La Cámara de Senadores se reunirá en sesión extraordinaria el miércoles 23 de diciembre a la hora 10 para considerar los siguientes proyectos de ley:

por el que se crea el Registro Único de Créditos Financieros;

El proyecto de ley tiene como objetivo la creación de este registro, de carácter administrativo, en el que se inscribirán los créditos financieros otorgados por personas físicas o jurídicas que no revistan el carácter de institución de intermediación financiera y buscará -entre otros objetivos- la defensa de los consumidores de servicios financieros, la cuantificación, caracterización y regulación del mercado parafinanciero y el control del cumplimiento de normas fiscales sobre usura y prevención de cláusulas abusivas y posición dominante.

por el que se regulan la cesión y la transferencia de los deportistas profesionales;

Este proyecto apunta a enmarcar la actividad de los “contratistas” en la figura que jurídicamente corresponde que es la de intermediario o agente deportivo, crear un Registro de Cesión y Transferencia de Derechos de los Deportistas Profesionales, regular la comisión de los agentes deportivos y aborda el tema de la cesión y transferencia de los menores deportistas dando las garantías para evitar abusos contractuales, entre otros aspectos de su articulado.

Asimismo, la iniciativa por la que se establecen normas para la elección de los Miembros del CODICEN y de los Consejos de Educación de la ANEP; el emprendimiento por el que se modifica la Ley Nº 18.567, sobre descentralización política y participación ciudadana; y, por el que se establecen normas para la protección integral de personas con discapacidad.

Este proyecto apunta a actualizar la Ley 16.095 que ha estado vigente desde 1989, mejorar aspectos medulares de la misma e incorporar nuevas dimensiones a la legislación.

En su Artículo 1º sostiene que se establece un sistema de protección integral a las personas con discapacidad, tendiente a asegurarles su atención médica, su educación, su rehabilitación física, psíquica, social, económica y profesional y su cobertura de seguridad social, así como otorgarles los beneficios, las prestaciones y estímulos que permitan neutralizar las desventajas que la discapacidad les provoca y les dé la oportunidad, mediante su esfuerzo, de desempeñar en la comunidad un rol equivalente al que ejercen las demás personas.