El gobierno nacional se apresta a remitir al Parlamento a fines de setiembre o principio de octubre un proyecto de ley con el propósito de establecer en el Código Penal una norma para “sancionar penalmente a quien fabrica, diseña, importa, exporta, almacena o transfiere armas químicas”.
El tema fue analizado el pasado viernes 8 en las Comisiones de Defensa Nacional del Senado y Diputados, en donde asistió el director de Asuntos Legales de la Organización para la prohibición de Armas Químicas, Santiago Oñate

acompañado por la Comisión Interministerial para la Prohibición de Armas Químicas (CIPAQ).

El organismo internacional conformado por 178 países se reunirá el próximo diciembre y según la visión del grupo de trabajo uruguayo se ha cumplido con el 90% de lo pautado.
”No escapará a los legisladores que el tema de las armas químicas ha
cobrado una nueva dimensión después de recientes sucesos históricos que han
venido marcando los primeros años de este siglo y la inquietud más o menos
generalizada acerca de las llamadas actividades de organizaciones no
gubernamentales -algunas calificadas como ‘organizaciones terroristas’- y su
posible uso de estas armas no químicas”, sostuvo Oñate.
Sin embargo, agregó “no es nada de eso lo que me ha traído a Uruguay, país pacífico, que no posee armamento químico, jamás ha usado armas químicas ni ha sufrido el uso de ellas en su territorio”.
En la actualidad, dijo Oñate, “el Uruguay no cuenta con una norma expresa en su Código Penal que sancione estas hipótesis a las que he aludido; existen normas que
pueden acercarse a tal fin, como la que refiere a estragos o al uso de bombas, pero reitero que en el texto normativo de dicho Código no hay una alusión expresa a este tipo de armas”.

“Existe la necesidad de que la autoridad -la Comisión Intersecretarial- cuente con mecanismos de acceso a la información por parte de las empresas privadas que hacen uso de estos sistemas. En esto el Uruguay no tiene problemas y reitero con gusto que es uno de los países que se ha constituido en un modelo a imitar, entre otras cosas porque tomó la buena decisión de integrar a la Comisión a la propia industria química que es la que conoce y sabe lo que se viene haciendo con relación a estas actividades”, añadió.
En la esfera internacional, no hay casos de la acción de gobiernos en esta materia, pero sí de individuos procesos de preparar sustancias químicas susceptibles de poder ser utilizadas en contra de las personas y en acciones que podemos catalogar como no estatales”, y expuso como ejemplo, países tales como Jordania, México, Japón, Reino Unido, España y Holanda y “el último incidente que marca el uso concreto y demostrado de estos elementos -por parte de una secta- fue en el servicio metropolitano subterráneo de la ciudad de Tokio, Japón, con el gas Sarín”.

En tanto, el representante uruguayo Wins destacó el “especial apoyo a nuestro país en materia de cursos de capacitación en el exterior a distintos ingenieros, estudiantes, oficiales militares y bomberos”.
”Uruguay ha cumplido en un 90% con dichas obligaciones. Asimismo, la Comisión
Interministerial se ha fijado como objetivo para este año presentar un
anteproyecto de ley a fin de dar cumplimiento al cien por ciento de esas obligaciones. De esta forma se establecerán sanciones administrativas y penales para estos casos”, indicó Wins.