En los últimos años “se destina un 0.5 de PBI en inversión en vivienda. Cada vez que llegamos al final de un quinquenio, los números nos dan que hay un déficit habitacional que ronda las 70.000 viviendas. Esto ha sido casi permanente en los últimos veinte o veinticinco años”.

Los conceptos estuvieron sobre la mesa en el planteo de la Federación de Cooperativas, Fecovi, Fucvam, PVS y Covipro, el pasado 31 de octubre en el marco de las delegaciones que concurren al Parlamento para dar su opinión sobre el Presupuesto.

Los dichos corresponden a Sergio Requel, representante de Covipro.

Compartimos el alcance del planteo de la mencionada delegación.

 MONTAÑO. Mi nombre es Hugo Montaño, vicepresidente de Fecovi. También soy el presidente de Cudecoop.

Dentro del marco del presupuesto y de las expectativas que se habían generado –si bien no se afecta al sistema cooperativo de vivienda–, teníamos cifradas esperanzas de que el presupuesto para la vivienda aumentara y ayudara a empezar a combatir el déficit habitacional que tiene la República.

En base a eso y al estudio del presupuesto que hizo la Cooperativa Comuna, comandada por la compañera Mariana García –que nos acompaña–, había una serie de elementos que hubiéramos apostado que se podían resolver en este presupuesto.

Además del tema de aumentar los fondos para vivienda, hay otras inquietudes de movimiento que me gustaría que estuvieran presentes en una discusión que puede encarar el Senado en estos días. Uno de ellos es la exoneración del IVA a las cooperativas de vivienda, en la medida en que eso puede ayudar, fundamentalmente, a que más sectores sociales de los menos favorecidos puedan tener acceso a la vivienda. En la medida en que ese descuento genere una baja en las cuotas, permitiría que otros sectores a los que hoy les cuesta un poco más acceder a la vivienda puedan hacerlo. Eso sería un avance fundamental.

REQUEL. Mi nombre es Sergio Requel y represento a la Federación Covipro.

En la línea de lo que Hugo Montaño venía diciendo, nuestra preocupación central es que este presupuesto no explora algunas cuestiones que nos parecen básicas y que tienen que ver con el incremento presupuestal que el tema vivienda debería tener. Hace muchos años venimos, aproximadamente, con un 0.5 de PBI en inversión en vivienda.

Cada vez que llegamos al final de un quinquenio, los números nos dan que hay un déficit habitacional que ronda las 70.000 viviendas. Esto ha sido casi permanente en los últimos veinte o veinticinco años.

Si bien es cierto que han existido políticas proactivas con el cooperativismo, también entendemos que el cooperativismo, al menos en este presupuesto, no ve reflejada la importancia que tiene no solo la creación de viviendas, sino también todo lo que construye alrededor.

Además, creemos importante resaltar –seguramente, Mariana García podrá ahondar en el tema presupuestal en lo que tiene que ver con el análisis– que nos preocupa oponer, de alguna manera, la emergencia habitacional con otros planes que tienen que ver con el tema vivienda.

Las cuatro federaciones al menos hemos coincidido en que estamos a favor de que se ataque el tema de la emergencia habitacional; creemos que es imprescindible y lo vemos como un paso fundamental.

Lo que sí creemos que no es oportuno –y no porque no haya sido dicho en forma explícita– es distanciar el tema de la emergencia con lo cooperativo.

Sin escriturar

Hay datos que son bastante elocuentes al día de hoy: hay 130 cooperativas que esperan escriturar, que representan entre 4.000 y 4.500 viviendas. Pero no es solo eso; en el mes de diciembre seguramente vamos a tener 2.500 viviendas cooperativas más que van a ingresar a los sorteos de préstamos, con lo que nosotros creemos que ocasiona un tapón y habría que actuar fuertemente para incidir en la escrituración.

¿Qué ha pasado con la escrituración? Se ha enlentecido; se ha enlentecido todo el proceso que tiene el sistema cooperativo, lo que ha provocado que en los últimos cinco años de forma permanente hayamos tenido más de 100 cooperativas esperando para escriturar, y demoran entre dos años y medio y tres, atentando directamente contra la posibilidad que tiene el sistema.

