Este fondo sectorial se dirige a la implementación de un programa de estímulo a la investigación, desarrollo e innovación en televisión digital interactiva. En esta oportunidad se convocará a empresas y grupos de investigación pertenecientes a instituciones públicas y privadas sin fines de lucro a presentar proyectos en esta área.

La actividad se desarrollará en la sede de la ANII (Rincón 518, piso 2) el lunes 16 de diciembre, a la hora 11.00. Al lanzamiento asistirán el director de Dinatel, Sergio De Cola, y el secretario ejecutivo de ANII, Omar Barreneche.

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El ministro de Industria Energía y Minería (MIEM), Roberto Kreimerman aseguró que este mes se reabrirá el llamado a operadores de televisión digital comercial, suspendido hasta ahora por un decreto del 23 de enero. La respuesta surge a raíz de la denuncia que la Coalición por una Comunicación Democrática (CCD) presentó ante la Institución Nacional de Derechos Humanos (INDDHH).

En la denuncia la coalición expresa su preocupación por la suspensión del llamado por tiempo indefinido y valora como una falta grave que se interrumpa este proceso histórico en la televisión nacional que permitirá incluir nuevos actores y, por lo tanto, dotar de más pluralidad y garantías al sistema de medios uruguayo.

En la respuesta a la INDDHH, Kreimerman recordó que la suspensión del llamado se hizo con el objetivo de “propender la más amplia concurrencia, garantizando la amplia participación de los postulantes interesados en presentarse al llamado”, y agrega que “está previsto reanudar el proceso en el mes en curso”.

El ministro también se refirió a la ley de Servicios de Comunicación Audiovisual (SCA), considerada necesaria por la CCD “para sustituir la actual ley de radiodifusión aprobada durante la dictadura, y que violenta estándares de libertad de expresión pluralismo y diversidad”. Kreimerman aseveró que la ley se encuentra en etapas finales de elaboración: “es intención del MIEM elevar el proyecto a consideración de la Presidencia de la República y del consejo de ministros a la brevedad a fin de que una vez aprobado sea remitido al poder legislativo”.

En su ocasión la CCD había resaltado como hecho negativo “una serie de vaivenes en torno a la política de comunicación impulsada desde el Poder Ejecutivo”. La coalición recordó que en el primer año de gobierno se estableció un Comité Técnico Consultivo para elaborar las bases de una ley SCA”, pero que, cuando el comité estaba por redactar el informe final, “el presidente de la República hizo declaraciones públicas en el sentido de desestimar este aporte”.

Otro de los vaivenes en materia de política de comunicación lo constituye el decreto del 31 de diciembre que regula la transición de la TV analógica a la digital. Este decreto (que a su vez modifica otro de mayo de 2012) establece diferencias de criterios entre los actuales operadores (canales 4, 10 y 12) y los nuevos interesados que se quieran presentar. La norma exime a los actuales operadores de pasar por concurso abierto y comparecer ante audiencia pública como sí lo tiene que hacer todo nuevos operadores; es decir, a los tres canales se le asegura la transición sin mayores requisitos ofreciéndoles un canal completo de 6 Mhz, lo cual en los hechos puede significar varias señales de televisión, dadas las posibilidades que ofrece la digitalización.

La CCD destaca que tal situación “rompe la igualdad constitucional, el principio de transparencia, genera un privilegio para tres grupos empresariales y pone en desventaja a los eventuales oferentes”. Sin embargo, Kreimerman, al responder a la Institución Nacional de Derechos Humanos defiende el decreto del 31 de diciembre y el trato diferenciado entre los actuales operadores y los nuevos. Además, relega los objetivos de diversidad y pluralismo a segundo plano, otorgando ventajas en el acceso a la oferta a los mismos operadores que han concentrado los medios hasta hoy.

Explica que, en consideración de que se parte de puntos disímiles (en un caso los operadores que tienen frecuencias hace 50 años y en otro futuros interesados sin eventualmente tanta experiencia), no se rompe el principio de igualdad; lo único que se hace es tratar “de forma diferencial a quienes no son iguales”. Cabe recordar que este trato diferencial también fue objetado por la Comisión Honoraria Asesora Independiente, designada por el propio Poder Ejecutivo para asesorarlo en esta materia.»

El Poder Ejecutivo por su parte, fue mucho más escueto en su respuesta a la Institución Nacional de Derechos Humanos que el MIEM. En un texto firmado por Homero Guerrero, secretario de la Presidencia, se repiten los argumentos esgrimidos el 23 d enero para suspender el llamado (“propender la más amplia concurrencia, garantizando la amplia participación de los postulantes interesados en presentarse al llamado”), pero no se hace ningún tipo de anuncio en cuanto a si el presidente de la República firmará o no una resolución reabriendo el proceso de concurso.

La Coalición se encuentra elaborando un documento con observaciones a las respuestas enviadas a la INDDHH por parte del MIEM y Presidencia, y recuerda, que en tanto no se abra el llamado a interesados, el transcurso del tiempo favorece a los operadores históricos, sabedores de que a partir del 26 de octubre no se podrán hacer asignaciones de frecuencias hasta un año después de cumplido el acto electoral.

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Coalición por una Comunicación Democrática

comunicaciondemocraticauy@gmail.com

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face: coalicion.comunicaciondemocratica

Reuniones: Sede APU, San José 1330

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La Institución Nacional de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo solicitó información a la Presidencia de la República y al Ministerio de Industria, Energía y Minería sobre los decretos del 31 de diciembre de 2012 (que estableció un régimen especial para que los actuales canales privados accedan directamente a frecuencias en la televisión digital) y del 23 de enero, que suspendió sin plazo el llamado a interesados en explotar el servicio de televisión digital abierta en el sector comercial.

