El Departamento de Comunicación de la Universidad Católica del Uruguay y el Centro de Archivos y Acceso a la Información Pública (CAinfo) presentaron los resultados del Índice de Transparencia Activa en Línea (ITAeL), que mide el nivel de transparencia activa de los sujetos obligados monitoreados.

Para este informe se relevaron en total 156 sitios web de organismos públicos, y “la primera lectura de los datos de este año muestra una tendencia hacia la mejora en los niveles de cumplimiento de transparencia activa”, destaca el informe.

De los resultados surge que, el total de organismos relevados cumple, en promedio, con el 50% de las obligaciones de transparencia activa que plantea el índice ITAeL. Este resultado significa un progreso de 6 puntos porcentuales respecto a los datos del informe anterior (44% de cumplimiento).

Si se observa individualmente a cada organismo, de los 156 relevados solamente un 8% exhibe un nivel alto de cumplimiento. De ellos, quienes muestran cumplimiento por encima del 90% son: LATU (100%), Banco Central del Uruguay (97%),  Plan Ceibal y Correo del Uruguay (94%) y OSE (92%).

A su vez, todos los grupos de organismos (exceptuando los Municipios, que se miden por primera vez) exhiben para este informe mejores resultados respecto a la edición del año pasado, siendo los Entes Autónomos y Servicios Descentralizados los que más aumentaron en su cumplimiento (53% a 71%). Sin embargo, el 33% de los organismos relevados publicó menos del 40% de información que se les exige legalmente.

El ITAeL se presenta ininterrumpidamente desde el año 2013, y  tiene la cualidad de medir el nivel de transparencia activa de los sujetos obligados monitoreados, pero también pretende ser un insumo para que los organismos públicos introduzcan cambios a nivel operativo o de gestión para mejorar sus resultados de transparencia activa.

Los indicadores que conforman el ITAeL tienen como objeto relevar el nivel de cumplimiento de los organismos públicos de las obligaciones en materia de transparencia activa dispuestas por la Ley N° 18.381 de Acceso a la Información Pública (LAIP) y su decreto reglamentario 232/10; así como el relevamiento de recursos dispuestos por los organismos para la interacción y participación de ciudadanos y ciudadanas a la luz de estándares internacionales como la Ley Modelo Interamericana de la OEA.

La presentación se realizó el 27 de setiembre en la Sede Central de la UCU.

Fuente Imagen: vegadelsegura.org

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La actividad contará con la presencia de Guilherme Canela (Consejero de Comunicación e Información para Mercosur y Chile – UNESCO), Roberto Saba (ex Decano de la Facultad de Derecho de la Universidad de Palermo, Argentina) y varios periodistas de nuestro medio.

La actividad buscará generar aportes a la discusión sobre la regulación de la publicidad oficial en el marco del proyecto de ley que estudia actualmente la Comisión de Constitución y Códigos de la Cámara de Representantes.

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El miércoles 3 de agosto a las 10:00 h en la Sede Central de la Universidad Católica del Uruguay se presentarán los resultados del Índice de Transparencia Activa en Línea (ITAeL) 2015, informe elaborado por el Departamento de Comunicación de la UCU y CAinfo (Centro de Archivos y Acceso a la Información Pública).

El índice mide a los ministerios, intendencias, Presidencia, Poder Legislativo, Poder Judicial, órganos de contralor, entes autónomos, servicios descentralizados, personas públicas no estatales y juntas departamentales.

En la presentación hablarán: el presidente de CAinfo Dr. Martín Prats y la decana de la Facultad de Ciencias Humanas de la UCU Mag. Mónica Arzuaga. Posteriormente los investigadores Matías Ponce y Giorgina Santangelo (por la UCU) y Javier Pérez (por CAinfo) presentarán los resultados del informe. La actividad finalizará con una discusión grupal con participantes de la reunión.

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Este proyecto se enmarca, en el plan de trabajo de la Unidad de Transparencia y Acceso a la Información Pública, creada por el Directorio de ASSE en 2016.

Se trata de una herramienta fundamental para transparentar la gestión del organismo, y facilitar el acceso a la información para toda la ciudadanía. Asimismo, será de gran utilidad para agilizar la gestión interna de ASSE.

Participarán del evento, integrantes del Directorio de ASSE, y el Director del IMPO, Gonzalo Reboledo.

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“La adjudicación de los canales de Televisión Digital anunciada esta semana puso de manifiesto errores, desprolijidades y manejo poco serio y profesional.

Nada más y nada menos que el propio Presidente de la República expresó hace algunas semanas que no se debía asignar el canal precisamente a quien se lo terminó asignando.

Lo afirmó de una forma tajante y contundente.

Pues bien, pocos días después termina yendo contra sus propias palabras.

Lo hace expresando que no había estudiado el expediente a fondo (¿para qué habló entonces?) y que la comisión asesora que actuó tenía demasiadas potestades (¿para qué se las dio entonces?).

Resulta indudable que este accionar desprolijo le causará daños al Estado, que se sumarán a situaciones similares como la de Pluna o la del litigio con un contratista de fútbol.

Son sumas nada menores por demandas judiciales que los abogados del Estado, tan denostados por el propio Presidente tantas veces, deberán enfrentar.

