Documento aprobado por el Comité Ejecutivo Nacional del PS

Viernes 10 de septiembre de 2010.

El presupuesto nacional debe expresar el cumplimiento del plan de gobierno en todos aquellos compromisos en los cuales su realización implica erogaciones adicionales a las actuales.

En ese sentido el presupuesto debe expresar una visión política e ideológica de un Estado rector, protector y regulador para el desarrollo nacional, de un Estado que asegure la redistribución de la riqueza y elimine definitivamente las mayores vulnerabilidades sociales.

Partimos de un total acuerdo con las prioridades definidas por nuestro gobierno, ellas son: Vivienda, Infraestructura, Seguridad pública, Educación. Pero al mismo tiempo hay que actuar sobre los problemas de la sociedad y por ende la inversión social debe orientarse priorizando los sectores más vulnerables. Pero ese incremento de la inversión social tiene que necesariamente asociarse a compromisos de gestión y resultados en la calidad de los servicios, especialmente en materia de educación y salud. Esta es a nuestro juicio una premisa fundamental para caminar hacia un país de primera.

Además, es necesario ser realista e incorporar la realidad económica previsible para los cinco años próximos.

La realización de infraestructuras es estratégica, pero además de la inversión presupuestal se apuesta a conseguir financiamiento privado para las obras, para lo cual habrá que establecer un marco legal específico.

A nivel salarial, el acento va a estar puesto en los salarios de la Policía ejecutiva además de nuevas plazas y también en un aumento para el personal subalterno de las Fuerzas Armadas.

En materia de vivienda, En lo que sigue se presentan ocho puntos sobre los cuales -y en consonancia con las prioridades definidas por nuestro gobierno- el Partido debe hacer hincapié.

Como se verá, uno de ellos no está incluido en la discusión presupuestal, pero debe ser levantado en paralelo por nosotros.

1 – Desarrollo Productivo

Las políticas productivas son necesarias para dar estabilidad al sistema productivo a la vez que se diversifica y se reestructura con el desarrollo de nuevas actividades de mayor dinamismo tecnológico. Lograr un desarrollo productivo nacional, sostenible y transformador económica y socialmente es el objetivo.

A modo de titulares se detallan a continuación los aspectos medulares, dado que sobre este punto existen desarrollos importantes en el Partido.

•          Promoción de las cadenas productivas propuestas por el MIEM, a partir del desarrollo de políticas sectoriales sólidas, mediante la construcción de políticas de mediano y largo plazo consensuadas con empresarios y trabajadores en los Consejos Sectoriales:

         Cadenas motores de crecimiento: automotriz, carne, lácteos, metal mecánica, construcción,             Cadenas intensivas en innovación: bio y nanotecnología, farmacéutica, electrónica, informática,           Cadenas generadoras de empleo y desarrollo local: textil, vestimenta, vitivinicultura,

•          Complementando con políticas transversales de fortalecimiento de la base productiva: creación de capacidades para aprovechar las oportunidades tecnológicas en los sectores tradicionales y en los nuevos que el país debe captar, especialmente en los sectores transversales de base que dan sustento al tejido productivo; en la integración regional mejorando economías de escala y de alcance, en el desarrollo de las pequeñas y medianas empresas agropecuarias, industriales y de servicios que internalicen para el país el valor que se crea, así como en el apoyo a los emprendimientos productivos sociales, cooperativos y de desarrollo local.

•          Fuerte impulso a la microeconomía, sobre todo a las pequeñas empresas ligándolas a estrategias de desarrollo local: en especial profesionalización y asociatividad de las Pequeñas y Medianas Empresas, certificación en calidad. Desarrollo de proveedores del Estado y grandes proyectos de inversión, asistencia técnica a emprendedores.

•          Instrumentación de la Agencia Nacional de Desarrollo, como herramienta eficaz y descentralizadora de ejecución de las políticas productivas.

2 – Sembrar y Proteger: dar prioridad en la inversión social a las generaciones más jóvenes; y cuidado de los sectores más vulnerables.

Las razones: según el último informe de pobreza del INE para el año 2009, la pobreza en la franja de 0 a 17 años es de 35% promedio (37,8% para los menores de 6 años) mientras para los mayores de 65 años la pobreza es 7.4%.