Creemos que es muy importante atacar el tema de la emergencia habitacional; el Estado cuenta con el respaldo de la federación para eso, pero creemos que oponerlo a la realidad que tiene el sistema cooperativo no es oportuno. Además, ese sistema debe tener los rubros necesarios para salir de la situación en la que se encuentra y potenciarlo en el quinquenio.

GARCÍA.- Mi nombre es Mariana García, soy integrante de la cooperativa de trabajo Comuna, una cooperativa que asesora a Fecovi en materia económico financiera hace muchos años.

Como comentaban los compañeros, un ejercicio que hicimos cuando salió el proyecto de ley de presupuesto fue analizar la estructura presupuestal para toda el área de vivienda, en particular, para el cooperativismo. Uno de los elementos que vimos es que el presupuesto presentado ahora esencialmente es muy parecido al que ha venido teniendo la política habitacional en los últimos 10 años, que va a terminar rondando en el medio punto porcentual, quizás un poco menos, lo que genera una alerta en cuanto a no robustecer un área que es tan importante para el país. De hecho, el único refuerzo presupuestal que hay –esos $ 900:000.000– está abocado a la atención a la emergencia y la precariedad habitacional; nos parece una focalización acertada, pero la valoración que hacemos es que ese refuerzo presupuestal es pequeño en relación con las necesidades de toda la política habitacional.

Sin financiamiento

En particular, con relación al cooperativismo, hay algunos elementos que nos preocupan especialmente. Uno es algo conocido: hace como diez años que existe un mecanismo de postulación a los llamados para las cooperativas que viene evidenciando un déficit específico de financiamiento. Esto quiere decir que en cada sorteo son muchas las cooperativas que quedan por fuera. Por ejemplo, en el último sorteo de julio se financiaron unas 776 viviendas, quedando por fuera unas 1500 viviendas. Es decir, solo tuvo financiamiento un 34 % de las viviendas que se postularon, lo que marca un déficit claro, y esto viene siendo así en todos los llamados. De hecho, desde el 2015 al 2024 menos de la mitad de las cooperativas que se postularon a un llamado tuvieron financiamiento; esto habla de una política que está teniendo una demanda por parte de las organizaciones que la oferta pública presupuestal no está logrando cumplir.

En ese sentido, las metas que están planteadas en el plan quinquenal de vivienda prevén 15.484 viviendas para las cooperativas, lo que representa un 6 % más de cómo cerró el quinquenio pasado. Sin embargo, no hay un correlato presupuestal de aumento financiero; si se espera un 6 % más de viviendas, deberíamos encontrar en el presupuesto un aumento presupuestal para esta línea de política de ese entorno. No solo no está, sino que presupuestalmente está parejo o un poquito por debajo de cómo se venía financiando hasta ahora. Entonces ahí surge la preocupación de cómo se van a financiar estas metas que están propuestas en el plan quinquenal.

Con relación a una de las demandas históricas de las federaciones, una posibilidad que podría haber en relación con el financiamiento es no aumentar directamente el presupuesto, sino mejorar la capacidad económica del dinero por la vía de la exoneración del IVA a los materiales, que es una respuesta de la federación y sería una manera de hacer rendir mejor los recursos presupuestales.

MONTAÑO. Creo que el cooperativismo ha puesto arriba de la mesa una solución al problema de la vivienda; es parte del esfuerzo que se hace. Ha generado viviendas dignas y adaptadas, y ha contribuido eficazmente a la solución del problema habitacional, para detener, por lo menos por ahora, el avance del déficit.

La academia considera al cooperativismo de vivienda como la solución que tiene la mejor relación entre precio y calidad de toda la vivienda social; o sea, contribuimos con mucho esfuerzo de todos los compañeros que están diariamente trabajando en la construcción de las viviendas, pero también usando los dineros del Estado con la mayor eficiencia posible.

Senador FALERO. Creo que todo el sistema político tiene la misma preocupación. Obviamente sabemos que los recursos son bastante pocos, pero trataremos de buscarlos por otros medios.

