Compartimos sus conceptos en la siguiente columna.

Históricamente hemos escuchado autoridades y expertos en materia económica, destacar desde Uruguay el fenómeno Chile, como modelo de referencia en diversos aspectos económicos y comerciales, como un faro a seguir por su política exterior de libre comercio sin ataduras a ningún bloque regional, su capacidad de negociar bilateralmente con grandes potencias comerciales, su crecimiento económico sostenido -aunque quizás con malos niveles de distribución de la riqueza-, seguramente uno de los modelos de la región con mayor concentración de la riqueza, lo que llevó en los últimos tiempos pre-pandemia a multitudinarias protestas sociales, que culminaron con una decisión acordada por todos los actores políticos, de la necesidad de reformar su constitución y rediscutir ciertos paradigmas dados por válidos desde hace décadas, pero que surgieron en épocas oscuras de la historia de dicha nación.

Pero más allá de esto y de que Chile indudablemente ha sido de los países que según las cifras manejadas por los organismos internacionales financieros, más ha invertido en ayuda social directa en la región durante la pandemia de coronavirus.

Muchas veces se dice que las crisis generan oportunidades, bueno esta crisis económica derivada de una crisis sanitaria en un país como Uruguay, no puede dejar pasar el momento histórico de resolver varios problemas con una decisión estructural que solucionará la mayor parte de los problemas coyunturales de tipo económico, social, laboral y educativo.

Debe enviar al Parlamento una Propuesta que autorice el retiro de los fondos de ahorros de capitalización individual de trabajadores y/o empleadores depositados en las AFAP´s, que contemple la posibilidad de retirar en primera instancia por los menos entre un 25 % a un 50 % de los mismos, dependiendondel total de la cuenta individual, en un rango de retiro mínimo de USD 5000 (cinco mil dólares americanos) y con un tope de retiro máximo USD 10000 (diez mil dólares americanos).

No existe mejor política económica, que permitirle a las personas, disponer de su propio dinero para reactivar la economía, esto es justicia social distributiva ya que alcanza a todos y no solo a los que puedan anotarse a unos jornales solidarios transitorios, que puedan acceder al seguro por desempleo parcial o las ayudas sociales de tarjetas o canastas mínimas del MIDES u otros pequeños subsidios otorgados para algunos colectivos por un par de meses como ya se realzaron sin efecto alguno en la economía.

Si se habla de “Libertad Responsable” en lo sanitario que más justificado que en lo económico, no se puede permitir que más personas pierdan sus emprendimientos productivos, trabajos autónomos y empleos precarios, sin tomar medidas de fondo, que además no tienen costo alguno para las arcas del Estado, esto es mucho más económico que la famosa renta básica universal plateada por la oposición política y negada por el gobierno, dado que se esgrime que luego de otorgarla quien la puede retirar y además el incremento del déficit que implica pagarla y la dificultad de elegir a quienes otorgarla, ambas partes con argumentos atendibles desde lo positivo y negativo de la propuesta.

Ya un ex Ministro de Economía y Finanzas de la década de los 90, habló de aplicar una especie de Plan Marshall en Uruguay que reactive la obra pública y genere un schok en la economía, pero de donde se piensa sacar el dinero, seguramente del ahorro de los trabajadores, es decir de los fondos ahorrados en la AFAP’s. Asimismo una Intendenta de la oposición planteó desarrollar un plan de infraestructura sobre un nuevo corredor metropolitano de movilidad y también apeló al interés que despertaría para las AFAP’s el invertir en esta posibilidad. Pero no señores, las AFAP’s no son las que tienen que poner el dinero en sus ideas improvisadas, el dinero debe ir a los bolsillos de los trabajadores, como lo está haciendo Chile o Perú en la región y en otras latitudes países muy desarrollados y ricos como por ejemplo Australia.

Antes de generar apreciaciones confusas hay que tener presente, que el trabajador amparado en este sistema mixto, no quedará sin aportes jubilatorios, ni sin una prestación llegado el momento de generar la causal jubilatoria, ya que se mantiene el tramo aportado y que le pagará el sistema público a través de la caja que corresponda, la mayoría a través del Banco de Previsión Social (BPS).

