GMS quiere señalar como un error y una violación parcial a este principio, el hecho de que los actuales operadores de la televisión privada tengan un tratamiento privilegiado y se les asigne automáticamente, nada menos que un canal múltiplex completo, que implica una nueva asignación de espectro con características muy distintas y mucho más amplias que las actuales licencias precarias y revocables que tienen para operar una señal analógica.

De la lectura del decreto aprobado el 31 de diciembre surgen dos procedimientos distintos para asignar canales a los interesados, según sean los actuales titulares o nuevos interesados. A los actuales titulares se les podrá asignar en forma directa un canal de 6 Mhz. (que otorga la posibilidad de varias señales y brindar servicios interactivos) en atención a sus “antecedentes”, simplemente aceptando las nuevas condiciones que todos deberán respetar.

En conclusión, los operadores establecidos desde hace 50 años no deberán pasar por un concurso abierto, no competirán con otras propuestas, no comparecerán a una audiencia pública como los restantes operadores y tendrán asegurado una cantidad de señales y de servicios mucho mayor a las que hoy brindan.

Sin embargo, los nuevos interesados deberán acudir a un proceso competitivo. Lo mismo ocurre con los canales comunitarios, que deberán pasar por un proceso competitivo similar al que están sometidas actualmente las radios comunitarias.

El GMS considera que el régimen especial destinado a los actuales canales privados es inconstitucional y violenta el principio de igualdad ante la constitución y la ley (Art. 8 de la Constitución).

Como ya lo advirtió la Coalición por una Comunicación Democrática en el mes de mayo, al presentar su documento sobre la TDT, los canales que actualmente emiten en virtud de permisos precarios y revocables –pero en los hechos indefinidos-, invocando derechos adquiridos, no pueden acceder directamente sino a una sola señal espejo.

Desde el punto de vista ciudadano nos preguntamos: Ahora, ¿los dueños de estos canales no tendrán que hacer una presentación de su proyecto comunicacional?

Como se pide en el decreto original para los restantes operadores: “En el caso de interesados en utilizar un canal de 6 MHz deberán presentar propuesta explicitando cómo ocuparán todo el canal”. ¿Cómo van a ocupar todo un canal de 6 Mhz? ¿Qué propuesta comunicacional presentarán? ¿Quién la va a controlar? ¿Van a mantener un canal multiplex completo más la actual señal analógica durante el 100% de la transición?

Advertimos también que el reciente decreto del 31 de diciembre desvirtúa el establecimiento por primera vez en la historia del país de plazos para explotar las frecuencias de televisión, ya que no se puede compartir la excesiva cantidad de años otorgados para la explotación de las mismas (25 años), lo que lo vuelve nuevamente un plazo sin ninguna trascendencia a los efectos de la rendición de cuentas y el control ciudadano del espectro.

Consideramos además que el plazo establecido contradice los plazos de explotación considerados en la ley 18.232 de Radiodifusión Comunitaria, que con un rango superior al decreto estableció un máximo de 10 años, con opción a otros cinco años de servicio –y previa audiencia pública y rendición de cuentas-. Se establece así una situación de desigualdad entre distintos operadores de medios de comunicación. En ese sentido, el decreto debería seguir el estándar establecido en la referida ley.

Fuente: Grupo Medios y Sociedad (GMS).

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El borrador del Código, que cuenta con el visto bueno del Consejo Directivo de la APU, estará en consulta pública durante los meses de enero y febrero, a los efectos de recibir aportes y opiniones de todos los interesados. Luego de recibir aportes, el Comité de Redacción presentará la versión final del Código, a los efectos de su consideración por el Consejo Directivo de la APU, que le dará aprobación final y, en su caso, citará a la Asamblea General para su aprobación en una fecha a determinar.

Este proceso se enmarca en el Programa Internacional para el Desarrollo de las Comunicaciones (PDIC) de la UNESCO.

Durante la ejecución de este proyecto se abordó en diversos talleres la calidad y el enfoque ético de las coberturas periodísticas en Uruguay, y la necesidad de adoptar algún mecanismo de autorregulación del ejercicio profesional, así como qué contenidos debería incluir.

También se recogió la opinión de 257 periodistas de todo el país que respondieron a una encuesta pública realizada a instancias de las organizaciones que convocaron a este proceso.

La participación de todas y todos contribuirá a desarrollar un código de ética para la profesión periodística en el ámbito de la APU.

