La Dirección General para Asuntos Consulares y Vinculación del Ministerio de Relaciones Exteriores ideó el proyecto destinado a resolver la demanda de viviendas del creciente número de familias uruguayas que viven en el exterior y deciden retornar al país. Éstas se integrarían a una cooperativa de vivienda por ahorro previo, con un similar número de familias locales. La experiencia piloto se realizará en Montevideo y ya ha concitado interés internacional.

La Dirección General para Asuntos Consulares y Vinculación del Ministerio de Relaciones Exteriores, en coordinación con la Agencia de Vivienda (MVOTMA), y la Federación de Cooperativas de la Vivienda (FECOVI),  lanzará, el próximo año, una experiencia piloto para la creación de cooperativas de viviendas para los uruguayos que retornan al país.

En la actualidad regresan un promedio de 80 familias por mes y el número tiende a incrementarse, en una secuencia permanente. El fenómeno comenzó a evidenciarse en los últimos dos años y en términos de saldo migratorio, en 2009, el porcentaje de personas que resuelven volver, en comparación a las que optan por irse de Uruguay, es mayor.

Esa decisión se ve estimulada, en muchos casos, con la aprobación de la Ley No. 18.250 de Migración que, en su artículo 76, señala que todo uruguayo con más de dos años de residencia en el exterior que decide retornar al país, podrá introducir, exento de toda clase de derechos de Aduana, tributos o gravámenes conexos: los bienes muebles y efectos que alhajan su casa habitación. Además, las herramientas, máquinas, aparatos e instrumentos vinculados con el ejercicio de su profesión, arte u oficio y un vehículo automotor de su propiedad.

“Para cualquier Gobierno es muy bueno saber que retiene a su gente y que convoca al regreso de los que están residiendo en el exterior. También es un desafío porque este es un país que históricamente tuvo una puerta para irse pero no para regresar”, dijo el Secretario Ejecutivo de Asuntos Consulares y Vinculación de Cancillería, Javier Vidal Alaggia.

Fue así que esa Dirección creó a su interior la Oficina de Retorno y Bienvenida para responder a la creciente demanda con medidas de carácter permanente. A la repartición, también le compete la tarea de diseñar un conjunto de políticas tendientes a la buena reinserción de las familias que regresan al Uruguay. En ese contexto, vivienda y trabajo son los temas recurrentes en el conjunto de demandas que plantean los compatriotas que deciden emprender el retorno.

Vidal Alaggia definió tres situaciones identificables, en función de las capacidades económicas de las familias de uruguayos que vuelven a su tierra. A un sector de esa población retornante -que estuvo muchos años en el exterior-, les fue muy bien en términos económicos y adquirió bienes inmobiliarios, como inversión o para residir, a través de la oferta privada. En este caso, que cuentan con disponibilidad de inversión, las familias acceden a la oferta inmobiliaria, compran su vivienda y cuando quieren regresar ya tienen la solución habitacional resuelta. Otro grupo lo constituyen las personas que están en niveles de indigencia, quienes vuelven deportados o están en situación de emergencia.

Hay un segundo espacio, intermedio, integrado por familias que estarían dispuestas a regresar pero que no poseen suficientes ahorros, y las que sí lo hacen aunque no tienen totalmente asegurada su fuente laboral. En este segmento, se observa también un fenómeno migratorio reciente que constituye una forma circular de salida del país y que no excede más de seis a siete años. Se trata de familias que en su lugar de arribo sufren severas dificultades económicas, logran ahorrar la mayor cantidad de dinero posible y retornan con un cierto capital que dividen entre el alojamiento y el emprendimiento económico que haga sustentable su permanencia en el país. Fue precisamente en este sector que, desde la Dirección de Asuntos Consulares y Vinculación, se pensó en la creación de una cooperativa de vivienda por ahorro previo como una posible solución a la demanda del techo propio.

Una publicación digital del Ministerio de Relaciones Exteriores expresa que este tipo de cooperativas se financia con el ahorro de los socios y un préstamo del Fondo Nacional de Vivienda y Urbanización a razón del 15% en el caso de los socios y un 86% proporcionado por el Fondo.
Para solicitar el préstamo, hay que tener ahorrado el 10% y elaborado un proyecto de construcción, el que se realiza con la ayuda de un Instituto de Asistencia Técnica, equipo cuyos honorarios se pagan con una parte del préstamo (máximo el 7%).