Nosotros hoy, no tenemos ninguna capacidad de incidir en nada. O casi nada. Que no es lo mismo, pero es igual. Las marchas y los agravios, las descalificaciones apuradas a lo que dijiste o a lo que dejaste de decir, no surtirán efecto. Será una simple catarsis colectiva que, en el peor de los casos, solo incidirá en nuestros conflictos de cabotaje.

Porque perdimos el turno.

En otro momento tuvimos alguna capacidad. Seguro que la tuvimos. Todos. Si hubiéramos hecho política. De la grande. Pudimos haber hecho cosas para ayudar y acompañar en su lucha al pueblo de Venezuela. A ese pueblo al que no se le está respetando hoy, ni tampoco se le respetó en las últimas décadas.

Porque a la situación de hoy nos condujeron décadas y décadas de devaneos, postergaciones y nadismos inconducentes. Entretenimientos pre políticos, cuando no, lisa y llanamente, la alcahuetería a los tiranos. Algunos, que supieron callar, ahora nos cuentan que se puede condenar la dictadura y también la intervención militar. Pero, por las dudas, a la hora de condenar la dictadura, fueron más bien cautos. Y nunca un voto.

Algunos, el silencio. Otros, la lisonja. Todo para acabar siendo cómplices o custodios serviles del sostenimiento de un régimen putrefacto que asoló a la gente bastante más que esta intervención militar indeseable que no garantiza nada. Al revés. Garantiza que la suerte ya no está en manos del pueblo. Y que, además, atenta contra un derecho internacional en el que, en el fondo, no creen ni tirios ni troyanos.

Con la complicidad de una ecología burocrática internacional autosustentable, nos hemos encargado de vaciar de contenido y de hacer incompetentes a muchos de los organismos internacionales que han sido puestos al servicio de un puñado de consignas tan políticamente correctas, como vacías de contenido sustantivo y sin fundamento en los problemas reales de la gente.

Todos (salvo excepciones) juegan de manera mutuamente desleal. Muchos de los que reclamaban por la soberanía del pueblo, hoy se hacen los distraídos. Y te miran fijo mientras te acusan de tibio o de angelical. Pero son incapaces de hacerse un fondo de ojo o dar un paseíto por los propios archivos. Hay mucho progre de ocasión, de esos que siempre andan con el “facho” a flor de labios, reivindicando a Le Pen como un referente necesario. Y no falta algún antiimperialista vociferando, para tratar de interferir con una manifestación de venezolanos: “esto es Uruguay, viva la libertad carajo” en un lapsus que trasluce una mezcla de xenofobia con oscuras coincidencias inconfesables.

Casi todos los que se desgarran las vestiduras, van haciendo gárgaras de democracia para después correr a respaldar dictadores sanguinarios. O callar convenientemente. Casi todos haciendo buches con los principios del derecho internacional mientras de costado apuestan en el tablero de la realpolitik. A que te salve Trump o Putin, Irán o China. Lo que, de fondo, supone una actitud servil ante los señores de la guerra, que están sentados en otra mesa, bastante lejos, negociando entre ellos. Nada nuevo. Ya lo vimos muchas veces. En Praga o en Granada. En Budapest o en Saigón. Nada nuevo.

Y mientras tanto miramos de reojo a la gente. Y la despreciamos. Despreciamos, por ejemplo, las expresiones de la voluntad popular que, en el caso de Venezuela, han sido contundentes.  Y que señalan un rumbo de democracia. Y que apuntan a unos liderazgos que, mientras unos procuraban infructuosamente descalificar, otros parecen pretender descalificar en los hechos. Ojalá nos equivoquemos.

Pero, por ahora, la única persona venezolana que parece contar con el aval del presidente Trump es Delcy Rodríguez. Así lo ha manifestado expresamente el presidente de los Estados Unidos. Delcy tenía unos principios como Groucho Marx.

Por ahora estamos sin novedad en el frente. Los altos mandos militares, los inútiles mandos militares (como quedó en evidencia), siguen incambiados. Por ahora los presos políticos también siguen presos. Por ahora los colectivos motorizados y armados recorren impunemente las urbanizaciones de Caracas. Ojalá estas circunstancias cambien.

