Mientras aquí se trata con presencia de ministros y legisladores la posibilidad de mantener la extracción de oro en la zona de Minas de Corrales (Rivera), la empresa Orosur, que no ha participado de esas instancias, informa en Canadá a sus accionistas que ha finalizado en julio sus operaciones de extracción de oro en Uruguay y que no planifica reanudarlas.

Ese cierre, hasta donde sabemos inconsulto, pone de manifiesto la hipocresia de la empresa y la debilidad de nuestro gobierno en su relación con las empresas mineras, lo que se verifica además en las exoneraciones, incluso del canon minero, que se le otorgaron en los últimos años y de las que la misma hace alarde en su documentación.

Las últimas declaraciones públicas de esta empresa, que a pesar de haber extraído de nuestro territorio más de 35 toneladas de oro en casi 20 años de explotación entró en concurso de acreedores el 14 de junio, hablaban de la necesidad de financiamiento externo y de la aprobación de un estudio ambiental.

Una rápida revisión en la web de la Dinama no muestra ningún estudio presentado por esta empresa desde diciembre del año pasado cuando presentó el estudio realizado para ella por la empresa Sigmaplus S.A. para la ampliación de su represa de relaves.(2)

Esta es la segunda represa de relaves donde se depositan los desechos cianurados del proceso de extracción de oro, sobre los que nunca se exigió su neutralización, proceso que es obligatorio en las minas modernas.

Así ahora, aunque tarde, es la última oportunidad de exigirle a esa empresa que neutralice y elimine el cianuro de sus desechos que cubren más de 120 hectáreas y que de otra manera serán otro costo más para nuestro país de una explotación que en sus casi 20 años solo pagó los sueldos de su personal sin dejar prácticamente ninguna otra ganancia al país.

Uruguay Libre de Megaminería.

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De acuerdo con información de los registros de Aduana, Schuepbach importó unas 168 toneladas de productos que, dependiendo de sus condiciones de uso y destino final, pueden tener efectos nocivos sobre el medio ambiente.

Solicitamos a la Dinama información sobre las características de los productos y sus efectos sobre el medio ambiente; el destino, las condiciones de uso y el lugar de su disposición final luego de haber sido utilizados.

La semana pasada, recibimos una respuesta de la Dinama y, en el día de hoy, hemos entregado a ese organismo una nota y un informe técnico exponiendo las razones por las cuales consideramos insuficiente esa respuesta.

El informe de la Dinama califica como «peligroso» o «no peligroso» un pequeño grupo de los productos químicos, sin dar la definición técnica y química de cada producto, que es lo que permite conocerlos en detalle y evaluar su impacto.

La Dinama califica de «no peligroso» a un producto cuando la información de la propia empresa describe su peligrosidad. En otro caso, el informe realiza una clasificación errónea del producto que no permite determinar su impacto.

El informe de la Dinama no explica dónde y cómo se hará la disposición final de los productos que no pueden ser liberados al medio ambiente.

Por todo ello, entendemos que se deben detener las perforaciones mientras no se brinde información más precisa y coherente con las propias pautas de la autorización ambiental y se tomen las medidas preventivas necesarias. 1° de agosto de 2017.

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Otra muestra de la calidad de la empresa que en su momento proyectaba extraer a cielo abierto el mineral de hierro del yacimiento de Valentines transformando la zona en una serie de cinco cráteres, cerros de roca molida y un lago de desechos tóxicos que destruirían definitivamente miles de hectáreas productivas.

Un emprendimiento inviable por las características del yacimiento e inapropiado para el Uruguay al implicar la devastación de un territorio poblado por pequeños y medianos productores. El previsible fracaso de este proyecto debería motivar la reflexión pública, no el silencio olvidadizo de los promotores y responsables.

Estos campos que la minera para justificarse llegó a definir como «improductivos» (1) ahora son presentados como «Buenos campos ganaderos con destacada aptitud forestal» y de «fácil acceso» por la firma rematadora que cumplirá con el decreto del Juzgado en lo Civil de 15 turno, según la ficha 2-15752-2016.

