Así lo ha constatado en lo últimos meses el abogado Pablo Monsuárez, uno de los directores del estudio Cervieri, Monsuárez & Asociados, quien recordó que en marzo próximo las autoridades comenzarán a fiscalizar el cumplimiento de la ley. “A medida que se aproxima ese mes notamos que se incrementan las consultas por este tema y también notamos una falta de información muy importante”, comentó el profesional.

La Ley18.494, denominada de “Control y Prevención de Lavados de Activos y del Financiamiento del Terrorismo”, se promulgó en 2009, pero el decreto que la reglamenta data de diciembre de 2010.

“El problema es que ese decreto no ha sido lo suficientemente difundido, por lo que la mayoría de los escribanos carece de información sobre las exigencias que establece. Tampoco cuentan con las herramientas ni con el conocimiento sobre los procedimientos que hay que seguir para determinar si una persona tiene o no antecedentes negativos en materia de lavado de activos o financiación de terrorismo, o para determinar el origen lícito o ilícito de los fondos utilizados en una operación”, explicó Monsuárez.

En muchos casos, señaló el abogado, tampoco se conocen las sanciones previstas ante el incumplimiento de la reglamentación, que van desde multas en Unidades Indexadas (UI) -que pueden superar los US$ 2 millones-, hasta la posibilidad de perder el título profesional. También, en casos extremos, los escribanos podrían ser enjuiciados penalmente.

Para solucionar esta situación que enfrentan los escribanos, el estudio Cervieri, Monsuárez & Asociados cuenta con un área -a cargo del abogado Diego Berro, quien posee una amplia experiencia en temas de prevención de lavado de activos-, y con una base de datos mundial, reconocida y confiable, en la que se pueden chequear múltiples aspectos sobre los antecedentes de las partes involucradas en las transacciones.

“El escribano nos remite los datos de las personas a investigar, nosotros estudiamos sus antecedentes utilizando diferentes fuentes de información y luego le remitimos un informe detallado y completo que le permitirá al profesional cumplir con la obligación que le impuso la ley”, indicó Monsuárez.

Asimismo, Monsuárez comentó que el estudio que dirige cuenta con una “amplia experiencia” en la realización de informes sobre lavado de activos, ya que desde hace años ofrece este tipo de servicios a las empresas del exterior que evalúan realizar negocios con firmas locales.

Por consultas y/o asesoramiento, los interesados pueden contactarse al teléfono 29019990 o enviar un mail a: cervierimonsuarez@cmlawyers.com.uy .

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Desde hacía años, la tradicional cadena de alfajores tenía interés en desembarcar en Uruguay, pero un prolongado diferendo legal lo impedía.

La historia comienza hace más de 20 años, cuando una firma local registró la marca “Habana” en Uruguay, en la categoría de repostería y pastelería. En ese entonces, Havanna solicitó ala Justiciaque anulara la marca “Habana”. En principio se le dio la razón, pero luego la empresa uruguaya recurrió al Tribunal de lo Contencioso y Administrativo y logró revocar la anulación.

“Esta situación llevó a que Havanna no pudiera instalarse en el país y tampoco comercializar sus productos”, señaló la abogada Virginia Cervieri, una de las socias del estudio que posibilitó que se destrabara el diferendo.

La experta explicó que “aunque las marcas se escriben de distinta manera, se pronuncian igual y se encuentran registradas dentro del mismo rubro, por lo cual es legítimo que una se pueda oponer el uso de la otra”.

Luego de dos años de trabajo, entre el estudio Cervieri, Monsuárez & Asociados, Havanna, la propietaria de la marca “Habana” y la empresa que comercializa los productos Havanna en Uruguay, se logró que se llegara a un acuerdo.

Otro de los socios del estudio, Pablo Monsuárez, destacó la estrategia utilizada para destrabar la situación. “Más que asesorar exclusivamente en lo jurídico, trabajamos con perfil comercial, generando un espacio para que las partes conversen y limen asperezas. Esto responde a una concepción moderna de un estudio de abogados, que no sólo se limita a la rigidez de la norma, sino que apela a la innovación y a la creatividad”, indicó.

En tanto, Cervieri resaltó que “la legislación uruguaya, a diferencia de otros países, no obliga a utilizar la marca luego de registrarla, lo que muchas veces genera problemas. Uno puede seguir renovando el registro de la firma cada 10 años y, al incrementarse el número de marcas registradas, aumentan también las posibilidades de conflictos”.

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