El tema fue abordado este martes 20 de mayo al analizar la oportunidad y la bondad de la eventual compra de los padrones n.º 597, 6109, 7897, 598, 13513, 13514, 10813, 7138, 7201, 642, 641, 7264, 9065, 10174, 8940, 11093, 6668 y 5743 de la 5ta Sección Judicial del departamento de Florida denominado Estancia María Dolores.

El senador Sebastián Sabini expresó que “como Frente Amplio, compartimos que se trata de un proyecto importante que implica una compra significativa que va a hacer el instituto que merece su análisis y su discusión y estamos absolutamente de acuerdo con que las autoridades den las explicaciones del caso. Repito que de nuestra parte apoyamos la convocatoria y, además, considero que es bueno que el Parlamento discuta qué política quiere para el Instituto Nacional de Colonización”.

El nacionalista Sergio Botana sostuvo que “más allá de la compra en sí, lo que me preocupó fue el hecho de que no pudiéramos conocer al instante las razones de los fundamentos de la compra. Se supone que, si el predio fue ofrecido al Instituto Nacional de Colonización a mediados del mes de abril y la decisión se tomó en los primeros días de mayo, obviamente fue con base en lineamientos políticos preacordados por parte del directorio y en un estudio claro de lo que era el negocio en sí, los fines que se le iba a dar a ese predio y obviamente todo lo vinculado a cuál era el destino, qué sector de la producción se quería favorecer, lo adecuado o no de los montos a pagar”.

“En el caso de que no se dedique a colonia de productores, sino a hacer forrajes para todos los productores y a campo de recría, ¿cómo se va a administrar? ¿Quién lo va a administrar? ¿Esto se va a hacer a través de alguna gremial o del sector público, propiamente? Esas propuestas tienen que estar, porque no estamos comprando un predio de dos pesos, sino un área importante, en una zona importante, con un precio muy significativo y con un equipamiento muy particular, con parte de tierras inundables, etcétera”, agregó.

Según Botana “si los fundamentos de la decisión estaban antes, ¿por qué automáticamente no se hicieron públicos? Esa la gran pregunta que me queda. Veo que pasan los días y no tenemos ese hilo que es imprescindible. Parecería que recién estuvieran elaborando las respuestas para lo que ya era una predecisión. Esa es la sensación que nos queda”.

Desde el FA, el legislador Eduardo Antonini dijo: “Yo tengo muchas ganas de dar esa discusión porque creo que tenemos razones y fundamentos para hacerlo. Me encantaría, pero no sé si es hoy el ámbito para dar esa discusión de fondo”.

Su correligionario Aníbal Pereyra indicó que “entendemos que estos aspectos muy importantes deben tener un debate público por lo que implican y también consideramos que se debe tratar de aclarar algunas cuestiones que han salido públicamente ‒el tema ha sido instalado‒ como, por ejemplo, los costos excesivos”.

“Este Parlamento en los últimos veinte años ha venido discutiendo leyes que tratan de generar más acciones para que el Instituto Nacional de Colonización tenga más herramientas, sobre todo en la compra de tierras para cría y lechería. Hoy hay más de mil productores en la lista de espera, sobre todo familiares y jóvenes, y allí creo que está el centro del debate que, seguramente, se va a dar a partir de mañana, pero adelanto mi posición diciendo que con respecto al debate público que se ha planteado con relación al exceso de costos, cualquiera puede entrar a Mercado Libre y ver que los campos de la zona están a USD 8.500 la hectárea”, señaló.

Pereyra manifestó que “yo sé que este es un debate más para la tribuna que para adentro, pero todos sabemos que se está dando. Todos hemos visitado colonias de esa zona, como la Treinta y Tres Orientales, que está a 18 kilómetros de San Ramón y a 8 kilómetros de Florida, en el medio de la cuenca lechera. Seguramente, todo ha aumentado en los últimos tres, cuatro años para la Sociedad de Productores de Leche Florida, cuya mayor demanda es saber cómo se puede conseguir más tierra ‒que no la hay en la zona‒ para poder tener más campo de recría y poder producir más leche. Hay una posibilidad ‒supongo que mañana se va a confirmar‒ de producir 21.000.000 de litros de leche, pero quiero que quede constancia en esta instancia de convocatoria que estamos totalmente de acuerdo con que vengan el ministro ‒actualmente no está en el país, se encuentra en China acompañado de una delegación‒ y el Instituto Nacional de Colonización porque esto nos parece que son aspectos medulares para profundizar”.

