Se suman así al numeroso grupo de ciudadanos, ciudadanas y habitantes de nuestro país que han firmado la petición y manifiestan su voluntad de que se rescinda el acuerdo suscripto en noviembre de 2017 por el Poder Ejecutivo y la empresa UPM para la instalación de una nueva planta de celulosa sobre el Río Negro.

Las instituciones firmantes coincidimos en que ese acuerdo es perjudicial para el Uruguay, en tanto compromete aspectos económicos, ambientales, jurídicos, sociales y culturales que resultan vitales para la sociedad uruguaya.

En particular destacamos la absoluta ausencia de contrapartidas, a cargo de UPM, para las cuantiosas inversiones que realizará el País por concepto de obras de infraestructura, así como el riesgo ambiental que crearía la planta para el Río Negro, y la inequidad que implican las condiciones económicas, las exoneraciones tributarias y el régimen de zona franca concedidos a UPM y a sus empresas colaterales.

Desde el punto de vista ciudadano, resultan además inadmisibles el régimen de secreto en que fue negociado el acuerdo con UPM y el desborde de sus competencias constitucionales en que ha incurrido el Poder Ejecutivo al suscribirlo.

UPM2 NO

Un Sólo Uruguay

Movimiento Uruguay Sustentable (MOVUS).

Asociación Cívica del Río Negro.

Asociación Civil Ambientalista de Salto (ACAS).

Asociación Rural de Tacuarembó.

Casa de Filosofía.

Cazadores de Mosquitos.

Colectivo de Radio La Kandela – Tacuarembó.

Colectivo Ecofeminista Dafnias.

Cotidiano Mujer.

Ecofeminismo Río Negro.

Grupo Guayubirá.

JULANA (Jugando con la Naturaleza).

Maldonado por la Tierra y el Agua.

Mesa Nacional de Colonos.

Mburucuyá ONG Dolores, Soriano.

Paysandú Libre de Fracking.

Paysandú Nuestro.

Rivera por la Vida Sustentable y el Agua.

Tacuarembó Por El Medio Ambiente.

Fuente Imagen: tardaguila.com.uy 

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Así se expidió UPM el martes 7 de agosto.

En relación a la reciente discusión sobre el contrato firmado entre el gobierno Uruguayo y UPM para la eventual inversión finlandesa en una segunda planta de celulosa, Un Solo Uruguay aclara que el movimiento bajo ningún modo se opone a la generación de empleo, a la inversión y al desarrollo del interior del país, sino que considera que el contrato que brinda una parte del gobierno a una sola empresa extranjera no presenta igualdad de condiciones con respecto al resto de los sectores y es desfavorable para nuestra economía.

El contrato que le ofrece el gobierno a este emprendimiento es inconstitucional, esa razón ya es más que suficiente para reclamar que el mismo no se lleve a cabo, la constitución de nuestro país expresa claramente que Uruguay puede celebrar acuerdos comerciales de diferentes clases, pero para esto establece como mecanismo que los mismos sean aprobados o no por el Poder Legislativo (Artículo 85, inciso 7). Este proceso se ha dado de forma confidencial y únicamente ha sido manejado por un sector del Poder Ejecutivo. Ni siquiera debería titularse “contrato” ya que sólo Uruguay se compromete a realizar cuantiosas inversiones, cercanas a los 2 mil millones de dólares, para que luego de realizadas las mismas la empresa resuelva si sigue adelante o no.

La expropiación de más de 600 padrones, la construcción de una nueva vía férrea, el dragado del puerto de Montevideo, la construcción de un viaducto, otorgar Zona Franca al emprendimiento industrial, la compra por parte de UTE del excedente de energía que genere la misma a un precio ya fijado y por 20 años, el comprometerse a que el río Negro correrá siempre, etc., son algunas de las razones que cómo Uruguayos nos llevan a oponernos y a pedir explicaciones al Poder Ejecutivo.

Desde el surgimiento del movimiento, se ha pedido que se atienda la situación crítica que está viviendo el sector productivo, comercial y de servicios, sobre todo en el interior del país, y no se ha logrado generar una discusión sostenible que permita hacer reconocer por parte del gobierno la crítica situación que se vive.

Por último, el movimiento confirma que el 24 de agosto presentará en torre ejecutiva, junto con otros grupos sociales, la primera tanda de firmas con la petición para que se rescinda el acuerdo. Esta sinergia surge a partir de que existen diversos actores que consideran que el contrato impactará de forma desfavorable, en la pérdida de soberanía, desde la perspectiva económica como a nivel ambiental”.

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