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La actividad consiste en la presentación del tema a cargo del panel integrado por Alicia Canetti, Álvaro Colistro, Ricardo Fraiman, Daniel Fessler y Pablo Martinis, con la moderación de la periodista Alejandra Casablanca, y la discusión posterior entre los asistentes y los panelistas.

En el próximo mes de octubre se pondrá a consideración de la ciudadanía uruguaya un proyecto de reforma constitucional para bajar la edad de imputabilidad penal de los 18 a los 16 años. La Universidad de la República se ha declarado contraria a esta iniciativa, cuya efectividad para solucionar problemas como la violencia y la criminalidad en la sociedad, o aun el de la infracción penal de los adolescentes en el país es fuertemente cuestionada.

El fenómeno de la infracción adolescente ha tomado un rol protagónico en los discursos políticos en torno a la seguridad, presentando a un sector de adolescentes como responsables de un supuesto crecimiento de los niveles de inseguridad ciudadana.

El objetivo del Espacio Interdisciplinario de la Udelar es aportar al análisis del tema desde la conjunción de perspectivas, con un debate entre representantes de distintas disciplinas, así como de instituciones estatales vinculadas a la temática.

Integrantes de la mesa

Alicia Canetti: Es Médica Cirujana y Partera. Especialista en Psiquiatría General Subespecialista en Psiquiatría de Enlace. Es Profesora Agregada de la Facultad de Medicina, Encargada de la Unidad de Salud Mental en Comunidad – Clínica Psiquiátrica. Fue encargada de dirección del Depto de Medicina General, Familiar y Comunitaria de la Facultad de Medicina, Udelar. Desde 2010 es Responsable del Centro Interdisciplinario de Infancia y Pobreza (CIIP), del Espacio Interdisciplinario de la Udelar. Es Integrante del Grupo Interdisciplinario de Estudios Psicosociales (GIEP) de la Facultad de Medicina. Es docente en cursos de posgrado y maestrías en las Facultades de Medicina, Ciencias Sociales, Enfermería y Psicología y de la maestría de Derechos de Infancia y Políticas Públicas de la Udelar. Integrante del Grupo de Trabajo de la Iniciativa de Derechos de infancia y Adolescencia del Uruguay (IDISU) y de la Iniciativa en Derechos de Infancia y Adolescencia para Equipos de salud del Cono Sur. Autora de trabajos publicados en libros y revistas nacionales e internacionales.

Álvaro Colistro: Es Doctor en Derecho y Ciencias Sociales egresado de la Universidad de la República, Udelar y posgraduado con especialidad en Derechos de la Infancia y Políticas Públicas por la Maestría interdisciplinaria de la Udelar. Se desempeñó durante más de veinte años como Defensor Público en materias de Familia, Penal, Adolescentes y Violencia Doméstica, en varias jurisdicciones del país. Fue Asesor del Comisionado Parlamentario para el sistema penitenciario. Integrante del equipo técnico de la Institución Nacional de Derechos Humanos. Actualmente integra el Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura del Uruguay. Ha sido expositor en diversos seminarios y jornadas sobre Derecho Penal,Adolescentes Infractores y Violencia de Género, e integrante del Consejo de Redacción del Anuario de la Defensoría Pública del Poder Judicial. Ha publicado diversos artículos en revistas especializadas referidas al Derecho Penal Juvenil.

Ricardo Fraiman: Es Antropólogo, egresado de la Universidad en Buenos Aires (UBA) donde se desempeñó como profesor adjunto del Departamento de Humanidades de la Facultad de Ciencias Económicas. Su especialidad es la etnografía de la(s) violencia(s) y desde 2012 es coordinador del Plan de Gestión Integral de Seguridad Ciudadana en el Ministerio del Interior. Entre sus publicaciones podemos destacar los libros Si tocás pito te dan cumbia. Esbozo antropológico de la violencia en Montevideo y De calles, trancas y botones. Una etnografía de la solidaridad, violencia y pobreza urbana. También redactó los capítulos “Violencia estatal y construcción de la(s) juventud(es). Conocimiento etnográfico de algunos continuos de violencia”, “Políticas de seguridad, jóvenes y vecinos: las trampas de la participación”, “Anomia, violencia y accidentalidad urbana en Uruguay” así como los artículos “Las moralidades de la vulnerabilidad adolescente”, “Políticas de ciudadanía y relaciones de vecinazgo en un barrio de Montevideo” y “Violencia, Desigualdad y Jóvenes. Dos aproximaciones etnográficas”.