El organismo lo hizo luego de tramitar una denuncia presentada por la Coalición por una Comunicación Democrática por la presunta violación de los estándares de diversidad, pluralismo y libertad de expresión establecidos en el Sistema Interamericano de Derechos Humanos. En la solicitud, la Institución describió la situación planteada a partir de la aprobación de los decretos aprobados entre diciembre y enero por el Poder Ejecutivo y solicitó información acerca del respeto de los derechos en juego.

En su parte dispositiva la INDDHH solicitó a la Presidencia y el MIEM: «(Informes) sobre las medidas que tiene previsto adoptar el Estado uruguayo a los efectos de cumplir estrictamente las obligaciones originadas en las normas del Derecho Internacional de los Derechos Humanos ratificadas por la República, sus estándares y principios generales, al momento de regular el tema objeto de esta denuncia», la Presidencia de la República y el MIEM tienen 10 días corridos para contestar el pedido de informes y la denuncia remitidos por la INDDHH.

La Coalición considera como un hecho muy importante que la Institución Nacional de Derechos Humanos se ocupe por primera vez de un tema clave para la democracia y la comunicación, desde un enfoque de derechos.

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El presente documento fue elaborado por las organizaciones integrantes de la Coalición por una Comunicación Democrática en base a los aportes de todos sus miembros. A los efectos de establecer una opinión sobre los distintos aspectos regulados y/o omitidos por el decreto se utilizaron las siguientes referencias:

a.  Estándares de libertad de expresión, derecho a la información, pluralismo y diversidad del Sistema Interamericano de Derechos Humanos.

b.  16 Principios para una Comunicación Democrática, elaborado por la propia CCD.

c.  Propuesta de la sociedad civil Por una Televisión Digital que respete los estándares de libertad de expresión, diversidad cultural, pluralidad y derecho a la información.

A continuación los aportes acordados por la Coalición:

I) Necesidad de aprobar en forma urgente una Ley del Servicio de Comunicación Audiovisual

La decisión del Poder Ejecutivo de iniciar por decreto la transición y despliegue de la televisión digital deja en evidencia la necesidad de aprobar con urgencia una Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual. La Coalición manifestó en su momento que los importantes derechos en juego, el advenimiento de nuevos operadores, la regulación de la concentración, las enormes carencias de la legislación nacional en materia de los derechos de las personas ante los medios de comunicación, la regulación de la publicidad, la educación para los medios y un largo etcétera, hacían indispensable avanzar en una nueva legislación integral para la política pública de comunicación.

Propuesta

Aprobar en forma urgente una Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, para consolidar algunos avances del decreto proyectado, y así integrar las enormes lagunas que existen y desarrollar los restantes principios para una comunicación democrática que el decreto por su naturaleza no puede incorporar.

Volver a convocar a la brevedad el Comité Técnico Consultivo de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual para retomar la elaboración de un proyecto de ley cuyo borrador, en base a los aportes de la Dinatel y del CTC, debe ser aportado por la propia Dinatel.

II) Aspectos del decreto proyectado a destacar:

• La Coalición quiere subrayar el avance que supone el contenido del proyecto de decreto que pretende regular la asignación de espectro para la TDT para Uruguay y la región, en virtud de que se realiza, mayormente, bajo estándares de transparencia, pluralismo, diversidad, y libertad de expresión.

• En ese sentido el decreto contempla los siguientes principios presentados oportunamente por la Coalición para una Comunicación Democrática: principio 3 (el

espectro es un bien público); principio 4 (Convivencia equitativa de tres tipos de medios de comunicación); principio 7 (Diversidad y Pluralidad); y principio 14 (asignación por concurso y prestación gratuita del servicio). (ver documento 16 Principios para una Comunicación Democrática)

• La Coalición destaca especialmente el avance que supone establecer tres sectores en la comunicación audiovisual (público, privado-comercial y social-comunitario) en equilibrio en cuanto a la cantidad de espectro asignado a cada uno de ellos.

• La Coalición aprueba y celebra el establecimiento del pago de un precio o canon por el uso de un bien público a todos los operadores de televisión, cuyo destino exclusivo será el fomento de la producción audiovisual de televisión. Se trataba de una grave omisión del Estado uruguayo que ha permitido una extracción de fondos a los ciudadanos a través de la pauta publicitaria y una acumulación de capital y de concentración de la riqueza en manos de un pequeño grupo de empresas de comunicación, a expensas del uso de un bien público. No obstante apoyar este precio o canon, la Coalición quiere llamar la atención sobre el bajo monto establecido para el pago del mismo (un 1% máximo frente a precios que oscilan entre 5% y 10% en buena parte del mundo). También advierte la necesidad de una reglamentación transparente y participativa de dicho fondo, que asegure un porcentaje de los mismos para la producción audiovisual en el sector comunitario, que por ser el más nuevo y sin fines de lucro, es el que enfrenta mayores desafíos para producir contenidos.

• Destacamos la importancia de la creación del Foro consultivo de TV digital, para la implementación y el despliegue de la TV digital abierta y gratuita, con la participación de los actores involucrados, la academia y la sociedad civil.

III) En cuanto a los procesos de asignación de frecuencias

La Coalición quiere destacar el establecimiento de procesos competitivos, transparentes, en pie de igualdad y sin obstáculos económicos, para la asignación del liberado para el uso de la televisión digital para todos aquellos nuevos operadores que aspiren hacer uso del espectro.

No obstante, la Coalición quiere señalar como un error y una violación parcial a este principio, el hecho de que los actuales operadores de la televisión privada tengan un tratamiento privilegiado y se les asigne automáticamente, nada menos que un canal múltiplex completo.

De la lectura de los artículos 10 y 11 del proyecto del decreto surgen dos procedimientos distintos para asignar canales a los interesados, según sean los actuales titulares (art. 10) o nuevos interesados (art. 11). A los actuales titulares se les podrá asignar en forma directa un canal de 6 Mhz en atención a sus “antecedentes”, simplemente aceptando las nuevas condiciones que todos deberán respetar.