La información cuestiona afirmaciones de las autoridades que defendiendo el proyecto decían que la “productividad (de estos campos) es inferior a la media nacional” (2). La rematadora dice incluso que allí se encuentran los restos de una casa de Manuel Oribe, segundo presidente constitucional y fundador del Partido Nacional.

El remate incluye el predio arrendado por la productora Claudia Perugorría, del cual fue desalojada en julio de 2012, al estar siendo vendido a Aratirí. Fue otro paso del acoso de la minera contra Perugorría, que le había ganado un juicio por el destrozo de su campo, el predio vecino de 43 hectáreas, y no quería vendérselo.

Aunque no son todas las tierras adquiridas por Aratirí en la zona, estimadas en 9 mil hectáreas, los padrones que se rematan comprenden partes vitales del distrito minero, tales como la planta de concentración del mineral y el lago de desechos, en Durazno, junto con los cuatro cráteres del sector sur, en Florida.

Aratirí enfrenta también por incumplimiento de sus obligaciones juicios de productores de la zona e incluso de sus trabajadores. De haberse llevado a cabo ese proyecto, que solo constituía un negocio circunstancial para una firma con sede en un paraiso fiscal sin antecedentes mineros, los perjuicios habrían sido mayores.

Uruguay Libre de Megaminería

(1) https://www.aratiri.com.uy/docs/estudio-de-impacto-ambiental-y-social/Tomo%20III%20Anexos/Anexo%20H-ELB%20Geo/H.6%20Usos%20del%20suelo.pdf

(2) http://www.elobservador.com.uy/aguerre-dijo-que-aratiri-dara-mejores-ingresos-que-el-campo-n270532

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El director de la Dirección Nacional de Medio Ambiente (Dinama), Alejandro Nario, dijo que la habilitación de cuatro perforaciones solicitadas por Schuepbach en busca de hidrocarburos en Tacuarembó, Paysandú y Salto está en su fase final. «En realidad lo que están haciendo hoy es una exploración a través de un pozo que es como uno de agua termal, como cualquier otro», acotó Nario a la prensa local.

Comparar los pozos en procura de petróleo o gas con los pozos de aguas termales es una afrenta a la inteligencia de los uruguayos, solo posible por la falta de experiencia en nuestro país sobre las prácticas de la industria petrolera.

¿Qué estudios se han hecho para saber si la geomorfología no fue alterada y la estructura geológica no se ha debilitado con las perforaciones que ya fueron hechas, para asegurar que éstas serán inofensivas? Hoy se cuenta con mayor información que hace 70 años atrás, esos datos nos dicen que es muy inconveniente realizar más perforaciones y la evidencia que brindamos a la Dinama es contundente.

Técnicamente, la única semejanza entre la perforación de un pozo para abastecer las termas y de uno para explorar gas o petróleo es que, en ambos casos, se baja un trépano que va rotando para atravesar la roca hasta llegar a su objetivo. De ahí en adelante tienen diferencias significativas.

En un pozo termal no se esperan afloramientos incontrolados, el lodo de la perforación puede ser muy liviano y con una cantidad mínima de aditivos. Más aún, el potencial de contaminación de las aguas termales se puede considerar como nulo, por lo tanto la calidad de la entubación y cementación ocupan un segundo plano. Al no haber hidrocarburos, un pozo termal no registra un desbalance de presiones y pérdidas, requiriendo precauciones mínimas.

En un pozo para hidrocarburos la situación cambia radicalmente. Por lo pronto, aunque esta no sea una etapa de extracción, ya está planteado en la propuesta de Schuepbach la posibilidad del uso de explosivos.

La integridad de un pozo depende de la calidad de la entubación y cementación. Ningún pozo es perfectamente vertical, por lo tanto el escaso anillo de cemento aislante nunca es perfecto. Una falla de aislación da lugar a pérdidas de gases o petróleo que contaminarán acuíferos subterráneos o de superficie.

En los pozos petroleros la posibilidad “golpes” de gas o afloramientos descontrolados obligan a agregar al lodo de perforación aditivos con características especiales de densidad y plasticidad, muchos de los cuales no están declarados en el informe presentado por Schuepbach y por lo tanto se desconoce su composición química.