Por lo tanto, sostuvo el legislador del MPP “reafirmamos este hecho y quiero que quede constancia de ello. Esperamos que se den más situaciones como esta porque el compromiso del gobierno fue alcanzar 25.000 hectáreas en el quinquenio y en estos tres meses se logró 4.404, mire que número presidente, termina en 404”.

A su entender “yo no sé si hay antecedentes, lo digo porque realmente no lo sé. El instituto actuó dentro de los plazos de veinte días corridos que tiene, dentro de los plazos que establece el artículo 35. Dicho sea de paso, este Parlamento tiene debates muy interesantes ‒he estado mirando‒ con relación a modificaciones que se hicieron justamente para poder tener tierra; antes eran mil hectáreas CONEAT, ahora son quinientas y tenemos que reconocer que el hecho fue un acuerdo político importante de este Parlamento, una iniciativa del exsenador Larrañaga en el año 2005; el senador Camy no me va a dejar mentir, estuvimos en el debate y fue muy valioso para el país”.

El presidente de la Comisión, senador Sebastián Da Silva (PN) le aclaró que “no es lo más conveniente buscar en Mercado Libre un campo”.

Presidente en falta

 A su turno, el senador Pedro Bordaberry (Partido Colorado) indicó que “en términos de derecho civil y accidentes, creo que hubo una suerte de culpa concurrente cuando todos nos vamos equivocando al elegir el momento”.

“Obviamente que dar la discusión en ese momento sobre la citación quizás no fue lo mejor, pero tampoco fue lo mejor hacer el anuncio en ese momento. Entonces, creo que todo esto nos lleva a todos a reflexionar no solamente sobre el momento en que se solicita la comparecencia, sino también sobre el momento en que se hace el anuncio”, dijo.

Asimismo, “por una cuestión de lealtad y creo que también de preparación por parte del ministro y de las autoridades del Instituto Nacional de Colonización, me gustaría que se ampliara la convocatoria. Algo que siempre sucede es que cuando uno empieza a estudiar los asuntos, saca la lupa y va encontrando cosas colaterales que también es bueno que se aclaren”.

En ese sentido, expresó que “ayer (lunes) surgió que el presidente es colono –cosa que nosotros no sabíamos–, obviamente tiene un préstamo, y tiene un problema porque no le rinde cuentas al instituto de cosas que el instituto le ha reclamado recientemente que tiene que hacer y que tiene que cumplir. En definitiva, está en falta con el instituto. Entonces, nos gustaría ampliar los motivos de convocatoria para que nos explique eso, porque estamos seguros de que debe tener una explicación”.

A su vez, “el senador (Robert) Silva, que hoy nos está acompañando –hablo por él porque no es miembro de la comisión–, nos señaló otro tema que también sería bueno que se aclarara. Me refiero a lo previsto en el artículo 200 de la Constitución, que el presidente del Instituto Nacional de Colonización estaría incumpliendo en este momento. Concretamente, cuando presentó la solicitud de venia el Poder Ejecutivo, adjuntó su currículum y no incluyó que él era colono. No dijo que él era colono”.

Fundamentó que “el artículo 200 de la Constitución es muy claro y no permite ejercer profesiones o actividades que directa o indirectamente se relacionen con la institución a que pertenece. Entonces, si sigue siendo colono y sigue ejerciendo simultáneamente su actividad como tal, el presidente del Instituto Nacional de Colonización está desde que fue designado violando la Constitución de la República, y sus actos pueden ser pasibles de nulidad por haber hecho eso”.