Daniel Fessler: Es Magíster en Ciencias Humanas y Doctorando en Historia por la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación de la Universidad de la República. Es Investigador especializado en historia del delito y el castigo y autor entre otros trabajos, de Derecho penal y castigo en Uruguay (1878 – 1907) (CSIC, 2012); “En busca del pasado ideal. Delito, delincuentes y “menores”” en GONZÁLEZ LAURINO, Carolina y otros; Los sentidos del castigo. El debate uruguayo sobre la responsabilidad en la infracción adolescente, (Trilce-CSIC, 2013) y “Entre los modelos penitenciarios y la realidad. Las cárceles montevideanas en el Uruguay de la “modernización ‘penal” (1878-1910)” en Jorge Alberto Trujillo Bretón (coord.), «Voces y memorias del olvido. Historia, marginalidad y delito en América Latina, siglos XIX y XX (Universidad de Guadalajara, 2014).

Pablo Martinis: Es Licenciado en Ciencias de la Educación (FHCE – UdelaR). Magíster y Doctor en Ciencias Sociales con mención en Educación (FLACSO, Argentina).

Es docente en régimen de Dedicación Total (Udelar) e Investigador Nivel I (SNI).

Profesor Agregado y Director del Departamento de Pedagogía, Política y Sociedad (Instituto de Educación – FHCE). Director de Carrera de la Licenciatura en Educación (FHCE). Investigador en temas vinculados a educación, desigualdad social y alternativas pedagógicas. Es responsable de la Línea de Investigación: “Alternativas pedagógicas y educación en Uruguay y América Latina” (Instituto de Educación – FHCE). Desde la misma coordina proyectos de investigación y extensión y dirige tesis de grado, maestría y doctorado. Se ha desempeñado como educador y coordinador de proyectos educativo – sociales en contextos de pobreza de la ciudad de Montevideo. Fue Director Sectorial de Planificación Educativa del Consejo Directivo Central (CODICEN) de la Administración Nacional de Educación Pública (ANEP) (2007 – 2010).

Modera Alejandra Casablanca: Periodista de Caras y Caretas y CX 30 (Radio Nacional).

Jueves 31 de julio de 2014, de 18 a 20 horas.

Espacio Interdisciplinario de la Udelar. José E. Rodó 1843.

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El respeto por la voluntad de los ciudadanos y ciudadanas que han impulsado la consulta al cuerpo electoral, y la importancia de este tema, obligan a la INDDHH a hacer pública su posición sobre esta profunda modificación que se propone realizar a nuestro ordenamiento jurídico interno. El objetivo de esta declaración es aportar elementos de juicio para que la ciudadanía tome su decisión contando con la mayor información sobre el alcance y consecuencias de la mencionada reforma constitucional.

En esa dirección, y en cumplimiento de su mandato legal de emitir opinión sobre proyectos de reforma constitucional relacionados con los derechos humanos (Artículo 4, Literal H de la Ley No. 18.446), entiende pertinente dar a conocer a toda la sociedad uruguaya su opinión contraria a la aprobación de la mencionada reforma de la Constitución de la República. Esta opinión se basa en los argumentos elaborados sobre el tema por la doctrina más especializada, desde diversas disciplinas, y que se presentan, sintéticamente, en el texto de esta declaración.

Finalmente, la INDDHH reafirma su preocupación, ya manifestada en anteriores oportunidades, por los niveles de violencia social e institucional que se verifican en nuestra sociedad, así como su respeto por las víctimas de la misma. Esta situación merece ser objeto de medidas que aborden en forma sostenida acciones preventivas y de adecuación de las capacidades institucionales y de la normativa vigente, en el marco de la implementación de una política pública sobre seguridad ciudadana que atienda integralmente todos los factores que contribuyen a generar o a reproducir hechos violentos o delictivos.

Consejo Directivo 23 de julio de 2014

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“La inseguridad es hoy uno de los principales problemas que tenemos.

Lo dicen las estadísticas criminales y los estudios de opinión, lo informan los noticieros, los diarios y los portales semana a semana.

Lo sentimos los uruguayos que nos acostumbramos a poner rejas en nuestras casas, contratar empresas de seguridad, colocar alarmas o tomar medidas preventivas que unas décadas atrás eran inimaginables.

Todos hemos sufrido, o tenemos un familiar o amigo cercano que sufrió, un hecho delictivo.

