20 Abr '06

Sociedad Uruguaya

Prevención de accidentes

El diputado herrerista Pablo Abdala presentó una exposición escrita dirigida a la Junta Departamental y a la Intendencia Municipal de Montevideo, y por su intermedio al Centro Comunal Zonal N° 9, sobre la necesidad de instrumentar medidas de prevención de accidentes en una zona carenciada del citado departamento.

Textualmente el planteo realizado por el parlamentario nacionalista días atrás, expresa lo siguiente: «La sociedad lamenta, por segunda vez en poco tiempo, la desgracia de que un niño ha desaparecido en una cañada de una zona humilde del departamento de Montevideo. La trágica circunstancia nos obliga a todos -autoridades nacionales y municipales, vecinos y gobernantes- a actuar con la mayor ponderación pero, también, con la sensibilidad que proviene de un drama que se repite. En tal sentido, apelamos, como Representantes Nacionales, electos por la capital, a la condición de hombre sensible del señor Intendente Municipal de Montevideo. Los vecinos han reclamado el establecimiento de vallas de protección en esos lugares, medida que fuera apoyada por los señores integrantes de la Junta Local Nº 9 -circunscripción en la que se produjo el último accidente- y que fuera reclamada por la propia Dirección Nacional de Bomberos.

Sin embargo, el señor Director de la División Saneamiento de la Intendencia Municipal de Montevideo, arquitecto Américo Rocco, desestimó esa posibilidad, en términos que no compartimos. En efecto, procurando -aparentemente- salvar la posición del Municipio, el referido jerarca se escudó en los costos, y expresó que no hay negligencia de la Intendencia Municipal, que la gente debe ´tomar las medidas de cuidado del caso´ y que las casas circundantes ´están irregularmente donde no deben estar´. No nos parece suficiente invocar dificultades económicas, y menos atinado aún el responsabilizar a los vecinos por su presunta imprudencia o por el destino de vivir donde les ha tocado en suerte. Si esto último es así, entre otras razones -no la única, por cierto- obedece a los nulos resultados de la política de vivienda que ha realizado la Intendencia Municipal de Montevideo en los últimos 15 años.

El Gobierno Departamental no puede alegar incompetencia en esa materia, porque, aun cuando pueda tomar distancia de las causas sociales profundas que están detrás de los distintos núcleos vecinales, tiene la obligación de proporcionarle, a toda la población -y, en especial, a la más desvalida-, condiciones de seguridad suficientes que permitan minimizar el riesgo de ese tipo de contingencias. En momentos en que la Administración se aboca a la elaboración del llamado presupuesto participativo, en cuyo marco los distintos Centros Comunales Zonales contarán con recursos para invertir autónomamente -lo que nos resulta estimulante-, no debería alegarse carencias presupuestales para negar soluciones a problemas que ponen en riesgo la propia vida de las personas.

Exhortamos, modestamente, al señor Intendente y a las demás autoridades municipales, a reflexionar sobre un tema que, por segunda vez nos golpea y que, por lo tanto, impone la adopción inmediata de medidas para que no tengamos, prontamente, que lamentar una nueva víctima».

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