Esto no afecta la solidaridad intergeneracional, ya que lo que va al BPS no se toca y además en caso de que la persona llegara a la edad de causal jubilatoria la cual se proyecta elevar o generará una pensión, tendrá siempre para cobrar el tramo del BPS e incluso una parte del tramo de su ahorro que la AFAP´s conservará si no retira el total, si continuara trabajando y aportando, ya que el fondo que administra pasa a una aseguradora para el pago, por una tabla actuarial que estipula la proyección de vida, la cual podemos asegurar que pocos alcanzan, la misma está en los 100 fijada en la actualidad el BCU.

Ya que no tiene sentido, en una situación de crisis absoluta como la actual, en uno de los países con una tasa de suicidios de las más alta de Latinoamérica y del mundo sostenida desde hace décadas y en aumento, que los trabajadores no pueden acceder en caso de desempleo u otras causas de fuerza mayor a un capital, que es de su propiedad, que corresponde a su aportación personal, que sufre variables para bien o mal derivado de la rentabilidad que manejan otros en este caso las AFAP´s, en manos de ejecutivos con sueldos exageradamente altos para el mercado laboral local y el resultado de sus portafolios de inversiones los cuales han llegado a dar rentabilidad negativa, incluso por financiar negocios inviables, sumado a los descuentos por comisiones varias que aplican diversos agentes involucrados.

No tiene sentido que si es una cuenta individual, personal e intransferible que termina siendo liquidada por una aseguradora, no funcione como un seguro de ahorro de retiro, en el cual, cuando uno lo desea, después de pagar o aportar cierta cantidad de años, uno tiene acceso al monto del dinero y a retirarlo y disponer del mismo en vida, por ejemplo para sobrevivir, para poder generarse un autoempleo o micro emprendimiento para poder seguir trabajando y obtener ingresos auténticos, y así dinamizar la economía toda y no seguir apostando a financiar programas de asistencia social y transferencias directas mínimas como canastas de alimentación que poco ayudan a subsistir con dignidad o apoyando ollas populares lo cual es realmente inaceptable como política pública, lo cual ya aconteció durante la crisis bancaria de los años 2000. Los trabajadores tienen derecho a disponer de sus ahorros, ya que el sistema se creó con esta ideología de capitalización individual, como que fuera una cuenta bancaria.

Esta propuesta sí cumple con la idea de que podría ser una política pública de Estado, que en medio de una crisis económica y en el marco de la decisión de reforma la seguridad social, sería una caja de herramientas que permitiría solucionar problemas de diversa índole a muchos grupos heterogéneos de la sociedad, que no son alcanzados por las soluciones brindadas hasta el momento y también para otros sectores a los que si se le están ofreciendo alternativas, pero que no son sostenibles a mediano y largo plazo por cuestiones de financiamiento.

Ya vimos que la propuesta asistencialista de los denominados Jornales Solidarios con 15000 puestos por 6 meses de contrato, que se abonarán un monto mensual nominal de $12.500 (pesos uruguayos) por 12 jornales efectivamente trabajados, para tareas simbólicas como barrido de plazas y sin un debido componente de formación profesional y/o capacitación productiva que pueden brindar los varios organismos que sustenta el Estado con estas capacidades y competencias, como son por ejemplo: el INEFOP, CONENFOR (PNET/PAS), CECAP’s, COCAP, CITS, UTU, UTEC, ANII, ANDE, etcétera.

Todo lo cual redondea una iniciativa la cual es absolutamente insuficiente, cuando en el primer día ya se inscribieron diez veces más personas que las vacantes, es decir 150000 personas en un día, de una semana de plazo para la inscripción, esta es la mejor encuesta del caos social, laboral y económico que afronta el Uruguay y parece que aún hay dirigentes políticos y líderes de opinión pública, que tienen tiempo para discutir temas menores pensado en el redito político que pueden lograr a corto plazo.

