La iniciativa, articulada por el BCU y ejecutada por instituciones de intermediación financiera y empresas administradoras de crédito, otorgó soluciones crediticias a 204.326 personas.

El 15 de noviembre finalizó el Programa Voluntario de Reestructuración de Deudas, articulado por el Banco Central del Uruguay y la Unidad Defensa del Consumidor del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), y originado a partir de una iniciativa privada de instituciones de intermediación financiera y empresas administradoras de crédito.

El informe técnico presentado difunde que 545.456 personas ingresaron a la web  www.soluciondeuda.com.uy entre el 9 de julio y el 15 de noviembre, tiempo en que estuvo vigente el programa, para consultar su situación. De esas, 278.409 cumplían con las condiciones requeridas, informó el BCU en su página oficial.

Entre los datos, se incluye que 282.182 deudas fueron reestructuradas o canceladas, por lo que la cantidad de personas que encontraron soluciones a su estado crediticio fue 204.326, gracias a condiciones excepcionales: en una primera etapa, la remisión de las deudas de capital menores a 5.000 pesos y, en una segunda, el ofrecimiento de reestructuración de deudas de capital de entre 5.000 y hasta 100.000 pesos por institución, sin exigir el pago de multas e intereses, a tasa 0% y hasta en 48 cuotas mensuales.

Del total de personas que encontraron una solución, 117.617 cancelaron las deudas automáticamente, de acuerdo con los criterios del programa, al tiempo que 95.406 reestructuraron. Un detalle mencionado es que hay casos de personas con deudas que, al tiempo que reestructuraron, también accedieron a remisiones. En términos de cantidad de operaciones: 123.863 fueron canceladas y 158.319 reestructuradas.

El informe agrega que el 70% de los acuerdos de reestructura deberían quedar saldados en menos de un año, siempre y cuando los deudores cumplan con el pago de las cuotas en fecha.

Una solución

El programa permitió que todos los participantes accedieran a las mismas condiciones y beneficios, con independencia de la institución acreedora. A su vez, logró el objetivo de contemplar la situación de miles de uruguayos que durante años buscaron una solución a su endeudamiento moroso, resaltó el presidente del BCU, Washington Ribeiro, en el comunicado.

Educación financiera

Añadió que la institución procura el desarrollo de la educación financiera, como una herramienta para mejorar las decisiones de quien tome créditos y concientizar sobre la importancia del comportamiento en el mercado crediticio, así como de la categoría en la Central de Riesgos.

En ese sentido, un convenio firmado con la Administración Nacional de Educación Pública (ANEP) posibilitará un mayor alcance para llegar a personas de temprana edad e incluir la educación financiera en los currículos.

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Este artículo examina las características generales del mencionado proyecto de ley, así como también sus implicancias, tanto para los deudores como para las instituciones que ofrecen productos financieros; estamos hablando de créditos, préstamos y tarjetas.

El contexto de un proyecto de ley necesario

El derrotero de este proyecto de ley tiene sus inicios en el año 2020, cuando los integrantes de Cabildo Abierto, liderados por Guido Manini Ríos, advertían que era necesario hacer algo para mitigar lo que ellos denominan «muerte civil», un mal que padecen cientos de miles de uruguayos cuyo perfil crediticio negativo impide que puedan acceder a servicios de primera necesidad, como lo son el acceso a una garantía de alquiler o a un crédito al cual recurrir ante una situación de emergencia.

“… [los deudores] sufren una especie de muerte civil, ya que ni siquiera pueden arrendar un bien o encontrar trabajo debido a su inscripción en el clearing o en el registro de deudores categorizados por el Banco Central del Uruguay” — Guido Manini Ríos.

La amplia variedad de ofertas y la aparente facilidad para obtener préstamos en el mercado crediticio local contribuyen a aumentar la demanda de estos productos financieros.

Desde tarjeas de crédito emitidas en conjunto por instituciones bancarias, empresas financieras y grandes cadenas de supermercado, pasando por préstamos personales de todo «tipo y color», modelan propuestas de crédito que son omnipresentes, saturando todos los medios de comunicación.

Para coronar este «caldo de cultivo», los prestamistas se encuentran amparados por el Banco Central del Uruguay para aplicar tasas de interés que pueden llegar a un 157% en créditos al consumo sin autorización de descuento; una variable que puede influir en el escenario actual de endeudamiento en que se encuentran muchos ciudadanos uruguayos.