Por lo tanto, “dada la gravedad del asunto, nos parece importante que también se incluya en la convocatoria la solicitud de que aclare su situación. Lo digo hoy para que no se vea sorprendido el día en que venga acá y traiga las respuestas, es decir, por una cuestión de lealtad. Y por lealtad con el derecho de autor, reitero que este es un punto que el senador Silva nos señaló hoy cuando estábamos viendo esto”.

 “Ensucia la cancha”

El senador Felipe Carballo (Frente Amplio) manifestó que “en cuanto al tema puntual de la compra de estas tierras, si bien no tengo los detalles –y me parece que está bueno que esta comisión haga las gestiones correspondientes para convocar a las autoridades por este tema–, yo adelanto mi postura. Estoy cien por ciento de acuerdo con que se compren tierras y se destinen a los productores y los asalariados rurales”.

Es más, señaló- “estoy convencidísimo de que el Instituto Nacional de Colonización es un instrumento fundamental y, por lo tanto, el hecho de haber comenzado a transitar ese camino de ir comprando tierras con esos destinos o con esos fines representa una señal más que importante, además de que, como bien se decía, está dentro de los compromisos electorales que hemos asumido”.

Pero “otra cosa tiene que ver con lo que se planteaba hace un momento. Yo voy a acompañar la convocatoria para conocer la información de primera mano en relación a los motivos y a todo lo vinculado a la compra de estas 4404 hectáreas que se mencionaban hace un momento, pero creo que es harina de otro costal si el presidente tiene o no tiene deuda”.

En todo caso, agregó el parlamentario del FA “por este tema debería ser convocado para otra sesión de la comisión, porque de lo contrario desvirtuamos el tema de la discusión. Y otro asunto es lo que se informó en relación al artículo 200 de la Constitución. Obviamente eso está dentro del marco de funcionamiento de la comisión, pero a mi entender entrar en temas que son más personales –por llamarlo de alguna manera– es una clara señal que va en la dirección de golpear sobre decisiones que son más políticas”.

En definitiva, afirmó Carballo “entiendo las discrepancias que se puedan tener en cuanto a las decisiones políticas, pero entreverar una cosa con la otra me parece que no le hace bien a la discusión y de alguna manera ensucia la cancha, hablando en términos futbolísticos. Insisto, tenemos que hacer un esfuerzo importante en levantar la mira para dar una discusión en serio y en profundidad en relación al Instituto Nacional de Colonización y a la compra de tierras”.

Bordaberry salió al cruce: “creo que el Reglamento del Senado dice que no se pueden adjudicar intenciones. Entonces, cuando se dice que la intención es enchastrar o no sé cuánto, se estaría violando el Reglamento del Senado”.

“Cuando uno pide ampliar la convocatoria a esos hechos, no es con otra intención más que la de aclarar. Es decir, nuestra intención es aclarar la situación. Pero, además, desde el punto de vista reglamentario, el Instituto Nacional de Colonización se relaciona con el Poder Ejecutivo a través del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca, y la función de esta comisión –y del Senado todo– es controlar al ministerio y a las instituciones, los entes y servicios descentralizados que se vinculan a través del ministerio”, añadió.

En este caso, consideró el senador del PC “el presidente del Instituto Nacional de Colonización estaría violentando el artículo 200 de la Constitución, porque no puede estar ejerciendo actividades vinculadas a la institución que hoy preside. Es obvio que si así fuera tendría la función de controlarse a sí mismo el cumplimiento de las obligaciones que tiene como colono. Entonces, me parece que está dentro de la órbita de esta comisión convocarlo para escucharlo, porque estoy seguro de que debe tener una respuesta. No puedo creer que esté violando la Constitución tan flagrantemente y no esté cumpliendo con las disposiciones claras de la ley”.

En definitiva, para Bordaberry “estamos procediendo de acuerdo al reglamento sin otra intención que aclarar este asunto y adelantando, para no sorprender al presidente del Instituto Nacional de Colonización el día que venga, que en ese momento le vamos a preguntar sobre este tema. Es decir, la idea es que se pueda preparar y darnos una respuesta. Creemos estar actuando dentro de las normas de la convivencia política normales que siempre se aplican en el Parlamento, sin sorprender a nadie ni con otra intención que no sea la de aclarar esta situación”.