Para hacer llegar sus aportes favor dirigirse al correo: eticaperiodisticauy@gmail.com

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Asimismo, el texto del proyecto de decreto a estudio, de acuerdo a extractos publicados en la prensa, cumpliría con los estándares internacionales de libertad de expresión y pluralismo, lo que -de aprobarse- pondría al Uruguay como el primer país de la región en adoptar una norma nacional para asignar de manera justa y objetiva este importante recurso. El Grupo Medios y Sociedad viene trabajando desde hace años en este tema y ha aportado en este proceso el conocimiento acumulado y los proyectos de ley elaborados oportunamente.

A continuación los comunicados de las tres gremiales:

Organización de la Prensa del Interior (OPI)

Montevideo, 3 de diciembre de 2012

Nuestro respaldo a una iniciativa justa

La Organización de la Prensa del Interior siempre señaló con preocupación la forma en que se ha asignado, tradicionalmente, la publicidad oficial. Hemos señalado que concentrar, de esa forma, las pautas en empresas radicadas en Montevideo, es injusto e ineficiente.

Hace algún tiempo el Sr. Presidente José Mujica se refirió a este tema y se expresó claramente al respecto. Se manifestó de acuerdo en la necesidad de corregir la forma de asignar la publicidad oficial.

Luego fuimos invitados, así como otros representantes de sectores interesados en el tema, a un intercambio de ideas en la Torre Ejecutiva. Fueron reuniones donde se habló con franqueza, se debatió con amplitud y se criticó con respeto.

Con los elementos que recogieron los asesores presidenciales, el Poder Ejecutivo redactó un proyecto de decreto que estaría en vías de aprobarse. Sobre su contenido informó el semanario Brecha.

La prensa del interior apoya los esfuerzos que se hacen para democratizar, en todos los aspectos, el sistema de medios. La OPI espera que en breve plazo, las intenciones anunciadas por el Presidente se concreten y se apruebe una normativa que contemple nuestro histórico y justo reclamo.

Por la Organización de la Prensa del Interior (OPI)

David Rabinovich

Presidente

REDORO

Montevideo, 3 de Diciembre de 2012

Sr. Presidente de la República

Don José Mujica Cordano

Presente

De nuestra mayor consideración:

Ante informaciones publicadas, sobre un borrador de decreto a estudio del poder Ejecutivo, sobre regulación de la distribución de la publicidad oficial en los medios del interior del País, Red Oro en representación de sus 54 emisoras afiliadas, hace llegar a Usted las siguientes consideraciones:

Que la distribución de la publicidad oficial en el interior del País se viene realizando desde hace décadas de manera inconveniente, lo que ha llevado a demostrar al Gobierno en más de una oportunidad por parte de los medios involucrados, que la relación costo-beneficio de la inversión publicitaria del estado no es la ideal.- Ante esta situación, no revertida, RED ORO entiende conveniente que el Gobierno tome participación en la regulación de la distribución de la publicidad oficial en el interior del país.-

Nos parece acertado que se valore la producción local y regional que los medios del interior realizan, generando una fuente laboral de importancia en las ciudades de tierra adentro.- La base de los promedios de escucha de las radios del interior (inalcanzables por ninguna emisora en Montevideo) se sienta en sus programaciones locales, donde cada radio tiene referentes particulares, que cuentan con una alta aprobación popular.- A esto se suma el concepto de la transmisión responsable de la información, sin ocultamientos, pero priorizando los hechos positivos que los distintos actores sociales realizan en cada ciudad o región.- Si valoramos la ocupación de personal en las radios del interior, las horas de producción y transmisión en vivo de los distintos eventos, más la actualización tecnológica en relación a las de las emisoras capitalinas, y las traspolamos a las tarifas vigentes la ecuación es totalmente desfavorable al interior.-

De acuerdo a los lineamientos conocidos del borrador del decreto, apoyamos la creación de un fondo para la realización de mediciones de audiencia y tiraje de medios.-

Red Oro durante 4 años realizó una encuesta de medios radiales en el interior a su entero costo, no logrando en esa oportunidad el apoyo económico ni de las empresas ni medios oficiales, ni entidades que reúnen a anunciantes e intermediarios de la publicidad, lo que obligó a la suspensión de su realización.- No obstante nuestra organización aporta anualmente a la única encuesta actual de medios del interior, realizada por la empresa Equipos Mori.- Por ello apoyamos la creación del fondo de de referencia.-