Es en este contexto, después de que el proyecto de reestructuración de deudas fuera propuesto hace 2 años, que la Comisión de Constitución y Legislación del Senado lo aprobó, lo que significa que ahora puede ser votado en el plenario de la cámara alta.

Los grupos objetivos de los prestamistas

El universo, conformado por todos los ciudadanos uruguayos, es el grupo objetivo de las entidades financieras. Luego, como si de un diagrama de Veen se tratase, cada empresa, banco y Cooperativa de Ahorro y Crédito, va agrupando a su público objetivo para afinar su estrategia de marketing.

Las cooperativas suelen nuclear a personas que comparten ciertas características, por ejemplo: que pertenecen a un mismo sector laboral.

Los bancos buscan clientes cuyo perfil crediticio les permita mitigar el riesgo de perder dinero cuando otorga un crédito hipotecario, automotor o empresarial.

Luego están las empresas financieras que compiten entre ellas para llegar a un público que tiene necesidades de consumo básicas, como ser: comprar alimentos, pagar el material de estudio de sus hijos, o adquirir medicamentos.

El nicho de los deudores

Sin embargo, hay un grupo de personas que podría pensarse queda excluido automáticamente de todo este universo: estamos hablando de los deudores que tienen un registro negativo en un banco de morosos, como lo son la base de datos del Clearing de Informes, InfoCred o LIDECO.

Pero, aún las personas cuya categoría de deudor en el BCU las marca —como si de una letra escarlata se tratase—, con la categoría de irrecuperables (C5), siguen siendo un grupo atractivo para algunas entidades financieras que se dedican específicamente a otorgar préstamos incluso si están en el Clearing, o tienen un historial crediticio negativo.

Éste último grupo de personas es quizás el más vulnerable. En un país en donde no hay educación financiera, salvo en las carreras terciarias relacionadas específicamente con temas como las finanzas y la economía; la promesa de «préstamos limpia deudas» es el escenario ideal para entrar en lo que popularmente se conoce como «la calesita»: sacar un préstamo para pagar otro préstamo.

¿Qué propone el proyecto de ley de reestructuración de deuda?

El cometido principal del proyecto de ley es el desarrollo e implementación de un procedimiento judicial que permita atender las solicitudes de los deudores. Similar, en algunos aspectos, al mecanismo utilizado en la actualidad por las personas jurídicas para refinanciar sus deudas con los acreedores.

A través del procedimiento judicial se deberá examinar la conducta del individuo considerando sus acciones, con el fin de determinar si actuó de buena fe, y de esta forma diferenciarlos de los deudores cuyo sobreendeudamiento se deba a un acto intencionado.

El equipo del Estudio Ferrere publicó en el blog de su sitio web , un artículo en donde enumeran las modificaciones centrales de la propuesta impulsada por Cabildo Abierto, y apoyada por el Partido Nacional, el Partido Colorado y el Frente Amplio.

Entre las modificaciones que se mencionan se encuentran los requisitos establecidos para iniciar ejecuciones judiciales y la reducción del período de generación de intereses moratorios en préstamos que sean menores a 20.000 Unidades Indexadas.

Por otro lado, se ven reducidos los porcentajes máximos de retención para pagos, y se elimina las primas de contratos de seguros, entre otros cambios que propone el proyecto de reestructuración de deudas de personas físicas.

El rol de la Unidad Defensa del Consumidor

El Área Defensa del Consumidor, cuyo cometido principal es velar por la seguridad de los consumidores, desarrolló un informe en el mes de junio de 2022, a través del cual presentaron los resultados de un análisis técnico que hicieron sobre la propuesta del proyecto de reestructuración de deudas, describiendo los cambios que son necesarios llevar adelante para una adecuada implementación.

En ese expediente, el cual fue solicitado por la Comisión de Constitución y Legislación, se da cuenta de un mecanismo que se viene utilizando para la restructuración de deudas de los consumidores, a través del cual los usuarios disponen un medio para salir de situaciones complejas de endeudamiento, siempre y cuando tengan los ingresos suficientes para lograr un acuerdo, aspecto éste que puede mejorar de aprobarse la nueva iniciativa.

Fuente Imagen Principal: grupointercobros.com

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