GINEBRA (24 de febrero de 2013). La Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Navi Pillay, expresó el domingo 24 su grave preocupación luego de que la Suprema Corte de Justicia de Uruguay declarase inconstitucionales algunos artículos de la ley 18.831 de 2011, que dejó sin efecto la Ley de Caducidad de la Pretensión Punitiva del Estado (ley 15.848).

“Estoy sorprendida y preocupada por este fallo de la Suprema Corte, que declara inconstitucionales algunos artículos de la ley que permitió llevar ante la justicia violaciones a los derechos humanos cometidas durante el régimen militar de 1973 a 1985, anulando así la amnistía de facto en el país”, expresó la Alta Comisionada.

La sentencia, adoptada por los magistrados este viernes por cuatro votos contra uno, abre el camino para el cierre de las investigaciones en curso sobre violaciones de derechos humanos, violando el derecho de las víctimas a la verdad, justicia y reparación.

Esta alarmante noticia se produce solo días después de que la jueza Mariana Mota, -quien ha estado a cargo de investigar cerca de 50 casos de violaciones a los derechos humanos cometidas durante ese periodo- fuera abruptamente trasladada por la Suprema Corte de su jurisdicción penal a un tribunal civil.

“Me preocupa seriamente que estos hechos puedan restablecer las sombras de la impunidad en un país que ha comenzado a conciliarse con la verdad y la justicia, para el pleno cumplimiento de sus obligaciones derivadas del derecho internacional”, concluyó Pillay.