Carballo (FA) insistió en que “frente a un tema que está instalado en los medios de comunicación, a mi entender con este nuevo planteamiento se entreveran los temas y se ensucia la cancha. Pero con esto no estoy diciendo que el senador Bordaberry tenga malas intenciones en relación a este tema. Quiero dejar esto en claro, porque no es el objetivo del planteo que he realizado.

Da Silva, presidente del grupo parlamentario indicó que “creo interpretar que si acá hay un problema de forma, todos los actos jurídicos del presidente del Instituto Nacional de Colonización son nulos, entre ellos la compraventa de un inmueble rural. Por eso los temas están atados, el planteo es pertinente, y creo que hay que agradecerle al senador Bordaberry que anticipe su posición. Y las deudas u obligaciones incumplidas de un presidente para consigo mismo, como parte del organismo que preside, también tiene que ver con el asunto. Es decir, a partir de una noticia que salió ayer nos dimos cuenta de que en el currículum que se recibió en el Senado él no expuso su condición de colono, etcétera”.

Por tanto “eso es lo vinculante. Si no fuera tan vinculante, no sería pertinente. Por eso entiendo que es pertinente hacer la convocatoria por la compraventa de los padrones que integran la estancia ‘María Dolores’ y también por la legalidad o no de que el presidente del Instituto de Nacional de Colonización esté ocupando su cargo”.

«Suprema Corte de Justicia»

Por su parte, Sabini (FA) estimó que “me parece bien que se alerte sobre esta situación y sobre el análisis específico sobre una posible inconstitucionalidad. En este caso ya hay una evaluación de un grupo de senadores que entienden que es inconstitucional, pero, hasta donde yo sé, en Uruguay quien determina las inconstitucionalidades es la Suprema Corte de Justicia. Entonces, no le corresponde a esta comisión expedirse sobre ese tema, sino que en su momento habrá que hacer un balance político o jurídico al respecto. De manera que esa evaluación no la compartimos”.

En definitiva, “quiero remarcar que apoyamos la convocatoria en el sentido de que se informe sobre la compra de los campos –eso nos parece bien–, pero no consideramos que en esta instancia tenga que aclarar algo el señor Viera sobre este punto. Obviamente, los legisladores pueden hacer las preguntas que quieran. Eso está bien, y me parece bueno que se diga que se va a hacer”.

No obstante, “quiero señalar que la posición del Frente Amplio refiere al punto que vinimos a tratar y no a agregar nuevos asuntos, porque creo que no ayudaría. En todo caso, si los actos que se hicieron fueron inconstitucionales, no le corresponde al Parlamento establecerlo, sino a la Suprema Corte de Justicia, siempre que alguien se vea afectado y directamente presente un recurso. Todo lo demás son consideraciones puramente políticas”.

Para Bordaberry «esta no es una cuestión de un planteo de inconstitucionalidad. Esto es un planteo de nulidad de la decisión tomada por el directorio respecto a la compra del campo. Aquí no se trata de si es inconstitucional o no una norma. La norma es constitucional. Lo que sucedió es que alguien violó la norma interviniendo, votando en un directorio, cuando no podía hacerlo de acuerdo a la Constitución, y esto ocurrió respecto de la decisión de comprar el campo. Por eso es que estoy trayendo el planteo y adelantándolo. Si es cierto que es colono y que además como colono era incumplidor frente al instituto, él no debió haber participado de esa reunión, de esa sesión, y menos haber votado, porque tiene un interés directo y legítimo que la Constitución expresamente dice que se tiene que tener en cuenta. Lealmente, en vez de decir todo esto el día que venga, les estoy advirtiendo que vamos a ir por ese lado y por eso estoy planteando que se incluya en la convocatoria este asunto, por la evidente vinculación que tiene con el tema de fondo. No es una cuestión de inconstitucionalidad de una ley, que es lo que resuelve la Suprema Corte de Justicia.