Dicho esto, condénese. Como siempre. Cada cual lo suyo. Movilícense unos. Aplaudan los otros. Insulten los más, porque no ven satisfechos sus instintos y su voracidad. Descalifiquen todos, porque se creen dueños de una verdad que supone acallar argumentos utilizando puras falacias. Deshumanicen. Así hacemos ostentación del Australopithecus que está latente en nuestros genes.

Dado este escenario de confrontaciones tan interesadas en salvar el propio ombligo y, sobre todo, el propio prejuicio, es muy probable que sean muy poquitos los que de verdad estén pensando en el padecimiento de la gran mayoría de la población de Venezuela, que lleva décadas desangrándose y dando una pelea legítima por pan y por libertad contra una dictadura implacable, cuyas armas solo han sido empuñadas contra su propio pueblo. Un sufrido pueblo que no debe bajar los brazos.

Y todo esto, ante nuestra mirada indolente y nuestros impulsos tironeados desde preconceptos arraigados y esquemas ideológicos perimidos que solo vienen sirviendo de pretexto para que los tiranosaurios de turno, no importa el color de sus capas, desplieguen sus fantasías señoriales y populistas, y anuncien, a los cuatro vientos, sus delirios de grandeza.

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“Uruguay rechaza, como siempre lo ha hecho, la intervención militar de un país en territorio de otro y reafirma la importancia de respetar el Derecho Internacional y la Carta de las Naciones Unidas”, indica el comunicado emitido por el Ministerio de Relaciones Exteriores.

El comunicado emitido este sábado 3 por la Cancillería indica que “el Gobierno de la República Oriental del Uruguay está siguiendo con atención y seria preocupación, los acontecimientos que desde las últimas horas se vienen reportando desde Venezuela”, que incluyen “ataques aéreos de los Estados Unidos contra instalaciones militares e infraestructura civil venezolana”.

“Uruguay rechaza, como siempre lo ha hecho, la intervención militar de un país en territorio de otro y reafirma la importancia de respetar el Derecho Internacional y la Carta de las Naciones Unidas, en particular el principio básico de que los Estados se deben abstener de recurrir a la amenaza o al uso de la fuerza contra la integridad territorial o la independencia política de cualquier Estado, o en cualquier otra forma incompatible con los Propósitos de las Naciones Unidas”, reafirma el documento.

Además, reafirma “el carácter de América Latina y el Caribe como una zona de paz y libre de armas nucleares, como ha sido la posición de consenso” en la región.

La Cancillería aseguró que mantiene “permanente contacto” con el Consulado en Caracas, capital venezolana, para el monitoreo de la situación tanto de la comunidad de compatriotas en ese país, como del cuerpo diplomático y administrativo en funciones.

“Llamamos a las autoridades de las Naciones Unidas y de la Organización de Estados Americanos a hacer uso de sus buenos oficios a fin de procurar una solución positiva ante esta difícil situación”, finaliza el comunicado.

Fuente Imagen: Presidencia de la República.

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Lacalle Herrera es miembro del grupo Iniciativa Democrática de España y las Américas (IDEA) que también integra, el ex mandatario Julio María Sanguinetti, y el ex presidente José María Aznar de España.

“Los exjefes de Estado y de Gobierno miembros de la Iniciativa Democrática de España y las Américas, enterados de la decisión adoptada por el Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela, mediante una usurpación de poder y al objeto de proclamar a Nicolás Maduro Moros como presidente electo de Venezuela; mediando el previo el ocultamiento de actas y la falta de escrutinios que debió realizar y sólo compete ejecutar de forma autónoma, transparente, y constitucional al Poder Electoral – Consejo Nacional Electoral – se hace eco de la alerta realizada por la Misión de Naciones Unidas sobre Determinación Crímenes de Lesa Humanidad: “Alertamos sobre la falta de independencia e imparcialidad del Tribunal Supremo de Justicia y del Consejo Nacional Electoral de Venezuela que han desempeñado un papel dentro de la maquinaria represiva del Estado”.