En conclusión, los operadores establecidos desde hace 50 años no deberán pasar por un concurso abierto, no competirán con otras propuestas y tendrán asegurado una cantidad de señales y de servicios mucho mayor a las que hoy brindan.

Sin embargo, los nuevos interesados deberán acudir a un proceso competitivo (art. 11). Lo mismo ocurre con los canales comunitarios, que deberán pasar por un proceso competitivo similar al que están sometidas actualmente las radios comunitarias.

La coalición considera que el régimen especial destinado a los actuales canales privados es inconstitucional y violenta el principio de igualdad ante la constitución y la ley (Art. 8 de la Constitución).

Propuesta

Como ya lo advirtió la Coalición en el mes de mayo, al presentar su documento sobre la TDT, los canales que actualmente emiten en virtud de premisos precarios y revocables –pero en los hechos indefinidos-, invocando derechos adquiridos no pueden acceder directamente sino a una sola señal espejo.

Desde el punto de vista ciudadano nos preguntamos: Ahora, ¿los dueños de estos canales no tendrán que hacer una presentación de su proyecto comunicacional?

De acuerdo a la Constitución y a las leyes que regulan los procedimientos administrativos, los actuales operadores para acceder a nuevo espectro y nuevos servicios deberán pasar por el mismo concurso abierto, público y transparente que los restantes postulantes, sin perjuicio de que el pliego de la licitación les otorgue un puntaje por los antecedentes en la materia.

Como se pide en el decreto para los restantes operadores: “En el caso de interesados en utilizar un canal de 6 MHz deberán presentar propuesta explicitando cómo ocuparán todo el canal”

Finalmente, la coalición comparte la devolución de las frecuencias actuales donde operan los canales analógicos, pero propone establecer un mínimo del 60% de la transición para que ello deba producirse obligatoriamente.

IV) Plazos

La Coalición comparte el establecimiento por primera vez en la historia del país de plazos para explotar las frecuencias de televisión, pero no comparte la excesiva cantidad de años otorgados para la explotación de las mismas (15 años).

Propuesta

Consideramos además que el plazo establecido contradice los plazos de explotación considerados en la ley 18.232 de Radiodifusión Comunitaria, que con un rango superior al decreto estableció un máximo de 10 años, con opción a otros cinco años de servicio –y previa audiencia pública y rendición de cuentas-.Se establece así una situación de desigualdad entre distintos operadores de medios de comunicación. En ese sentido, el decreto debería seguir el estándar establecido en la referida ley.

V) Transferencias y arrendamiento de espacios

El artículo 8 del decreto constituye un paso adelante en materia de regulación del negocio de la cesión y arrendamientos de espacios por parte de los titulares de servicios de radiodifusión.

De acuerdo al inciso h) los titulares de servicios de radiodifusión de televisión digital comercial no podrán ceder, arrendar o transferir de ninguna manera a terceros, sea directa o indirectamente, el uso de parte de dicho espectro.

Esta disposición era absolutamente necesaria, teniendo en cuenta la historia de cesiones y enajenaciones encubiertas de espacios, ocurridas durante años en la radiodifusión nacional.

No obstante, la Coalición considera insuficiente la regulación relativa a transferencias establecida en el inciso j) del mismo artículo, que señala: las autorizaciones para brindar servicios de radiodifusión de televisión digital serán otorgadas con carácter personal, quedando prohibido todo negocio que implique, directa o indirectamente, total o parcialmente, la transferencia de la titularidad dentro de los primeros 5 años de haber sido otorgada. El Poder Ejecutivo sólo podrá considerar las solicitudes de transferencias de autorizaciones dentro de este plazo, en caso de fallecimiento de su titular. Si en cualquier momento se hiciera imposible la explotación del servicio, por razones debidas o relacionadas con los radiodifusores, caducarán las autorizaciones.

Es insuficiente la prohibición de enajenar en los primeros cinco años por varias razones: a partir del otorgamiento de las frecuencias recién comienza la transición digital, por lo que la televisión digital estará funcionando a pleno en el país en cinco o más años. Quién acceda a una frecuencia podrá preparar la entrada en funciones del medio de comunicación y venderlo llave en mano cuando se encuentre maduro el mercado. Es además, un plazo breve en relación a estándares internacionales.

Propuesta

La coalición mantiene la posición manifestada en el documento 16 Principios para una Comunicación Democrática, de no permitir las transferencias durante el primer período de concesión.

En caso de persistir en el camino de permitir las transferencias se debe establecer un plazo de explotación directa por parte del adjudicatario no menor a dos tercios del plazo total y establecer requerimientos más exigentes para autorizar la transferencia.

Se apunta además una omisión importante, en el sentido de que para asignar una frecuencia se exige concursar, presentar una propuesta comunicación al y pasar por la aprobación del CHAI, pero para autorizar una transferencia no se le exige al comprador presentar el plan comunicación al a desarrollar, ni la aprobación del CHAI.

VI) Sector comunitario

Respecto al sector comunitario, si bien la norma reserva un tercio del espectro para este tipo de iniciativas, cabe llamar la atención frente a la inexistencia de decisiones para apoyar y promover al sector comunitario, el más débil de todos.

Propuesta

Consideramos que la regulación debió incluir, entre otras cosas, la regla must carrier que obligue a los operadores privados con infraestructura y enormes niveles de concentración, a arrendar sus antenas al sector comunitario y destinar un porcentaje del canal múltiplex a transmitir una señal comunitaria.

También se propone que se permitan las alianzas en materia de infraestructura entre diversos operadores públicos de red y el sector comunitario, a fin de facilitarle a este sector el acceso a antenas.

Consideramos indispensable que el decreto establezca un fondo de promoción del sector comunitario, que deberá ser reglamentado en un plazo de 90 días.