Todos.

Un hurto, una rapiña, una rotura de un vidrio, o incidentes mas graves.

La delincuencia existió siempre y existe en todos lados, en todos los países.

Lo que aumentó en los últimos tiempos en el nuestro es no sólo la cantidad de delitos sino la violencia que se emplea al ejecutarlos. Ajustes de cuentas, homicidios, rapiñas a buses y transeúntes son parte de la crónica semanal a la que no quiero acostumbrarme.

Hace algunos años el gobierno del Frente Amplio, de forma irresponsable, negaba esta situación aduciendo que se trataba tan solo de una “sensación térmica“. Negación que luego mutó a la tardía aceptación que la realidad impone y la justificación “de que otros países de la región están peor“ (¿consuelo de muchos mal de tontos?).

Finalmente ese camaleón explicativo nos dijo por boca del Ministro y Subsecretario del Interior que “si uno no tiene problemas con las drogas o familiares no tiene posibilidades de que lo asesinen“ y que “no se debe andar con dinero por las calles“.

En uno de esos raros momentos de aceptación de la realidad, provocado por la evidencia de las cifras que esta arroja, el Ministro Bonomi reconoció hace poco la existencia de dos elementos importantes.

El primero, que las políticas de seguridad no fueron prioridad en el gobierno de Tabaré Vázquez (¿herencia maldita del propio Frente Amplio?).

El segundo, en abril de este año, fue más crudo. Dijo Bonomi que “la proporción de menores de edad que participan en delitos de rapiñas y hurtos ha aumentado“.

Eso es sabido desde hace tiempo. El Observatorio de Seguridad de la Fundación Propuestas informó que, de acuerdo con cifras oficiales, 56 menores fueron remitidos por homicidio en el año 2013. Esos menores fueron responsables del 21% de los asesinatos que ocurrieron ese año. Un aumento enorme si tenemos en cuenta que en el año 2006 eran responsables del 9% de los mismos.

Si consideramos que promedialmente se cometían 199 homicidios en el Uruguay y en los últimos dos años sufrimos más de 285 queda clara cuál es una de las causas de ese enorme aumento.

En materia de rapiñas el tema es aún peor. Los menores participaron en el 45% de las rapiñas en todo el país y en el 52% de las que ocurrieron en Montevideo.

Un grupo de ciudadanos venimos advirtiendo de esta problemática hace tiempo y presentamos, con 375 mil firmas, una propuesta concreta que será votada el próximo 26 de octubre junto a la elección nacional.

Es un tema serio y triste, sin dudas, pero que debemos enfrentar con responsabilidad.

Los opositores a la propuesta han tratado de simplificarla a que sólo se propone la baja de la edad de imputabilidad.

Esta es una parte importante de la misma, pero no la única. Lo que votaremos es una propuesta integral incluyendo la baja de la edad, la creación de un Instituto de Rehabilitación del menor, mantener antecedentes y combatir a los mayores que utilizan a menores para delinquir.

Los opositores también recurren al simplismo de decir que ser joven no es delito.

Esto es evidente. Ser mayor tampoco lo es y los mayores son responsabilizados cuando delinquen.

Delito es cometer homicidios, rapiñas, copamientos, lastimar a personas honestas. Sea mayor o menor quien delinque.

Bajar la edad de imputabilidad apunta a sacar de la calle y rehabilitar a los menores que cometen los delitos graves de homicidio, violación, rapiña, secuestro o copamiento.

El gobierno del Sr. Mujica comparte el sacar de la calle por mayor período a los que delinquen. Pero el Frente Amplio no.

Hace un año Mújica envió un proyecto de ley para duplicar las penas a los menores que cometen estos delitos. El proyecto es aun más duro que nuestra propuesta porque alcanza a los menores desde los 15 años y no desde los 16 como proponemos en la reforma a votar en octubre.

En los hechos, al duplicar las penas, se logra el mismo resultado que con la baja de la edad.

El problema es que las contradicciones internas del Frente Amplio, en especial la postura del Partido Socialista que lo integra, llevó a que el proyecto no se apruebe en el Parlamento.

Lo que refuerza la necesitad de aprobar la Reforma en octubre y terminar con tanto desatino.

La propuesta a votar incluye otro elemento que soluciona uno de los problemas que hoy tenemos: las denuncias constantes contra el Inau por torturas y maltrato a los menores y las fugas que de tanto en tanto ocurren.