La pretendida prórroga forzosa del ejercicio de su poder por la tiranía de Maduro Moros – “la concentración del poder implica la tiranía y la opresión”, ha dicho la Corte Interamericana –hace lugar a un típico golpe de Estado contra la soberanía popular y, en el caso, contra la expresada y clara decisión de los venezolanos de elegir como presidente a Edmundo González Urrutia.

Han cedido en Venezuela, así, todos los elementos esenciales de la democracia, como lo son el acceso al poder conforme al Estado de Derecho, el respeto a los derechos humanos, las elecciones libres, justas y basadas en el sufragio universal y secreto como expresión de la soberanía del pueblo, la existencia de partidos, y la separación e independencia de los poderes públicos, a tenor de lo que dispone la Carta Democrática Interamericana.

Corresponde a los gobiernos democráticos y a la comunidad internacional en su conjunto evitar la consolidación del golpe de Estado que se sucede en Venezuela. Urgen medidas efectivas contra los responsables de los crímenes de lesa humanidad que se ejecutan en Venezuela con pérdida total de sus libertades”.

22 de agosto de 2024

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Así se expresó este jueves 22 de agosto el Presidente uruguayo Luis Lacalle Pou:

“El régimen de Maduro confirma lo que la comunidad internacional viene denunciando: el fraude.

Una dictadura que cierra todas las puertas a una vida institucional y democrática de su pueblo. No debemos callar ni cesar en defensa de la causa venezolana”.

Fuente Imagen: Comunicación Presidencial.

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Por Hugo Machín Fajardo

Cuando el Consejo Nacional Electoral (CNE) de bolsillo había escrutado el 40% de las actas constató que la victoria de Edmundo González Urrutia era irreversible y por una diferencia de 70 a 30, suspendió la transmisión de las actas electorales.

De ahí que en la noche del domingo 28 de julio el comando electoral opositor no contó con más actas electorales que los datos de ese 40%, pero ya sabía que en todos los estados venezolanos había derrotado al chavismo que lleva 25 años en el poder.

En enero lo había pronosticado Maduro:  «ganaremos por las buenas o por las malas». Lo reiteró siete días antes de ir a las urnas. Y cumplió.

El fraude ya fue sugerido en la primera hora de la jornada electoral: Maduro —quien lleva 11 años en el poder y aspira a permanecer allí hasta 2031—en un tono inusualmente apacible declaró que respetaría el resultado electoral. Ya había dispuesto la prohibición del ingreso a la sede del CNE de los tres veedores de la oposición, Delsa Solórzano, Perkins Rocha y Juan Carlos Caldera, autorizados por ley a presenciar el desarrollo de la llegada y procesamiento en el CNE de los datos de las 30.000 mesas de votación.  El CNE despojándose de su empaque de organismo electoral imparcial, se convirtió en el centro de operaciones del chavismo donde comenzaba a fraguarse la estafa que debería ajustarse, desde que al final del día votaría casi el 60% de los habilitados, cifra alta si se tiene en cuenta los más de 7 millones de venezolanos emigrados.

Parte de la trama fue la creación de una supuesta firma encuestadora (Lewis and Thompson) con una página web creada ad hoc, así como una cuenta X, que ofrecía una supuesta encuesta a boca de urna donde Maduro obtenía una ventaja de 21 puntos.

Cuatro horas después de cerrarse los centros de votación, el ministro del Interior Padrino López, comandante del ejército, en uniforme de combate, adelantó el triunfo chavista al decir que la ciudadanía «había votado contra las sanciones», y destacó que la jornada había transcurrido «en paz y sin problemas». Hay quienes entendieron este mensaje como un golpe de Estado militar imponiendo el fraude burdo.