El Informe Ambiental Resumen (IAR) hecho por Schuepbach puesto a consideración del público por la Dinama careció de informaciones precisas sobre las características que tendrán realmente las actividades planteadas por el proyecto, diciendo que son perforaciones petroleras en busca solamente de hidrocarburos convencionales.

Schuepbach trasmitió en cambio a sus accionistas e inversores que procura encontrar petróleo o gas en rocas de esquisto, solo extraíbles mediante la fracturación hidráulica o ‘fracking’, ignorando las decisiones departamentales que prohíben esa tecnología por el riesgo que implica sobre los suelos y fuentes de agua de la región.

Estas evidencias que fueron suficientes para exigirle mayores explicaciones a la empresa, lo serían también para rechazar este plan de nuevas perforaciones petroleras. No son creíbles los fundamentos del proyecto de Schuepbach y no es aceptable que desde la Dinama se justifique su aceptación con analogías que no corresponden.

Si la Dinama recibió las respuestas de la empresa a informaciones adicionales que fueron planteadas desde la sociedad civil, ¿por qué no expone públicamente esas respuestas? ¿Por qué no convoca a las audiencias públicas solicitadas?

Las organizaciones sociales firmantes seguiremos defendiendo el derecho a ser escuchados con respecto a la conveniencia de proyectos que amenazan la integridad de nuestro territorio y a hacer que se respeten las decisiones departamentales que han sido adoptadas en concordancia con el sentimiento de las poblaciones locales y con las atribuciones de las leyes y la Constitución nacionales.

26 de abril de 2017.

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Martes 7 de febrero de 2017 – Hora 15

Asociación de la Prensa Uruguaya (APU), San José 1330, Montevideo.

ANTE NUEVAS PERFORACIONES PETROLÍFERAS PROYECTADAS EN LA ZONA NORTE

Ante la Puesta de Manifiesto por la Dinama del Proyecto para realizar 4 perforaciones para la exploración de hidrocarburos por la empresa Schuepbach en los departamentos de Tacuarembó, Paysandú y Salto, las organizaciones sociales movilizadas para que se prohíba el ‘fracking’ en el territorio de nuestro pais, convocamos a la prensa para atender dos actividades que realizaremos el próximo martes 7 de febrero:

1) A las 14 horas, en la sede de la Dinama, Galicia 1133, esquina Rondeau, dentro del plazo previsto por la Puesta de Manifiesto, entregaremos los comentarios técnicos y declaraciones de organizaciones sociales que expresan nuestra posición ante este proyecto, junto con la solicitud de que se convoquen Audiencias Públicas en las localidades cercanas a las perforaciones para que sea escuchada la población del lugar.

2) A las 15 horas, en la sede de la APU, San José 1330, entre Ejido y Yaguarón, representantes de estas mismas organizaciones sociales informaremos a la prensa sobre los fundamentos y el contenido de la documentación presentada en la Dinama.

Paysandú Libre de Fracking

Gensa Paysandú

Paysandú Nuestro

Ciudadanos de Salto

Ciudadanos de Tacuarembó

Uruguay Libre de Megaminería.

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El Juzgado en lo Civil de 2do. Turno a cargo del juez Alejandro Martínez de las Heras ordenó, el 22 de diciembre último, al Ministerio de Transporte y Obras Públicas (MTOP) y a la Corporación Nacional para el Desarrollo (CND) entregar, en un plazo de 15 días, las informaciones sobre los gastos efectuados por la Comisión Interministerial del Puerto de Aguas Profundas (CIPAP) en la contratación de consultoras, viajes y viáticos relacionados con ese proyecto portuario, dio a conocer el colectivo Uruguay Libre de Megaminería.

El periodista Víctor Bacchetta, en representación del movimiento Uruguay Libre de Megaminería (que promueve un plebiscito con el fin de prohibir la minería metalífera a cielo abierto en nuestro país) requirió en marzo de este año el acceso a dichas informaciones con el fin de conocer y poder analizar los gastos del gobierno relacionados con la implantación de un puerto de aguas profundas (PAP) en la zona de El Palenque, en la costa oceánica de Rocha.