VII) Sector público

La coalición coincide con la línea esbozada en el proyecto del decreto destinada a fortalecer al sector público televisivo, Es un acierto establecer que el sector público tendrá a disposición una cantidad de frecuencias similar a los restantes sectores.

No obstante, se apunta como una debilidad la falta de exigencias, tales como la presentación de un plan comunicacional y audiencia pública para los canales del sector público que migran al formato digital.

En ese sentido la coalición reivindica la necesidad de un sector público independiente del gobierno, dotado de transparencia y que desarrolle un plan comunicacional puesto a consideración de los organismos de participación y los ciudadanos en general. No deberían existir excepciones a la hora de exigir calidad y proyectos de comunicación diversos a los adjudicatarios de espectro.

Propuesta

Aplicar cuando se proceda otorgar una frecuencia o múltiplex a un operador público los requisitos exigidos en el Art. 8 literal e del decreto, más allá que no concursen por la asignación.

Deberán presentar como requisito información sobre el proyecto comunicacional y de negocios que se comprometen a brindar a la población de obtener la autorización indicando, entre otros aspectos: el plan de programación a desarrollar; cantidad, tipo y géneros de señales audiovisuales propias que ofrecerán; cantidad y tipo de producción audiovisual nacional y local propia; creación de empleos directos y cumplimiento de las garantías laborales; participación de productores independientes y empresas nacionales de la industria audiovisual en la cadena de producción y difusión relacionada con su servicio; y servicios conexos e interactivos que incluirán, en las condiciones establecidas en el literal b) del artículo 13 de este decreto.

En el caso de interesados en utilizar un canal de 6 MHz deberán presentar propuesta explicitando cómo ocuparán todo el canal, de conformidad con lo dispuesto en el literal g) de este artículo.

La razón es que puede llegar a haber competencia por canales públicos, y que sería deseable que los mismos no tengan modelos de producción y temáticas redundantes. Que no sean utilizados con fines proselititistas por sus impulsores. Que presenten una sustentabilidad económica, ya que se financiarían con recursos que en principio podrían tener otro destino. Que generen genuina mano de obra, y que no se limiten a grillas de repetición de producciones descontextualizadas en el tiempo o en los contenidos. Además exponerlos en una audiencia pública podría llegar a ser un respaldo importante para estos medios que no se programan en función del rating.

Aplicando también en este caso el art. 15 del decreto con excepción del literal e.

VIII) Ausencia de límites a la concentración

La Coalición quiere señalar como algo preocupante que no se hayan establecido normas anti concentración en el proyecto de decreto y por lo contrario expresamente no es de aplicación el Art. 12 del decreto 734/78; justamente en el mismo tiempo que aumenta la cuota de señales de televisión que se asigna a los canales con mayores niveles de propiedad y control sobre la televisión nacional.

Otorgar a los canales 4, 10 y 12, en forma automática, un múltiplex completo de 6 Mhz significa asignarles el uso y la explotación de entre 4 y 6 señales adicionales y los servicios nuevos que permite la norma digital (interactividad, telefonía móvil, etc).

No es novedad, pero la televisión privada en Uruguay está dominada por los “tres grandes” de la televisión (los grupos titulares de los canales 4, 10 y 12). Estos tres grupos son titulares además de un canal de televisión para abonados en Montevideo y de varios cables del interior. También controlan en forma directa los siguientes canales de TV abierta: el canal 3 de Colonia, canal 8 Rosario, Canal 7 de Pan de Azúcar, canal 11 Punta del Este y Telerocha canal 9.

Por otra parte, a través de la Red Uruguaya de Televisión (Rutsa), proveen de contenido a los restantes 16 canales de televisión abierta privados del interior del país. De este modo en forma directa o indirecta sus contenidos se emiten en el 100% de la televisión abierta privada, más en buena parte de la televisión para abonados. Los niveles de audiencia nacional que concentran son de los más altos de la región. Solo el canal VTV, básicamente en su propuesta deportiva, ha supuesto una mínima apertura a la competencia.

Propuesta

Es crucial para el futuro de la diversidad en la televisión uruguaya que exista un procedimiento transparente y con medidas específicas para prevenir que los actuales operadores dominantes no se apropien de la mayor parte del dividendo digital.

No hay que olvidar que con la actual limitación de 3 frecuencias máximo en poder de una misma persona física o empresa y 2 en una banda (Art. 12 del decreto 734/78), los actuales grupos de la televisión no podrían acceder a nuevas frecuencias, sino a una señal digital espejo, a menos que devuelvan alguna de las otras frecuencias que tienen en titularidad en la zona sur del país. Si no se aprovecha la nueva asignación de espectro digital para corregir la pre concentración de estos canales, estaremos consolidándola para el futuro.

IX) Necesidad de una regulación para la publicidad

El decreto habilita la posibilidad de multiplicar los canales de televisión abierta y gratuita, lo que tendrá como consecuencia una expansión de la pauta publicitaria privada y pública en medios audiovisuales. Sin embargo, el decreto no contiene ninguna referencia a la regulación de la publicidad.

Actualmente observamos a diario un uso abusivo de la pauta publicitaria por parte de los canales de televisión privada, y aún en algunos programas de la televisión pública, al amparo de la pobrísima legislación en materia publicitaria. Informativos que se extienden en el tiempo para dar lugar a largas tandas publicitarias, chivos, tele ventas y publicidad dentro de los programas, etcétera.

El decreto 734/78 en su Art. 29 establece algunas limitaciones de tiempo a las tandas publicitarias, pero exclusivamente en el horario de 18 horas al cierre, siendo estas parciales, ya que ni siquiera limita la publicidad que se emite como parte de los programas. Estas regulaciones fueron concebidas para un momento en que la televisión analógica tenía un menor desarrollo, donde no estaban presentes fenómenos actuales como los publirreportajes, las tele ventas, etc.