Prof. Lic. Nelson Simatovich.

Experto en Trabajo Decente, Formación Profesional y Desarrollo Productivo.

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Luis Lisboa, quien fuera el candidato en el orden de los trabajadores en las elecciones del Banco de Previsión Social (BPS) por la Lista 16, advirtió sobre las consecuencias del artículo 12 del Decreto reglamentario, expresando la gravedad que las proyecciones que realice el organismo al asesorar a los trabajadores, “no son vinculantes”, con el agravante de los errores de estimaciones efectuadas por el BPS en otras instancias, lo que determina la inexistencia de garantías para el trabajador.

Compartimos el punto de vista de Luis Lisboa.

El pasado 3 de octubre de 2017 concurrimos a la Comisión de Seguridad Social integrada con Hacienda de la Cámara de Representantes a realizar nuestros aportes en relación al proyecto de ley presentado por el Poder Ejecutivo a los efectos de buscar una solución al problema de trabajadores autodenominados “cincuentones”.

En la oportunidad, entre otras cosas,  señalábamos que “… discrepamos con la desafiliación irrevocable, distanciada del momento de jubilarse, pues existen muchos riesgos en esa decisión y un amplio margen de error. Compartimos la idea de asegurarle al trabajador la mejor jubilación, pero entendemos que hay que elegir en el momento de jubilarse. Además de que esta forma es más segura para el trabajador por tener menor margen de error, es una de las soluciones con menor costo para el Estado”.

Lamentablemente el 28 de diciembre de 2017, el Parlamento Nacional terminó aprobando otra solución muy distinta para los trabajadores autodenominados “cincuentones” (actual Ley Nº 19.590). Con fecha 23 de marzo de 2018 se aprueba el decreto reglamentario correspondiente (Decreto Nº 71/2018).

En función de ello, hoy me voy a referir especialmente al artículo 12 del presente decreto reglamentario, que establece el alcance del asesoramiento. El mismo establece que: “El Banco de Previsión Social instrumentará la documentación que habrán de suscribir los interesados en señal de haber recibido el asesoramiento a que refiere el artículo 3º. En dicha documentación, el referido instituto hará constar, entre otras puntualizaciones que estimare pertinentes para precisar el alcance del asesoramiento, que este último, en los casos a que refiere el inciso primero del artículo 1º, contiene proyecciones solamente estimativas y no vinculantes, así como que las prestaciones que el interesado llegare a eventualmente a recibir pueden diferir en mayor o menor medida de las estimadas al momento del asesoramiento”

Es comprensible el carácter estimativo de las proyecciones realizadas, pero señalar que las mismas no son vinculantes, significa no brindarles ni un mínimo de garantías a los trabajadores que lejos del momento de jubilarse deben adoptar una decisión muy importante, con el agravante de que la misma posee carácter irrevocable.

Ello ratifica una vez más lo que hace tiempo venimos señalando: esta solución no pone el foco en los trabajadores damnificados y en buscarles la mejor solución posible a los involucrados.

Los trabajadores uruguayos deben saber que en Uruguay realmente no tenemos un Sistema de Seguridad Social como muchas veces se dice. Según el diccionario de la Real Academia Española, sistema es “Del lat. systēma, y este del gr. σύστημα). m. Conjunto de reglas o principios sobre una materia racionalmente enlazados entre sí. || 2. Conjunto de cosas que relacionadas entre sí ordenadamente contribuyen a determinado objeto”

Se dice que tenemos un Sistema Mixto de Seguridad Social pero es de público conocimiento que las Afaps no tienen acceso a todos los detalles de la historia laboral de sus propios afiliados y por ende no cuentan con los elementos suficientes para asesorarlos, por ejemplo, si las proyecciones realizadas por el BPS son las adecuadas o no.

