Una vez más la Bancada del Partido Colorado del departamento de Canelones sale al cruce de la administración del gobierno departamental canario encabezado por Marcos Carámbula.

Textualmente el Comunicado fechado el 9 de agosto de 2007 expresa lo siguiente:

«Para salvaguardar la salud institucional, el Intendente Marcos Carámbula (Canelones) debería darle a la ciudadanía una definitiva explicación sobre la posible implicancia del interés público y privado que alcanza a su Administración. Sin embargo, ha optado por otro camino; el silencio.

Su mutismo puede evaluarse de varias maneras. Una podría ser que intenta quitarle visibilidad a la cuestión por medio de la ignorancia de la denuncia; una callada descalificación que buscaría restarle toda importancia, como si nada hubiera sucedido. Otra, también esquiva, sería mediante la estrategia de contraatacar machacando a la opinión pública con ‘las virtudes y beneficios’ de su Gobierno. O también puede ensayarse una combinación de ambas.

Dado que es crónica su afección al incumplimiento de las promesas –en este caso, la de claridad en la gestión de la cosa pública-, ya no nos asombra el proceder. Pero, lamentablemente, este mal se ha extendido a la Bancada oficialista en la Junta Departamental de Canelones.

Los ediles del partido de gobierno, quizás mandatados, imposibilitaron el 2 de agosto la creación de una Comisión pre investigadora para aclarar este embrollo que afecta a la Comuna.

La historia demuestra que la formación de una comisión para investigar este tipo de asuntos es una necesidad incuestionable y, hasta el pasado viernes, el legislativo comunal siempre actuó en consecuencia. No entendemos por qué, si consideran los curules frentistas que Carámbula ha actuado con corrección, nos impiden indagar al respecto.

Nuestra denuncia partió de la recopilación de diversas notas escritas o habladas de la prensa nacional, cuyos entrevistados –muchas veces los interlocutores de la propia IMC o de los empresarios de Islas Canarias- son quienes aportaron la información que, adecuadamente relacionada, nos produjo serias dudas. A nuestra Bancada no le alcanza con las aclaraciones de los inversores extranjeros involucrados en esta situación. Quien debe investigar –y así lo establece la Constitución- es la Junta Departamental, y quien debe responder con fundamentos, es el Intendente Municipal.

Para todos los órdenes de la vida –en especial para ejercer la administración de la cosa pública- no basta con conferenciar sobre transparencia, es imperativo practicarla.

Bancada del Partido Colorado».