21 Abr '14

Sociedad Uruguaya

Piden mejorar capítulo de derechos de género, niñez y personas con discapacidad e incluir plan de educación para los medios en proyecto de ley SCA

Recibimos y Publicamos de la Coalición por una Comunicación Democrática.

La ausencia de un Plan Nacional de Educación para la Comunicación, cambios en aspectos como publicidad dirigida a niños, niñas y adolescentes, accesibilidad y medidas concretas para prevenir la violencia de género en los medios de comunicación, fueron algunos de los reclamos de organizaciones que integran la Coalición por una Comunicación Democrática durante la segunda comparecencia del colectivo en la Comisión de Industria de la Cámara de Senadores que trata el proyecto de ley de servicios de comunicación audiovisual (SCA) .

La segunda delegación de la Coalición compareció el miércoles 9 en la referida comisión y reiteró su apoyo el proyecto de ley, remarcó la importancia de aprobarlo en esta legislatura, pero identificó algunos aspectos que deben ser mejorados y otros incluidos. Días atrás una primera delegación asistió a la comisión y defendió el proyecto, pero reclamó mejoras.

Gabriel Kaplún director del Instituto de Comunicación de la Facultad de Información y Comunicación (FIC) manifestó preocupación porque Diputados no incluyó en el texto un capítulo que contemple la creación y coordinación de un Plan Nacional de Educación para la Comunicación.

No obstante ser uno de los aspectos que obtuvo mayor consenso en el seno del Comité Técnico Consultivo que entregó un informe con propuestas a fines de 2010, este tema no fue finalmente incluido en el proyecto ni por el Poder Ejecutivo, ni posteriormente en la primera cámara que lo trató.

Kaplún propuso a los Senadores incorporar a la Defensoría de las Audiencias (figura que en el proyecto recae en la Institución Nacional de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo) algunas funciones relativas a este asunto.

Concretamente, el director del Instituto de Comunicación de la FIC sugirió incluir entre las competencias del defensor de las audiencias la tarea de “promover la educación de la ciudadanía para el ejercicio de la comunicación, la libertad de expresión y el derecho a la información, favoreciendo la recepción crítica y el uso inteligente y creativo de los servicios de comunicación audiovisuales”.

La propuesta encarga a la Institución de Derechos Humanos la tarea de formular e implementar un Plan Nacional de Educación para la Comunicación. Este plan, que deberá ser coordinado con varias instituciones públicas como la ANEP o el Ministerio de Industria, implica la alfabetización mediática y el desarrollo de las competencias comunicacionales de todos los ciudadanos, el estímulo al papel educativo de los medios, la formación profesional de calidad y la investigación.

“Es necesario potenciar la capacidad crítica de los receptores, es decir, que el conjunto de los ciudadanos, a la hora de mirar un programa de televisión, escuchar un programa de radio o cualquier medio de comunicación, sea capaz de analizarlo críticamente”, señaló Kaplún al argumentar la necesidad de trabajar en un plan de este tipo.

Respecto a este último punto Kaplún expresó que la idea es pensar “lo educativo desde otro lugar, desde otro espacio, por ejemplo, ligado a la ficción tanto en televisión, como en todo tipo de medios”.

Protección de niños, niñas y adolescentes

Paula Baleato representante de la organización civil El Abrojo celebró que la ley incorpore un capítulo destinado al tema protección y promoción de derechos para niños, niñas y adolescentes. Sin embargo, propuso algunas modificaciones específicas a los artículos 33 y 34 del proyecto.

El primero se refiere a la publicidad dirigida a niños, niñas y adolescentes, el segundo a aquella protagonizada por estos. Baleato señaló que el proyecto de ley inicial “tenía 13 literales en relación a restricciones hacia la publicidad, pero en la Cámara de Representantes se aprobó una reducción y quedaron sólo seis”.

La representante del Abrojo propuso volver a incorporar prohibiciones respecto a que la publicidad dirigida a niños niñas y adolescentes no podrá incitar a la violencia, la comisión de actos delictivos, el consumo de drogas legales e ilegales o a cualquier forma de discriminación.

Propuso agregar al proyecto que los productos o servicios especialmente dirigidos a este público, como los juguetes, “no deberán discriminar ni promover valores o roles estereotipados que fomenten la discriminación por género, raza, etnia, orientación sexual, discapacidad o de cualquier otro tipo”, entre otras varias recomendaciones que fueron excluidas del texto aprobado en Diputados.

