11 May '08

Sociedad Uruguaya

Prisión para médicos por prácticas abortivas

La Justicia Penal procesó con prisión a tres médicos y otras tres mujeres vinculadas con una red de clínicas abortivas. Un cuarto galeno está prófugo y por tal motivo se solicitó su captura nacional e internacional. Así lo informó Radio El Espectador en su edición en Internet del 11 de mayo de 2008. La jueza Gabriela Merialdo resolvió los enjuiciamientos por “reiterados delitos de aborto con consentimiento de la mujer” que había pedido la fiscal Olga Carballo. Merialdo hizo lugar a los pedidos de procesamientos luego de constatar que todas las pruebas reunidas durante la investigación demostraron la responsabilidad de los ahora procesados en las diferentes maniobras abortivas en clínicas instaladas en los barrios Unión, Cordón y Centro. Fueron enviados a prisión los médicos Gabriel López, Jorge Bonilla y Héctor Panizza, así como las tres “troperas” que realizaban el nexo entre las clínicas y las mujeres interesadas en practicarse un aborto: Norma Pereira de 72 años (que posee antecedentes por casos similares), FMS de 76 años y MCC de 53 años, quienes no tienen antecedentes. López había sido procesado en el año 2001, Bonilla en 2005 y Panizza estaba cumpliendo condena por otra causa por un aborto que provocó la muerte de una mujer. Ahora, todos los encausados podrían recibir penas de entre seis y 24 meses de prisión, según lo establece el Código Penal. Delmiro Correa, el restante médico, no se presentó a declarar, motivo por el que la jueza pidió su captura nacional e internacional a través de Interpol. Ante la preocupación por los procedimientos judiciales y policiales “en presuntos casos de abortos”, las legisladoras que integran la bancada bicameral femenina exigen respeto hacia el secreto médico y hacia las mujeres. Las legisladoras pretenden entrevistarse con las ministras del Interior, Daisy Tourné, y de Educación y Cultura, María Simon, a raíz de la preocupación sobre la forma que, según ha trascendido, se han realizado los procedimientos judiciales y policiales en las instalaciones del hospital Pereira Rossell. Las legisladoras recordaron que “la legislación nacional obliga y ampara el secreto profesional en general, y, en particular, el secreto médico”. En el caso de la reunión con Tourné, planean respaldarla para que realice todas las investigaciones necesarias para averiguar la actuación de la Policía en el caso, y en cuanto a Simon, le consultarán sobre el hecho de que la jueza Gabriela Merialdo y el fiscal Enrique Viana, son marido y mujer, y “hubo coincidencia en su actuación, en sus turnos, tanto en el Ministerio Público como en el Poder Judicial”. Fuente: Radio El Espectador. http://www.espectador.com

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