Luego fue el presidente de la Asamblea Legislativa, Jorge Rodríguez, quien reiteró «la normalidad» de la jornada electoral y declaró que su cara sonriente expresaba el resultado, que no daba a conocer hasta que el CNE emitiera el primer boletín oficial. Después fue el dirigente socialista Diosdado Cabello —otro agente de la provocación y el odio, reconvertido milagrosamente en dulce pacifista— quien tras destacar la «normalidad» de los comicios, adelantó que «el futuro está en nuestras manos (que) el adversario no va a poder revertir el resultado». Ellos siempre supieron que había fraude.

Entonces, pasada la medianoche, el presidente del CNE Elvis Amoroso apareció con la versión de que el sistema informático del CNE había sido hackeado, lo que causó la suspensión «de la transmisión de las actas», como justificación de la tardanza en ofrecer el primer — y único boletín oficial—algo que iba en contravía de las anteriores afirmaciones de triunfo en paz de los dirigentes chavistas.

Amoroso adjudicó el carácter de «ganador» a Maduro (51,20%) y a Edmundo González Urrutia con un 44,2%;  y agregó que los otros candidatos habían obtenido un 4,6% de los votos, luego de escrutados el 80% de las actas, pese al supuesto «ataque terrorista» como después lo calificaría Maduro en su discurso «de la victoria». Nunca se mostró cómo fue la progresión de las votaciones ni cómo el CNE llegó a los números difundidos. Impresentable.

Siguiendo un libreto previsible, el fiscal de bolsillo, Tarek William Saab, acusó a los dirigentes opositores Leopoldo López, en el exilio, y a María Corina Machado del supuesto ataque al sistema informático electoral.

En la tarde del lunes 29 de julio, Machado aseguró que la coalición antichavista ya conoce el resultado del 73,33% de las actas correspondientes a la elección que aseguran el triunfo de González. «Con las actas que nos faltan, no alcanzan a Edmundo. La diferencia fue apabullante”. Según lo que surge del 73,20% de las actas, afirmó Machado, González Urrutia obtuvo 6.275.182 contra 2.759.256 votos de Maduro. La dirigente adelantó que las actas ya verificadas y digitalizadas serán publicadas en un sitio web a ser público en las próximas horas. Como «prueba de la victoria».

Machado ha convocado a «movilizaciones familiares» como manera de blindar la protesta contra la represión, combinada con llamados «a la calma».

Miles de venezolanos se manifestaron el lunes 29 en diferentes ciudades, incluyendo caceroleos, y en varias de esas concentraciones intervinieron para disolverlas cuerpos de seguridad y colectivos chavistas — grupos paramilitares— enmascarados.

La comunidad internacional reclamó que se conozcan los datos que justifiquen el resultado electoral anunciado por el CNE. Brasil pide publicar las actas de la elección, y Colombia, Argentina, Chile, solicitan verificar los resultados.

Al cierre de esta columna, el escenario venezolano es incierto. Jorge Rodríguez y Cabello han convocado a enfrentar en las calles a la movilización opositora.

En la región, Brasil, Colombia y México, cuyos presidentes son empáticos con el chavismo, guardan silencio sin que se hayan expresado a favor de reconocer el triunfo de Maduro. El también presidente izquierdista Gabriel Boric sí se pronunció: «Maduro debe entender que los resultados que publica son difíciles de creer».

El apoyo a Maduro provino hasta el momento de China, Rusia, Irán, Cuba, Nicaragua, Bolivia y Honduras. Otros presidentes y expresidentes de la región han rechazado la falta de transparencia electoral y en el caso de Costa Rica lo calificó de fraude. Varios países solicitaron reunión urgente en la OEA. Ecuador, Republica Dominicana, Guatemala, Panamá, Paraguay Perú y Uruguay,— «es una dictadura, rompe los ojos”, ha dicho Luis Lacalle Pou— han rechazado la autoproclamación de Maduro. La respuesta del dictador fue exigir el retiro de embajadores de estos países.

También Italia, mediante cancillería reclamó «conocer los resultados electorales» y España, por misma vía, pidió que «los resultados sean verificables». La Unión Europea se ha expresado en términos similares.

