La iniciativa presentada el pasado 7 de octubre pasó a su estudio a la Comisión de Defensa Nacional del Senado.

Se plantea: Artículo 1º (Objeto). Créase el, en adelante «Registro», con el fin de identificar, clasificar y sancionar Registro Nacional de Entidades Terroristas Internacionales administrativamente – sin perjuicio de las responsabilidades penales correspondientes- a organizaciones, personas o entidades que representen una amenaza terrorista para el Estado uruguayo y sus ciudadanos.

En su exposición de motivos, los legisladores colorados expresan que “la amenaza del terrorismo transnacional constituye un riesgo creciente para la seguridad nacional, regional e internacional. Si bien Uruguay no ha sido objetivo aún directo de acciones terroristas, la globalización de los flujos financieros, migratorios y tecnológicos ha incrementado su exposición indirecta a organizaciones terroristas que operan en diversas regiones del mundo”.

Este proyecto de ley propone “la creación de un Registro Nacional de Entidades Terroristas lnternacionales, que permita al Estado uruguayo identificar, monitorear y sancionar -en coordinación con agencias internacionales- a organizaciones, personas y entidades asociadas con actividades terroristas. Se toma como referencia las prácticas de países con amplia experiencia en la temática como Canadá, Australia y el Reino Unido, y se incorpora el marco sancionatorio de Naciones Unidas, manteniendo la posibilidad de que Uruguay agregue entidades que, sin estar listadas por la ONU, representen una amenaza para la seguridad nacional o regional.

Prevención de lavado de activos

Asimismo, el proyecto “busca fortalecer las herramientas de prevención del lavado de activos y la financiación del terrorismo, mediante la articulación entre la Secretaría de Inteligencia Estratégica del Estado, el Ministerio de Defensa Nacional, el Ministerio de Relaciones Exteriores y la Secretaría Nacional para la Lucha contra el Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo”.

En este sentido, “la iniciativa se enmarca en las obligaciones internacionales asumidas por Uruguay como Estado miembro de las Naciones Unidas, en cumplimiento de las resoluciones 1267 (1999), 1373 (2001) y subsiguientes del Consejo de Seguridad, así como en las recomendaciones del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) y del Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (GAFILA T). Estos estándares imponen a los Estados la creación de mecanismos internos eficaces para identificar y congelar de manera preventiva activos de personas y entidades vinculadas al terrorismo y su financiamiento”.

Los parlamentarios del PC agregan que “la experiencia comparada demuestra la necesidad de dotar a los Estados de registros ágiles y flexibles. Canadá mantiene un listado oficial de entidades terroristas en el marco de su Criminal Code; Australia aplica de forma automática las listas de Naciones Unidas y habilitas designaciones nacionales adicionales; el Reino Unido administra la UK Sanctions List y la lista de organizaciones proscritas; mientras que Argentina creó en 2019 el Registro Público de Personas y Entidades vinculadas a actos de Terrorismo y su Financiamiento (RePET)”.

“Uruguay debe seguir esta línea, asegurando un instrumento nacional que complemente el marco multilateral. El proyecto se fundamenta también en la necesidad de proteger la integridad del sistema financiero, comercial y migratorio de nuestro país frente a eventuales infiltraciones, y de asegurar que las instituciones obligadas cuenten con información confiable y actualizada para cumplir con sus deberes de prevención. Todo ello bajo un enfoque garantista, que asegure el debido proceso, el derecho de defensa y el control judicial”, manifiesta el argumento del emprendimiento impulsado por Ojeda, Silva y Zubía.

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La fachada de la Casa del Partido Colorado en Montevideo fue vandalizada este sábado 27 de septiembre, en la jornada en la que la colectividad política tenía previsto realizar un acto en homenaje a Fructuoso Rivera.

El Secretario General del Partido, Andrés Ojeda, denunció el hecho en la red social X (antes Twitter), donde mostró imágenes de los grafitis pintados sobre el cartel que conmemora los 40 años de democracia. Las pintadas incluían frases como “Rivera genocida” y “Salsipuedes no se olvida”.

Ojeda expresó: “Paradójicamente, grafitearon nuestro gran cartel que celebra los 40 años de democracia. Hoy, a partir de las 17 horas, en la Casa del Partido Colorado homenajeamos a Rivera, símbolo de libertad y democracia”.

El evento original, denominado Festival “Rivera — Verdad y Libertad”, había sido programado en la explanada de Tres Cruces, pero por razones climáticas y de seguridad fue trasladado a la sede partidaria en Martínez Trueba 1271.