Adherimos a la regulación propuesta para que la transparencia en los distintos tramos de la comercialización publicitaria sea efectiva y se conozca detalladamente cuales son los costos de las agencias creativas, y de medios, como asimismo los importes que reciben las radios diarios o canales de TV que vehiculizan la publicidad.-

En relación a la fijación de un porcentaje para la publicidad en el interior, es una manera de comenzar a regular el mercado y de aplicarse, el Gobierno tendrá la posibilidad de evaluar los resultados en su comunicación una vez puesto en marcha.-

En síntesis, aprobamos que la prédica de años, de las organizaciones que agrupan a los medios del interior, haya sido escuchada y que el trabajo de relevamiento y análisis de la situación llevado adelante por la Secretaría de Comunicación de Presidencia, pueda concluir en la puesta en práctica del decreto proyectado.-

Como bien lo sabe la Secretaria de Comunicación, cuenta Usted con nuestro apoyo en la búsqueda permanente de obtener soluciones a esta situación.-Aspiramos a que la radiodifusión del interior no sienta el ahogo económico que le impida cumplir con la función que desde hace 90 años realiza, en bien de la comunicación de la mayoría de los habitantes del país y pueda hacer más efectiva la comunicación del Estado en el interior.-

Reciba el Sr. Presidente nuestros atentos saludos.-

El Directorio de Red Oro

Rafael M. Ravazzani

Gerardo Alzugaray

Rafael Souza

RAMI

Montevideo, 30 de noviembre de 2012.

La Asociación de Radios del Interior (RAMI), en momentos en que el Poder Ejecutivo se aprestaría a firmar un decreto en que se establece criterios para la distribución de la Publicidad Oficial, expresa su satisfacción por que se vería cumplida una anhelada preocupación de nuestro gremio.

Las radios del interior compartimos la inquietud del Sr. Presidente de la Republica, José Mujica sobre la diferencia existente en cuanto a la distribución de publicidad oficial entre medios de Montevideo con respecto al interior.

Esta realidad histórica que vivimos el 85 % de las emisoras del país, instaladas en el interior, sería modificada a partir del decreto en que se establece que los organismos del estado destinarían al menos un 30 % de los rubros, orientados a los medios del interior.

Hoy el 95 % de la inversión estatal en publicidad queda en Montevideo y al interior apenas llega el 3 % de esta.

Entendemos que esta medida ayudaría a recuperar los puestos de trabajo perdidos en las radios del interior y contribuiría a la reconversión tecnológica que las emisoras han visto postergadas.

En el entendido que las radios del interior y los periodistas locales somos los principales actores en la formación de la comunicación e información de nuestras comunidades, este decreto reconocería el trabajo que durante décadas realizamos formando y contribuyendo a la más rica historia democrática del país.

Miguel Ángel Pose

Presidente

Juan Hébert Brañas

Secretario.

Fuente: Grupo Medios y Sociedad. (GMS).

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El 28 de Junio de 2012 el Ministerio de Industria, Energía y Minería, actuando en su nombre el subsecretario Edgardo Ortuño, dictó una resolución en la que se exhiben conclusiones contradictorias entre la Asesoría Jurídica del MIEM y el Fiscal de Gobierno de 2do. turno, Miguel Toma.

La Asesoría Jurídica del MIEM concluye sobre «la existencia de indicios favorables a la existencia de un conjunto económico entre las empresas denunciadas, lo que constituiría una violación a lo dispuesto en el artículo 12 del Decreto 734/978», por lo que «aconseja dejar sin efecto las resoluciones que autorizaron la transferencia de la titularidad de las emisoras involucradas».

Sin embargo, antes de pronunciarse, el MIEM envío el expediente al Fiscal de Gobierno de 2do. turno (Miguel Toma) que se apartó del criterio de la Asesoría Jurídica del MIEM. Toma indicó que es «imposible que progrese la denuncia de existencia de conjunto económico dada la carencia legal que lo habilite en sede administrativa». Sugiere que la investigación de conjunto económico es «cuestión a ser dirimida en el ámbito judicial».

En virtud de esta contradicción, el MIEM resolvió «proceder a la clausura y archivo de estas actuaciones, sin perjuicio».