Vale recordar que tras las elecciones a la Asamblea Constituyente de Venezuela de 2017, la empresa encargada de procesar los votos informó que «hubo manipulación del dato de participación» de al menos un millón de electores y propuso la solución de «una auditoría [que] permitiría conocer la cantidad exacta de participación». En las elecciones de 2015, el candidato presidencial Henrique Capriles Radonski, derrotado por Maduro por un mínimo porcentaje, también denunció fraude electoral, pero no pudo presentar actas de votación como pruebas.

Aún no se conocen los informes técnicos sobre las elecciones que preparan el Centro Carter —que el lunes 29 solicitó al CNE que «publique inmediatamente todas las actas»— y la ONU, cuyo informe será privado, así como la opinión de la Unión Africana y la Comunidad del Caribe (CARICOM).

La oposición venezolana hizo lo que debía hacer para derrotar al llamado «Socialismo del Siglo XXI». Se unió en serio. Evidenció durante la campaña electoral el fracaso económico, social y en derechos humanos sufrido durante 25 años. Organizó la presencia de 80.000 testigos en las 30.000 mesas de votación. ¿Qué faltó? La razón del artillero: el ministro del Interior de Uruguay, general Manuel J. Núñez, en la noche del plebiscito del 30 de noviembre de 1980 cuando terminó el conteo del resultado de las urnas anunciando a las 22 horas la derrota de la reforma constitucional (57,2% a 42,8%), entonces impulsada por la dictadura. Faltó Fernando Matthei, comandante de la Fuerza Aérea y miembro de la Junta Militar chilena, admitiendo al ingresar a La Moneda la noche del 5 de octubre de 1988: «Parece que realmente ganó el No, al menos para mí, lo tengo bastante claro ya».

Fuente Contenido e Imagen: CADAL.

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Las situaciones de Nicaragua y Venezuela requieren el replanteamiento de cuál ha sido la dimensión internacional de los derechos humanos y la aplicación del derecho internacional humanitario en el derecho interno de cada Estado. El debate iniciado en la OEA a propósito de Nicaragua, aplica para la dictadura venezolana y, muy importante, aplica para el futuro de las democracias latinoamericanas.

Las dictaduras de Nicaragua y Venezuela han generado un hecho positivo: obligar a repensar los derechos humanos para una época globalizada. Y hacerlo en el sentido que reclamaba Norberto Bobbio: derechos que tengan un reconocimiento positivo -y no meramente declarativo- en los ordenamientos jurídicos a nivel nacional e internacional, ámbitos en los que habrán de protegerse y garantizarse para su realización efectiva.

El pasado viernes 24 de abril, el Consejo Permanente de la OEA inició la aplicación de la Carta Democrática Interamericana en contra de la dictadura de Daniel Ortega, proceso que se interrumpiría solamente si el régimen y la Alianza Cívica opositora llegan a un acuerdo político que comprenda liberación de presos políticos y la celebración de elecciones anticipadas. La fecha clave para dilucidarlo es el 26 de junio cuando se reúna la Asamblea General de cancilleres latinoamericanos en Medellín, Colombia.

Días después, desde el jueves 2 de mayo, varios países de la OEA están preparando una resolución para condenar la «injerencia» en Venezuela de los Gobiernos de Cuba, China y Rusia que respaldan al régimen de Nicolás Maduro. A nadie escapa que la intervención con diversos grados de injerencia de las superpotencias –incluido EEUU- más el régimen parásito cubano, agregan complejidad al análisis de la responsabilidad de Maduro y Ortega por su violación al Derecho internacional Humanitario (DIH).

Distintas estimaciones sitúan en más de veinte mil los cubanos diseminados en diferentes estructuras venezolanas. Específicamente, el presidente encargado de Venezuela, Juan Guaidó, se refirió el 1ro. de mayo a la existencia de unos 2.500 en tareas de inteligencia y contrainteligencia militar. Otras fuentes ubican en cien el número de asesores rusos que apoyan al régimen. El apoyo chino se visualiza, dentro de la opacidad generada por la ausencia de controles democráticos en esos vínculos, en función de intereses económicos.