Considerando que podía ser un proyecto potencialmente de gran valor para el país, los senadores votaron en forma unánime la habilitación del PAP en El Palenque, a pesar de las advertencias técnicas y de la ciudadanía sobre sus impactos ambientales, sociales y económicos. Ese proyecto tenía como único sustento económico la inversión de Aratirí, que no se encontraba aprobada y obedecía a una coyuntura especulativa excepcional que solo duró unos pocos años.

La CIPAP no solo ignoró los informes técnicos que calificaban como altamente desfavorables los impactos sobre el medio ambiente, el turismo y la calidad de vida en la zona – y que indicaban la necesidad de estudios físicos reales para tomar una decisión de esa envergadura – sino que también pasó por alto las evaluaciones que indicaban la inviabilidad económica del proyecto por carecer del potencial de cargas requerido, inclusive con el hierro de Aratirí.

Mientras que la Presidencia de la República entregó en abril las informaciones existentes en sus registros, el MTOP y la CND se negaron a hacerlo alegando que un contrato firmado entre ambos le asignó carácter “confidencial”. La pretensión de estos organismos de actuar como juez y parte de sus actos configura una evidente arbitrariedad y obligó a realizar una acción ante la Justicia al amparo de la Ley 18.381 que regula el derecho de acceso a la información pública.

En la audiencia del 21 de diciembre, donde los demandados ratificaron su negativa, la CND alegó que el solicitante carecía de un “interés directo, personal y legítimo” para requerir la información. El artículo 3o. de la ley 18.381 establece que “El acceso a la información pública es un derecho de todas las personas, sin discriminación por razón de nacionalidad o carácter del solicitante, y que se ejerce sin necesidad de justificar las razones por las que se solicita la información”.

Públicamente se había informado que la CIPAP dispondría de 700.000 dólares estadounidenses para los estudios que pretendía realizar. La copia del contrato entre el MTOP y la CND presentada en la audiencia judicial permitió saber que el presidente José Mujica elevó esos recursos en 2013 hasta 2 millones de dólares. Los estudios técnicos realizados por científicos uruguayos para la CIPAP insumieron en total unos 120.000 dólares. ¿Adónde fue a parar el resto?

La decisión del juez Martínez de las Heras obliga al MTOP y la CND a entregar las informaciones, aunque aún puede haber una apelación del fallo y esto solo se sabrá después de la feria judicial. Es un derecho básico de los ciudadanos conocer el uso de los dineros públicos, estén bien o mal utilizados. Esperamos que sea posible despejar para todos esa interrogante”.

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Tras el nuevo fracaso de la firma de un contrato de inversión con Aratirí, por la imposibilidad de la minera de cumplir con las condiciones básicas para concederle la explotación del hierro de Valentines, el gobierno nacional mantiene la expectativa en estos proyectos que implican, sin mínimas contrapartidas, altísimos riesgos para la integridad del territorio nacional.

“Si no está la autorización ambiental no se firma ningún contrato. La Ley de Minería de Gran Porte es clara en ese sentido: tiene que estar la autorización”, dijo la ministra de Industria, Carolina Cosse. Sin embargo, informaciones de la prensa revelaron que el Poder Ejecutivo admitió hasta último momento la posibilidad de eludir ese requisito para firmar el contrato con Aratirí y no era el único aspecto legal pendiente para concederle a la minera la explotación solicitada.

Como proyecto de minería de gran porte, la empresa debe fijar la fecha y los plazos para el inicio y la realización de la actividad extractiva, presentar un plan de negocio viable y, como garantía del cumplimiento del contrato, efectuar un depósito del 5% de la inversión comprometida, unos 150 millones de dólares estadounidenses, si nos atenemos a los anuncios de Aratirí.

El gobierno nacional no ha querido admitir que el proyecto de Aratirí es inviable económicamente porque fue concebido para una coyuntura de alza excepcional del precio del hierro que ya pasó.

Desde hace más de un año, Aratirí no paga la servidumbre minera o el canon a los propietarios de los campos afectados por sus actividades. Ahora se suma el conflicto porque no cumple tampoco con el pago del despido a un personal que mantuvo casi cuatro años en el Seguro de Paro, cuando el plazo para los trabajadores de cualquier actividad son seis meses.