Las posibilidades que se abren con la digitalización, donde un solo operador puede contar con entre 4 y 6 señales de TV en calidad estándar, hacen imprescindible establecer reglas distintas para la publicidad, que contemplen la nueva realidad, producto del desarrollo que han tenido las comunicaciones en los últimos años y que con la digitalización se verán potenciados.

Propuesta

Establecer regulaciones claras para la emisión de publicidad, identificando las distintas formas de esta (anuncio o spot, anuncio de tele venta, programa de tele venta, publirreportaje, tele promociones, patrocinios, sobre impresiones o transparencias, anuncios de autopromoción).

Determinar claramente el tiempo máximo de publicidad por hora de emisión, por todos los conceptos.

Establecer reglas, que impidan que los mensajes publicitarios incluyan mensajes discriminatorios y que respeten los derechos de niñas y niños, en la línea de las regulaciones que ya limitan la publicidad sobre el tabaco y las bebidas alcohólicas. Estas regulaciones deberán contemplar a los tres sectores (público, privado comercial, privado comunitario) sin establecer discriminaciones entre ellos.

Se debe garantizar una real regulación de la publicidad, que establezca claramente los tiempos máximos de tandas publicitarias por hora de emisión y que evite la publicidad encubierta o como parte de los programas.

X) Diversidad, no discriminación, personas con discapacidad e infancia

El decreto de televisión digital no aborda la prevención de contenidos discriminatorios tanto en cuanto a publicidad como a contenidos en general.

En vista de los antecedentes que tienen los radiodifusores, y la gran cantidad de frecuencias que se van a asignar, el decreto debe establecer un plazo para que el Poder Ejecutivo envíe al Parlamento una legislación adecuada en materia de servicios audiovisuales y derechos de las personas.

La promoción de contenidos que promuevan la calidad de la comunicación y los derechos de las audiencias conforma una agenda de responsabilidad social que debe ser promovida por todos los actores de la comunicación.

Propuesta

La programación de los servicios previstos deberá impulsar contenidos que no promuevan o inciten tratos discriminatorios basados en la raza, etnia, sexo, orientación sexual, identidad de género, el idioma, el origen nacional o social, la posición económica, el aspecto físico, la presencia de discapacidades o todo aquello que menoscabe la dignidad y la integridad humana.

Específicamente se debe garantizar el respeto estricto de los horarios de protección a la infancia y promover la producción de programas dirigidos a niños y niñas en horarios adecuados para que puedan ser visionados por ellos.

La promoción de contenidos que respeten a nuestros niños, niñas y adolescentes no puede esperar más. Se debe garantizar el respeto estricto de los horarios de protección al menor, fijando franjas horarias de protección para niños, niñas y adolescentes, exigir la señalización y clasificación que faciliten el control parental y promover la producción de programas dirigidos a niños, niñas y adolescentes, en horarios adecuados para que puedan ser visionados por ellos. La aplicación de políticas de protección son inútiles si no se determina claramente cuál es el organismo competente para su fiscalización.

La Coalición celebra la incorporación en el artículo 15 del mismo de la obligación de incluir mecanismos de accesibilidad para personas con discapacidad. No obstante se deberían fijar plazos y cantidad de programas que deberán contar con lenguaje de señas y audio descripción y no quedarse en una definición tan vaga que dependa de la buena voluntad de los radiodifusores.

XI) Acceso a la nueva tecnología/Convergencia/Servicios conexos

La coalición quiere llamar la atención sobre la falta de referencias a las ayudas o políticas públicas del Estado para el acceso a la televisión digital, de los sectores vulnerables y/o con menores recursos, uno de los principios centrales para tener una comunicación democrática.

La Coalición quiere apuntar que el decreto de televisión digital proyectado no resuelve el problema de múltiples prestadores de Internet, asó como los servicios conexos que se pueden prestar con la televisión digital.

Propuesta

A continuación la coalición propone una serie de soluciones a los problemas de accesibilidad, neutralidad en el manejo de la red y convergencia tecnológica:

La aprobación a la brevedad de un decreto que regule el acceso subvencionado o gratuito a los set box por parte de sectores de recursos bajos y medios, que permitan la recepción de los canales digitales y la interactividad.

La URSEC, debe cumplir con su rol regulador y homologar todos aquellos Set box y receptores de TV, que se ofrezcan en plaza, garantizando que ellos sean aptos para la nueva tecnología, además de permitir la interactividad. De no contar con la homologación no deberían ser comercializados en plaza.

Se debe garantizar en el plazo más breve posible una conexión gratuita y universal a Internet, que haga posible la interactividad.

XII) Acceso a infraestructura

El artículo 19 del decreto limita a dos actores públicos la posibilidad de brindar servicios e infraestructura de transmisión a terceros que no dispongan de al tecnología, en los siguientes términos:

«Art. 19.- Autorizar a Televisión Nacional Uruguay (TNU) y a la Administración Nacional de Telecomunicaciones (ANTEL), individual o conjuntamente si así lo acuerdan, como los únicos habilitados a brindar acceso a infraestructura de transmisión a titulares de servicios de radiodifusión de televisión digital que no dispongan de ella.»

La coalición considera que otros actores públicos podrían prestar el servicio de acceso a infraestructura de transmisión, y que en todos los casos los sujetos habilitados a actuar bajo el principio de no discriminación a los actores interesados en acceder la infraestructura.

No está claro a que se refiere con «infraestructura de transmisión», pero por ejemplo si fuera antena y transmisor, la Intendencia de Montevideo por ejemplo ya cuenta por un punto de emisión privilegiado con antena ya instalada que podría compartir con los canales adyacentes que emitan desde el mismo punto.

Hay otros servicios que podrían prestar los públicos y que podrían ser considerados servicios de infraestructura como servidores (que van a quedar ociosos en calidad SD), enlaces de microondas, cámaras, etc. que podrían competir en costos sobre todo para el sector comunitario.

