8 Abr '07

Sociedad Uruguaya

Legisladores del FA partidarios de cambios a proyecto que repara a familiares

Senadores y diputados del Frente Amplio (FA) comenzarán a estudiar en los próximos días el proyecto de ley impulsado por el Poder Ejecutivo que prevé la indemnización a las familias de las víctimas de la guerrilla así como a los familiares de aquellas personas consideradas ausentes por desaparición forzada comprendidas en el Anexo 3.1 del informe final que produjo la Comisión para la Paz.

El senador socialista José Korzeniak estimó que la iniciativa sufrirá algunas «modificaciones» ya que el texto planteado es «muy generoso», aunque aclaró que la propuesta es compartida «por todo el mundo». Por su parte, el diputado Edgardo Ortuño informó que la bancada de diputados del FA comenzará a estudiar el asunto el martes, al tiempo destacó la iniciativa del presidente Vázquez y desestimó la teoría de «los dos demonios».

Desde el Poder Ejecutivo, la ministra de Defensa Azucena Berrutti admitió que en la iniciativa se podrán modificar «problemas de redacción» pero sostuvo que «los muertos son todos iguales».

El proyecto de ley indemniza a un total de 18 militares, 34 policías y 16 civiles que perdieron su vida en los enfrentamientos armados entre 1962 y 1976 en Uruguay o en el exterior. Además, comprende a las familias de otros 26 uruguayos desaparecidos en nuestro país, 3 casos anteriores a junio de 1973 y el resto posteriores a esa fecha.

En su mensaje a la Asamblea General, el Poder Ejecutivo refrenda la iniciativa elaborada por la denominada «Asociación de Homenaje Permanente a los Caídos en Defensa de las Instituciones Democráticas y de la Libertad» y que fuera presentada en enero por el diputado Colorado Daniel García Pintos.

La iniciativa generó resistencia entre los familiares de los desaparecidos.

El abogado y vocero del grupo Javier Miranda dijo que «los desaparecidos fueron víctimas del terrorismo de Estado» y agregó que «con la unificación en un mismo texto normativo de estas situaciones se avala la teoría de los dos demonios».

En cambio, el promotor de la iniciativa García Pintos valoró el gesto del Poder Ejecutivo como muy positivo y agregó que el texto contribuye «a esta política del nunca más de uruguayos contra uruguayos, siempre y cuando veamos que de verdad es nunca más con el compromiso de todas las partes».

El legislador colorado admitió que la iniciativa contó con algunas correcciones que introdujo el doctor Gonzalo Fernández, secretario de la Presidencia.

En tanto, la Asociación de ex presos políticos, Crysol, aclaró que no acepta «un rango común de quienes fueron perseguidos y torturados hasta la muerte, la desaparición, el encarcelamiento o el exilio prolongados, con situaciones de otra naturaleza, como es el caso de las familias de policías o militares», quienes formaban parte de organizaciones que aplicaban el terrorismo de Estado.

En los últimos días, también ha circulado un correo electrónico, que cuestiona el proyecto por considerarlo «injusto» al tiempo que exhorta a la población a adherir con su firma contra el mismo.

«Criterio muy generoso»

Korzeniak consideró que el proyecto de ley tiene un «criterio muy generoso», sin embargo, entiende que «hay que hacerle varios arreglos» al texto para disipar algunas dudas.

«La filosofía del proyecto es compartida por todo el mundo, porque se está indemnizando a los familiares de las personas que murieron durante ese período tan oscuro del país, desde que comenzó el movimiento guerrillero hasta la posterior represión del Estado, porque los familiares no son culpables de nada de eso», enfatizó en diálogo con LA REPUBLICA.

El legislador consideró que el proyecto de ley contiene un «criterio muy generoso», pero admitió que hay algunos detalles del texto «que seguramente habrá que arreglar».

