La Cámara de Senadores ha sido convocada para el martes 6 de agosto, a las 9 y 30 horas, con el fin de aprobar la ley de minería de gran porte. El proyecto aprobado por mayoría en la Comisión de Industrias, más allá de unas modificaciones parciales, mantiene lo sustancial del proyecto del Poder Ejecutivo aprobado por la Cámara de Diputados, el pasado 17 de abril, para legitimar la instalación de la megaminería metalífera a cielo abierto en el país.

Soslayando la oposición expresada en amplios sectores de la sociedad y los cuestionamientos realizados por los partidos de oposición representados en el Parlamento, el oficialismo insiste con una propuesta que otorga beneficios excepcionales a una actividad sin antecedentes en el país y que conlleva altos impactos sociales y ambientales. En forma reiterada planteamos que la ciudadanía debe ser consultada para tomar una decisión de esta envergadura.

La ley propuesta es ajena a la realidad del país, Uruguay posee tierras privilegiadas en el mundo para producir alimentos, sus reservas minerales son pequeñas y de pobre concentración. La destrucción del ecosistema y la corta duración de la actividad minera posible fueron confirmadas en la discusión legislativa. El proyecto Aratirí al que esta ley beneficia es un negocio de ocasión de una empresa extranjera que pretende exportar rápidamente el hierro disponible.

A pesar de limar algunos de los aspectos más chocantes, el proyecto de ley habilita beneficios fiscales por 700 a 1000 millones de dólares, según cálculos hechos por legisladores. Se mantiene el impuesto a las ganancias (IRAE) y su adicional, pero no se adoptan medidas para evitar la subdeclaración por la empresa. Permite asimismo descontar los gastos previos a la concesión como si fueran costos de operación y descontar el canon del adicional del IRAE.

Son un engaño para confundir a la población las declaraciones de quienes afirman que este proyecto de ley impondrá mayores exigencias tributarias a la minería de gran porte.

Una actividad que duraría a lo sumo 15 años, porque no hay mayores riquezas minerales y porque cada vez hay más noticias de una baja de los precios de los metales en los próximos años por superproducción, no es significativa en la historia del Uruguay y menos cuando se destruye una zona productiva que ha dado y seguirá dando beneficios a sus habitantes y al país.

Este proyecto de ley es altamente inconveniente para el país y no puede ser aprobado por el solo hecho de contar con una mayoría parlamentaria. Los legisladores son representantes y no dueños de la voluntad de los electores. La ciudadanía está y se seguirá movilizando para poner en práctica mecanismos de consulta y decisión verdaderamente democráticos.

Por todo ello, convocamos a la población a concurrir a la sesión de la Cámara de Senadores del próximo martes, desde las 9 y 30 horas, para expresar la oposición a este proyecto.

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