Compartimos la columna de la edila Consuelo Pérez (Partido Colorado).

“En sesión del día 22 de agosto, el Frente Amplio votó en la Junta Departamental de Montevideo el realojo de parte del asentamiento Las Duranas y su traslado a un predio del espacio cultural “la Criolla – Paso de Las Duranas, ubicado en Pedro Trápani y Bayona.

Esta acción se enmarca en el Programa de Realojos, un instrumento que mediante acuerdos entre la Intendencia de Montevideo y el MVOTMA propicia la reubicación de familias con bajos recursos que se encuentran en suelos fiscales no aptos para vivienda y que cumplen con la condición de contaminados e inundables.

El espacio cultural mencionado cuenta con el escenario Pablo Estramín, zonas de juegos para niños, equipamiento para mayores, y una serie de mejoras urbanas conseguidas y materializadas por los vecinos, y mantenidas con su propio esfuerzo.

La I.M. afectará tres padrones contiguos a este centro, con un área total de unos mil metros cuadrados para reinstalar a unas dieciséis familias, en viviendas a construirse que les serán entregadas a las mismas.

Los hábitos sociales de las familias a insertarse son muy distintos a los de los trabajadores de la zona, pues provienen de asentamientos donde el reciclaje de basura es una de las características de su actividad.

Éste ha sido el argumento esgrimido por las autoridades y sus “seguidores conceptuales”, atribuyendo a los vecinos, legítimos dueños de su entorno, actitudes individualistas y egoístas, en una actitud injusta, y alejada de la realidad.

Si bien es indudable el contraste de la condición social y las costumbres de los futuros habitantes con los actuales, no es éste el principal problema en esta infeliz gestión:

El hecho principal es que la I.M. y toda su maquinaria burocrática nunca se han interesado en la opinión de los vecinos. Nunca se han reunido con ellos para interiorizarse de las actividades del barrio, de su forma de vida.

Nunca les han importado sus legítimos derechos, por el simple hecho de que los ven como contribuyentes –un número- y no como personas o como ciudadanos que además, pagan sus impuestos.

En su oportunidad, reunidos en asamblea, los vecinos ahora despojados de sus derechos manifestaron su indignación con la I.M., con el Municipio C y con la directora Eleonora Bianchi, responsable del Departamento de Acondicionamiento Urbano de la comuna.

Se les prometió entonces un ámbito de negociación para dialogar y acordar, entre la I.M. y una comisión designada y conformada a tales efectos, pero esto nunca se concretó, y no por culpa de los ignorados ciudadanos.

 

Los vecinos insistieron en que la acusación del oficialismo en que ellos asocian “la pobreza con la delincuencia” es falsa, y que en realidad lo que pretenden es que no se destruya el entorno logrado con sacrificio propio, y además, autoritariamente y sin diálogo previo que pudiera conducir a soluciones más equitativas o adecuadas.

Es que en experiencias similares –asentamiento de Candelaria- las viviendas se entregaron sin terminar en lo concerniente a sus cerramientos exteriores. Fácil es imaginarse el estado general del conjunto, en el que sus ocupantes, más allá de no pagar nada por lo que les fue entregado, han incidido negativamente en ese aspecto, pues no existe ni el orden ni la prolijidad ni el interés por el entorno en la “terminación” de las unidades.

La problemática que estamos exponiendo fue analizada y expuesta en ámbitos democráticos, como lo son la propia asamblea de vecinos, la presentación de 800 firmas, los planteos en la Junta Departamental de ediles de “la oposición”, la divulgación en medios de prensa, y todo mecanismo al alcance de los ciudadanos, legítimos dueños de la ciudad, para lograr al menos, ser escuchados.

Todo fue inútil.

La Intendencia de Montevideo, con el visto bueno y los votos incondicionales del oficialismo, “colonizará” la zona, plantará su bandera de autoritarismo, y seguirá ignorando a los vecinos, a los que trata, como dijimos, como un número, como “un contribuyente”. Sin derecho a opinar.

Es de orden mencionar que en la instancia de la votación en la Junta Departamental, los vecinos presentes en las barras reclamaron, se indignaron, lloraron, exigieron y luego insultaron a los ediles del Frente Amplio.

Fueron retirados de inmediato por la fuerza pública, como corresponde en todo régimen o sistema ‘democrático’”.