El senador Óscar Andrade (FA) señaló que “se entiende que, entre los motivo de la convocatoria, la oposición va a incorporar la cuestión del presidente del Instituto Nacional de Colonización. Estamos avisados”.

“Podemos dar vueltas a la noria, pero, si el debate político de fondo lo vamos a dar con las autoridades, no sé si tiene sentido seguir extendiendo las consideraciones hoy”, expresó.

Para Botana (PN) “es bien sencillo. De acuerdo al comentario que nos hace el señor presidente, yo creo que se puede mantener el tema de la convocatoria, pero va a suceder lo que ha anunciado el senador Bordaberry: en ese marco le van a hacer esas preguntas al señor presidente de Colonización”.

Por otra parte, “todo este debate se pudo haber evitado si hubieran hecho público todo el mamotreto de documentos que fundamenta la decisión. De lo contrario, lo que sucede es que no tienen ningún documento y están tomándose el tiempo para elaborarlo. Eso sería lo complicado de todo esto”.

“Lógica comprensible”

Para el nacionalista Carlos Camy “en primer lugar, me parece procedente el planteo del senador Sabini con respecto a la forma de relacionamiento de la comisión. Casi todos somos veteranos en esta Casa y sabemos que tiene que ser como siempre ha sido. Por lo tanto, si en algún momento se vio amenazado el relacionamiento de la comisión, creo que corresponde encaminarlo, encauzarlo, por la senda que corresponde. Me parece que estamos todos de acuerdo en eso y saludo ese comentario”.

El segundo comentario que quiero hacer “refiere, concretamente, a la razón de una sesión extraordinaria: el planteo de convocatoria a las autoridades del Instituto Nacional de Colonización, a su directorio, y al Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca. Como sabemos, es a través de esa cartera que se relaciona el instituto con el Poder Legislativo”.

Para Camy “corresponde esa convocatoria. A mi entender, se ha planteado con una lógica comprensible por distintas razones: porque es una inversión importante que va a hacer el Instituto Nacional de Colonización y porque se plantea en el marco de decisiones de las que esta comisión no tuvo conocimiento. Nos parece que el rol parlamentario y particularmente de la oposición es fiscalizar y tomar conocimiento, y es con ese ánimo que me parece importante que se convoque”.

Por ello “me parece que lo mejor es que venga el directorio, que vengan las autoridades del ministerio y que, mirándonos a la cara, se plantee formalmente lo que corresponde, que es sacar las dudas que distintos legisladores han planteado en este tema.

Yo tengo mucho interés en escuchar a las autoridades y, de hecho, no he brindado opinión –y no lo voy a hacer– hasta que las escuche”.

A su entender “creo que aquí hay un tema de legalidad que hay que analizar y que, a mi juicio, está comprendido en el marco que la Ley n.º 11029 tiene; hay un tema de oportunidad y en ese sentido creo que hay que escuchar la razón política o por qué se priorizó y se determinó esa inversión, y hay temas de forma, que para mí hacen a la sustancia y tienen que ver con planteos que vamos a hacer en tono de interrogante, es decir, si efectivamente se estudió el predio, por qué se priorizó y cómo se canalizó esa decisión”.

Camy indicó que “la Ley n.º 11029, señor presidente, tiene 155 artículos. Yo, como exvicepresidente del Instituto Nacional de Colonización, me animo a decir que, en la historia de este país, desde el año 1948 –en que rige la ley–, se deben haber aplicado, con suerte, no más de seis o siete artículos. Es un maravilloso instrumento y, por ejemplo, establece más de diez formas de colonización”.

“Para mí, más allá de todas las preguntas que se puedan hacer sobre el valor de la tierra, el estudio que se hizo, la capacidad de colonización, qué tipo de colonización corresponde con el suelo, las características del predio, la oportunidad, etcétera, lo fundamental es conocer el proyecto para el cual se compra, porque está dentro de las potestades de Colonización, de acuerdo con el artículo 35 y otros más”, evaluó.

