Con sede en Santiago de Chile, la Oficina para América del Sur del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos trabaja con ocho países de la región: Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Ecuador, Paraguay, Perú y Uruguay.

De origen checo, Jarab llega a la región luego de tres años y medio a cargo de la Oficina de ONU Derechos Humanos en México. Anteriormente, a partir de 2010, fue Representante Regional de ONU Derechos Humanos para Europa.

El nuevo Representante en América del Sur se desempeñó en la Comisión Europea en Bruselas, hasta enero de 2010. Previamente, en su país, sirvió en la Oficina de Derechos Humanos de la República Checa, siendo Comisionado del Gobierno para los Derechos Humanos entre 2001 y 2004. También formó parte activa de los movimientos de derechos humanos desde la sociedad civil.

Como Representante, Jan Jarab aspira a continuar la labor de sus predecesores en la Oficina Regional, creada en 2009.

Consciente de que su arribo ocurre en momentos desafiantes para América del Sur, el nuevo Representante se traza el horizonte de potenciar los derechos humanos para ampliar los espacios democráticos en la región.

“Queremos trabajar junto a los Estados y la sociedad civil para aprender las lecciones que nos deja el escenario actual; y poder superarlo con más y mejor protección de los derechos humanos para todas las personas, sin discriminación”, afirmó.

Más información: https://acnudh.org/la-oficina/

Fuente Imagen: bbc.com

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“Después comenzaron los allanamientos a mi casa buscando a mi padre, que pasó a vivir en la clandestinidad durante 32 meses”, relata Viviana. La madrugada del 12 de mayo de 1976 su padre fue encontrado, torturado y detenido por agentes de la Dirección de Inteligencia Nacional (DINA).

“En ese momento comenzó una búsqueda que se extiende hasta el día de hoy”, explica Viviana, quien dedicó su vida a esclarecer lo sucedido a su padre y a los otros más de mil detenidos desaparecidos que dejó la dictadura chilena. Tres comisiones nacionales de verdad y reparación (conocidas coloquialmente como las Comisiones Rettig, Valech I y Valech II) calificaron un total de 1,110 personas como víctimas de desapariciones forzadas, de los cuales se restaron siete casos de personas clasificadas erróneamente para llegar a un total de 1,103 casos de desapariciones forzadas en Chile.

Según el artículo 2 de la Convención Internacional para la protección de todas las personas contra las desapariciones forzadas (2006), la desaparición forzada puede ser definida como el arresto, la detención, el secuestro o cualquier otra forma de privación de libertad que sea obra de agentes del Estado o cometidas por personas o grupos de personas que actúan con la autorización, el apoyo o la aquiescencia del Estado, seguida de la negativa a reconocer dicha privación de libertad o del ocultamiento de la suerte o el paradero de la persona desaparecida, sustrayéndola de la protección de la ley.

La Convención considera que la práctica generalizada o sistemática de la desaparición forzada constituye un crimen de lesa humanidad tal como está definido en el derecho internacional aplicable y entraña las consecuencias previstas por él. Además, este tratado internacional obliga a los Estados a criminalizar la desaparición forzada.

América del Sur: el camino a la verdad

La utilización sistemática de las desapariciones forzadas como mecanismo de represión y tortura estuvo ligada a las diversas dictaduras que afectaron a América del Sur entre las décadas de 1960 y 1980.

Para Ariel Dulitzky, experto del Grupo de Trabajo de las Naciones Unidas sobre Desapariciones Forzadas e Involuntarias, la región se caracterizó por ser el lugar donde ocurrieron, se desarrollaron y se perfeccionaron las prácticas de la desaparición forzada. A pesar de ello, América del Sur es en la actualidad “un espacio donde las soluciones creativas para dar respuesta al fenómeno de la desaparición forzada están en pleno proceso”.

“Hay esfuerzos muy importantes en materia de justicia en muchos países”, observa Dulitzky, al concluir su misión oficial a Chile (del 13 al 21 de agosto) junto a otra experta del Grupo de Trabajo, Jasminka Dzumhur. ¨Nosotros creemos que en materia de justicia es impresionante el avance que ha habido en Chile. Aprendimos que a pesar de que sigue vigente una ley de amnistía se puede juzgar y condenar a personas responsables de desapariciones forzadas¨.

Destacó que en toda la región ha habido avances importantes con condenas a dictadores y todo tipo de oficiales en distintos rangos. ¨Hoy hay casos abiertos en muchos países que no solamente buscan a los actores militares o de fuerzas de seguridad que estuvieron involucrados en desapariciones forzadas, sino también civiles que fueron partícipes y cómplices. Ese es un cambio muy importante”, señaló Dulitzky.