En este sentido, dijo que «cuando se utiliza el vocablo sedición, es técnicamente correcto si se utiliza antes de la dictadura, pero después del golpe de Estado un violentista se convierte en un resistente a la opresión y no es un sedicioso. Es otra figura jurídica, porque el que resiste a la opresión es más bien avalado por la sociedad», explicó.

Para el constitucionalista, otra de las dificultades que presenta el proyecto es que hay una lista de personas que murieron en cumplimiento de actos de servicio y otra lista de desaparecidos que elaboró la Comisión para la Paz.

«Pero una interpretación de la letra podría llegar a la conclusión de que los muertos que no son desaparecidos ­que los hubo por tortura, por golpes o porque los dejaron morir sin tratamiento médico- quedarían afuera.

Eso habría que arreglarlo; son cosas elementales a las que no creo que haya nadie que se oponga», sostuvo.

El parlamentario socialista aclaró que «hay que tener cuidado» cuando se dice que este proyecto valida la «teoría de los dos demonios», porque no es esa la intención «y no cuesta nada hacer algún cambio» en la redacción.

Korzeniak dijo también que el texto prevé una reparación civil pecuniaria, es decir, «habrá una indemnización en dinero». Por lo tanto, esto «no proyecta efectos sobre las causas penales y eso no está dicho claramente».

«No sea cosa que después, alguien que no tenga muy buena intención, haga una interpretación de que con esta ley quedan sin efecto las causas penales. Si no está debidamente aclarado, eso hay que aclararlo», indicó. «Todo esto se va a conversar y el Poder Ejecutivo está abierto a hacer las modificaciones que sean necesarias», concluyó.

«Reparar sí, equiparar no»

Por su parte, el diputado Edgardo Ortuño (Vertiente Artiguista) quien preside la Comisión de Legislación, Constitución y Códigos de la Cámara Baja, donde actualmente se encuentra el proyecto, informó a LA REPUBLICA que el martes la bancada de diputados del FA analizará el contenido de la iniciativa, y adelantó que, a nivel personal, está dispuesto a introducir «modificaciones que permitan mantener lo que quiere el presidente (Tabaré Vázquez) pero sin equiparar situaciones que son, evidentemente distintas».

«Hay que reparar a todos pero sin equiparar situaciones que fueron claramente distintas», señaló.

Según Ortuño, lo que se debe buscar en esos eventuales cambios que se puedan realizar es evitar los «errores de interpretación», fundamentalmente en lo que se refiere a la «teoría de los dos demonios», a la cual, el legislador enfatizó que «el gobierno no apoya ni comparte, tal como se ha dicho desde algunos sectores políticos».

Además, el legislador vertientista remarcó que esta iniciativa no debe ser vista de forma aislada sino que debe estudiarse dentro de una «serie de medidas y logros» alcanzados por el gobierno en materia de DDHH, entre los cuales enumeró: el ingreso a los cuarteles y el hallazgo de restos de detenidos-desaparecidos; la aprobación de la Ley de Desaparición Forzada; la habilitación a la Justicia y el encarcelamiento de represores y dictadores; la aprobación de la Ley de Reparación de los ex presos y Exiliados Políticos y la inclusión de la Historia Reciente en los programas de enseñanza media.

«Respaldamos a Tabaré Vázquez en la iniciativa de indemnizar a detenidos y familias de desaparecidos como a los familiares de policías, militares y civiles muertos, pero creemos firmemente que lo que sucedió no fue en enfrentamiento entre guerrilla y gobierno», dijo Ortuño, quien tampoco descarta la posibilidad estudiar la propuesta por separado «ya sea en un mismo proyecto o en dos».

Ortuño indicó también que la bancada de diputados frentistas consultará a las organizaciones DDHH y abogados especialistas en ese materia para consultar sus opiniones y puntos de vistas sobre el tema para «contemplar su reclamos y visiones».

Fuente: Diario La República. www.larepublica.com.uy

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