Por ello “me parece que hay que focalizar el planteo. Para mí lo más importante es saber cuál es el proyecto para estas cuatro mil hectáreas, qué tipo de colonización o qué tipología de las que señala la ley se piensa aplicar, de qué forma se piensa hacer”.

Al respecto “ha habido experiencias negativas y positivas en la historia de Colonización, por ejemplo, para el impulso de la lechería ¿Va a ser un modelo cooperativo, como se ha intentado y fracasó? ¿Va a ser de agrandarles la escala a los productores ya existentes? ¿Va a ser un régimen de tenencia y arrendamiento o de facilitar la propiedad de la tierra?”

Según el parlamentario blanco “la ley permite una amplísima gama de opciones para un proceso colonizador y, para mí, lo más importante de todo es saber por qué y para qué se eligió ese predio y qué se piensa hacer con él”.

Con respecto al tema de la legalidad, “quiero decir claramente que hablo de la legalidad respecto a la aplicación del artículo 35, que es en el que se fundamenta la decisión; me parece que eso no se cuestiona”.

En cuanto al tema del precio de la tierra –agregó Camy- “también creo que hay que consultar –y me gustaría hacerlo– a la división de avalúos de Colonización y a otros organismos del Estado y del mercado, que saben más que nosotros”.

En lo relativo al acceso a la tierra, señalo que “recién el senador Pereyra hizo alusión a la Ley n.º 18187, de repoblamiento de la campaña. Fue el 2 de noviembre del 2007 que se sancionó y la firmamos Larrañaga y yo, pero la anunciamos en esta sala sobre fines del año 2003, en el Gobierno del doctor Jorge Batlle, sentados acá, en la misma línea en la que estamos sentados ahora. Yo era vicepresidente del Instituto Nacional de Colonización y ahí empezamos a trabajar con un equipo técnico que encabezó el ingeniero agrónomo José Claramunt”.

Por lo tanto, “saludo la iniciativa del presidente de traer este tema. A mi juicio, la convocatoria debe ser planteada con un orden del día claro: primero el tema que nos ocupa, y creo que es muy importante lo que planteaba el senador Bordaberry, que lo tomo como una alerta responsable”, sostuvo Camy.

Puntualizó que “más allá de lo que decía el senador Sabini y de que todos conocemos los artículos 256 al 259 de la Constitución respecto a quién se ocupa de la inconstitucionalidad de las leyes y de quién tiene la legitimidad para solicitarla, creo que es responsabilidad de un senador de la república alertar sobre esto, porque sería muy irresponsable que nosotros promoviéramos actos legislativos que después son inconstitucionales –le han salido muy caros al país– o que los dejemos pasar cuando se trata, como en este caso, de un ente autónomo”.

“Considero que es una alerta responsable. No sé si es competencia de esta comisión o si debe ocuparse la Comisión de Constitución y Legislación, pero me parece responsable y muy leal de parte del senador Bordaberry alertar que, cuando venga convocado por otro tema específico, se va a plantear este, por la vinculación que tiene”, indicó.

Desde el FA, Pereyra afirmó: “Reitero que, a nuestro entender, es un debate más profundo el que hay que seguir dando, porque no hay que desvirtuar el fondo del asunto. Capaz que, por una discusión de este tipo, por una cuestión puntual, se termina cuestionando lo que implica esta formidable herramienta, que es la Ley n.º 11029”.

De todas maneras, “a partir del planteo del senador Bordaberry –al que agradecemos su frontalidad al adelantar una postura y decir que mañana va a incorporar otra pregunta–, quiero dejar la constancia de que ya hay antecedentes en varios directorios anteriores en los que sus integrantes –vicepresidentes, incluso, o más de un director– cumplen con su función de colono, claramente con la fundamentación legal correspondiente para poder ejercer. Es decir, ya hay antecedentes en varios períodos hacia atrás de personas que, en su condición de colonos, asumieron la responsabilidad de integrar el directorio”.