Algunos de los que estamos acá, como el senador Pereyra y yo, integramos la Comisión de Vivienda y estamos trabajando en lo que tiene que ver con cartera de tierras y, como ustedes habrán visto, con vacancia urbana. Creo que eso también puede, de alguna manera, ayudar a reducir costos, porque, aunque a veces parezca que no son importantes, sí lo son. Si podemos construir en zonas urbanas, no tenemos que invertir muchas veces en servicios, en calles o en otro tipo de cosas.

En esa línea, algún esfuerzo se hará desde acá, independientemente de lo que se pueda mejorar en el presupuesto, que, obviamente, no les vamos a mentir, no va a ser mucho, y menos acá, en el Senado.

Senadora PRESIDENTA (Blanca Rodríguez). Tengo una consulta para hacerles.

Respecto a esas demoras en las escrituraciones –que ustedes dicen que pueden ser de hasta tres años–, ¿son viviendas que están construidas? ¿Cómo es esto? ¿A qué se debe esa demora?

SEÑOR REQUEL. El sistema cooperativo, desde el año 2008 a esta parte, tiene un sistema de otorgamiento de los préstamos –ha variado el número, primero fueron 500 viviendas, luego 750– en dos sorteos anuales. Durante mucho tiempo fueron las 1.500 viviendas, más la adjudicación de quienes habían pasado por tres sorteos, a los que se consideraba que había que adjudicarles directamente el préstamo. A partir de 2020, ese volumen de viviendas fue incorporado a las 1.500 viviendas anuales, lo que ha ocasionado, a nuestro entender, también cierto retraso en los sorteos.

Ahora bien, ¿qué pasó en el anterior quinquenio, que es a lo que podemos referir respecto a dónde se produce mayor atraso? El financiamiento no fue el adecuado o al menos los dineros que se debieron volcar no estuvieron a la orden en el momento en que las cooperativas necesitaban escriturar.

Antes, hasta el año 2018 más o menos, desde que una cooperativa salía sorteada hasta el momento en que se escrituraba, que se le otorgaba el dinero para comenzar a construir, pasaba año o año y medio; y ya nos preocupaba bastante. Recuerdo haber dicho en varias oportunidades, no solo en la cámara, sino a distintos jerarcas del ministerio, en aquel momento, que era necesario acortar los plazos debido a que la vida de las personas en un año y medio de espera también cambia mucho. No estamos hablando únicamente de la espera desde que se forman hasta que obtienen el préstamo; estamos hablando del momento en que se puede empezar a construir.

Lo que pasó en el período anterior de Gobierno fue que se extendieron los plazos de escritura. Empezó con el tema de la pandemia, pero luego las cooperativas presentaban todos los recaudos del proyecto ejecutivo, que es el momento en que quedan habilitadas para escriturar, y el tiempo se extendía a más del doble.

Vuelvo al tema de la emergencia habitacional porque es importante. Hay mucha gente que integra las cooperativas que está viviendo hacinada, que no tiene cómo pagar el alquiler. Creemos que esa espera de un año y medio es un tiempo bastante extenso y, además, sucedió que hay cooperativas que presentaron la documentación en el 2021 y recién escrituraron a fines del 2024, es decir que pasaron tres años para que pudieran escriturar. Esto produce un movimiento en el padrón social.

Además, agrego como dato que, cuando alguien se va de una cooperativa porque sus tiempos de vida no se corresponden con la espera, en realidad, aparecerá en otra oficina del Estado a reclamar dinero. No es que cuente con la posibilidad de acceder a una vivienda sin financiación o un crédito del Estado. Entonces, a través de esa vía también se ha sacado el peso que tiene el sistema cooperativo y es una forma de oponerlo a otros sistemas. Entendemos que esto debería ser analizados con más profundidad por parte de los legisladores y por supuesto por quienes están en el Poder Ejecutivo.

Fuente Imagen: Presidencia de la República.

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Paralelamente, hay acciones del gobierno nacional, de organismos vinculados en la materia, de los gobiernos departamentales, y la inversión privada crece en un mercado que también es dinámico en lo referente a la compraventa de inmuebles y el alquiler de unidades habitacionales.