El mecanismo de indexación de las pasividades que se estableció con el plebiscito de 1989 protegió mejor a nuestros viejos, pero durante esos 20 años la que se fue creció dramáticamente diablo fue la pobreza infantil y juvenil.

Decir que los niños y adolescentes son pobres no es otra cosa que decir que los padres, y sobre todo madres de esos niños y niñas, son las que están en situación de pobreza.

De aquí se desprende la necesidad de promover un Sistema Nacional de Cuidados que afirme la participación del Estado, que proteja los derechos de la infancia y la adolescencia, la inserción de las mujeres en el mercado de trabajo, el cuidado de los discapacitados, y también de los adultos mayores.

Pero hay que asegurar la inversión en las nuevas generaciones. Más allá de los esfuerzos que se hagan en elevar la tasa de fecundidad -que hay que hacerlos y un sistema de cuidados va en esa dirección- la pirámide demográfica del Uruguay es un caso precoz de una tendencia mundial y global de envejecimiento de la población del planeta que no es reversible: cada vez va a haber más viejos en el mundo, y en 30 años China y Paraguay van a tener la misma pirámide demográfica que Uruguay.

Por eso se vuelve tan relevante invertir en la educación y salud de calidad en las nuevas generaciones, porque cuando sean trabajadores deberán tener una alta productividad para sustentar el sistema de seguridad social, asegurar el crecimiento de la economía; generando la base material para la distribución de la riqueza y con ello la reducción de la desigualdad.

3 – Educación

Coherente con lo anterior se debe hacer un gran esfuerzo de inversión en la educación. En el gobierno de Tabaré se tomó como meta el 4.5% del PBI para el sector. Los U$ 1400 millones fueron en gran medida absorbidos por los salarios de docentes y funcionarios habida cuenta de lo sumergidos que estaban, y en menor medida en inversiones. Los sindicatos de la enseñanza (ANEP y UDELAR) están planteando alcanzar el 6% del PBI en los próximos 5 años. En nuestra opinión el 4.5% del PBI constituye un “piso” (esto ya es mucho dinero, ya que no es lo mismo el 4.5% de un PBI de U$ 20.000 millones que de U$ 40.000 millones como está previsto que cierre el PBI en el 2010), pero de aquí en adelante se debe discutir el “para qué” de los recursos de la educación, y asignarlos en función de objetivos que promuevan la mejora de la calidad de la educación, manteniendo niveles salariales dignos, y en lo posible incrementándolos en términos reales.

Se debe hacer un gran esfuerzo en la construcción de infraestructura educativa: •         Se necesita llegar a 50 liceos nuevos para obtener una buena relación alumnos/aula. •          Se necesitan ampliar las escuelas de tiempo completo (o la extensión del tiempo pedagógico) a no menos de 60 escuelas en los 5 años. •     Hay que contar con recursos para refacción de las escuelas, liceos y UTUs existentes. •    Se necesitan no menos de 150 nuevos CAIF para aumentar la cobertura de la educación inicial de 0 a 3 años, que es parte de un Sistema Nacional de Cuidados.

Para que estas inversiones se puedan concretar, además del dinero se necesita una gestión muy eficaz, puesto que si no se corre el riesgo de tener el dinero pero conseguir los resultados. Se propone crear un Fondo para Construcción de Infraestructuras Educativas que ejecute las obras bajo la dirección de la ANEP y el INAU, pero con autonomía de ejecución (realización del proceso licitatorio y ejecución de obras), sino no se llega a la meta en 5 años (en el quinquenio pasado sólo se pudo llegara a 31 escuelas de tiempo completo, entre construcciones nuevas y ampliación de otras).

Hay que asegurar además, los nuevos cargos de docentes que requiere la mayor cantidad de escuelas y liceos; y hay que realizar una inversión fuerte en la Formación Docente y los procesos de evaluación.