Se propone crear un Instituto de Rehabilitación del Menor, por fuera del Inau y por fuera de la Cárceles de mayores. Es decir se les saca de las calles para que no sigan rapiñando, violando o asesinando, pero se crea una Institución especial para su rehabilitación y reinserción.

También se incluye en la Constitución la obligación de dotarle a dicha Institución el presupuesto necesario para ello y así terminar con la actual situación de maltrato y tortura que denunciaran las diversas entidades hace poco.

A eso se suma el mantenimiento, sin limitaciones, de los antecedentes para el caso que se vuelva a delinquir siendo mayor y la obligación constitucional de que la ley castigue mas severamente a los mayores que utilizan a menores para delinquir.

Hay otro precepto fundamental en la propuesta. Uno que se incorporará a la Constitución como orientación general de nuestra legislación: la obligación de priorizar la protección de las víctimas de los delitos.

Porque la ley debe reconocer y defender los derechos de los delincuentes. No seríamos una nación republicana y democrática si no lo hiciera.

Pero esa misma ley debe priorizar la defensa de la vida y los bienes de los honestos, de los que trabajan, pagan sus impuestos y cumplen con las normas. Por ello no pueden los que cometen esos delitos estar rápidamente en la calle de nuevo reiterándolos. Al votar el 26 de octubre estaremos aprobando una herramienta que nos ayudará a combatir la creciente inseguridad. Pero, sobre todo, estaremos enviando un mensaje claro a toda la clase política del Uruguay, en especial al Frente Amplio y sus doctrinas de sensación térmica, los otros están peor o justificación de ajustes de cuenta.

Estaremos diciendo bien fuerte y con nuestro voto que QUEREMOS VIVIR EN PAZ”.

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“El Arzobispo de Montevideo, Daniel Sturla, igual que varios obispos de la Iglesia Católica, ha manifestado su posición contraria al Plebiscito a favor de bajar la edad de responsabilidad penal de los menores. Explicó con claridad sus razones y desarrolló los argumentos que entendió pertinentes para sustentar su posición contraria.

Sorprendentemente el candidato de Vamos Uruguay, el Dr. Pedro Bordaberry, ha salido al cruce de estas afirmaciones descalificando esta opinión y recomendándole que “… la Iglesia tiene que ocuparse mucho de los fieles y dejarnos a nosotros los políticos el tema de la inseguridad”.

Estas afirmaciones hacen agua por todos lados y ponen en evidencia el pensamiento profundamente conservador y elitista del candidato colorado, que no batllista.

En primer lugar, el Dr. Bordaberry se cree que el problema de la inseguridad es de los políticos. Grave error, el problema de la inseguridad es de todos los uruguayos, y son todos los uruguayos los que deben opinar y manifestarse al respecto. Tan es así, que el propio Bordaberry promovió una recolección de firmas para que sea la gente la que resuelva sobre su equivocada y engañosa iniciativa.

El problema de la inseguridad atañe a todos los ciudadanos y todos los ciudadanos tenemos el derecho de opinar y resolver sobre ese asunto, incluido Mons. Daniel Sturla y los demás obispos, que son tan ciudadanos como todos nosotros.

En segundo lugar, los obispos y la Iglesia Católica, así como también las demás iglesias y cualquier organización religiosa, tienen el derecho y en algunos casos el deber de hacer conocer su posición porque se trata de organizaciones sociales que viven en una sociedad concreta y su función consiste en dar su posición frente a los asuntos de la vida cotidiana de la gente. Justamente, parte de “ocuparse de sus fieles” consiste en dar su palabra sobre los asuntos de la vida social.

La concepción de Bordaberry es propia de la vieja época anterior al Concilio Vaticano II en que se proponía una suerte de escisión entre la vida espiritual y la vida concreta de la gente. Desde el Concilio Vaticano II (hace de esto más de cincuenta años) la Iglesia Católica ha retomado su interés por hacer conocer sus posturas y opiniones en los asuntos concretos de la vida social de la gente, involucrándose en las causas sociales y asumiendo responsabilidades.

Los ciudadanos serán libres de optar por las alternativas que mejor les parezca, pero los jerarcas de la Iglesia tienen todo el derecho a expresarse y a dar sus razones.

Obviamente, atrás de este asunto no hay un problema de dogmas sino de opiniones sobre decisiones que hacen a la construcción de una sociedad y sus valores, por lo que toda organización religiosa tiene derecho a dar su propia opinión.