Ante esta situación, el Grupo Medios y Sociedad (GMS) solicita al Poder Ejecutivo que proceda a enviar estos antecedentes a la Justicia competente, en vista de las contradicciones existentes entre los servicios jurídicos del MIEM y el Fiscal de Gobierno. Sería grave para el futuro de la radiodifusión que se consolide un grupo económico que funciona en base a testaferros y es propiedad de un magnate de los medios que es extranjero, en violación de las leyes de radiodifusión nacionales. Por otra parte, sin perjuicio de no compartir que la inexistencia de la figura del «grupo económico» en la legislación administrativa -algo que es un principio general del derecho- impide continuar con el expediente, entendemos que enviar el caso a la Justicia es un camino que otorga garantías a todos los involucrados.

En paralelo, el GMS impugnará en vía administrativa la resolución adoptada por el MIEM, dado que existen en el expediente pruebas suficientes de que existe un grupo económico y varias de las emisoras ni siquiera son administradas por el titular formal de las mismas, configurándose en ese caso la violación de la legislación nacional.

Fuente Imagen: grupoacir.com.mx

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La iniciativa es patrocinada por UNESCO a través del Programa Internacional para el Desarrollo de las Comunicaciones (IPDC).

El proyecto busca generar un amplio debate que contribuya a desarrollar un código de ética para la profesión periodística y mecanismos de autorregulación de actividades mediante la creación de defensorías de audiencias o consejo de Prensa.

El primer encuentro se realizará en Montevideo los días 6 y 7 de setiembre en la sede de la Asociación de la Prensa Uruguaya (San José 1330 esquina Ejido).

Es abierto a profesionales, técnicos, estudiantes, representantes de asociaciones civiles y gremiales vinculadas a la comunicación que deseen profundizar en el enfoque ético de las coberturas periodísticas en Uruguay,

Se contará con la participación de representantes del periodismo nacional y de invitados de Brasil, Chile y Argentina vinculados al desarrollo de códigos éticos en sus respectivos países.

Las instancias regionales en el interior se realizarán el sábado 8 de setiembre en Mercedes y el sábado 29 de setiembre en Melo.

Por consultas e inscripciones: etica.periodisticauy@gmail.com

Lugar sede de Asociación de la Prensa Uruguaya San José 1330. esq. Ejido, Montevideo

Hora: 6 de setiembre 18:00 horas.

Hora: 7 de setiembre 09:00 horas.

Fuente Imagen: frentedenoticiasdelborda.blogspot.com

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En el marco de la actual discusión sobre la reforma de la regulación legal de los servicios de comunicación, y las crecientes críticas sobre la responsabilidad de los medios en la cobertura de hechos de violencia, un proyecto presentado por las tres organizaciones de la sociedad civil para debatir sobre la necesidad de adoptar mecanismos de autorregulación en los medios y en la profesión, fue seleccionado por el Programa Internacional para el Desarrollo de las Comunicaciones (PDIC) de UNESCO entre decenas de proyectos de todo el mundo.

Este programa se desarrollará en tres fases: 1) Un debate nacional sobre la necesidad de implementar mecanismos de autorregulación en el sistema de medios de Uruguay, que tendrá lugar con cuatro eventos regionales de discusión. El debate será amplio y contará con invitados internacionales vinculados a mecanismos de este tipo en la región; 2) La designación de un Comité de Expertos para redactar un Código de Ética periodística de referencia; 3) La homologación en el ámbito de la APU del referido cuerpo de recomendaciones, así como la invitación a las gremiales de medios a desarrollar distintos mecanismos de autorregulación de sus actividades (creación de defensorías del televidentes, Consejos de la Prensa, etcétera).

A los efectos de asegurar la mayor amplitud posible en este debate imprescindible, las organizaciones promotoras se proponen invitar a participar de estas instancias a las gremiales de medios, las universidades vinculadas a la comunicación y las organizaciones de la sociedad civil también vinculadas a esta temática.

La fecha de realización de los cuatro eventos regionales se comunicará oportunamente, una vez que se culminen los trámites burocráticos con la agencia patrocinadora del evento que seleccionó este proyecto para ejecutar en Uruguay.

Fuente Imagen: just-communication.blogspot.com

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¿Internet es un derecho humano? ¿Es necesaria una regulación para las

actividades en Internet? ¿Cómo garantizar la libertad de expresión en la red?

