21 Abr '08

Sociedad Uruguaya

Transparencia y evaluación de ONG como garante del derecho de asociación

El Subsecretario del Ministerio de Educación y Cultura,
Felipe Michelini, destacó el papel del Estado como promotor del derecho
constitucional a la asociación. Por su parte, la Directora de DDHH, María
Elena Martínez, dijo este 21 de abril de 2008 que la transparencia y la
evaluación permanente es clave para la cooperación entre la comunidad
organizada y las instituciones estatales, con el fin de alcanzar objetivos de
interés mutuo.

Para el Subsecretario de Educación y Cultura, Felipe
Michelini, la promoción y desarrollo del goce del derecho de asociación es una
obligación del Estado, consagrado en nuestra Constitución. Para garantizar el
debido impulso a estas actividades, propias de la organización de la sociedad y
para adecuarlas a la nueva realidad tributaria, se reglamentaron los decretos
Nº 166/008 y 183/008, en los cuales se detallan las exoneraciones a las
sociedades civiles.

Para la
Directora de Derechos Humanos del MEC, María Elena Martínez,
el Estado tiene la obligación de exigir los más elevados índices de
transparencia sobre las sociedades civiles. En ese sentido, la evaluación
permanente es clave para conocer el desenvolvimiento de los objetivos de estos
centros de encuentro social, en especial con aquellos cuyo papel el Estado
trabaja junto a las organizaciones sociales, detrás de los mismos objetivos.

Sobre la importancia de las organizaciones no
gubernamentales que trabajan en materias de interés estatal, Martínez recordó
que en función de la problemática de las asociaciones civiles, la Ministra de Desarrollo
Social, Marina Arismendi, destacó que la sociedad civil organizada es uno de
los factores clave para el éxito de las políticas que desarrolla su Cartera.

Martínez, señaló que en materia de impulso a las
asociaciones sin fines de lucro, el decreto Nº 166/008, firmado el 14 de marzo
de este año, permite clarificar la situación impositiva de todas las organizaciones
sociales, en especial, sobre las exoneraciones que posibilitan un mejor
desarrollo de las actividades de estos centros de la sociedad civil.

El papel del Ministerio de Educación y Cultura en este nuevo
marco normativo, es el de vigilar, a través de la creación de un registro de
centros sociales, que las asociaciones civiles no tengan fines de lucro, tanto
para las que difundan las prácticas culturales en forma no curricular, como
también instituciones académicas, o deportivas.

María Elena Martínez, expresó que esta clase de controles ya
se ejercen sobre otras asociaciones, en especial las fundaciones, centros que
están obligados a presentar sus balances anuales al Estado. Agregó que las
disposiciones de los nuevos decretos, que brindan un mayor control a las
asociaciones sin fines de lucro, era un paso natural y necesario.

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