En ese marco, el Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial (MVOT) presentó en el Parlamento el Plan Quinquenal de Vivienda y Hábitat para el periodo 2025-2029 que proyecta alcanzar a 69.334 hogares, a través de subsidios de alquiler, garantía de arrendamiento, préstamos, mantenimiento de viviendas, entre otros.

El plan establece un abordaje de dimensiones sociales, territoriales, económicas y ambientales para garantizar el acceso a soluciones habitacionales de calidad y adaptadas a las realidades, mejorar la infraestructura y servicios barriales, así como la combinación de respuestas inmediatas a la emergencia habitacional, para reducir desigualdades y mejorar la calidad de vida de la población.

El diagnóstico, que sustenta el plan, muestra la centralidad de la vivienda en la vida de los hogares uruguayos. Su costo condiciona de manera decisiva los ingresos disponibles: los hogares inquilinos destinan en promedio 24,5% de sus ingresos al alquiler, proporción que asciende a 37,6% en el quintil más bajo, y esto obliga a muchas familias a resignar gasto en alimentación, salud, educación o cultura para poder sostener la vivienda.

Pero el problema no se limita al costo. Hay 66.882 hogares del país —equivalente al 5,4% — que presentan al menos una carencia crítica en materia de vivienda: hacinamiento, falta de acceso a agua potable y saneamiento, ausencia de baño de uso exclusivo o deficiencias constructivas en pisos, techos y paredes. El hacinamiento es la carencia más extendida y afecta directamente la convivencia familiar, la privacidad, la salud física y mental y el rendimiento educativo de niñas, niños y adolescentes.

La falta de conexión a servicios básicos como saneamiento o electricidad agrava las desigualdades territoriales, limitando la calidad de vida de quienes habitan en zonas rurales dispersas o en localidades pequeñas.

Estas cifras reflejan que la política de vivienda no puede reducirse a la construcción de nuevas unidades. Requiere un abordaje integral que atienda simultáneamente la asequibilidad, la calidad habitacional y la integración al hábitat, combinando respuestas inmediatas para los hogares en mayor vulnerabilidad con estrategias estructurales de largo plazo.

El plan quinquenal del Ministerio asume ese desafío: garantizar que más familias accedan a una vivienda adecuada, pero también que las viviendas estén bien localizadas, conectadas a servicios, y en entornos seguros y sostenibles.

El documento, según el MVOT, se apoya en cinco rasgos que buscarán marcar la identidad de la gestión: un ministerio más cercano, que escucha, dialoga y acompaña a las familias en su trayectoria.

Una mirada territorial, que reconoce que las soluciones no pueden ser uniformes, sino adaptarse a las realidades diversas de cada departamento, ciudad y barrio. Una atención integral a la vulnerabilidad, entendida en todas sus dimensiones, de modo que las respuestas habitacionales no se reduzcan a lo material, sino que contribuyan a superar desigualdades.

Políticas transversales, que se piensan y ejecutan en coordinación con otras áreas del Estado, porque la vivienda está profundamente vinculada con la educación, la salud, la seguridad y el empleo. Y finalmente, la complementariedad de herramientas: un sistema público de vivienda que combina programas, instrumentos y modalidades diferentes, que al actuar de manera conjunta se potencian, amplían su alcance y fortalecen al sistema público de vivienda y hábitat.

A partir de este diagnóstico, el plan organiza su acción en cinco grandes lineamientos estratégicos: el primero es la emergencia habitacional y la vulnerabilidad social, que concentra la atención en los hogares con carencias críticas, en los más de 667 asentamientos identificados en el país y en poblaciones específicas como niños y niñas, mujeres, personas mayores, personas con discapacidad y personas liberadas del sistema penitenciario.

Para estos hogares se prevén respuestas rápidas —a través de materiales, mano de obra y asistencia técnica— que permitan mejorar de inmediato las condiciones de vida, asegurando al mismo tiempo la continuidad hacia soluciones más estables.

En este eje se proyectan 19.850 acciones sobre el stock habitacional existente, 5.580 subsidios de alquiler y 213 nuevas soluciones habitacionales.

En consonancia con las prioridades definidas por el Poder Ejecutivo, el plan quinquenal del Ministerio establece que la política de vivienda y hábitat también desempeñará un rol activo en la erradicación de la pobreza infantil extrema.

