La edila de Corriente Batllista Independiente (C.B.I.), Cecilia Flores insistirá ante el Presidente Mujica sobre las “irregularidades” ya reconocidas por el titular del Poder Ejecutivo respecto a la adjudicación de la licitación del Hotel Casino Carrasco.

La legisladora departamental anunció en la Junta Departamental que estudia la posibilidad de presentar una denuncia penal sobre el particular.

En la última sesión ordinaria de la Junta Departamental Flores votó negativamente una solicitud de exoneración de tributos municipales a la empresa Carrasco Nobile S.A. argumentando que hubo serias irregularidades en la adjudicación a esta empresa por parte de la I.M.M., perjudicando a la población montevideana con una pérdida de U$S 900.000 anuales.

“Este es un tema que vengo estudiando desde hace meses. No pensaba plantearlo antes de las elecciones municipales porque creo que este asunto es muy grave y debe estar fuera de las especulaciones electoralistas”, dijo Flores el jueves 29 de abril.

Para Flores “el asunto del Hotel Carrasco es, sencillamente, la decisión equivocada de una repartición pública que en la historia del Estado uruguayo más perjuicios le ha acarreado al Estado nacional. El mayor perjuicio al Estado en la historia nacional”.

“Está claro quién pierde: los ciudadanos de Montevideo que pierden de ganar más de 900.000 dólares. No queda claro quién gana”, sostuvo.

A su entender “en principio podría pensarse que gana la firma que triunfó en la licitación. Pero no es así. Esa firma está económicamente en una situación extrema –no hay más que consultar a Internet- y se afirma que va a vender en pedazos su participación, en España, México, Argentina, Uruguay y Madrid”. Simplemente, “los adquirentes del grupo CODERE hace unos años, grupo que integra Nóbile, no han podido cumplir el compromiso de pago, el valor de las acciones de CODERE se ha desmoronado y la viabilidad de la empresa está muy mal calificada por las instituciones de crédito y la propia bolsa de Madrid”.

Por tanto “podría entonces beneficiarse alguien que no sabemos, que es quién compre Nóbile”.

La curul señala que “el propio grupo Liberman que fue considerado segundo por la comisión adjudicadora, le va a ser más negocio comprar Nóbile que le paga un canon de 18.8% del juego al Estado uruguayo, que ganar ellos, que ofrecieron un 28% al Estado Uruguayo. Ahí está la diferencia de más 900.000 dólares por año”.

Asimismo, “el grupo Liberman es un gran beneficiario de la decisión equivocada de la Intendencia de Montevideo, puesto que ahora tiene a su favor un juicio multimillonario –que ya ha anunciado- que no puede perder pues hasta el Tribunal de Cuentas ha hecho propios los argumentos de la firma Dongara, del grupo Liberman”.

Según la edila colorada, “el grupo Liberman, además, tiene otros intereses en la ciudad de Montevideo y en el Uruguay. Pidió, por ejemplo, un permiso que le fue denegado para construir edificios frente al puerto del Buceo. O es interesado en la próxima licitación por el canal de televisión abierta. Es decir, que con el juicio a favor que le estamos dando a Liberman no sólo no lo estamos perjudicando sino haciendo que se enriquezca más”.

Para Flores “según los estimados de juego de la empresa adjudicataria, al pagarse un canon de 18.8% (lo que paga Nóbile) y no un canon de 27% (lo que ofrece Dongara), el Estado pierde U$S 903 mil por mes”.

Violación del Pliego

La legisladora comunal manifestó “Nóbile violó todas las exigencias del pliego y según los catedráticos de Derecho Administrativo Profesor Emérito Horacio Casinelli Muñoz, Juan Pablo Cajarville, Augusto Durán Martínez, Carlos Delpiazzo, así como el catedrático de Derecho financiero Ricardo Olivera García”.

“Todos ellos opinaron en sus consultas que la violación del pliego –así  como lo dijo después el Tribunal de Cuentas- ameritaban la inmediata anulación de la oferta de Nóbile que la Intendencia resolvió que fuere la adjudicataria. Es decir la oferta adjudicataria, a la que se pretende que se beneficie con el voto de hoy, tiene en contra a toda la escuela jurídica uruguaya y al Tribunal de Cuentas de la República. Tiene, en consecuencia el juicio contra el Estado uruguayo ya ganado”, estimó.

Para Flores “así se violó el pliego en la oferta ganadora en cuanto a la distribución de áreas entre casino, servicios y hotel, se violó el pliego en cuanto a las exigencias de disponibilidad de dinero, se violó  el pliego en cuanto a la existencia de un contrato firme entre el operador de juego y el operador de hotel. Es un caso emblemático de violación de un pliego de licitación. Hoy estamos votando por los violadores del derecho uruguayo, pues”.

Para peor, añadió Flores, “según informara el diario El Observador en su edición del 27 de noviembre de 2008, esta licitación estuvo siendo ofrecida a empresarios mediante coima”, dijo en la Junta Departamental.

“El Presidente de la República conoce bastante bien este asunto pues declaró de El Observador del día 27 de noviembre de 2008, nota de tapa, que esta licitación debía anularse por las ‘irregularidades’ –son sus palabras- que contenía. Me dispongo, por mi sola cuenta, pedir una entrevista con el primer mandatario para entregarle de modo ordenado todos los antecedentes de este caso. Confío en su honestidad”, subrayó.

Estimó que “el Presidente tiene rápidamente cómo averiguar más, puesto que, por ejemplo, hace ya varios veranos, incluyendo el último, ya como presidente electo, que pernocta en el conocido establecimiento en Punta del Este del Sr. Liberman”.

Denuncia penal

La curul colorada anunció que está estudiando con sus asesores “la pertinencia de un planteo penal. Pues es claro que la denuncia periodística del diario El Observador, da cuenta de reuniones irregulares –planteos de coima, etc.- que amerita que la Justicia interrogue a los participantes de esa reunión –el Sr. Liberman entre ellos- y a los participantes de todo el proceso”.

“Más allá de que respeto la opinión de todos y a nadie aquí atribuyo intenciones voy a votar pues por la negativa en respeto al derecho uruguayo y a la honestidad pública”, anunció Flores en la sesión de la Junta Departamental.