Las situaciones de Nicaragua y Venezuela requieren el replanteamiento de cuál ha sido la dimensión internacional de los derechos humanos y la aplicación del derecho internacional humanitario en el derecho interno de cada Estado.

No se puede seguir exclusivamente a la expectativa de los cambiantes discursos de los cancilleres americanos y sus chicanas argumentales, como recientemente se pudo constatar en la representación mexicana tras la asunción de un nuevo Presidente en ese país.

Tabaré Vázquez llamó a los marines. A Uruguay le cabe también su cuota parte en esa pantomima. El gobierno de Tabaré Vázquez en 2006 no dudo en solicitar ayuda al Pentágono en caso de que la administración Kirchner incrementara sus hostilidades contra Uruguay, además de bloquear durante años los puentes que unen ambos países. Vázquez lo confesó cinco años después, cuando reconoció haber pedido apoyo diplomático al gobierno estadounidense presidido por George W. Bush para neutralizar la amenaza argentina.

Pero en esta segunda administración Vázquez enarbola equivocadamente el principio de la no intervención para el caso venezolano.

Tampoco es saludable para la democracia latinoamericana seguir cediendo la derecha a la administración Trump que – debe admitirse- ha hecho punta en la exigencia del retorno a la democracia en los casos de Venezuela y Nicaragua, por más que la impulsen intereses diferentes y hasta opuestos al conjunto de Estados representados en la OEA.

Se impone atender a los expertos que han dedicado años al estudio de los derechos humanos.

No es intervención. Jaime Aparicio Otero, exjefe de la misión del Centro Carter para las elecciones en Nicaragua, afirmó el pasado 24 de abril ante los miembros del Consejo Permanente de la OEA, que “defender la democracia no constituye una intervención en los asuntos internos de América Latina, sino que es un compromiso de defender los derechos humanos”.

“Cuando un Estado como el de Nicaragua se convierte en estado delincuencial es necesario intervenir, la ruptura democrática es incompatible con la convivencia democrática”, agregó Otero.

En la misma sesión Harold Rocha, presidente del Centro Nicaragüense – Americano por la Democracia, demostró que “ningún estado democrático reprime a sus ciudadanos cuando ejercen sus derechos humanos”, luego de reseñar las numerosas violaciones a los derechos humanos que tienen lugar en el país centroamericano. Lo hizo a partir de dos informes de la CIDH; otro de Amnistía Internacional, así como uno más de Human Rights Watch (HRW). “Para superar esta difícil situación los instrumentos del Sistema Interamericano de Derecho (SID), cobran especial importancia”, afirmó.

“No existe soberanía ni autodeterminación sin democracia. No existe impedimento para aplicar la Carta Democrática a Nicaragua cuando hay una ilegitimidad de origen, imposición del estado de terror, ruptura de los compromisos democráticos”, subrayó otra de las expositoras en esa instancia: Hayde Castillo Flores, ex presa política y defensora de DDHH. La experta nicaragüense también reclamó el cese de préstamos desde el FMI, BID y BM “a un régimen que está reprimiendo a su ciudadanía”.

No son Estados de Derecho. «Es bien conocido que en Nicaragua no existe el Estado de Derecho, no hay independencia de poderes. El poder judicial, el poder legislativo, el poder electoral, están todos controlados y manipulados por el dúo Ortega-Murillo», dijo en la sesión otro de los académicos invitados a exponer, el Profesor Adjunto de la Universidad George Washington, Rubén Perina.

El experto agregó que varios medios de comunicación «están bajo su control, y los que no, son acosados y perseguidos» lo que «le ha permitido a Ortega aumentar su poder personal de caudillo y así modificar la Constitución».

Desde abril de 2018 la dictadura de Ortega deja más de 320 muertos y casi 600 presos políticos.

Venezuela es un calco de lo que se verifica en Nicaragua. El pasado 30 de abril se inició una nueva fase de la oposición empeñada en el cese de la usurpación de Maduro que dé paso a lecciones libres, sin candidatos proscriptos, con supervisión internacional.