Se nos obliga a los trabajadores a un asesoramiento previo de parte del BPS, decretándose al mínimo detalle el alcance del asesoramiento a recibir, pero poco y nada se decreta de las condiciones en que el mismo debería realizarse de parte del organismo. Nada obliga al organismo a tener que realizarnos proyecciones para todas las posibles edades de retiro, ni le establece obligaciones de determinados niveles de formalidad en el asesoramiento, lo que ha llevado en asesoramientos anteriores similares a que muchos trabajadores salgan del organismo sin copias escritas de los resultados de las proyecciones realizadas o que denuncien sustanciales diferencias con el asesoramiento recibido y el resultado final obtenido.

Es el BPS juez y parte. Muchos trabajadores fuimos obligados a afiliarnos a una AFAP y sin embargo no tenemos ni tan siquiera el derecho de consultarlas para que nos asesoren si las proyecciones realizadas por el BPS son correctas y si realmente conviene o no abandonar el Régimen Mixto. ¿Cómo controla o verifica un trabajador si fue correctamente asesorado?

Como si ello fuera poco, los antecedentes de proyecciones realizadas por el organismo son nefastos.

El 3/10/2017 al concurrir al Parlamento también señalábamos: “Vemos con mucha preocupación los errores de proyección que cometió el Banco de Previsión Social en el año 2008 con la ley de flexibilización. Sin duda que los señores legisladores vieron el proyecto de Rendición de Cuentas presentado por el señor ministro de Economía y Finanzas, quien señala errores de proyección de 280%. Es extremadamente grave e incomprensible que en un organismo como el BPS, que tiene la mejor base de datos del país y cuenta con muchos profesionales, se cometan errores de esta magnitud.

Queremos dejar constancia de nuestra preocupación por errores como esos en este proyecto, en el que se manejan números muy importantes.”

Tal vez, los resultados finales y reales de dichas proyecciones realizadas por el BPS hace 10 años sean “el padre de la criatura”, de un nefasto artículo 12 del decreto reglamentario, que ya está generando varias iniciativas de presentación de recursos de revocación que dejan en evidencia una real “inseguridad” social para los “cincuentones” y para todo nuestro mal llamado Sistema de Seguridad Social.

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AFAPS: ¿DESAFILIACIÓN SÍ, DESAFILIACIÓN NO?

Charla que hace al futuro de los uruguayos.

Exponen: economista Ariel Davrieux, el precandidato presidencial José Amorín Batlle, el doctor Renán Rodríguez, y el senador Tabaré Viera. Modera, el candidato a diputado por la Lista 305, Conrado Rodríguez.

Lista 305 te invita a esta charla, con especialistas que estuvieron en la creación de la reforma, para que te informes de primera mano sobre ésta interrogante!!!

Martes 11 de Marzo, 19 y 30 hs, Sede de Batllistas de Ley (Sarmiento 2626, entre Luis de la Torre y Fco. Aguilar).

TE ESPERAMOS!!

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“En la semana que concluye, el Parlamento sancionó un proyecto de ley que en treinta artículos introduce varias modificaciones al régimen mixto de seguridad social, vigente desde 1996 por imperio de la ley 16.713.

El trámite legislativo fue ultrarrápido: quince días en el Senado, veinticuatro horas en Diputados. En esos plazos, ni los diputados ni los senadores pudimos estudiar a conciencia un proyecto técnicamente muy complejo, como suelen serlo los atinentes a la seguridad social. Para que el lector tenga un punto de referencia, cabe recordar que el procedimiento para la sanción de leyes de urgencia (Constitución, art. 168, nral. 7º), prevé que la Cámara que trata el proyecto en primer término disponga de 45 días para su estudio; el plazo es de 30 días para la segunda Cámara. Comparada con lo que fue el trámite dado a este proyecto, una ley de urgencia parecería una carreta de insoportable lentitud. Por lo visto, el Frente Amplio llegó a la conclusión de que es suficiente con que las leyes las estudie el Poder Ejecutivo; la mayoría oficialista se da por satisfecha con eso, y lo que piense o diga la oposición no importa, porque es minoría. Así funcionan las cosas hoy en el Parlamento.