La vandalización ocurre en el marco de una jornada marcada por la disputa de memorias en torno a la figura de Rivera: mientras el Partido Colorado lo reivindica como prócer y primer presidente constitucional, colectivos de izquierda convocaron en simultáneo a un acto antirracista en repudio a lo que consideran la “justificación del genocidio charrúa”.

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Como consecuencia, los senadores Sergio Botana (Partido Nacional) y Andrés Ojeda (Partido Colorado) tomaron la iniciativa de poner en conocimiento a la Fiscal Mónica Ferrero, de los posteos de la Fiscal Alciaturi, para que investigue.

Será esta semana en fecha a determinar  en una acción en donde no se descarta que Botana y Ojeda concurran acompañados de otros legisladores.

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Los seleccionados por Sociedad Uruguaya de esta jornada son:

Lucía Topolansky (FA): “Los que nos gobiernan hoy dijeron con toda claridad que ellos van con los Malla Oro. Nosotros somos del pelotón, vamos con todos”.

Andrés Ojeda (PC): “Nosotros tenemos que entender que nuestra única chance es basada en la coalición de gobierno, para nosotros y para toda la coalición, nadie llega solo”.

José Yurramendi (PN): “Mucha alegría al dejar en el cargo de Intendente de Cerro Largo a Marcos López. Alguien con quien hemos soñado cosas importantes para su 3ra Sección y para Cerro Largo. Un amigo, que es parte del equipo de gobierno y de nuestra confianza. La Intendencia quedará en buenas manos”

Ignacio Bartesaghi (doctor en Relaciones Internacionales): “Palabras de Putin luego del lamentable atentado en Rusia contra civiles. Dice que los terroristas serían apoyados por Ucrania en su escape. No menciona a ISIS que se habría adjudicado el atentado. Se ignoró aviso de EEUU sobre riesgo de ataques terroristas incluso en conciertos”.

Fuente Imagen: MPP.

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Este viernes 27 de octubre se llevó a cabo e-POLITIKÁ, Seminario en Marketing Político Digital, evento organizado por IAB Uruguay en el Cultural Alfabeta con participación de los especialistas argentinos Belén Amadeo, Santiago Aragón, Federico Zapata, y la uruguaya Mariana Pomies.

Posteriormente se escuchó a un panel conformado por el senador Alejandro Sánchez (Frente Amplio), el referente colorado Andrés Ojeda, y el diputado Rodrigo Goñi Reyes (Partido Nacional), con la moderación del periodista Nelson Fernández.

El evento contó con el auspicio de El Observador, y el apoyo de Montevideo Portal y Canal 10.

¿Qué interesantes mensajes dejaron Andrés Ojeda (PC), Alejandro Sánchez (FA), y Rodrigo Goñi (PN), en esta actividad en donde el diario digital Sociedad Uruguaya estuvo presente?

Nueva política es de diálogo puro

Andrés Ojeda (PC): “En algún punto hemos permitido que la política nos aburra y eso es culpa nuestra (de los políticos). Y creo que hoy las nuevas herramientas nos permiten tratar de renovar los mensajes para poder llegarle a un público que ve a la política super lejana”.

“Twitter es el mundo de la intolerancia. Yo creo que en algún punto, Twitter es como el estadio, es el lugar donde uno va a soltar, a hacer catarsis. Yo ando por la calle un montón, me cruzo con mucha más gente que en Twitter y nadie me dice nada; nunca nadie me insultó. En Uruguay, nunca vi a un candidato adelante mío ser insultado”.

“Incluso la gente que tiene discrepancias, en el Uruguay es muy respetuosa. Porque el Uruguay es muy sensato, y creo que en el Uruguay, la mayoría de la gente, incluso la gente que está en Twitter, está podrida de ver políticos pelearse, está cansada”.

“Yo estoy convencido, y muy convencido, que la nueva política es de diálogo y de diálogo puro. ¿Diálogo quiere decir que nosotros no defendamos con vehemencia nuestras posiciones? No. Yo soy vehemente hasta para pedir un helado. Tenemos que ser firmes con los mensajes pero una discusión no puede ser que nos dinamite un puente de conversación”.

Cuota para los jóvenes

Rodrigo Goñi (PN): “Por primera vez las mayorías en el mundo son pesimistas, la de izquierda y la derecha. Primera vez que la izquierda y la derecha están tratando de que el mundo sea menos malo de lo que las grandes mayorías piensa que va a ser”.