4 – Salud

Aquí es necesario asegurar el cumplimiento del cronograma de acceso al FONASA. •            Un primer eje de discusión será entonces el ingreso de los 50.000 trabajadores de las cajas de auxilio. Si bien este conflicto tiene como protagonista al MSP, es necesario incluir en la defensa de la propuesta al MEF y el MTSS. • La propuesta de pasar el seguro de enfermedad de 2.5 BPC a 8 BPC (es decir de aproximadamente $5.000 a casi $13.000) es un logro enorme para 1 millón de trabajadores privados y genera mejores condiciones de negociación en el tema cajas de auxilio. •  El tema del ingreso de pasivos al FONASA: está prevista una ley luego del presupuesto que establezca un cronograma de ingresos desde el 2011 hasta 2014, en que ingrese el 90% de los pasivos. 2011 y 2012 serán leves pero debemos insistir en que se comience a promover que ingresen a partir del 2011 los pasivos de mayor edad, los que están más sumergidos pensionistas de menores ingresos (mayoritariamente mujeres mayores, que tienen pensiones de sobrevivencia); pensiones por discapacidad que también son los más vulnerables y más pobres. •          Hay que construir un discurso político que priorice continuar la mejora de la calidad de los servicios de ASSE. Una idea podría ser atar las partidas presupuestales que ASSE destine a sus unidades ejecutoras (hospitales y centros de salud) a partir de acuerdos de gestión por los cuales esas unidades se comprometen a alcanzar determinados resultados contra los recursos que se giran. •   Fortalecimiento de los servicios de Salud Mental estatales y privados (esto está vinculado al conjunto de la salud mental con especial preocupación en el tratamiento de adicciones y la prevención del suicidio). Ello implica modificar el costo de las cápitas para incluir el costo asociado a las prestaciones de salud mental que sean obligatorias desde enero de 2011. •       Finalmente si bien dentro del total presupuesto nacional el incremento previsto en el presupuesto del Ministerio de Salud Publica es menor, es importante apoyar el fortalecimiento de la función reguladora y fiscalizadora del mismo, para que todo el esfuerzo del conjunto de la sociedad se vea coronado no solo con la formalización de un conjunto de derechos, sino con el acceso efectivo a un Sistema Nacional Integrado de Salud de calidad. Para ello es imprescindible completar la dotación de personal técnico para la regulación del SNIS, en dos proyectos fundamentales: la descentralización del MSP mediante el fortalecimiento de las Direcciones Departamentales de Salud y el cuerpo de fiscalizadores.

5 – Seguridad Esta va a ser una de las prioridades de nuestro gobierno. Se propone la dotación de recursos que aseguren la continuidad de una política de seguridad garantista de los Derechos Humanos y que asegure la reinserción y rehabilitación de quienes delinquen, porque la única forma de tener una sociedad más segura es, además de bajar los delitos, que quienes salen de la cárcel no vuelvan a delinquir.

Para ello hay que defender las partidas para el Patronato del Liberado, para programas de penas alternativas a la privación de libertad (sobre todo en el caso de adolescentes en conflicto con la ley), así como la compra de tecnología que asegure un control más adecuado en la revisación de policías y familiares de detenidos en las cárceles; como también de instrumentos que permitan controlar la prisión domiciliaria como alternativa a la prisión en cárceles, sobre todos para los primarios.

6 – Reforma del Estado Partimos del acuerdo con la propuesta del Poder Ejecutivo en cuanto a la redefinición del estatuto del funcionario público y la implementación de programas piloto en el MIEM, MSP y MVOTMA.

Pero además deberemos asegurarnos dar contenido efectivo a la descentralización como parte del proceso transformador del estado, pasando de la descentralización política a la descentralización efectiva de la gestión pública, aplicando también a este nivel la estrategia de transferir recursos y competencias vinculados a compromisos de gestión. Habremos de poner especial atención a los mecanismos de transferencias de fondos a Intendencias y Municipios.

7 – Salarios de los empleados públicos Como ya se dijo antes, la prioridad del Poder Ejecutivo estará en elevar los salarios del personal más sumergido de las fuerzas armadas y policías. Para el resto de la administración central nuestra prioridad será el mantenimiento del salario real y acompañar el crecimiento de los salarios al crecimiento del PBI.

8 – Fondos Extrapresupuestales Es necesario activar la propuesta concretar e instrumentar las soluciones habitacionales para los jubilados, para lo cual existe un fondo que se constituyó con aportes de jubilados y del Estado, y que está actualmente “congelado”. Si bien este tema no hace al articulado específico de la ley de presupuesto, tiene una clara relación con éste por lo que impulsaremos ahora su discusión y definición.

El Partido Socialista encomienda a sus legisladores y legisladoras a promover estas orientaciones políticas en la instancia de decisión presupuestal.

28 de agosto 2010.