Nuevos Derechos. Por eso el debate iniciado en la OEA a propósito de Nicaragua, aplica para la dictadura venezolana y, muy importante, aplica para el futuro de las democracias latinoamericanas. Democracias como es proverbial ya de por si sacudidas por fuertes inequidades a lo que se suma la migración venezolana que supera los tres millones de desplazados hacia países limítrofes; la migración centroamericana hacia EEUU, con visos de africanizar esa región; y la corrupción escandalosa que, si bien ha derrumbado gobiernos de todo signo, no cede.

Así como los fenómenos de integración regional modifican instituciones de Derecho existentes y crea otras nuevas que responden a las necesidades que van más allá de las fronteras nacionales, también en el plano del DIH se hace necesario avanzar.

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos y Tribunales Penales Internacionales consideran que la aplicación del DIH dependerá del análisis de hechos específicos y no de invocaciones abstractas.

Hay que repasar la evolución del concepto derechos humanos para asumir que se trata de un proceso en curso.

La primera etapa de protección de los derechos humanos fue la consagración de los derechos y libertades en normas legales contra la arbitrariedad del monarca como bien señala el especialista colombiano Tomas F. Serrano. Una segunda etapa seria la incorporación de los derechos y libertades individuales a las constituciones nacionales superando la voluntad de los poderes ejecutivo y legislativo. Y una tercera etapa la constituye esta internacionalización de los derechos humano mediante tratados y convenios internacionales protegidos por organismos supranacionales que ponen a salvo esos derechos cuando las dictaduras avasallan las constituciones y a sus conciudadanos.

Fuente Imagen: Análisis Latino.

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@WernerGutierrez

“Venezuela es esencia un país productor y consumidor de maíz. La tradicional arepa, elaborada a partir de la harina de maíz blanco, es considerada nuestra expresión culinaria más autóctona y base fundamental de la alimentación del venezolano.

El maíz es para nuestra economía agrícola desde los años 70, lo que represento el café para la Venezuela del siglo XIX e inicios del siglo XX. Desde la década de los años 90, este cereal ocupaba el 33.0 % de la superficie de cultivos en el país, representando el 25 % del valor de la producción agrícola vegetal y el 11.0 % de la producción agrícola total.

Fue una época dorada para la agricultura venezolana, presenciábamos una sana competencia entre empresas nacionales e internacionales, junto al personal de universidades y centros de investigación, por incorporar los últimos adelantos tecnológicos en este cultivo. De haber continuado la tendencia registrada en el crecimiento entre 1984 – 2005, para el año 2011 se proyectaba ya hubiésemos superado el 1.0 millón de hectáreas en nuestros campos, permitiéndonos no solo el autoabastecimiento de maíz blanco que habíamos logrado desde 1998, sino también de maíz amarillo.

Al comparar la producción nacional anual promedio en el trienio 1996 – 98  con respecto al 2006 – 08 observamos que el país tuvo un crecimiento del 141.0 %, pasando de 1.2 a 2.9 millones de toneladas anuales. Este crecimiento es muy superior al registrado por otros países que figuraban entre las principales naciones productoras para el mismo período tales como China (28.5 %), USA (26.5 %), Brasil (63.4 %) y México (28.8 %). Mostramos igualmente con orgullo, para ese mismo periodo, un incremento en el rendimiento del grano por unidad de superficie del 22.0 %, muy por encima del incremento promedio mundial de 16.0 %

Entre el 2004 y 2010, pese al crecimiento demográfico, la producción nacional de maíz sostuvo un consumo aparente per cápita anual de 40.5 kilogramos. Para el 2010 el venezolano consumía 37.0 Kg de harina precocida de maíz por año, representando su primera fuente de calorías (14,5% de las calorías totales) y la segunda fuente de proteínas (10,4%).