Desde el punto de vista del contenido, la ley es heterogénea; regula varios temas, como el derecho a desvincularse de las AFAPs que se otorga a algunos trabajadores que se afiliaron voluntariamente a ellas; la incidencia del monto de las comisiones cobradas por cada Administradora en el mecanismo de asignación de afiliados, en defecto de una decisión expresa de éstos; y la constitución de un subfondo de retiro para disminuir el riesgo de las colocaciones (y por consiguiente su rentabilidad) cuando el afiliado se acerca a la edad de la jubilación.

Desde el punto de vista político, empero, lo sustancial no fueron estas disposiciones particulares, que corrigen y en algún aspecto buscan mejorar el régimen establecido por la ley 16.713; lo sustancial fue el discurso anti AFAPs con el que el asunto fue presentado a la opinión pública. El PIT-CNT y en particular uno de sus dirigentes principales, Marcelo Abdala, dijeron enfáticamente que la sanción de este proyecto de ley fue sólo un paso en el camino al gran objetivo, que es la eliminación de las AFAPs. El movimiento sindical las rechaza porque, sociedades comerciales como son, actúan con ánimo de lucro; el ánimo de lucro no debería tener cabida, según el Sr. Abdala y sus compañeros, en el ámbito de la seguridad social. No se dice con claridad qué se propone para sustituir a las AFAPs y al régimen de ahorro individual que ellas administran, pero está implícito en la crítica al sistema mixto hoy vigente, que lo que se busca es el retorno al régimen llamado de solidaridad intergeneracional, o de reparto, administrado sin fines de lucro por el BPS. O sea: lo que se quiere –aunque no se diga con todas las letras- es restaurar el sistema existente antes de la sanción de la ley 16.713.

Y bien: corresponde recordar que la ley 16.713 se sancionó para evitar la crisis del sistema de seguridad social, con el consiguiente impacto destructor sobre los jubilados, los pensionistas, las arcas del Estado y el país entero.

Ya a principios de los años sesenta, los estudios técnicos realizados por la OIT a solicitud de la CIDE señalaban que la combinación de nuestras generosas “leyes sociales” y la particular demografía uruguaya, comprometía el futuro de la seguridad social. En las décadas que siguieron, aquellas grietas en el muro relevadas por la OIT se fueron haciendo más grandes y más profundas. En 1989, los egresos totales del BPS representaban unos diez puntos del PBI; en 1994, eran ya quince puntos; había que actuar, y rápido.

El gobierno del Partido Colorado iniciado en 1995 (segunda presidencia del Dr. Sanguinetti), se abocó de inmediato a la tarea. Con el respaldo del Partido Nacional y la oposición del Frente Amplio, se logró que la ley se sancionara ese mismo año, para entrar en vigencia al año siguiente. Se respetaron plenamente los derechos adquiridos (la ley no alcanzó a quienes tenían causal jubilatoria configurada a la fecha de su entrada en vigencia) y se estableció, para el futuro, un sistema mixto de reparto (BPS) y capitalización (AFAPs), que es el que hoy tenemos.

¿Qué resultados tuvo la reforma? Los egresos del BPS representan hoy menos de diez puntos del PBI; el gran ahorro en este campo generó un “espacio fiscal” que permitió financiar, entre otras cosas, el aumento de las asignaciones presupuestales a la educación pública (de 3,1 a 4,5% del PBI, es decir, una apenas una fracción del ahorro en el BPS). Las jubilaciones y pensiones se pagaron regularmente aún durante la terrible crisis del 2002. Las AFAPs tienen, en números redondos, 1.200.000 afiliados (casi el 90% de ellos, voluntariamente afiliados), y los fondos que administran suman unos 10.000 millones de dólares. De ese total, la tercera parte corresponde a los aportes vertidos por los trabajadores, y las dos terceras partes son intereses producidos por las colocaciones realizadas.