Hay un know how en generación de grilla, que también podría llegar a ser un servicio de infraestructura. Entendemos que esto es importante, porque si bien hay servicios que solo ANTEL puede prestar, para invertir en infraestructura en los nuevos canales públicos la misma debería justificarse mas allá del uso propio para recuperar parte de la inversión, permitiendo la actualización y el mantenimiento.

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En la mesa que abrió el evento los panelistas reflexionaron sobre Medios públicos y producción nacional. Pablo Álvarez del MEC, organismo del que dependen la Televisión Nacional de Uruguay y las radios del SODRE, se refirió a la necesidad de desplegar políticas públicas ante la oportunidad que se presenta en el proceso de digitalización de la comunicación. Remarcó en este sentido la voluntad del ministerio, y por tanto del Estado, de jugar un rol activo en este asunto que involucra a toda la sociedad, con una mirada atenta a la diversidad y calidad de los contenidos de radios y televisiones públicas. El documentalista Mario Handler, de la Coalición por una Comunicación Democrática, por Skipe desde Alemania, reivindicó el concepto de servicio público de la televisión en general y de las televisiones públicas en particular. Propuso un nuevo paradigma que colocara en el centro de las políticas de contenidos para las televisiones públicas el concepto de programa en sustitución del concepto de canal, tal como lo utiliza la televisión holandesa.  Diego Fernández, representante de la Asociación de Productores Audiovisuales del Uruguay (ASOPROD), mencionó la necesidad de pensar en una televisión pública que pertenezca al Estado y no al gobierno de turno, gestionada por un directorio autónomo  del poder político y con autonomía financiera.  Sergio Mautone, de la Sociedad Uruguaya de Actores (SUA) colocó el foco en la deuda de las televisiones públicas con la realización de ficción nacional, y la consecuencia que esto ha tenido históricamente en el insuficiente desarrollo de la industria audiovisual nacional en este terreno. María Urruzola, directora de la División Información y Comunicación de la Intendencia de Montevideo, comunicó la intención de la actual administración de realizar una profunda transformación en Tevé Ciudad que la lleve a ser un canal abierto, de acceso para todos los montevideanos y no sólo para quienes pueden pagar el cable como en el presente. Comunicó además la voluntad de dar una nueva y definitiva institucionalidad a la señal capitalina, que hasta hoy es una dependencia con organicidad indefinida dentro de la comuna.

En la mesa que se denominó ¿Es posible un Observatorio de Medios en Uruguay?,  Matías Ponce realizó la presentación de los objetivos y la metodología del proyecto “Indicadores de Desarrollo Mediático”, desarrollado por UNESCO en articulación con las Universidades que poseen carreras de comunicación en nuestro país. Paula Baleato, de la Agencia de Comunicación de Niñez y Adolescencia Voz y Vos, introdujo el enfoque de la observación crítica de los medios desde la perspectiva de defensa y promoción de los derechos de niñas, niños y adolescentes. Expuso las principales conclusiones de las investigaciones realizadas por Voz y Vos desde 2007 hasta el presente, sobre cómo los medios de prensa nacional abordan el universo de asuntos de la infancia y la adolescencia. Mariangela Giaimo de Cotidiano Mujer, se refirió, a partir de piezas publicitarias, a los estigmas que los discursos de los medios de comunicación utilizan para encerrar en ellos a los roles femenino y masculino. Fernando Gelves, del Grupo Medios y Sociedad (GMS), presentó las características del Portal InfoyCom, que monitorea diariamente los contenidos vinculados a los asuntos de la comunicación publicados en portales de información nacionales y regionales. Manuela Gumucio, directora del Observatorio de Medios FUCATEL, de Chile, presentó la experiencia chilena en este tema, y los desafíos enfrentados para ganar legitimidad en una sociedad que desde el ámbito privado planteó resistencias al accionar de la iniciativa. Los diferentes expositores plantearon durante sus presentaciones la importancia de aumentar el compromiso social en este tema, y difundir la posibilidad de construir una agenda pública propia, mediante el desarrollo de una alianza plural entre todas las organizaciones que están actualmente trabajando en diferentes formas de veedurías u observatorios de medios.

En la mesa de cierre y plato fuerte de la noche, denominada Principios para una transición digital democrática, Edison Lanza, de la Coalición, expresó que no fue casual el día elegido por la organización que representa para la realización del seminario, ya que “la llegada de la televisión digital es la gran oportunidad de construir un sistema de medios más plural y democrático y de evitar que los operadores oligopólicos neutralicen la potencialidades de este cambio”. Lanza expuso los principales tópicos que las organizaciones de la sociedad civil cree  conveniente tener en cuenta de cara a una nueva normativa de servicios audiovisuales: la reserva de espacios del espectro radioeléctrico para medios privado comerciales, públicos y comunitarios; la asignación de  frecuencias de radio y televisión por mecanismos transparentes y con control social; los límites que deben colocarse contra los monopolios y oligopolios; la necesidad de que existan autoridades con autonomía del poder político y de los gobiernos, entre otros asuntos. Manuela Gumucio, directora del Observatorio de Medios FUCATEL, de Chile, relató los pasos que se siguen en su país que no auspician un escenario muy alentador en el sentido de democratización de los medios, e hizo alusión a la paradojal circunstancia de que el propio presidente de la República de su país, Sebastián Piñera, sea dueño de un canal de televisión. Gabriel Kaplún, director de la LICCOM, precisó que a partir de ahora deben precisarse algunos términos para que todos los actores hablen en un mismo idioma. Dijo que desde ahora “hay que hablar de señales y no de canales”, ya que con la digitalización cada canal de seis megahercios equivale a seis señales con contenidos diversos. En tono crítico preguntó “¿qué se va a adjudicar?, ¿señales o canales?”. A lo que se respondió: “deberían ser señales”. Gustavo Gómez, director de la DINATEL, anunció los lineamientos que el Ministerio de Industria, dentro del cual se encuentra la dependencia que preside, piensa promover en el decreto que regulará la concesión de frecuencias digitales que se está redactando y en la nueva normativa que se enviará en el correr del presente año al Parlamento nacional. Gómez aseguró que la voluntad expresa en estas iniciativas “apuntará a ampliar la pluralidad en el sistema de medios en el Uruguay”. El jerarca afirmó que el horizonte sigue siendo el principio de televisión abierta y gratuita, con accesibilidad al cien por ciento de la población. Y para ello subrayó el papel central que cumplirá en el proceso de cambio hacia la era digital la Televisión Nacional de Uruguay.