Es además muy injusto el Dr. Bordaberry al señalar que no vio la misma contundencia en la Iglesia Católica con respecto al tema de la despenalización del aborto. ¿Es que el Dr. Bordaberry vive fuera de la realidad? Cualquier observador objetivo de la realidad nacional puede confirmar que la Iglesia Católica actuó con decisión y firmeza dando su posición contraria a la despenalización del aborto; no creo que exista ningún uruguayo que no se haya enterado de la posición de la Iglesia Católica sobre este tema. Hasta se emitieron declaraciones institucionales de la Conferencia Episcopal Uruguaya.

En cualquier caso, no se entiende esta contradicción en la posición de Bordaberry, por un lado reclama que los obispos se dediquen a sus fieles y no opinen sobre los asuntos públicos y por el otro lado les reclama no haber sido firmes en la postura contra la despenalización del aborto.

Las iglesias como cualquier organización social de este país tiene todo el derecho de manifestarse sobre los asuntos públicos y, en particular, sus jerarcas también tienen todo el derecho (y quizás la obligación o responsabilidad) de hacerlo.

¿Cuál es la diferencia que molesta tanto al candidato colorado? La diferencia es que en este tema Mons. Sturla no opina como él. De este modo queda en evidencia el talante intolerante del candidato.

Pero el asunto de fondo es que en la medida que la discusión avanza sobre el tema que será objeto de Plebiscito, aumenta la sensación de que la ciudadanía está reflexionando sobre esta iniciativa y aumenta la conciencia de que se trata de una medida que no ofrece ninguna solución al problema serio de la inseguridad.

Por eso se preocupa tanto Bordaberry por las declaraciones de Mons. Sturla, porque suma argumentos fuertes en la dirección contraria a la iniciativa presentada.

Nosotros seguiremos sosteniendo que el camino elegido en este Plebiscito es un camino equivocado, engañoso y, además, fuertemente estigmatizante hacia los jóvenes de este país.

Por supuesto que para enfrentar esta propuesta no caeremos en inventar o escandalizar afirmando cosas que la propuesta no dice. No es necesario exagerar porque las debilidades de la propuesta son evidentes”.

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La misma destaca las jornadas de convivencia donde mil jóvenes de todo el país se dieron cita en un ambiente de encuentro, intercambio; demostrando «la vitalidad y fortaleza de esta herramienta de transformación que es el Frente Amplio».

En la declaración se pone énfasis en el reconocimiento de los derechos y libertades de estos últimos 9 años de gobierno frenteamplista. Al tiempo que se plantean los desafíos hacia un tercer gobierno frenteamplista, redoblando los esfuerzos. «Con Constanza o con Tabaré debemos militar juntos para lograr un tercer gobierno con mayorías parlamentarias y seguir profundizando los cambios».

La declaración finaliza reafirmando enfáticamente el No a la Baja de imputabilidad penal, «Basta de estigmatizar a la juventud, enfrentemos la realidad con políticas de izquierda y no con soluciones populistas como plantea la derecha.»

DECLARACIÓN FINAL

ENCUENTRO NACIONAL DE JÓVENES

1000 jóvenes de todo Uruguay renovamos el compromiso con el proyecto

frenteamplista en este Encuentro Nacional de Jóvenes. Convivimos todo un fin de semana, nos conocimos, intercambiamos, celebramos, aprendimos, lo que muestra no solo el interés con la política, sino las ganas de estar juntos, la responsabilidad y solidaridad de unos con otros; demostrando, una vez más, la vitalidad y fortaleza de esta herramienta de transformación que es el Frente Amplio.

Luego de 9 años de gobierno de izquierda, gracias al esfuerzo y convicción de muchos compañeros, nuestra fuerza política ha cambiado la calidad de vida de cientos de miles de ciudadanos. Creemos que la continuidad del proyecto frenteamplista es fundamental para reafirmar los avances que hemos alcanzado.

Como jóvenes nos enorgullecemos de vivir en un país, donde alcanzar nuestras metas, desarrollar nuestros proyectos y cumplir nuestros sueños, hoy, es una realidad. Ese país donde los índices de pobreza han disminuido sistemáticamente desde hace 10 años, generando puestos de trabajo dignos, salarios e inversión en constante crecimiento, invirtiendo como nunca en la historia en la educación, incluyendo a todos y todas en el sistema de salud y trabajando fuertemente para mejorar la convivencia. Basta con recorrer el país para comprobarlo.