En Argentina, organizaciones de derechos humanos cifran en 30 mil los desaparecidos por la dictadura militar de ese país, a lo que se suma el robo y apropiación sistemática de 500 bebés. “En materia de desapariciones forzadas, Argentina tiene un claro liderazgo en la región, es un ejemplo de cómo hay que hacer las cosas”, dice Luciano Hazan, miembro del Comité de Naciones Unidas sobre Desapariciones Forzadas y abogado de la agrupación Abuelas de Plaza de Mayo.

A pesar del tamaño de la tragedia, “Argentina está a la vanguardia en materia de reparación a las víctimas y sus familiares, en la construcción de espacios de memoria, la búsqueda de justicia y el fin de la impunidad”, concuerda Estela de Carlotto, presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo. La ley de nulidad de las leyes de amnistía, los 600 procesados y cientos de juicios en marcha por crímenes de lesa humanidad cometidos durante la dictadura y la constante búsqueda de los bebés secuestrados por agentes militares son distintas iniciativas que hacen destacar a esta nación.

Otros avances importantes se experimentaron recientemente en Uruguay, que en marzo de 2012 realizó un acto de reconocimiento de responsabilidad estatal por el secuestro y desaparición de María Claudia García de Gelman, en cumplimiento de la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. En esa ocasión, el mismo Presidente José Mujica también afirmó su compromiso con la justicia y su voluntad de que hechos similares no vuelvan a repetirse.

Para Dulitzky, el caso de Brasil también es un claro ejemplo de los avances en la lucha contra la impunidad en la región. El 16 de mayo de este año, el gobierno brasileño instaló una Comisión Nacional de la Verdad, con el objetivo de determinar las responsabilidades sobre los crímenes de lesa humanidad cometidos durante la dictadura militar.

La Comisión tendrá dos años para emitir un informe sobre los abusos a los derechos humanos cometidos entre 1946 a 1988. Sin embargo, quienes resulten responsables de los crímenes no podrán ser juzgados, debido a una Ley de Amnistía que protege a las personas involucradas en los regímenes dictatoriales de ese país.

De los seis países con los que trabaja la Oficina Regional para América del Sur del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Perú es el único que no ha ratificado la Convención Internacional para la protección de todas las personas contra las desapariciones forzadas. Sin embargo, actualmente el Congreso peruano se encuentra trabajando en ese proceso.

El Grupo de Trabajo sobre Desapariciones Forzadas

La Asamblea General de las Naciones Unidas ha prestado especial atención al fenómeno de la desaparición forzada en muchas ocasiones. En febrero de 1980, la Comisión de Derechos Humanos decidió establecer un Grupo de Trabajo compuesto por cinco expertos independientes para examinar cuestiones relativas a las desapariciones forzadas o involuntarias de personas.

Dos de los cinco miembros del Grupo de Trabajo sobre Desapariciones Forzadas visitaron Chile entre el 13 y el 21 agosto. En sus observaciones preliminares, los expertos destacaron los avances del Estado chileno y realizaron una serie de recomendaciones.

“Creemos que Chile está todavía en deuda en [establecer] penas efectivas proporcionales a la gravedad del delito de desaparición forzada”, comenta Dulitzky. “Creemos que falta una política nacional, global y coherente por parte del Estado chileno para tratar todas las dimensiones del fenómeno de la desaparición forzada, lo que hay son los esfuerzos individuales pero no una institución clara dentro del Estado que se haga responsable por coordinar e impulsar la prevención, erradicación y sanción de las desapariciones forzadas”, agrega.

Anteriormente en América del Sur, el Grupo de Trabajo sobre Desapariciones Forzadas realizó una misión a Argentina. La visita se extendió entre el 21 y 24 de julio de 2008 y culminó con la publicación de un informe final en enero de 2009.

El rol de la sociedad civil: catalizadora del cambio

Junto a otras mujeres que sufrieron la desaparición forzada de sus familiares en Chile, Viviana Díaz creó la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos, la que presidió entre 1999 y 2003. Desde su experiencia como defensora de los derechos humanos, concuerda con el diagnóstico del Grupo de Trabajo. “La justicia es una tarea pendiente, porque la impunidad es lo peor que le puede pasar a un país. El que construye sus cimientos en base a crímenes está condenado a repetir su historia”, afirma.

La Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos realizó numerosos actos exigiendo información sobre el paradero de sus seres queridos. Viviana participó activamente de todos ellos. Llegada la democracia, la agrupación mantiene un rol activo en la búsqueda de justicia y lucha contra la impunidad. Además, se han propuesto como misión la conservación de la memoria histórica de aquella época, a través de proyectos como “Reconstruyendo Memoria”, que en 2004 fue reconocido por UNESCO como parte del Registro de la Memoria del Mundo.

En marzo de 2012, Viviana recibió el primer Premio Nacional de Derechos Humanos, entregado por el Instituto Nacional de Derechos Humanos de Chile.

“A pesar de todo el sufrimiento, creo que no fue en vano pasar la vida entera dedicada a esto”, comenta Viviana. Luego de años de lucha, en 2007 se revelaron importantes datos sobre el caso de su padre, cuyo cuerpo fue arrojado al mar luego de siete meses de torturas. Por el secuestro y homicidio de Víctor Díaz hay 74 procesados.

Pero Viviana no fue la única. Muchas mujeres alrededor de América del Sur se organizaron en torno a un doloroso objetivo en común: encontrar a sus parejas y familiares.

“El avance que hemos tenido en la lucha contra las desapariciones forzadas, en la verdad, la justicia, las reparaciones, la memoria, siempre han sido por la iniciativa, por la fuerza y el empuje de las organizaciones de la sociedad civil”, destaca Dulitzky. ¨En conjunto con los Estados, y en algunas ocasiones a pesar de ellos, las ONG han jugado un rol fundamental en el esclarecimiento y justicia en materia de desapariciones forzadas¨, aseveró.

En Argentina, desde el secuestro de su hija embarazada de tres meses en 1977, Estela de Carlotto no ha dejado de buscar a su nieto, Guido. “Durante la dictadura se llevó a cabo un plan de robo de bebés: secuestraban y torturaban a jóvenes embarazadas, robaban a sus hijos y luego las mataban. El bebé robado era criado con otro nombre e identidad”, explica Estela.

En agosto, la agrupación anunció la recuperación del nieto 106, identificado como Pablo Gaona Miranda, quien fue secuestrado al mes de nacido y adoptado por un coronel en retiro. Como él, quedan otros 400 casos por resolver.

“No queremos ni perdón ni reconciliación, queremos verdad, justicia y el peso de la ley. Algunos quieren que olvidemos, nosotras decimos que jamás”, enfatiza Estela, para quien es fundamental dar a conocer la verdad de los horrores de las desapariciones forzadas de la dictadura, con el objetivo de que su utilización sistemática en la región no vuelva a repetirse.

30 de agosto de 2012.

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¨Es inconcebible que la vida sexual de una niña de 12 años de edad pueda ser utilizada para revocar sus derechos¨, dijo Amerigo Incalcaterra, Representante Regional de ACNUDH para América del Sur. ¨Esta decisión marca un precedente peligroso y discrimina a las víctimas tanto por su edad como por su género¨.

Incalcaterra señaló que la decisión del STJ viola varios tratados internacionales de derechos humanos, que Brasil ha ratificado, entre ellos la Convención sobre los Derechos del Niño (CRC), el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (ICCPR) y la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer (CEDAW). Hizo hincapié en que ¨todos los tribunales tienen la obligación jurídica de interpretar y aplicar estos tratados internacionales de derechos humanos¨.

El Representante Regional se hizo eco de la condena de UNICEF-Brasil de esta decisión por poner en peligro los avances realizados en Brasil en relación con los derechos de los niños, niñas y adolescentes.

Incalcaterra exhortó a las autoridades estatales, incluidos los funcionarios judiciales, a darle prioridad al interés superior del niño en la toma de decisiones y recordó a los Estados su obligación de proteger a los niños y niñas de todas las formas de violencia, incluido el abuso sexual.[1]

Los instrumentos internacionales de derechos humanos establecen claramente que la vida sexual de una mujer no debe ser tomada en cuenta al decidir el alcance de sus derechos y protecciones jurídicas, incluida la protección contra la violación.[2] Por otra parte, según la jurisprudencia internacional, en casos de abuso sexual no se debe considerar la vida sexual de la víctima con el fin de determinar la existencia de un delito, ya que este enfoque discrimina por motivos de género. [3]

Incalcaterra acogió con satisfacción la declaración formulada por la Secretaría de Derechos Humanos de Brasil, en la que la Ministra María do Rosario afirma que los derechos del niños y niñas nunca pueden ser relativos y en la que critica la sentencia del tribunal por crear impunidad para delitos tan graves. El Representante Regional también ofreció la asistencia de su Oficina al Poder Judicial en materia de estándares internacionales de derechos humanos.

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Jennifer Ross Laguna

Oficial de Prensa e Información Pública

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