Videos del seminario en:

http://es-es.justin.tv/comunicaciondemocratica/b/285056322

Audios completos del seminario en:

http://legislaciones.amarc.org/GMS/Coalicion/03052011-1.mp3

http://legislaciones.amarc.org/GMS/Coalicion/03052011-2.mp3

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MONTEVIDEO, 24 feb (IPS). Brasil busca que el sistema de televisión digital que desarrolla, una ampliación de la tecnología japonesa, sea adoptado por toda América Latina y para lograrlo no escatima ofertas millonarias de asistencia. Este miércoles puso a disposición de Uruguay 40 millones de dólares si deshace su pacto con la Unión Europea.

En una visita relámpago a Montevideo, el ministro de Comunicaciones de Brasil, Hélio Costa, junto a varios asesores, expuso lo que considera bondades del sistema ISDB-T (Integrated Services Digital Broadcasting – Terrestrial) al gobierno saliente de Tabaré Vázquez y al entrante de José Mujica, ambos del izquierdista Frente Amplio.

La intención de Brasilia es que Mujica, que será investido presidente el lunes 1 de marzo, revise el acuerdo con la Unión Europea, que había decidido a Vázquez a adoptar el sistema Digital Video Broadcasting – Terrestrial (DVB-T), y sumar a así a este país a Argentina, Chile, Perú, Venezuela y a otros con los que se está negociando, explicó Costa en entrevista exclusiva con IPS al término de la reunión.

Costa fue recibido por una delegación encabezada por el ministro de Industria, Raúl Sendic, y el senador Eduardo Bonomi, principal operador político de Mujica.

«Brasil ofrece hoy a Uruguay 600.000 dólares para usarlos en el campo de interactividad y en la producción de contenidos para la TV digital» y, si da el sí, cuenta ya con «más de 40 millones de dólares» para invertir en la construcción de equipos y desarrollar tecnología, afirmó el ministro, quien no ahorró críticas al sistema europeo preferido hasta ahora por Uruguay.

IPS: ¿Qué resultados obtuvo de este primer encuentro con el gobierno uruguayo?

HC: Nos ha ido muy bien. Hemos venido para proponer una participación conjunta en el desarrollo de la televisión digital en el Mercosur (Mercado Común del Sur, del que también forman parte Argentina y Paraguay).

Brasil ha adoptado el sistema ISDB-T y lo ha perfeccionado con una serie de innovaciones propias, que pueden atender por ejemplo a programas de salud pública, de seguridad, de educación y cultura.

Partiendo del original japonés, los especialistas brasileños desarrollaron un sistema de mayor amplitud de alcance y más moderno.

IPS: ¿Qué ofrece Brasil a Uruguay?

HC: Una actuación conjunta, para transferirle a Uruguay la tecnología que hemos recibido de Japón, igual a lo que hemos hecho en Argentina, Chile, Perú y Venezuela, que ya adoptaron el sistema. Y seguimos negociando con otros países.

IPS: Pero Uruguay ya eligió el sistema europeo. ¿Cree que el gobierno de Mujica revisará lo actuado por Vázquez?

HC: En Argentina había ocurrido lo mismo en el gobierno de Carlos Menem (1989-1999), que había firmado con el sistema estadounidense ATSC. Pero luego la administración de Néstor Kirchner (2003-2007), tras un estudio detallado, concluyó que la mejor tecnología era la japonesa.

Lo que pasa es que el sistema europeo que fue propuesto a Uruguay ha sido totalmente superado, ya es vetusto.

Un ejemplo de ello es que el compresor de vídeo que se usa en los sistemas europeo y estadounidense ni siquiera se fabrica más. Está tan viejo que Alemania, que es uno de los principales productores de insumos del sistema DVB, ya considera en pasarse al japonés.

Nosotros queremos la televisión digital con alta definición más pura, de largo alcance (los otros sistemas no pasan de tres o cuatro kilómetros), con transmisión móvil gratuita, conexión con teléfonos celulares también gratuita, todo lo cual la tecnología del sistema DVB no permite por depender de la línea telefónica. Tampoco se pagan regalías por esta tecnología.

IPS: ¿Por qué Brasil adopta por separado un sistema y luego negocia con sus vecinos para que le sigan? ¿No fue posible un acuerdo previo del Mercosur o más amplio de la región?

HC: Posiblemente ese fue un error. Podríamos haber trabajado mejor. Pero en Brasil sentíamos que estábamos muy atrasados en materia de televisión digital respecto del resto del mundo y por tanto no se podía esperar. Si nosotros hubiéramos encarado un proceso conjunto en la región, nos habríamos retrasado dos o tres años.

Tomamos la decisión entonces que mejor atendía la realidad geográfica de nuestro país y de América del Sur y después entendimos que era casi una obligación trasladar a los socios del Mercosur la experiencia positiva que estamos teniendo.

IPS: ¿En qué consiste la oferta?

HC: Si Uruguay decidiera mañana comenzar a trabajar con el sistema japonés-brasileño, adelantaría los procedimientos, porque ya hay como un libreto sobre todo lo que se tiene que hacer, se han fijado las normas con Japón. Ahora todo es más simple.

Y, principalmente, como los japoneses nos transfirieron la tecnología, nosotros estamos dispuestos también a pasarla a los uruguayos.