En ese sentido, en este primer lineamiento estratégico se destaca la creación del programa “Crece desde el pie” en coordinación con el Ministerio de Desarrollo Social y la Administración de los Servicios de Salud del Estado (ASSE), que busca dar respuesta a hogares con niños y niñas recién nacidos en situación de vulnerabilidad social y que residen en viviendas con alta precariedad habitacional.

Esta iniciativa contempla la coordinación interinstitucional con actores del sistema de salud y de protección social, con el fin de garantizar un abordaje integral y oportuno, así como la intervención directa en las condiciones de habitabilidad.

El segundo lineamiento es el acceso y la permanencia en la vivienda, orientado a diversificar las modalidades de tenencia mediante opciones de propiedad, alquiler social, cooperativas y autoconstrucción, respaldadas por instrumentos de crédito, subsidios y garantías. Dentro de este eje se destaca el programa Primera Vivienda, dirigido a hogares de ingresos medios y medios bajos que encuentran dificultades en el mercado formal.

En total, este lineamiento proyecta 20.681 soluciones habitacionales, junto con 640 acciones de mejora del stock existente, además de 1.200 subsidios parciales de alquiler y 3.800 garantías de alquiler, ampliando el alcance del Sistema Público de Vivienda (SPV) a sectores que tradicionalmente han quedado excluidos.

También se proyecta en este segundo lineamiento, las modificaciones del programa “Entre Todos” que se ha llevado adelante para acceso a viviendas promovidas amparadas a la Ley 18.795 dirigida a población objetivo del MVOT. Esta revisión y evaluación pretende transitar hacia un programa que permita -fundamentalmente- reperfilar los mecanismos de acceso, con tope de precios para las viviendas y subsidios a la demanda.

El tercer lineamiento también se orienta a la vulnerabilidad social, pero con foco en la integración urbano–rural. Impulsa intervenciones en barrios y localidades pequeñas que incluyan realojos, mejoras, procesos de regularización y conexión a saneamiento. Bajo este lineamiento se proyecta llegar a 17.370 hogares, que incluyen la concreción de 4.620 nuevas soluciones habitacionales. En esta línea de acción Mevir desplegará programas integrales en su área de actuación, beneficiando a las familias del interior disperso y de localidades menores a 15.000 habitantes.

Además de los programas Mejoramiento de Barrios, Plan Juntos y el Plan Nacional de Relocalizaciones, se destaca en este lineamiento la creación del Programa Más Barrio, que buscará impulsar intervenciones integrales de desarrollo urbano y vivienda en zonas con alta concentración de vulnerabilidad, exclusión socio-territorial y violencia, con el objetivo de transformarlas en comunidades habitables, seguras e integradas.

El cuarto lineamiento refiere al suelo urbano, con la puesta en marcha de una segunda Estrategia Nacional de Acceso al Suelo Urbano (ENASU). Su objetivo es aprovechar de manera eficiente los inmuebles públicos y promover distritos de innovación en ciudades del interior, articulando vivienda, infraestructura y equipamientos.

Finalmente, el quinto lineamiento se centra en la gestión del SPV, con el propósito de fortalecer la planificación, el monitoreo y la evaluación basados en evidencia, así como promover la transparencia y la participación social en todo el proceso de implementación.

El plan del MVOT contempla respuestas de emergencia, programas estructurales y políticas territoriales, con la convicción de que la vivienda es un derecho y una plataforma para acceder a salud, educación, trabajo y ciudadanía plena.

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Así lo consigna la página de Presidencia de la República www.presidencia.gub.uy el sábado 2 de octubre.

Muslera explicó que «el último Censo es del ’96, o sea que el actual déficit habitacional lo conoceremos con propiedad en el 2011 con el Censo Nacional. En el ’96 y según encuestas a nivel del INE (Instituto Nacional de Estadística) que se hicieron no a nivel nacional, no encuestas nacionales de hogares, se establece un déficit descompuesto en dos líneas: déficit cuantitativo, número de viviendas que es necesario reponer o construir para acompañar el crecimiento del número de familias, o reponer las viviendas que por obsolescencia dejan de tener vida útil, ahí hablamos de 65.000 viviendas; déficit cualitativo, que tiene que ver con la situación de la carencia de baños, carencia de cocinas, falta de calidad en las terminaciones, falta de calidad en techos, en pisos, en paredes, que asegure condiciones de habitabilidad mínima y de resistencia frente a los eventos climáticos, ahí hablamos de 800.000 viviendas que necesitan acciones de mejora».