La reforma fue un éxito, lo que no quiere decir que haya sido perfecta. Como toda obra humana, tuvo errores y defectos que deben corregirse y omisiones que deben colmarse. Por eso el Partido Colorado votó a favor de los dos artículos que permiten optar por la desvinculación de las AFAPs, a afiliados a quienes pueda resultar más conveniente la jubilación por el antiguo régimen.

Pero una cosa es corregir errores o introducir mejoras, y otra muy distinta es pretender tergiversar los hechos y hacer, de una reforma a todas luces exitosa, un capítulo más de la letanía sindical contra los años noventa, pretendido origen de todos los males (el origen de todos los bienes, se sabe, es el gobierno “progresista”, al que la Humanidad debe la invención del café con leche y el pan con manteca).

Precisamente para rechazar ese alegato retrógrado contra la reforma de la seguridad social, el Partido Colorado votó en general en contra del proyecto de ley (sin perjuicio, reitero, de haber votado a favor de los dos artículos que establecen el derecho a la desafiliación en ciertos casos).

Son más de 800.000 los afiliados que en algún momento podrán optar por salir de las AFAPs. Los dirigentes sindicales dirán lo que quieran en el terreno ideológico, pero cuando llegue la hora de elegir pensando en la jubilación, la inmensa mayoría de los trabajadores optará por quedarse en el régimen que defiende y multiplica sus ahorros. Más allá de las palabras, la conducta de las grandes mayorías será la mejor defensa y justificación de la ley 16.713’”.

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En tal sentido, Lacalle Pou sostiene que no están dadas las condiciones para un buen asesoramiento previo que permita a los más de 800.000 uruguayos amparados en el régimen mixto, tomar una decisión al respecto.

El precandidato nacionalista dijo: «queremos alertar a la ciudadanía que se está cometiendo un error y tenemos una propuesta desde nuestro sector; de llevarse adelante este proyecto de ley, generará muchas incertidumbres y el Estado sera responsable luego de las malas elecciones que tomen los ciudadanos por falta de conocimiento».

Lacalle Pou dará a conocer la propuesta de TODOS para resolver esta situación,hoy jueves 17 de Octubre a la hora 15:00 en el Edificio José Artigas, Anexo Palacio Legislativo, tercer piso, despacho 319.

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CONCENTRACION EN EL BANCO CENTRAL DEL URUGUAY, CON MARCHA Y ACTO EN EL MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS.

A las 14 horas, como todos los segundos viernes de cada mes, realizaremos una movilización que consiste en una concentración en la puerta del Banco Central del Uruguay, para marchar hasta el Ministerios de Economía y Finanzas, lugar en el que realizaremos un acto, rechazando la circular del Banco Central del Uruguay que rebajó las jubilaciones que se pagan en el régimen de ahorro individual hasta en un 20%, reclamando un Diálogo Nacional de Seguridad Social de verdad y defendiendo el derecho a desafiliarnos de las AFAPs, para optar por el régimen solidario del BPS.

LA COMISIÓN DE SEGURIDAD SOCIAL DEL PIT CNT SE REUNE PARA EVALUAR Y REAFIRMAR UN PLAN DE ACCION EN DEFENSA DE LA SEGURIDAD SOCIAL SOLIDARIA, UNIVERSAL y SIN AFAPs.

También el próximo viernes 10 DE AGOSTO, pero a partir de la hora 9:00 sesionará la Comisión de Seguridad Social del PIT-CNT (COSS), en el local sindical de los trabajadores del Ministerio de Ganadería Agricultura y Pesca (AFGAP) Uruguay entre Andes y Florida.

Entre otros temas la COSS discutirá un conjunto de propuestas y aportes hacia el Encuentro sobre Seguridad Social que se realizará en abril del 2013 para evaluar y resolver sobre el futuro de la Seguridad Social.

Dichas acciones dependerán de los avances o los retrocesos que se produzcan en este periodo de gobierno, entre las que no se descarta generar una instancia de democracia directa que nos ayude a avanzar hacia una reforma estructural de la seguridad social, basada en los principio de Solidaridad y Universalidad, es decir sin lucro, sin AFAPs.

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