Uruguay Libre se solidariza con los trabajadores de Aratirí despedidos, que son víctimas no solo de la empresa sino también de las políticas de un gobierno que se desentiende de la generación de empleo genuino, de calidad y duradero, y la sustituye por falsas expectativas de ocupación en actividades meramente extractivas e inversiones extranjeras de carácter especulativo.

Es impensable que una empresa que prometió inversiones de miles de millones de dólares y que pretende firmar un contrato con el Estado, pero que no cumple con sus obligaciones más elementales, pueda ofrecer las mínimas garantías, y no solo económicas, necesarias para que se le conceda la explotación del yacimiento de Valentines.

Es preocupante que la ministra de Industria no haya hecho ninguna referencia a estos aspectos y no puede ser un simple olvido. En una entrevista de prensa, Cosse admitió que están evaluando la posibilidad de eximir del pago del canon a la empresa Orosur que explota el yacimiento de oro en Minas de Corrales. Sería regalar simplemente a un privado el patrimonio nacional.

La preocupación se refuerza cuando el mismo ministerio se ha resistido a cumplir con decisiones de la Justicia para transparentar a la población sus procedimientos y, acompañado por Aratirí, ha dilatado desde hace un año un fallo inapelable que le obliga a entregar esa información.

Hemos demostrado, y nadie ha rebatido hasta hoy, que el proyecto de Aratirí no es viable, no dejaría beneficios económicos al país, no generaría desarrollo y solo crearía una limitada oferta de trabajo altamente insalubre y por menos de 15 años, dejando grandes pasivos ambientales.

La reciente catástrofe de un proyecto más chico en Brasil muestra los peligros a que se expondría Uruguay. El derrame de Samarco provocó la muerte de unas 25 personas y sepultó a un poblado de 600 personas a 2,8 kilómetros del dique. El lodo mató flora y fauna en un área equivalente a medio Uruguay. En 15 días, el lodo recorrió 650 kilómetros de los ríos Piracicaba y Doce hasta llegar al Océano Atlántico, destruyendo la vida a su paso y causando la suspensión del suministro de agua potable en decenas de poblados, afectando a unas 250 mil personas.

Uruguay Libre propone prohibir la minería metalífera a cielo abierto en todo el territorio nacional por ser inapropiada para las características, las dimensiones y la preservación de nuestros bienes naturales, que hoy generan riqueza de forma sustentable. Por estas razones, hoy más que nunca, seguiremos recogiendo firmas para promover un plebiscito nacional donde sea el pueblo uruguayo quien decida si quiere o no estos proyectos de desarrollo en el país.

URUGUAY LIBRE DE MEGAMINERÍA

26 de noviembre de 2015.

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Desde el 4 de noviembre de 2014 iniciamos una acción de amparo en el Juzgado Letrado en lo Civil de 2do Turno, en base a la Ley de Derecho de Acceso a la Información Pública (N°18.381), ante la negativa del Ministerio de Industria, Energía y Minería (MIEM) a entregar la información del proyecto de Aratirí existente en la Dirección Nacional de Minería y Geología (Dinamige).

Seis días después, el juez Alejandro Martínez de las Heras intimó al MIEM a entregar en 15 días, la información requerida. El MIEM recusó esta decisión pero el Tribunal de Apelaciones confirmó el 5 de diciembre el fallo inicial. Al borde del plazo, el 19 de diciembre, el MIEM acató formalmente la decisión inapelable de la Justicia pero solo para entregar una parte de lo solicitado.

Se nos mostró un resumen de 190 páginas del proyecto del distrito minero y el mineroducto, sin la terminal portuaria, y una lista de temas declarados confidenciales. (Esta documentación se encuentra en el sitio Web de Uruguay Libre http://www.uruguaylibre.org)

Uruguay Libre no ha cuestionado que se preserven el secreto comercial e industrial previsto en la propia Ley 18.381, pero hay una notoria exageración en la decisión del MIEM que, además, se reduce simplemente a aceptar lo que la empresa le solicita que declare confidencial.