“Lo que viene es de ustedes (los jóvenes). Mi compromiso y mi rol es generarles los espacios. Cuando se habla de cuota, si hay una cuota que yo voto con las dos manos, es cuota para los jóvenes. Si hay una cuota que tiene que haber en los Parlamentos Nacionales es una cuota para los jóvenes. ¿Por qué? Porque lo que viene que es desconocido y es realmente innovación –y no solamente renovación-, nadie mejor que los jóvenes pueden construirlo”.

“Entre las cosas que se dijo hoy es: ‘el dirigente marca el tono, en lo digital fuertemente’. Los políticos tienen que marcar el tono. Hoy están todas las posibilidades para hacer todas las grietas que en dos minutos se hacen. La Inteligencia Artificial lo pone a Pacha Sánchez –iba a poner un ejemplo- lo pone a decir cualquier cosa, y hacerlo 100.000 veces en dos minutos. ¿Qué van a mirar? Se puede mirar un medio si es verdad o no, pero van a mirar que dijeron los dirigentes, y esa sigue siendo una fuente de legitimización que debemos de conservar. En la medida que nosotros demos el ejemplo y marquemos el tono, ese es el mejor remedio contra las fake news”.

Responsabilidad colectiva

Alejandro Sánchez (FA): “Fake news existieron antes, existen ahora y van a existir en el futuro. Lo único que ahora se viraliza de una manera o le ponemos fake news pero antes el bolazo corría por todos lados: pueblo chico, infierno grande”.

“Acá lo que hay que hacer es defender el sistema, que es defender la democracia que es tarea de todos y de todas, porque es cierto que han surgido fenómenos como Bolsonaro pero también hay medios que mienten. Los periodistas tienen que defender su profesión, los cientistas tienen que defender diciendo ‘esto no es verdad’, y el sistema político, los partidos políticos tienen que ser serios. Y los ciudadanos tenemos que exigir que los políticos sean serios y no que vengan a sanatear, que se preparen para lo que hay que hacer, porque es su tarea”.

“La seriedad y el respeto por el que piensa diferente y que representa a otra cosa pero que la democracia nos lleva a que queremos convivir. Ese es el elemento central. Hay una responsabilidad colectiva porque no está bueno que cuando uno tira piedras equivocadamente sobre alguien, como trae agua para mi molino, me callo la boca”.

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El planteo fue formulado el pasado viernes 11 en la Comisión parlamentaria que trata el proyecto de Presupuesto, por parte de una delegación del Sindicato de Funcionarios Policiales de Montevideo-Uruguay (Sifpom-U), integrada por su presidenta, Patricia Rodríguez; el secretario general, Fabricio Ríos; la asesora legal, doctora Flavia Nardone, y los asesores legales, doctores Andrés Ojeda y Daniel Ron.

“Me voy a referir al artículo 134. Como decía la doctora Flavia Nardone, para nosotros se crea un nuevo elemento. En primer lugar, quiero decir que como funcionario policial y como dirigente del sindicato esto no era lo que esperábamos del proyecto de ley de presupuesto en lo que tiene que ver con el Ministerio del Interior”, dijo Ríos.

Agregó que “la verdad es que fue una gran decepción, más allá de no estar de acuerdo con casi su totalidad. Esto es raro porque había aires de apoyar a la institución policial, pero vemos que en realidad de presupuesto no tienen mucho estos artículos, pero sí de devolverle a cierto sector de la policía la discrecionalidad para que hagan y deshagan como ellos entiendan. Fue como una trompada al mentón, y nuestros compañeros así lo expresaron en asamblea”.

Por lo tanto, “queremos dejar constancia en la versión taquigráfica de que estamos totalmente en desacuerdo con la mayoría de los puntos de este proyecto de ley de presupuesto, y vamos a decir por qué. En realidad, en un sistema vertical como el que tenemos nosotros como policías, dar tanto poder de decisión en algunas cuestiones es muy complicado”.

Por ejemplo, agregó Ríos, “el STIP, como decía la doctora, es una reivindicación histórica del sindicato que se aplica en el caso de que algún compañero quede con alguna discapacidad, tanto sea parcial como total”.