Baleato propuso crear un ámbito institucional específico para trabajar los temas del vínculo entre las infancias, las adolescencias y los medios de comunicación audiovisual. Hay que “tener presente el peso socializador que tienen los medios en relación con niños y adolescentes” señaló al argumentar.

“Los medios de comunicación son una institución socializadora tan importante como la familia o el sistema educativo, debemos tomar en cuenta este nuevo actor y este escenario de formación como un espacio muy importante que requiere la participación de distintos actores institucionales”, finalizó Baleato.

Accesibilidad para la inclusión

Soledad Fontela de la Red Especial Uruguaya remarcó la importancia que significa que el proyecto de ley incluya un capítulo destinado a la accesibilidad para las personas con discapacidad.

“Debido a la inaccesibilidad edilicia, tanto en ciudades como en pueblos, los medios de comunicación se transforman, a veces, en el único vínculo que tienen estas personas con la educación, con la información general y con el entretenimiento”, recordó.

La representante de Red Uruguaya también hizo énfasis en la imagen que los medios transmiten de las personas con discapacidad: “A nivel de la sociedad, los contenidos en general de los medios de comunicación dan una visión muy negativa de las personas con discapacidad, mostrándolas siempre como personas dignas de lástima y nunca desde sus propias capacidades”.

En este sentido, retomó la idea de Kaplún y apuntó a la necesidad de un Plan Nacional de Educación para la Comunicación. “Se necesita mucha educación a nivel del lenguaje; la persona discapacitada no es `el discapacitado` sino que, primero, es persona”, dijo la representante de Red Especial Uruguaya. Finalmente advirtió que tanto este tema como el de la protección a la infancia deben ser resueltos en la ley mediante la educación.

No discriminación

Lilián Celiberti de Cotidiano Mujer expresó la necesidad de incorporar al proyecto referencias directas a leyes que ya fueron promulgadas en el país respecto a la igualdad en términos de consideración, a la no discriminación de género, a la ley sobre violencia doméstica, entre otras.

Las incorporaciones planteadas respecto a la igualdad y la no discriminación van en la línea de luchar contra una tendencia “a estereotipar, no sólo a las mujeres, sino también a los hombres; estereotipos que ubican determinados comportamientos en unos y otros”.

El problema no se salva exclusivamente con prohibiciones, sino también con educación. Celiberti ejemplificó: “No puede haber una legislación que prohíba el programa de Tinelli, pero quiero una sociedad que no lo mire”. Este tipo de programas “cosifica a las mujeres en relación a su cuerpo y no las considera en su integralidad”, opinó.

Por último advirtió que el artículo 28 que previene ante formas discriminatorias sufrió “recortes” y tiene “ausencias” luego de haber sido aprobado en Diputados. Celiberti propuso que el artículo diga: “Los servicios de comunicación audiovisual no podrán difundir contenidos que inciten o hagan apología de la discriminación y la violencia a través de mensajes que transmitan y reproduzcan dominación, desigualdad y discriminación en las relaciones sociales naturalizando la subordinación de las mujeres en la sociedad”.

Eliminación de CCA debilita el proyecto

La eliminación en Diputados del Consejo de Comunicación Audiovisual (CCA) y la asignación de todas las competencias previstas a la URSEC volvió a ser centro de críticas.

“Cuando se trabajó el proyecto en la comisión de Diputados insistimos en la necesidad de que el CCA tuviera independencia del Poder Ejecutivo; parecía que eso se había logrado porque llegamos a ver una redacción que iba en este sentido pero lo cierto es que se volvió a cambiar a último minuto”, lamentó Gabriel Kaplún.

En reiteradas ocasiones tanto la Coalición por una Comunicación Democrática como organismos internacionales de derechos humanos manifestaron la necesidad de crear un organismo de aplicación de la ley que sea independiente del Poder Ejecutivo. Tal no es el caso de la URSEC.

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Coalición por una Comunicación Democrática

http://www.infoycom.org.uy/

Somos una coalición de la sociedad civil creada en 2010 e integrada por más de 30 organizaciones sociales, académicas y sindicales. El colectivo surge en el proceso de democratización de las comunicaciones que se desarrolla en el país, y tiene como misión promover y aportar al pleno ejercicio de derechos ciudadanos, entre ellos el derecho a la libre expresión, el derecho al acceso a la información, la igualdad y la no discriminación y a la producción nacional en la cultura.

 

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