En la ocasión GMS también ofrecerá una perspectiva sobre la situación en

Uruguay y se realizarán algunas propuestas para comenzar a abordar este

debate en el país.

Hacia una Internet libre de censura

Propuestas para América Latina

Presentación del libro

Miércoles 16 de mayo de 2012 de 09:30 a 11:30 horas.

Antesala Cámara de Senadores.

Palacio Legislativo.

entrada por Gral. Flores

Miércoles 16 de mayo de 2012

09:30 a 11:30 horas

Antesala Cámara de Senadores

Palacio Legislativo

Entrada por Gral. Flores.

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No obstante, subsisten otras inequidades y discrecionalidades alarmantes en la asignación de publicidad oficial:

a.- Inexistencia de criterios para distribuir la publicidad (muchas veces no importa el tiraje, no importa la circulación, no importa la audiencia, no importan los contenidos). O bien se deja el reparto a las agencias de publicidad, y estas cobran dos veces, al Estado y al medio, y además ingresan la publicidad oficial en sus»paquetes» de trueque; o bien se asigna la publicidad por amiguismo entre los mandos medios de los medios y del Estado.

b.- Abuso de las ediciones «especiales» de medios de comunicación que son regadas con miles de dólares de publicidad de organismos públicos.

c.- Inequidad en el reparto entre los sectores de la comunicación: la televisión se lleva la parte del león, la radio va en segundo lugar, y la prensa que más periodistas emplea y es la que realmente hace la agenda informativa es relegada al tercer lugar en dinero asignado.

d.- Falta de transparencia: No hay transparencia suficiente en la asignación por parte del Estado (debería estar colgada la información en la web de cada organismo como parte de la transparencia proactiva) y el sistema de medios debería ser mucho más transparente.

El presidente ha hablado en estos días de medidas paliativas para equilibrar la ecuación Montevideo-Interior. Creemos que la respuesta debe ser más amplia e integral. Al comenzar el período GMS entregó ala SEPREDI un proyecto de ley cuyas bases fueron elaboradas desde la sociedad civil con participación de todos los actores involucrados, pero nunca fue enviado al Parlamento.

Creemos firmemente que la solución a este problema es regular. El Estado debe autoregularse a través de una ley en la definición y asignación de publicidad oficial y debe exigir mayor transparencia al sistema de medios.

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La primera, es que confirma que el empresario mexicano Ángel González, dueño de un imperio mediático en América Latina, estuvo en Montevideo y se entrevistó con autoridades para interceder por sus negocios, algo que todo el Uruguay sabía pero de lo que no había pruebas, debido a que este empresario extranjero trabaja siempre a través de testaferros.

La segunda prueba es más contundente. Puesto que varios trabajadores de Radio Futura confirmaron que el grupo es manejado por Fernando Cohelo de Radio Sarandí. Este empresario uruguayo niega que sea prestanombre de González y que tenga poder de dirección sobre todas las radios que emiten en cadena y comercializan en conjunto publicidad. Ahora se sabe, que los cambios, incluyendo despidos en Radio Futura, fueron decididos por el mismo Cohelo.

El Grupo Medios y Sociedad presentara la nota de prensa deLa Diariadel día de hoy (17 de abril de 2012) como una prueba más en la denuncia presentada contra el grupo económico encabezado por Ángel González, creemos que es más que claro de la existencia de dicho grupo contradiciendo así la legislación vigente.

sigue nota de prensa.

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La Diaria, 17 de abril de 2012

Onda larga

Lourdes Rodríguez

Empresario mexicano fue recibido por Kreimerman y negó encabezar «grupo económico» radial.

El titular del Ministerio de Industria, Energía y Minería (MIEM), Roberto Kreimerman, le pidió al fiscal de gobierno Miguel Ángel Toma que se pronuncie sobre si existe un «grupo económico» controlado por el mexicano Ángel González. Ya existe un dictamen jurídico de la cartera que así lo tipifica y pide revocar el permiso para operar 11 emisoras. El nuevo informe fue solicitado luego de que el apoderado del empresario formulase sus descargos en el trámite administrativo, asegurando que sólo es responsable de las cuatro emisoras de Sarandí Comunicaciones, sin embargo cuatro ex funcionarios de Futura FM afirman que él era su jefe.