“Siempre reivindicamos que, dependiendo de su estado de salud, pudiera mantener su puesto de trabajo, no en la tarea que hacía, sino en un lugar dentro el Ministerio donde pudiera seguir trabajando y no perdiera la relación laboral que tiene día a día. Pero, nos encontramos con que un jefe de policía o un director nacional tienen la potestad, no solo de decir si la persona está capacitada para seguir trabajando, sino también para sacarla del instituto. Esto lo vemos con malos ojos y como un problema”. Ante esto, añadió, “planteamos una solución, que es tratar de implementar una comisión interdisciplinaria en la que intervenga el servicio de salud ocupacional del Hospital Policial y un miembro del sindicato para trabajar en conjunto, a fin de analizar estas cuestiones”.

“Nosotros ya hemos vivido esta situación y sabemos que esto termina en abuso de los superiores a los funcionarios, en persecuciones laborales y en acosos sexuales. Entonces, para evitar todos estos temas sería bueno que se reviera la forma en la que se toma la decisión de dejar o no a un compañero dentro de la institución policial”.

Por otro lado, “se aumentan los años que hay que estar dentro de la institución policial para poder tener el subsidio transitorio de incapacidad. Esto también lo vemos mal, porque si un policía con cuatro años de servicio llega a tener algún problema o adquirir alguna lesión o incapacidad, debería tener el mismo derecho, porque nosotros tenemos un trabajo especial”.

Sin pensión

A su turno, Nardone realizó “una simple corrección. En realidad, lo que se hace es dejarlo fuera de la posibilidad de retiro. El subsidio transitorio por incapacidad se le otorga, pero no puede tener una pensión por ella”.

“Hemos hablado sobre la discrecionalidad del jefe y de los derechos y las garantías que se pierden. Por lo tanto, proponemos una comisión donde se trabaje en la salud ocupacional y pueda haber un representante del trabajador”, sostuvo.

Por tanto, “como verán, en cada una de las observaciones que hacemos hay una propuesta. Planteamos que se pueda formar una comisión para que todas las partes puedan ser escuchadas como garantía del trabajador, que no venga un jefe a disponer sí o no a un subsidio, o si sigue o no trabajando en la policía por cuestiones de salud. Eso nos parece súper agraviante”.

“Para que vean la dimensión del perjuicio que se le genera al trabajador policial con este proyecto de ley, el porcentaje del subsidio transitorio por incapacidad en algunos casos pasa del 65% al 40%. O sea, el trabajador en algunos casos solo va a cobrar ese porcentaje de su sueldo. Ya de por sí la jubilación hoy en día es muy baja, si encima tiene una incapacidad, va a cobrar el 40%”, puntualizó Nardone.

Para la asesora legal “esto nos parece muy grave, porque estamos hablando de los casos en los que no haya nexo causal con la función. ¿Pero qué es lo que pasa con el trabajador policial? Este muchas veces tiene enfermedades derivadas de la función, que no son producto de un acto directo del servicio, pero sí derivadas de la función especial del trabajador, por ejemplo, los temas psicológicos. Es una función compleja la del policía”.

Como consecuencia “en esos casos que no tengan relación con la función, el trabajador va a cobrar un 40%, y en algunos que tengan nexo causal el retiro va a ser del 50%. La verdad es que nos parece que el perjuicio es demasiado. Se lo deja, vuelvo a repetir, por debajo de los derechos que tienen los demás trabajadores en nuestra legislación. Ningún trabajador se va con 40% del sueldo por un subsidio transitorio por incapacidad”.

En relación a eso, “proponemos hacer un estudio con la Comisión Nacional Honoraria de Discapacidad y con el Departamento de Salud Ocupacional, que trabaja en el Hospital de Clínicas, para ver cuáles son las enfermedades profesionales o funcionales y que se las trate de otra manera; es decir, que se dé un marco de mayor seriedad a los temas de salud del trabajador policial y no tan por arriba”.

Como dijimos, -explicó Nardone- “el régimen disciplinario que se establece en este proyecto de ley perjudica al trabajador. No se entiende tampoco con qué fin, porque esto no es un ahorro, ni tiene ninguna implicancia en el presupuesto; se establece un régimen disciplinario más gravoso. Si es necesario un cambio en el régimen disciplinario, que sea trabajado en forma bipartita o tripartita, con el sindicato, para que se puedan ver los perjuicios para el trabajador policial”.

Además, “hay que tener en cuenta que para ellos esto implica descuentos en sus salarios. No es menor el régimen disciplinario, dado que implica a veces meses enteros de descuentos de salarios, como para que lo pueda establecer un jefe”.

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