Como consecuencia de lo anterior, al término de la feria judicial, el 2 de febrero, continuamos la acción de amparo y presentamos al juez un escrito cuestionando el criterio de confidencialidad adoptado por el MIEM para entregar una información parcial del proyecto de Aratirí.

Solicitamos entonces que se intimara al MIEM para que entregue a la Justicia toda la información del expediente de Aratirí y que sea la Justicia quien dictamine en forma independiente si el criterio de confidencialidad aplicado por el organismo público es o no el prescripto.

El 4 de febrero, Martínez de las Heras intimó al MIEM a entregar la información otorgándole un plazo de 10 (diez) días hábiles. El MIEM volvió a apelar mediante un recurso de revocación jerárquico en subsidio, que pasaría a segunda instancia si el juez ratificaba el fallo.

El pasado 27 de febrero, el juez rechazó la apelación del MIEM por improcedente y el MIEM debe responder ahora esta nueva intimación. (Ver resoluciones en la Web de Consulta de Expedientes Judiciales: http://www.expedientes.poderjudicial.gub.uy/ IUE 0002-050654-2014.)

Esta batalla en la Justicia por acceso a la información trasciende el caso del proyecto de Aratirí y define la vigencia o no de principios de neutralidad y transparencia de los procedimientos de la administración pública y de participación de la sociedad en decisiones que le atañen.

URUGUAY LIBRE DE MEGAMINERÍA

1º de abril de 2015.

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Sábado 14 de marzo, de 16 a 20 horas.

Bandas:

Doberman

Borsa Tosca

Plagio

Ney Peraza

Javier Pais

Carlos Darakjian

ENTRADA LIBRE.

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Los comunicados de Petrel y ANCAP solo afirmaban la existencia de “recursos prospectivos”(1), lo cual no significa que se haya descubierto petróleo y, mucho menos, que sea posible extraerlo. No obstante, ambas empresas se extendieron en afirmaciones basadas en la posibilidad de que realmente haya petróleo, con lo cual generaron una gran confusión en la opinión pública, a lo que se sumaron, consciente o inconscientemente, varios medios de la prensa nacional.

La empresa australiana difundió incluso unas suposiciones sobre las reservas posibles, es decir, para el caso de que hubiera petróleo. El presidente de ANCAP dijo que “podrían extraerse unos 1.769 millones de barriles de petróleo recuperables” y agregó que representarían “120 años de consumo”(2) del país. Con estas afirmaciones de fuentes oficiales, en la prensa se dio “la buena noticia de encontrar petróleo”(3), lo cual es una distorsión total del hecho anunciado.

Haciéndose eco de lo anterior, y como si fuera una cuestión de fe, autoridades del gobierno que asumirá el 1° de marzo próximo afirmaron que “tenemos hierro y seguramente petróleo”(4) para justificar la importancia de la planificación estratégica y una mirada de largo plazo.

Ante estos hechos, por una obligación de transparencia y respeto a nosotros mismos y a la opinión pública, las organizaciones de la sociedad civil abajo firmantes declaramos:

1. Todo país debe conocer lo más exhaustivamente posible sus riquezas naturales, las minerales e hidrocarburíferas entre ellas. Este estudio debe ser emprendido por el Estado y las instituciones de investigación correspondientes, para garantizar su realización sobre bases científicas serias e independientes de intereses privados. En el Estado las diferentes funciones deben estar también separadas, para permitir la fiscalización adecuada de las distintas responsabilidades.
2. El Estado tiene a cargo globalmente la gestión de los bienes naturales de la nación, pero es necesario que diferentes organismos se ocupen de distintas responsabilidades para impedir que un organismo sea juez y parte, por ejemplo, en los resultados de la investigación o en la relación con un socio extranjero. La ausencia de una estructura diversificada en la gestión de nuestros recursos hidrocarburíferos explica algunos problemas que veremos a continuación.
3. Según el Código de Minería vigente, ANCAP es el organismo competente para “la actividad minera” correspondiente a los yacimientos de combustibles fósiles y otros elementos aptos para generar energía. Es decir, la ley encomienda al ente solo la tarea de explotación del recurso, pero ANCAP asume por si la investigación, se ocupa de los contratos con las empresas extranjeras para la producción y pretende también monitorear la calidad del Acuífero Guaraní.
4. Es en este contexto que, cuando Petrel anuncia los resultados de sus estudios, ANCAP sale rápidamente a difundirlo y amplificarlo. Que la contratista magnifique un resultado forma parte de la lógica de esas empresas atentas a la cotización de sus acciones en la bolsa de valores. Que también lo haga ANCAP sólo se explica por ser el gestor de la asociación con Petrel y querer resaltar ante la opinión pública un éxito que los hechos aún no han confirmado.
5. El problema mayor surge cuando esas necesidades conducen al ente estatal uruguayo a omitir informaciones, así como la naturaleza de los acuerdos firmados con las empresas contratistas. En su comunicado, ANCAP solo afirma que se trataría de hidrocarburos convencionales y, en base a esta afirmación, descarta la utilización de la técnica de fracturación hidráulica (‘fracking’) para la extracción de los depósitos de petróleo o gas que pudieran encontrarse en la zona.
6. Sin embargo, en su informe, Petrel está hablando de “un sistema de hidrocarburos previamente desconocido, con potencial de recurso convencional y no convencional” («… previously unknown hydrocarbon system with conventional and unconventional resource potential») (5). Además, el contrato de exploración y explotación firmado por ANCAP y Schuepbach incluye explícitamente los hidrocarburos no convencionales, cuya extracción solo es posible por ‘fracking’(6).
7. Parecería que ANCAP descarta el ‘fracking’, pero si la declaración surge de una manipulación de las informaciones del anuncio de Petrel, en vez de dar tranquilidad, agrega un elemento de preocupación. Sobre todo porque técnicos del ente han destacado en sus presentaciones que Uruguay ofrece “una oportunidad de negocios”(7) con hidrocarburos no convencionales y, como lógica consecuencia, las empresas extranjeras vienen aquí por los no convencionales.
8. Ante el agotamiento previsto de los yacimientos tradicionales, el ‘fracking’ surge para explotar la roca generadora de hidrocarburos cuando el petróleo y el gas se encuentran aún en pequeñísimas burbujas aisladas. Pero la introducción en el subsuelo a muy alta presión de inmensos volúmenes de agua, arena y productos químicos para fracturar la roca y capturar ese petróleo y ese gas contamina suelos, aguas subterráneas y superficiales, generando incluso sismos.
9. Grandes intereses económicos y políticos impulsaron un desarrollo vertiginoso del ‘fracking’ sin evaluaciones técnicas mínimas. La constatación de graves impactos sobre el ambiente y la salud de las personas, junto con un rendimiento económico real mucho menor de lo prometido, llevaron a Francia, Alemania y Bulgaria, así como a decenas de gobiernos locales en varios países, a prohibir o suspender el uso del ‘fracking’ en todo el territorio bajo su jurisdicción.
10. Con la misma preocupación, los abajo firmantes venimos informando a la población sobre las consecuencias que tendría el ‘fracking’ en este país. Los acuerdos con empresas extranjeras que admiten la posibilidad de extraer hidrocarburos no convencionales nos llevan a exigir definiciones claras de las autoridades de ANCAP, más allá de las declaraciones de funcionarios que carecen de responsabilidad política y que modifican sus afirmaciones según los auditorios.

Lo razonable es dar garantías a la población de que una técnica peligrosa e incontrolable como el ‘fracking’ no será permitida en Uruguay, un país con un enorme potencial de energías renovables y no dañinas con el medio ambiente. Esta es la razón por la cual insistiremos con la prohibición de esta tecnología en todas las instancias, desde la Comisión del Acuífero Guaraní y los gobiernos departamentales, de los cuales ya se hicieron eco los de Tacuarembó y Paysandú, hasta el nivel nacional.

3 de febrero de 2015.

Tacuarembó por la Vida y el Agua

Paysandú Nuestro

Paysandú Libre de Fracking

Grupo de Jóvenes Piedra Sola

Grupo de Ciudadanos Salto

Uruguay Libre de Megaminería.

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