afán de innovar, buscando soluciones que se quieren hacer creer habrán de resolver grandes problemas de seguridad, parecería desconocerse que las medidas con las que dispone la Justicia son suficientes y adecuadas”.

Por tanto, “lo que se necesita es que además de cumplirse lo dispuesto por la Justicia se debe aplicar una amplia gama de proyectos e infraestructura adecuada para el trabajo de acompañamiento, adopción del sistema de valores, hábito de respeto por el otro, medidas que progresivamente lo conduzcan a la reiserción social y al deseo de recuperar la libertad para no volver a perderla”.

Nota B. 1739 c.

“La mano dura ya la pasamos”

En su intervención, el líder de Alianza Nacional, Jorge Larrañaga estimó que “con los delincuentes no hay que hacer política, hay que meterlos presos”.

Desde su punto de vista “no podemos vivir en un estado de far west con un peligro constante”, bajo el principio “de que quien desenfunda primero es quien vive”.

Larrañaga dejó en claro que asistimos “a una problemática compleja que entra a agravarse por fenómenos vinculados a la pasta base, al alcohol, a la composición familiar, al tejido social de los uruguayos”.

“La mano dura ya la pasamos. Los demócratas, todos los que aquí estamos en el Parlamento queremos es mano justa, firme sí, pero justa”.

El colorado José Amorín dijo compartir que “la época de la mano dura ya pasó y que esta es época de mano justa. Creo que acá estamos todos absolutamente de acuerdo”

Educación

Según Amorín, “el Uruguay tiene algunos problemas serios a los que todos tenemos que colaborar para solucionar”.

Mencionó que el 50% de los niños nacen en hogares bajo la línea de probreza, el 32% de la población urbana no ha logrado 12 años de escolaridad; y las 2/3 de los jóvenes de 20 años no han culminaron la educación media.

Para dar “una señal humana, de preocupación por los jóvenes”, propuso “reunirnos a trabajar hasta fin de año por el tema de la educación”.

Solicitó conformar una comisión similar pero en materia de educación, lo que “sería una señal formidable” porque “es más importante el tema de la educación que el de la seguridad porque lleva más tiempo”.

Desde el FA, Felipe Michelini indicó que debes efectuar consultas a varios sectores de la coalición por lo que no está en condiciones de votar.

Amorín la mantuvo y colorado y nacionalistas obtuvieron 40 votos en 57, por lo que resultó negativa.

“El Ponchis”

Al término de su exposición, Larrañaga apeló a un artículo de prensa mexicano que “hace referencia a un joven apodado ‘El Ponchis’, cuya identidad se desconoce pero que se ha convertido según el ejército mexicano en un sicario del cartel del Pacífico Sur sobre el narcotráfico”.

“El Ponchis”, relata la crónica, “trabaja bajo las órdenes del jefe del cartel del Pacífico Sur en el estado de Morelos. Fue identificado en el contexto de la investigación, como el ejecutor de los adversarios del grupo a quien tortura, deguella y después arroja al costado de las rutas o terrenos baldíos. En algunos videos que circulan por internet aparece una fotografía de este personaje cortando el cuello de una de sus víctimas”.

“La persona a la cual me estoy refiriendo –indicó Larrañaga- tiene 12 años. Creo que no tenemos derecho a seguir esperando, tenemos la obligación de impulsar una iniciativa legislativa para que el Ministerio del Interior tenga armas para luchar contra la delincuencia adolescente infractora”, agregó.

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