Debido a las políticas impuestas por los gobiernos de Hugo Chávez y  Nicolás Maduro, desde el 2008 comienza a decaer la superficie sembrada, registrándose una caída en la producción interna al cierre del presente año sobre el 68.0 %, con respecto a las 2.9 millones de toneladas cosechadas en ese año. Nos han convertido intencionalmente, nuevamente en un país dependiente del mercado externo, al punto que hoy el 75 % del consumo nacional de maíz blanco, debe ser importado.

Como reza el refrán popular, se nos ha puesto cuadrada la arepa. Desde el 2013 la harina precocida de maíz desapareció de abastos y supermercados, con un índice de escasez del 80 %. Se estima que al cierre del 2017, el consumo per cápita anual descendió a 15,5 kilogramos.

Al cierre del mes de noviembre, los maiceros venezolanos ya finalizada la cosecha de lo poco sembrado, que se estima no haya superado las 250.000 hectáreas, reciben del Ministro del poder popular para la agricultura productiva y tierras, Wilmar Castro Soteldo, una trágica noticia, el “precio acordado” para el maíz blanco y amarillo húmedo fue fijado en 16 BsS el kilogramo.

En consideración de FEDEAGRO, organización que ha rechazado de manera pública y reiterativa, el continuar con la política de “precios impuestos” a sus cosechas, este monto representa el 33.3 % del ingreso requerido por los agricultores, siendo el precio solicitado para este momento 48 BsS para garantizar una “ganancia mínima al productor”.

Paralelamente el gobierno anuncia el “precio acordado” con los agroindustriales de 151 BsS para el kilogramo de harina precocida de maíz. Contradictoriamente el precio impuesto a los agricultores de 16 BsS solo constituye el 10.5 % del precio de la harina, cuando históricamente, siempre había representado alrededor del 40 %, lo cual denota el menosprecio que sienten hacia nuestros maiceros. Con la hipocresía que los caracteriza, llevarán a la ruina al agricultor venezolano, pagándole por la tonelada de maíz un precio irrisorio equivalente a 28 dólares, mientras compran el maíz importado sobre los 150 dólares.

Esta medida podría convertirse en la estocada final al sistema maicero venezolano que cumple ya una década en caída sostenida. El Chavismo – Madurismo tiene entre su trágico legado el haber desaparecido 200 años de historia de Venezuela como exportador de café. Hoy, parece sellar similar destino al maíz y la arepa venezolana. Cabe preguntarnos, se lo  permitiremos también?

Somos maíz, somos arepa, somos Venezuela. Este nutritivo cereal es parte indisoluble de nuestra cultura e idiosincrasia desde nuestros aborígenes. No podemos como sociedad ser indiferentes ante la quiebra de nuestro sector agrícola que tantas satisfacciones nos trajo en el pasado reciente, siendo capaz de alimentar a diversas generaciones de venezolanos, y haber sembrado la riqueza generada, en nuestros pueblos y caseríos, impulsando el desarrollo de la ruralidad venezolana”.

Fuente Imagen: viaorganica.org

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Maduro, en una entrevista con el canal estatal venezolano dijo que en el escenario «hipotético» de que la oposición llegara a ganar en las elecciones parlamentarias del 6 de diciembre próximo, el chavismo «no entregaría la revolución» y pasaría a gobernar con el «pueblo» y en «unión cívico militar». «Si se diera ese escenario, negado y transmutado, Venezuela entraría en una de las más turbias y conmovedoras etapas de su vida política y nosotros defenderíamos la revolución, no entregaríamos la revolución y la revolución pasaría a una nueva etapa», advirtió Maduro.

«Quien tenga oídos que entienda, el que tenga ojos que vea clara la historia, la revolución no va a ser entregada jamás». El presidente indicó que bajo ese escenario gobernaría «con el pueblo, siempre con el pueblo y en unión cívico militar» y con la Constitución en la mano echará adelante «la independencia de Venezuela, cueste lo que cueste, como sea».

Larrañaga, duro y directo, calificó estas palabras como una verdadera “amenaza contra la democracia” y prosiguió: “Para qué elecciones si no se respetarán?”.

El líder nacionalista finalizó expresando que los conceptos vertidos por el mandatario venezolano ameritan la “expulsión del Mercosur”.

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