El informe dela Asesoría Jurídicadel MIEM que concluye que «correspondería» que el Poder Ejecutivo deje sin efecto la autorización para las 11 radios llegó como respuesta a la denuncia quela ONG GrupoMedios y Sociedad (GMS) radicó en 2009 antela Unidad Reguladorade Servicios de Comunicaciones (Ursec). Las emisoras son Radio Sarandí, Sport 890, Integración Americana, Radio Disney, Emisora del Plata, Futura FM, FM Total, Radio Real de San Carlos, Emisora Cenit, Emisora Santa Rosa yLa Pedrera. GSMsolicitó que se investigaran las transferencias de titularidad de estas radios identificadas como pertenecientes al Grupo Sarandí y al Grupo Sofía -o Grupo del Plata-, éste último propiedad de Miguel Sofía, sobre quien pesa un pedido de captura internacional por su responsabilidad en crímenes de la dictadura.

En diciembre de 2011 la diaria informó quela Asesoría Jurídicadel MIEM determinó que dichas emisoras están bajo control de un mismo «grupo empresarial», lo cual viola el decreto 734/978 que regula los servicios de radiodifusión, ya que una persona no puede ser beneficiada con la titularidad total o parcial de más de dos frecuencias en cada una de las tres bandas de radiodifusión.

Ándale

GMS también denunció que las 11 radios fueron compradas por González, el empresario mexicano-estadounidense, mediante testaferros y que el «centro de decisión» es el administrador de Sarandí Comunicaciones SA, Fernando Coelho. Este aspecto no fue abordado en el informe dela Asesoría Jurídicay GMS reclama que es «un punto de central importancia», ya que nuestra normativa prohíbe que ciudadanos extranjeros sean titulares directa o indirectamente de licencias para explotar frecuencias. la diaria confirmó que González, al enterarse del curso de las actuaciones administrativas, solicitó a Kreimerman una entrevista «para arreglar su situación», que se concretó a fines de 2011. El informe jurídico, que no es vinculante, ya está a estudio de los jerarcas del MIEM. Además, la semana pasada ingresó al expediente un escrito con consideraciones del fiscal de gobierno Miguel Ángel Toma, que le fuera encargado por el ministro. Este informe tampoco es vinculante.

Desde el MIEM, el subsecretario Edgardo Ortuño explicó a la diaria que la consulta al fiscal de gobierno se hizo para «contar con mayores elementos» a la hora de resolver. El jerarca indicó que aún no hay una decisión tomada y que «ahora hay que analizar todos los elementos». Consultado por los plazos, Ortuño expresó que «no hay interés en dilatar este tema tan importante» y que el MIEM se expedirá «en el correr de este año».

Él manda

la diaria accedió a los descargos de los empresarios en diciembre ante el MIEM. Todos los involucrados niegan pertenecer a un «grupo económico», conocer o tener vinculación con González y piden el archivo del expediente alegando que no hay pruebas. Enfatizan en que la retransmisión de programación de otras radios o la centralización física de varias emisoras en una misma dirección (Enriqueta Compte y Riqué 1250) -aspectos subrayados porla Asesoría-no es indicio de la existencia de un grupo económico.

«Esta identidad de domicilio no obsta a que cada una de las emisoras que funcionan allí cuente con un espacio y estudio propio e independendiente, con una producción separada y con una conducción también independiente», explicó Fernando Coelho, señalado por GMS como el representante de González por ser quien «está a cargo» de sus emisoras en Uruguay. Coelho entiende que esto es un «infundio» y que no hay «detalles que hagan verosímil» la denuncia, a la que considera «absurda, maliciosa e infundada». Asimismo, en sus descargos asume la responsabilidad por la gestión de Sarandí Comunicaciones SA, que abarca Sarandí, Sarandí Sport, Disney e Integración Americana. Sin embargo, tras consultar a cuatro ex funcionarios de Futura FM, que también funcionaba en la mencionada dirección, todos reconocen a Coelho como el gestor de dicha emisora.

