El Tribunal de Cuentas planteó una «consulta» a la Dirección General de Impositiva la por el cuestionado «reintegro de gastos de combustible» que reciben los ediles de la Junta Departamental de San José, informó el diario Primera Hora en su edición del jueves 5 de febrero. 

 

En una Resolución del pasado 14 de enero el Tribunal (Carpeta 219376. Ei. 141. 17/06/08) se señala: «Consulta a la Dirección General Impositiva respecto a beneficios y/o partidas por diversos conceptos a los Sres. Ediles, con relación al IRPF». La Declaración Jurada que firman los ediles de San José, con la finalidad de cobrar el combustible – sin presentar las boletas correspondientes – nuevamente provoca la reacción del Tribunal de Cuentas pero esta vez con novedosas derivaciones, ya que se solicita la intervención de la DGI. Algunas versiones periodísticas calificaron esta acción administrativa del Tribunal de Cuentas como «denuncia». El órgano de contralor solicita a la DGI que indique si corresponde que la Junta de San José realice aportes de IRPF. Otras seis Juntas estarían comprendidas en la consutla. Ayer el diario montevideano El País informaba que «la Junta Departamental de San José también fue denunciada a la DGI por el Tribunal de Cuentas por reintegrar a los ediles un litro de nafta por cada 5 kilómetros recorridos con un tope de 1.500 km. Para que tengan derecho al cobro de esos reintegros de gastos, estos también presentan una declaración jurada. Es decir, no entregan documentaciones proporcionadas por estaciones de servicios donde cargaron combustible». Ese fragmento publicado en Diario El País, pertenece al texto del documento que el Tribunal de Cuentas envió a la DGI, según pudo confirmar Primera hora. Más allá de que la «consulta» pueda ser tomada como «denuncia», lo cierto es que el sistema para que los ediles se hagan de dinero, en el caso de San José por un supuesto «reintegro de gastos de combustible» ha sido, cuestionado y criticado por propios ediles. El nuevo valor de la nafta super (desde hace 24 horas, son $ 23.90, antes eran 24,40) los ediles recibirán $ 7.170, pero por el mes de enero ya cobraron $ 7.320. Hubo momentos, donde cada mes, se llevaron unos 10.000 pesos, cada edil. Primera hora ya informó que el gasto de un litro cada cinco kilómetros que en Declaración firmada, «jura» cada edil, es el consumo equivalente a maquinaria militar pesada y no a los automóviles de la actualidad. Además el cálculo de gastar 300 litros de nafta super, surge de que la Declaración Jurada asegura que cada edil recorrió 1500 kilómetros. Ayer en la tarde Primera hora consultó al presidente de la Junta Departamental Ruben Bacigalupe para conocer la postura que adoptará el deliberativo ante esta denuncia del Tribunal de Cuentas. Baicigalupe se mostró sorprendido porque desde ese órgano de contralor jamás se le notificó al respecto. Bacigalupe basándose sobre el supuesto de que la información periodística fuera real, al «Tribunal de Cuentas no le compete hacer denuncia». El presidente de la Junta admitió que desde el legislativo se estaban haciendo las averiguaciones directamente al Tribunal de Cuentas. «Hay que ver qué veracidad tienen y cómo está instrumentado; además en qué se basa el Tribunal de Cuentas para hacer la denuncia» dijo Bacigalupe fundamentándose en la nota periodística montevideana. Consultado sobre que acciones tomará la Junta, Bacigalupe rechazó tal extremo hasta tanto no se cuente con la información oficial al respecto, «para ver después que pasos se seguirán». La «retribución de gastos de combustible» ha sido calificada por propios ediles – en el período anterior – como un «sueldo encubierto». El Tribunal de Cuentas ha observado insistentemente este procedimiento irregular. La «Declaración Jurada» la firman todos los ediles; todos, aquellos que no tienen libreta de conducir e inclusive, ni siquiera automóvil. También está el caso de aquellos ediles que aseguran bajo juramento que gastaron 300 litros de nafta super – el más caro de los combustibles – cuando sus rodados son gasoleros. La mayoría de los ediles que tienen vehículo, consumen gas oil; en la actualidad la diferencia de valores de la nafta al gasoil es mínima, pero hubo momentos donde la nafta triplicaba en valor al gasoil, con el consiguiente beneficio para aquellos ediles «gasoleros» que reclamaban que se les devolviera el mismo «litraje» pero en nafta. Pero en este caso – de la denuncia a la DGI – San José no está solo, ya que el Tribunal de Cuentas habría «denunciado» a otras seis Juntas Departamentales por no liquidar IRPF. Ahora la dependencia impositiva se apresta a revisar estos beneficios que reciben los ediles, ya sea por reintegro de gastos como por viáticos. En total fueron siete juntas departamentales, las denunciadas tras constatarse que partidas utilizadas para gastos mensuales de los ediles no cumplen con el pago del IRPF. Las auditorías realizadas en los últimos meses por el organismo de contralor en las cuerpos deliberativos comunales de Artigas, Canelones, Colonia, Río Negro, San José, Soriano y Rivera constató que estos otorgan beneficios o partidas para los ediles, cuya operativa podría «no ajustarse» a la normativa fiscal respecto a las retenciones que corresponden por Impuesto a la Renta de las Personas Físicas (IRPF).

También por viáticos en el Senado

Mientras tanto en las últimas horas también se supo que el tribunal de Cuentas cuestionó otro ambiente legislativo. Esta vez fue sobre el parlamento donde recayó la atención del Tribunal. Básicamente se cuestionan los viáticos, alegando que no se pagan aportes. Una auditoría del Tribunal de Cuentas habría concluido que la Cámara de Senadores «ha incumplido» leyes y decretos administrativos con respecto a liquidaciones de viáticos por viajes al exterior y rendiciones de cuentas vinculadas al IRPF. El Senado habría violando la ley 16.173 dado que «no se realizan aportes» al Banco de Previsión Social por viáticos y tampoco «efectúan rendiciones de cuentas» de los mismos. El cuestionamiento se basa en que la presidencia de la Cámara de Senadores decidió sustituir la rendición de cuentas de viáticos por un informe detallado de gastos. El Tribunal advierte que, en el ejercicio 2007, «no se presentó rendición de cuentas de dichas partidas». Ante esta información el presidente de la Cámara de Senadores, Rodolfo Nin Novoa, dijo al diario montevideano El País que tanto la Contaduría como la Oficina de Personal del Senado tienen «instrucciones precisas» sobre viáticos y la aplicación del IRPF. En las últimas horas se supo que el senado debería pagar los aportes al BPS por viáticos. «La Contaduría del Senado deberá realizar reliquidaciones de los viáticos de los senadores en sus viajes al exterior y luego pagar los respectivos aportes al BPS», dijo a la prensa montevideana la directora del organismo previsional en representación del sector empresarial, Elvira Domínguez.

Fuente: Diario Primera Hora (San José). http://www.primerahora.com.uy