IPS: Una de las críticas que motivó la elección del sistema ISDB-T fue que, aunque permitiera el desarrollo de tecnología brasileña, ésta no tendría mercado externo, excepto Japón, claro.

HC: Si usted mira hoy el mapa mundial de la televisión digital verá como se ha avanzado en menos de dos años. Además de Japón, Brasil, Argentina, Chile, Perú y Venezuela, ya están a punto de sumarse Ecuador y Costa Rica y trabajamos en Sudáfrica, Mozambique, Bostwana y otras partes de África.

Lo que le interesa a Brasil no es vender equipamiento de televisión digital, lo que queremos es que la región reciba la tecnología que tenemos para que se puedan construir los equipos por ejemplo aquí en Uruguay. Que empresas brasileñas y locales se desarrollen en la región.

IPS: ¿Hay algún ejemplo al respecto?

HC: En este momento hay una empresa brasileña que ya se está instalando en Montevideo para producir transmisores para la televisión digital.

IPS: ¿La propuesta brasileña puede competir con la hecha por la Unión Europea a Uruguay, como el ofrecimiento, a cambio, de ese gran mercado para la producción de sofware local?

HC: La única cosa que la Unión Europea hizo con Uruguay, de modo real, hasta ahora fue viabilizar una donación de 700.000 dólares para que se apliquen en el proyecto de televisión digital.

En cambio Brasil ofrece hoy 600.000 dólares, ya a disposición, para utilizarlos en el campo de interactividad y en la producción de contenidos para la TV digital.

Además, hemos hecho un ofrecimiento al gobierno uruguayo de más de 40 millones de dólares, por medio del Banco Nacional de Desarrollo Económico y Social (BNDES), que también puede estar disponible inmediatamente después de que se adopte el sistema ISDB-T, para que se comience con la televisión digital.

Esa es otra de las diferencias con el sistema de los europeos, que vinieron, hicieron conferencias, y luego no aparecieron más para firmar un compromiso.

La sede para América del Sur del BNDES está en Montevideo y aquí está a disposición ese dinero para lo que necesiten las empresas del sector, producir equipos, desarrollar tecnología, etcétera.

IPS: ¿Esta avanzada también se hará en Paraguay, que aún no decidió?

HC: En Paraguay estamos trabajando ya hace algún tiempo. El presidente Fernando Lugo y su gobierno ya saben que tienen a disposición también todas las condiciones para adoptar el sistema japonés-brasileño.

Lo mismo ocurre con Bolivia. Si tenemos un solo sistema sudamericano va a ser muy importante para todos. Yo provengo de la televisión, trabajé muchos años allí, y recuerdo lo difícil que era trabajar de país a país debido a los distintos sistemas de televisión color. Había graves problemas para intercambiar producciones.

IPS: ¿Qué responde a las críticas de que con la adopción del sistema japonés se perdió una oportunidad de democratizar el acceso a los medios audiovisuales, en especial por las negociaciones en las concesiones a los grandes medios?

HC: Que, al contrario de las críticas, este sistema es el mejor para lograr la democratización de la televisión, porque tiene una mayor cantidad de canales. En el europeo hay seis megahercios de la televisión analógica y se divide sólo en tres segmentos y se necesitan dos de tres segmentos para hacer televisión de alta definición. En cambio, el ISDB-T se divide en 13.

Por esta razón, precisamente, Argentina lo adoptó. Pensó muy bien en como hacer la multiplicación de canales. (FIN/2010).

Fuente: Agencia IPS. www.ipsnoticias.net

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En los últimos meses, Argentina, Chile y Perú optaron por el sistema que Brasil adoptó hace tres años, dejando de lado el europeo y el estadounidense. Venezuela debe anunciar su adhesión en octubre, en Ecuador las  negociaciones están “avanzadas” y Bolivia y Paraguay también lo están  estudiando, explica el ministro. Uruguay y Colombia han sido los dos únicos países latinoamericanos que optaron por el  sistema europeo, como los mexicanos por el estadounidense, aunque como no fue  aún implantado.
Lo que interesa, asegura el ministro brasileño de Comunicaciones, es una escala de mercado que  garantizará precios asequibles. “Juntando esos países permitirá precios baratos  para el usuario, porque en productos electrónicos lo más importante es el  volumen” , afirmó a la  AFP  José Luis de Souza, presidente del instituto Fitec de  innovación tecnológica.
La televisión digital puede generar 4.500 millones de dólares de negocio en  los próximos tres años sólo en Brasil, que representa la mitad del mercado  suramericano, y donde la televisión  (70 millones de aparatos) y la telefonía  móvil  (164 millones de celulares) son omnipresentes, según estimados del  sector. En el país se venden 10 millones de aparatos de TV por año. Incluso con la  crisis, las ventas de TV plasma y de cristal líquido  (que ya incorporan la  tecnología) alcanzaron 1,8 millones de aparatos de enero a julio.
Según el ministro brasileño, “como en Japón, en Brasil y los países vecinos el  instrumento de popularización de la TV digital será el celular” , porque es sin  cargo de las telefónicas.  “La Copa del Mundo (de fútbol) del próximo año será la prueba de fuego”  porque “sensibiliza a todo el país y, cuando el usuario descubra que puede ver  los juegos con una imagen perfecta en su celular, lo comprará”, dice.
Para ampliar la implantación en la región, Brasil asegura que ofrece  financiamiento y tecnología para generar polos industriales regionales. Ese  negocio ya presenta una rara geografía: Brasil tiene su gran polo montador de  electro-electrónicos en Manaos, corazón de la Amazonía, y Argentina pretende  hacer lo mismo con el suyo en la gélida Tierra del Fuego.  La industria de televisores y celulares brasileña está dominada por  empresas internacionales, gran parte japonesas, que montan sus aparatos en el  país. Brasil fabrica transmisores, dispositivos para computadores y desarrolló  una tecnología de conversores de TV digital populares.

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