«Para mí, la figura de autoridad era Coelho. Lo que era sueldo, la parte económica o de los contratos era con él. Las veces que arreglé plata fue con él, y las veces que había que pedir permiso para algo fue con él, las licencias se las pedí a él. Había un encargado pero no tenía otra autoridad más allá de transmitir las órdenes de Coelho», afirmó a la diaria el periodista Diego González. Ante la misma consulta, su colega Ernesto Muniz señaló a la diaria que cuando fue despedido de la radio la persona que le dijo «hicimos todo lo posible y esto no funciona» fue Coelho. En esto y en la gestión del empresario en las otras emisoras que funcionan en el edificio coincidieron otros dos ex trabajadores de Futura que prefirieron mantener su anonimato por temor a las represalias en el medio. Por el contrario, en sus descargos José Carlos Molinari afirma que él y Diego de Luca son «los únicos responsables de la explotación» de Del Plata, Futura y Radio Real de San Carlos, y entiende que la denuncia es «descabellada».

A su servicio

La Asesoría Jurídicadeterminó que Grupo Sarandí y Grupo del Plata componen además el Grupo Mont Soleil SA, de acuerdo al informe de facturación de publicidad que desde el MIEM se solicitó ala Intendenciade Montevideo. Tanto Coelho y Molinari como el resto de los permisionarios afirman que se trata de una prestadora de servicios a las radios, como «apoyo, publicidad, programación». Molinari destaca que «se mantiene un vínculo estrictamente comercial» pero que «no existe subordinación de ningún tipo». En el mismo sentido, Coelho señala que Mont Soleil SA «brinda asesoramiento» a Sarandí Comunicaciones SA, «intermedia con los clientes para la venta de publicidad» y «comercializa con otras emisoras la retransmisión de programas permitiendo una mayor eficiencia en la gestión empresarial» de éstas.

Grupo Medios y Sociedad

grupomediosysociedad@gmail.com

www.infoycom.org.uy

Walter Sena

wsena@montevideo.com.uy

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Montevideo, 27 de diciembre de 2011

Sr. Director General de Secretaría

Esc. Gustavo Fernández Di Maggio

Presente.

Edison Lanza y Walter Sena, por sí y en representación del Grupo Medios y Sociedad, en su calidad de denunciantes vienen a evacuar la vista conferida en el expediente 2009/2/9/00302.

I.- El dictamen en vista

De acuerdo al informe producido porla Asesoría Jurídica/Dirección del MIEM, se entiende que en la denuncia de autos hay indicios que prueban la existencia de un conjunto económico, lo que constituye una violación del artículo 12 del Dcto. 734/78, en el entendido de que ninguna persona pude ser beneficiada con la titularidad total o parcial de más de dos frecuencias en cada una de las tres bandas de radiodifusión, ni más de tres en el total de las tres bandas.

En ese sentido, los suscritos comparten la calificación jurídica realizada por la referida asesoría, sin perjuicio de lo cual, consideran que el referido dictamen no se expide sobre otros hechos denunciados, sobre los cuáles también existen pruebas y que constituyen graves violaciones a la normativa vigente sobre radiodifusión.

II.- En los autos referidos se trata de determinar los siguientes extremos:

1.- Un solo grupo empresarial adquirió y controla 11 emisoras, en violación a la normativa vigente.

2.- Los titulares de las emisoras son en realidad prestanombres, que responden al empresario mexicano Ángel González, lo cual también violenta la normativa vigente.

3.- Esta situación muestra que se estaría ante la violación de la legislación vigente, al haberse producido una transferencia indirecta de la titularidad de varias emisoras, a la vez que produciendo una concentración de las mismas en una sola persona. En este sentido existe jurisprudencia constante de que este tipo de prácticas encuadran en la figura de “fraude a la ley”.

III. Consideraciones sobre los puntos que forman parte del presente procedimiento y su ponderación por parte dela Asesoría Jurídica

Sobre el punto 1, los suscritos comparten el fallo dela Asesoría Jurídicaen el sentido de que existen pruebas suficientes para determinar que las once radios denunciadas en autos, pertenecientes en teoría a distintos titulares, forman parte de un mismo grupo económico que comparte edificios, recursos humanos y materiales, una misma gestión y se encuentran bajo un mismo centro de decisión, en la persona de Fernando Cohelo, administrador de Radio Sarandí.

En ese sentido obran en autos inspecciones y constataciones dela Ursec. Cabeañadir, que el funcionamiento y conformación de la existencia de este grupo económico hoy es algo público y notorio. Días atrás, la dirección del grupo, ubicada en Sarandí (Cohelo) definió el cierre de varios programas en Radio Futura y el despido de buena parte de su personal. (se adjunta prueba documental).

