El gobierno uruguayo presentará en Ginebra el “Informe País” sobre aplicación de la Convención sobre la Eliminación de formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW). En este marco y como instancia previa, se llevará adelante una sesión como ensayo de la presentación que sucederá en octubre de este 2008, integrando a todas las organizaciones públicas y civiles involucradas en la materia. La CEDAW, aprobada en 1979 por las Naciones Unidas, es el principal instrumento internacional de derechos humanos para la defensa de los derechos de las mujeres. Define como discriminación contra la mujer “toda distinción, exclusión o restricción basada en el sexo que tenga por objeto o por resultados menoscabar, anular el reconocimiento, goce o ejercicio por la mujer, independientemente de su estado civil, sobre la base de la igualdad del hombre y la mujer, de los derechos humanos y las libertades fundamentales en las esferas políticas, económica, social, cultural y civil o en cualquier otra esfera”.La CEDAW señala, además, que las naciones que la ratifican deben promulgar leyes para prohibir la discriminación, tomar medidas especiales para acelerar la igualdad entre hombres y mujeres y modificar los patrones socioculturales que perpetúan la discriminación contra la mujer. La Directora del Instituto Nacional de las Mujeres, Carmen Beramendi, informó que nuestro país, ratificó la CEDAW en el año 1981 pero que nunca presentó un Informe ante el Comité de Expertas y Expertos. Por ello, en 2007, Uruguay entregó el 4º, 5º, 6º y 7º Informe País, regularizando un atraso de más de 20 años. Este año presentará un nuevo Informe que hace referencia a la participación social y política de las mujeres uruguayas, los avances en materia de políticas de igualdad en participación, empleo, educación, salud sexual y reproductiva, así como también si los nuevos mecanismos que se instauran tienen un correlato a nivel presupuestal.El Informe fue realizado por el Instituto de las Mujeres en conjunto con el Ministerio de Relaciones Exteriores -a través de la Comisión Ad Hoc para Cuestiones de Género- y contó con la participación de organismos públicos, el Poder Judicial, Poder Legislativo y organizaciones de la sociedad civil.