Reivindicamos el trabajo en conjunto de la sociedad organizada con nuestro Frente Amplio, que ha permitido un gran avance y reconocimiento en materia de derechos. Festejamos el matrimonio igualitario, la regulación del cannabis, la despenalización del aborto, la ley de Empleo Juvenil, la ley de acciones afirmativas para afrodescendientes, la Universidad Tecnológica en el Interior, entre cientos de avances.

Un tercer gobierno de izquierda plantea nuevos desafíos, enmarcados en el

programa definido en el último Congreso y será el trabajo colectivo, en unidad de acción, el responsable de llevar adelante los pasos para continuar caminando hacia un Uruguay más diverso, más justo y más inclusivo, profundizando la democracia y la libertad.

Declaración Final en http://www.frenteamplio.org.uy/sites/frenteamplio.org.uy/files/Declaración%20final.pdf

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“Vamos a difundir información sobre el proyecto de ley y nuestros argumentos contra la baja de la edad de imputabilidad.

Nos encontramos a las 17 horas en el Tren Fantasma del Parque Rodó”, convocan.

Se suspende por lluvia.

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La Mesa Ejecutiva de la Lista 404 – Aire Fresco, reunida este sábado 15 de febrero, resuelve:

1. Reafirmar su compromiso con la baja de la imputabilidad y el deber de informar a la población de lo que ésta realmente significa.

Luego de haber participado en la campaña de recolección de firmas, la Lista 404 deja en manifiesto su coherencia de pensamiento y acción. Frente a este tema no hay lugar para el oportunismo electoral, solo para la responsabilidad.

La responsabilidad de brindar protección y seguridad a la población es una cuestión de Estado y el sistema político debe dar señales y acciones claras.

La baja de la responsabilidad penal de 18 a 16 años y las medidas complementarias son respuestas frente a la delincuencia y no contra los jóvenes. La iniciativa busca desestimular la participación de adolescentes y jóvenes en situación de delito, por lo cual es absolutamente falso que la iniciativa pretenda llevar a los jóvenes infractores a las cárceles comunes o que le corte su adolescencia o que se aumentará la inseguridad.

Los delitos cometidos por menores de edad no se previenen con palabras lindas, sino haciendo lo necesario para mejorar la educación. Y eso es justamente lo que no hacen quienes critican la baja de la edad de imputabilidad.

Encomendamos a la Coordinadora de Jóvenes de la Lista 404 el desarrollo de una serie de actividades para que desde la propia juventud se genere una campaña informativa y un plan de movilizaciones en este tema.

2. Señalar su preocupación sobre la confirmación, lo que ha sido reiteradamente planteado por referentes de la Lista 404, de las denuncias sobre presiones que han recibido los profesores por parte de las autoridades en forma directa y a través de los inspectores y directores, para que los alumnos promuevan sin aprender.

Esa práctica deja a los jóvenes sin futuro. No sólo porque no aprenden lo que deberían aprender, sino porque le quita valor a los certificados de estudio. Por este camino vamos hacia un país en el que sólo conseguirán buenos empleos aquellos que hayan podido estudiar en colegios privados de calidad.

Una enseñanza que no enseña ni exige, que no controla las inasistencias y no transmite normas de convivencia es una enseñanza generadora de pobreza, de marginalidad, y en los casos extremos de delincuencia. Estamos frente a un desafío que debemos encarar ya. La “década perdida” también es en educación: millones de dólares despilfarrados, caos institucional, generaciones de estudiantes sin formación.

Esta es una de esas causas que no admiten la menor demora. Si queremos realmente la inclusión social debemos exigir, enseñar a manejar la libertad para la construcción de la ciudadanía, educar en la cultura del trabajo y del esfuerzo.

3. Proclamar su profunda satisfacción sobre los datos recientemente publicados en relación a las evaluaciones de gestión de todos los intendentes del Partido Nacional. Enviando un especial reconocimiento a los intendentes que apoyan la precandidatura de Lacalle Pou: Carlos Enciso, Armando Castaingdebat, José Luis Falero y Benjamín Irazábal, todos de impecable desempeño.

Para finalizar, hacemos nuestras las expresiones de Luis Lacalle Pou: “No queremos gobernar dividiendo ni alentando el resentimiento. Queremos un país donde vuelva a ser lindo vivir. Queremos un país que cuide a su gente». Esa es la consigna y esa será siempre nuestra actitud.

Montevideo, 15 de febrero de 2014.

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