Muchas veces se informa que los abogados del Estado no obtienen éxitos en los Juzgados. Cabe preguntarse si es culpa de ellos o de los jerarcas que actúan de esta forma.

Más allá de estas conclusiones que nos preocupan por el daño patrimonial que causan, hay algo que también llama la atención.

Es la falta de aplicación de mecanismos que profundicen la transparencia en los procesos y llamados licitatorios.

Durante mi estadía en los Ministerios de Turismo e Industria, durante el gobierno del Dr. Batlle, aplicamos algunos instrumentos que ayudan a enfrentar los problemas que hoy tiene el gobierno.

La disyuntiva a la que se enfrenta el jerarca en una licitación o llamado es por lo general la siguiente: la oferta más atractiva en cuanto a su contenido es casi siempre la más cara.

Entonces si se adjudica a la que se considera mejor, se estará adjudicando a la de mayor valor y las sospechas arreciarán. Si se adjudica a la que es de peor calidad, se dirá que se compra lo peor.

Hay dos mecanismos para prevenir estos problemas y darle mayor transparencia a los procesos administrativos.

El primero lo aplicábamos en el Ministerio de Turismo. Consistía en fijar un determinado precio de antemano que era el que pagaría el Estado y hacer un llamado para que se provea lo solicitado dentro de ese precio.

Se adjudicaba a la mejor propuesta y todas presentaban el mismo precio. Como podía sospecharse que la adjudicación no fuera a la mejor se conformaba una Comisión de Adjudicación integrada por un técnico del Ministerio, otro de un gobierno municipal y un tercero representante de los propios oferentes (que lo elegían de una lista de reconocidos profesionales en la materia).

Las propuestas además se entregaban sin identificar al oferente (con el sistema de doble sobre). La Comisión trabajaba tranquilamente e informaba de la propuesta ganadora en un acto público en el que se abría el segundo sobre y se conocía el nombre del triunfador.

La consecuencia de esto fue que se presentaban muchos más oferentes y que no existían reclamos posteriores.

Cuantos problemas nos podríamos haber evitado si esto se hubiera hecho así en la Televisión Digital en lugar de que se metieran el Presidente, el Ministro, el Director de la OPP, el asesor Presidencial y hasta la Presidente del Frente Amplio en el momento de adjudicar un canal y quitárselo a quien se había anunciado sería el ganador.

El otro sistema se aplicó, a sugerencia del entonces Ministro de Obras Públicas, Ing. Lucio Cáceres, en la exitosa y transparente concesión del Aeropuerto de Carrasco.

Durante meses se trabajó en estimar el monto de la inversión a hacer, las obras a realizar, y las garantías que se debían otorgar.

Luego se hizo un “data room” donde los posibles proponentes examinaron la información, hicieron preguntas y aportes. A partir de ello se hizo un llamado donde se calificó a las empresas que tenían el respaldo financiero para realizar la obra.

Finalmente se hizo un remate público. En él, quien más ofreció en la subasta resultó el adjudicatario de la concesión.

Obviamente que el perdedor no podía objetar nada puesto que el ganador había ofertado más.

Claro que en esos casos hay que ser cuidadoso al estudiar las garantías y los avales. Como se hizo en el caso del Aeropuerto y de la Terminal del Puerto de Montevideo, pero lamentablemente no en el de Pluna.

En definitiva agregar mecanismos de transparencia como la participación de los propios proponentes designando entre todos un integrante del proceso que les dé todas las garantías o haciendo remates públicos es lo que evita mayores problemas.

También ayuda permanecer callados durante el proceso y evitar las injerencias políticas.

De lo contrario corremos el riesgo de tener que llamar a los abogados para que traten de minimizar las consecuencias para el Estado los errores que se cometen.

Es que, a veces, no nos damos cuenta que la transparencia y el control nos protege a todos.

Incluso, a los que están en el Gobierno”.

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“Es un documento que hemos elaborado con todos nuestro técnicos, un texto sencillo y claro de compromiso de gestión transparente de Montevideo”, expresó Castillo en un colmado Club Defensor Sporting y en el marco del primer acto masivo de cara a las elecciones municipales del 9 de mayo, donde fue el único orador.

Afirmó que “se trata de un aporte importante que puede quedar de toda esta campaña y de la lucha que vamos a dar por un Montevideo transparente”.

“Responsabilidad, eficiencia y transparencia es lo que vamos a ofrecerles a todos los montevideanos” en caso de resultar electos intendentes, afirmó Castillo, recogiendo el aplauso efusivo de las presentes.

El candidato a la Intendencia de Montevideo, reflexionó que la transparencia “no tiene color político” y agregó “vamos a hacer una gestión responsable y un gobierno eficiente”.

Castillo enfatizó en la necesidad de brindarle respuestas a la población “mediante la concreción de obras” y mejorando los servicios que actualmente brinda el municipio de Montevideo. En este sentido el postulante a la comuna preguntó “que ha hecho la intendencia de Montevideo con cada pesito que hemos pagado para tener una ciudad mejor”.

El postulante del Partido Colorado, citó como ejemplo la capital chilena, Santiago de Chile,  donde “trimestralmente el gobierno brinda cuentas a la población sobre lo que hizo, como lo hizo y por qué no realizó las obras prometidas”.

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