Compartimos la columna del Pedro Bordaberry @PedroBordaberry del Partido Colorado del domingo 20 de julio titulada: “Queremos vivir en paz”.

“La inseguridad es hoy uno de los principales problemas que tenemos.

Lo dicen las estadísticas criminales y los estudios de opinión, lo informan los noticieros, los diarios y los portales semana a semana.

Lo sentimos los uruguayos que nos acostumbramos a poner rejas en nuestras casas, contratar empresas de seguridad, colocar alarmas o tomar medidas preventivas que unas décadas atrás eran inimaginables.

Todos hemos sufrido, o tenemos un familiar o amigo cercano que sufrió, un hecho delictivo.

Todos.

Un hurto, una rapiña, una rotura de un vidrio, o incidentes mas graves.

La delincuencia existió siempre y existe en todos lados, en todos los países.

Lo que aumentó en los últimos tiempos en el nuestro es no sólo la cantidad de delitos sino la violencia que se emplea al ejecutarlos. Ajustes de cuentas, homicidios, rapiñas a buses y transeúntes son parte de la crónica semanal a la que no quiero acostumbrarme.

Hace algunos años el gobierno del Frente Amplio, de forma irresponsable, negaba esta situación aduciendo que se trataba tan solo de una “sensación térmica“. Negación que luego mutó a la tardía aceptación que la realidad impone y la justificación “de que otros países de la región están peor“ (¿consuelo de muchos mal de tontos?).

Finalmente ese camaleón explicativo nos dijo por boca del Ministro y Subsecretario del Interior que “si uno no tiene problemas con las drogas o familiares no tiene posibilidades de que lo asesinen“ y que “no se debe andar con dinero por las calles“.

En uno de esos raros momentos de aceptación de la realidad, provocado por la evidencia de las cifras que esta arroja, el Ministro Bonomi reconoció hace poco la existencia de dos elementos importantes.

El primero, que las políticas de seguridad no fueron prioridad en el gobierno de Tabaré Vázquez (¿herencia maldita del propio Frente Amplio?).

El segundo, en abril de este año, fue más crudo. Dijo Bonomi que “la proporción de menores de edad que participan en delitos de rapiñas y hurtos ha aumentado“.

Eso es sabido desde hace tiempo. El Observatorio de Seguridad de la Fundación Propuestas informó que, de acuerdo con cifras oficiales, 56 menores fueron remitidos por homicidio en el año 2013. Esos menores fueron responsables del 21% de los asesinatos que ocurrieron ese año. Un aumento enorme si tenemos en cuenta que en el año 2006 eran responsables del 9% de los mismos.

Si consideramos que promedialmente se cometían 199 homicidios en el Uruguay y en los últimos dos años sufrimos más de 285 queda clara cuál es una de las causas de ese enorme aumento.

En materia de rapiñas el tema es aún peor. Los menores participaron en el 45% de las rapiñas en todo el país y en el 52% de las que ocurrieron en Montevideo.

Un grupo de ciudadanos venimos advirtiendo de esta problemática hace tiempo y presentamos, con 375 mil firmas, una propuesta concreta que será votada el próximo 26 de octubre junto a la elección nacional.

Es un tema serio y triste, sin dudas, pero que debemos enfrentar con responsabilidad.

Los opositores a la propuesta han tratado de simplificarla a que sólo se propone la baja de la edad de imputabilidad.

Esta es una parte importante de la misma, pero no la única. Lo que votaremos es una propuesta integral incluyendo la baja de la edad, la creación de un Instituto de Rehabilitación del menor, mantener antecedentes y combatir a los mayores que utilizan a menores para delinquir.

Los opositores también recurren al simplismo de decir que ser joven no es delito.

Esto es evidente. Ser mayor tampoco lo es y los mayores son responsabilizados cuando delinquen.

Delito es cometer homicidios, rapiñas, copamientos, lastimar a personas honestas. Sea mayor o menor quien delinque.

Bajar la edad de imputabilidad apunta a sacar de la calle y rehabilitar a los menores que cometen los delitos graves de homicidio, violación, rapiña, secuestro o copamiento.

El gobierno del Sr. Mujica comparte el sacar de la calle por mayor período a los que delinquen. Pero el Frente Amplio no.

Hace un año Mújica envió un proyecto de ley para duplicar las penas a los menores que cometen estos delitos. El proyecto es aun más duro que nuestra propuesta porque alcanza a los menores desde los 15 años y no desde los 16 como proponemos en la reforma a votar en octubre.

En los hechos, al duplicar las penas, se logra el mismo resultado que con la baja de la edad.

El problema es que las contradicciones internas del Frente Amplio, en especial la postura del Partido Socialista que lo integra, llevó a que el proyecto no se apruebe en el Parlamento.

Lo que refuerza la necesitad de aprobar la Reforma en octubre y terminar con tanto desatino.

La propuesta a votar incluye otro elemento que soluciona uno de los problemas que hoy tenemos: las denuncias constantes contra el Inau por torturas y maltrato a los menores y las fugas que de tanto en tanto ocurren.

Se propone crear un Instituto de Rehabilitación del Menor, por fuera del Inau y por fuera de la Cárceles de mayores. Es decir se les saca de las calles para que no sigan rapiñando, violando o asesinando, pero se crea una Institución especial para su rehabilitación y reinserción.

También se incluye en la Constitución la obligación de dotarle a dicha Institución el presupuesto necesario para ello y así terminar con la actual situación de maltrato y tortura que denunciaran las diversas entidades hace poco.

A eso se suma el mantenimiento, sin limitaciones, de los antecedentes para el caso que se vuelva a delinquir siendo mayor y la obligación constitucional de que la ley castigue mas severamente a los mayores que utilizan a menores para delinquir.

Hay otro precepto fundamental en la propuesta. Uno que se incorporará a la Constitución como orientación general de nuestra legislación: la obligación de priorizar la protección de las víctimas de los delitos.

Porque la ley debe reconocer y defender los derechos de los delincuentes. No seríamos una nación republicana y democrática si no lo hiciera.

Pero esa misma ley debe priorizar la defensa de la vida y los bienes de los honestos, de los que trabajan, pagan sus impuestos y cumplen con las normas. Por ello no pueden los que cometen esos delitos estar rápidamente en la calle de nuevo reiterándolos. Al votar el 26 de octubre estaremos aprobando una herramienta que nos ayudará a combatir la creciente inseguridad. Pero, sobre todo, estaremos enviando un mensaje claro a toda la clase política del Uruguay, en especial al Frente Amplio y sus doctrinas de sensación térmica, los otros están peor o justificación de ajustes de cuenta.

Estaremos diciendo bien fuerte y con nuestro voto que QUEREMOS VIVIR EN PAZ”.