Además, la Ministra recordó luego que cuando se habla del déficit cualitativo «también estamos hablando de problemas de allegamiento, o sea más de una familia que viven en una vivienda, o de hacinamiento». Es decir viviendas que por el área o la distribución no tiene una relación correcta entre el número de integrantes de la familia y el área y la capacidad de la vivienda.

«Pero son datos del ’96. Ahí se establecía también otro dato que es eje de política que es el número de viviendas vacías que rondan las 126.000 viviendas y que en ese número se integran las viviendas de temporada, las viviendas que están vacías pero están en el mercado ofreciéndose en alquiler o a la venta, y las viviendas que por problemas físicos, por necesidad de adecuaciones también están vacías», dijo.

Consultada sobre los recursos asignados la Ministra explicó que el Presupuesto alcanza los 900 millones de dólares, lo que implica en dólares un 75% más del presupuesto asignado en el último quinquenio.

Y aclaró: «ahora que sea un 75% más en dólares no significa que tenemos un 75% más de capacidades de producción, porque hay que evaluar el crecimiento del valor de metro cuadrado de construcción donde intervienen factores como el costo de la mano de obra, el costo de materiales de producción nacional y el costo de materiales importados. Si nosotros consideramos el crecimiento del costo del metro cuadrado estamos diciendo que tenemos un 30% más de capacidad de respuesta».

En cuanto al impacto que se espera de la aplicación de estos recursos en política de vivienda dijo que «estaríamos generando 66.000 soluciones habitacionales, que cuando hablamos de soluciones habitacionales hablamos de viviendas nuevas, de viviendas reparadas, ampliadas; o sea, de ese déficit cualitativo que es atendido y de soluciones habitacionales que se brindan a través de la política de alquiler o de subsidios. Es decir, no significa el crecimiento del stock linealmente».

Finalmente, señaló que «si nosotros asociamos la capacidad de respuesta del sistema llegamos a 144.000 soluciones habitacionales y si nosotros estimáramos el impacto de la participación de la inversión privada en la producción de viviendas y la participación del Plan Juntos vamos a tener una respuesta mucho más fuerte».

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– Se construirán 150 viviendas de emergencia en diez asentamientos de Montevideo.

– La organización convocó a 1.500 voluntarios para ser parte del desafío.

– La construcción se realizará en el fin de semana del 4 y 5 de setiembre.

La lluvia no detiene el trabajo por construir un país sin asentamientos. El 4 y 5 de setiembre, los voluntarios de la organización trabajarán con las familias de los asentamientos en la construcción de 150 viviendas de emergencia. La actividad se desarrollará en diez asentamientos de Montevideo.

Un total de 70 viviendas de emergencia se financiaron con lo recaudado en la Colecta 2010 ($2.144.677). Cada vivienda de emergencia tiene un costo de $30.000 (treinta mil pesos uruguayos), de los cuales las familias con las que se construirá se comprometen a pagar aproximadamente el 10%, además de participar en el armado de la vivienda.

La construcción constituye el primer paso en el proyecto de la organización, que en esta oportunidad se realiza bajo el lema “Entre Todos”. La vivienda de emergencia representa una solución concreta, inmediata y transitoria a la emergencia habitacional que afrontan las familias de los asentamientos.

Cronograma

Viernes 3 de setiembre – de 19 hs a 22 hs (apróx.)

Reunión de todos los voluntarios en el Club Colón (San Martín 3159/3163, esquina Fomento).

Sábado 4 de setiembre – de 9 hs a 18hs (apróx.)

Primera jornada de construcción: se colocan los pilotes que sostienen la vivienda y el piso.

Domingo 5 de setiembre – de 9 hs a 18hs (apróx.)

Segunda jornada de construcción: se colocan las paredes y el techo. Inauguración.

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