Cabe precisar que en Futura y otras radioemisoras aparece como titular Carlos Molinari, al igual que en radio Real de San Carlos y Emisora del Plata (todas del ex grupo Sofía-Troncoso), pero el dictamen de referencia nada dice respecto a ese titular.

A nuestro juicio, resta analizar la otra cara del fenómeno Es correcto señalar que la dirección de todo el grupo de 11 radios recae sobre Cohelo, pero en los restantes titulares, como es el caso de Molinari, hay una transferencia en los hechos de la frecuencia, que amerita la revocación de las mismas en virtud de tratarse de una práctica prohibida por la ley.

Una sentencia del Tribunal de Apelaciones en lo Civil de 5º turno, dictada en un juicio iniciado por el periodista Oscar Ubiría de Dolores contra Miguel Pose, titular FM Dolores de esa localidad y vicepresidente de RAMI (Asociación de Radios del Interior), afirma que el arriendo total de una emisora a una sociedad o persona diferente del titular es una práctica «fraudulenta».

Esta persona, a quien el Estado otorgó el uso de una frecuencia de radio, «para su explotación cedió la totalidad de los espacios radiales a Meredix S.A la que luego figura como arrendataria» dice la sentencia, tratándose de «un montaje para defraudar los preceptos de la normativa vigente: lo que no se pudo hacer derechamente se logra por un modo torcido».

«Consecuentemente, se trata de un procedimiento que cabe calificar como fraudulento por contravenir normas que regulan la materia pero además porque está destinado a ocultar al verdadero propietario para intentar ponerlo al abrigo de responsabilidades en el plano civil, laboral, tributario, etcétera”, afirma esa sentencia del año 2007.

En referencia al punto 2, la existencia de un titular real de nombre Ángel González y de nacionalidad mexicana-americana, el dictamen que se viene a evacuar no ingresa al estudio del tema.

Al respecto parece un punto de central importancia en el caso de autos, visto que está prohibido que ciudadanos extranjeros sean titulares en forma directa o indirecta de licencias para explotar frecuencias que administra el Estado uruguayo.

Si bien consta en el expediente quela Ursecdiligenció prueba y se solicitó quela Dirección Nacionalde Migraciones identificara a este ciudadano e informara si había ingresado al país, ésta no logró hacerlo por no contar con el número de pasaporte.

Consideramos que es necesario volver a insistir en este punto y para facilitar el diligenciamiento de la referida prueba se agregan los datos del pasaporte de Remigio Ángel González González, con Pasaporte No. 07864186526.

Al respecto se solicita que se oficie con estos datos ala Direcciónde Migraciones para conocer cuándo y cuántas veces y en qué fechas este ciudadano ingresó al país.

Sobre el punto 3 puesto a discusión en estos obrados, corresponde discutir el correcto encuadre jurídico. Si bien compartimos con el asesor actuante que se ha comprobado la existencia de un conjunto económico que por esa vía elude la prohibición de acumular más de 3 frecuencias en todas las bandas de radiodifusión, también creemos que quienes cedieron el control de las frecuencias otorgadas a una persona distinta, incurren en una grave violación del artículo 15 del decreto 734/78, que establece que el carácter de las autorizaciones es personal y por tanto nadie puede negociar ni directa ni indirectamente la gestión de la emisora mediante venta o arrendamiento.

Estas consideraciones deben realizarse además, a la luz de las graves consecuencias que tiene para la diversidad cultural y el pluralismo informativo la concentración de las emisoras a que nos venimos de referir en un solo grupo extranjero. Radios pioneras como Radio Real de San Carlos o Futura FM han sido desmanteladas para pasar a ser simples repetidoras de la producción de Radio Sarandí en Montevideo.

Otro tanto pasa con Radio Cenit de Rivera y RadioLa Pedrera, que tampoco tienen producción local y se han transformado en simples bocas de salida de la producción que centralmente se realiza en Montevideo. Se ha deslocalizado la producción, se han desmantelado servicios informativos locales y se han perdido fuentes de trabajo en el interior del país.

Por todo lo expuesto, al evacuar esta vista solicitamos:

Se tengan presente la prueba ofrecida, los argumentos y fundamentos de derecho esgrimidos en la presente vista.

En definitiva se acoja la denuncia incoada y se dispongan las sanciones establecidas enla Ley Orgánicadela Ursecy las normas de radiodifusión vigentes.

Fuente Imagen: ingenieroscomunicadores.blogspot.com

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