El legislador del MPP señaló que “quería dejar este elemento como un antecedente, porque hubo directorios en otros períodos integrados por colonos que compraron mucha tierra, lo que fue favorable para la instalación de colonos y familias colonas a lo largo y ancho del país”.

“Grandes y vacunados”

Durante la deliberación se dio un fuerte dialogado entre el senador Eduardo Antonini (FA) y el presidente de la Comisión, el senador Sebastián Da Silva (PN).

Senador Antonini: En la mañana de hoy se ha repetido la pregunta de cómo se hizo esta intervención, esta compra de hectáreas, sin que la comisión esté informada. Esto ha sido reiterado, pero quiero decir que el Instituto Nacional de Colonización no tiene ninguna obligación de informar. Es al revés: nosotros podemos pedir información.

Por otra parte, con respecto al fondo del asunto, me preocupa un poco cuando se dice que va a terminar en la nulidad, como que se está anunciando una nulidad. Me parece que tenemos que ser responsables, porque a veces en Twitter o en la prensa nos vamos…

PRESIDENTE Da Silva. El grado de responsabilidad es de cada señor mayor de edad. Usted trate de ser responsable y deje que los otros grandes y vacunados sean iguales de responsables que usted.

Senador Antonini. Usted me interrumpió.

SEÑOR PRESIDENTE. Yo soy el presidente.

Senador Antonini. Lo que digo es que ya se está diciendo que se quiere terminar esto, cuando en realidad estamos convocando a las autoridades para que nos expliquen.

Solo quería dejar claro estos dos aspectos. En primer lugar, Colonización no tiene ninguna obligación de consultar con la comisión y, en segundo lugar, nosotros no podemos adelantar resultados.

Fuente Imagen: Parlamento Uruguayo.

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“Se decidió convocar al Ministro del MGAP y al presidente del Instituto Nacional de Colonización (INC), Eduardo Viera, para que den la información requerida”, informó el senador Sergio Botana (Partido Nacional).

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Se trata de una mirada filosófica, descentralizadora, expresó el senador Carlos Camy (Partido Nacional), quien será el miembro informante.

¿Cuáles fueron los elementos sobre la mesa durante la deliberación en el grupo parlamentario?

Senador Carlos Camy (PN). El primer punto es el proyecto vinculado al domicilio legal del Instituto Nacional de Colonización, que fue aprobado por unanimidad en la Cámara de Senadores en la legislatura pasada.

En cuanto a los objetivos de la iniciativa, podría decirse que, más allá del logro en la práctica eventual –que se dispondrá oportunamente, si es que existe la voluntad del directorio correspondiente–, fundamentalmente persigue una definición filosófica. Me explico. El Instituto Nacional de Colonización existe desde 1948, regido por la Ley n.° 11.029 que, en su artículo 2.°, establece la obligatoriedad de que la sede central esté en la ciudad de Montevideo. Nosotros creemos que es bastante incongruente con la lógica de un organismo que tiene  sus doce regionales,  así como  la  totalidad de las hectáreas –más de 500.000– que componen su patrimonio y su razón de ser, junto con los colonos que son propietarios o tenedores arrendatarios o promitentes compradores, todos en el interior del país, en  los 18 departamentos restantes; es decir, de las más de 200 colonias que tenemos, hay al menos una en cada uno de esos 18 departamentos, no hay ninguna en Montevideo y ninguno de los casi 6.000 colonos vive en Montevideo, es decir, todos están radicados en los 18 departamentos restantes. Entonces nos parecía bastante ilógico, no el hecho de que estuviera en Montevideo –pues seguramente pueda haber razones para que, pese a todo esto, la capital administrativa esté en Montevideo y los servicios estén acá– sino que eso esté determinado coactivamente. Parece bastante lógico que mañana, analizado este aspecto, pudiera establecerse en otro lugar, como por ejemplo, en el centro del país, que geográficamente sería Durazno. Recuerdo que cuando fui vicepresidente del Instituto Nacional de Colonización, durante el Gobierno del doctor Batlle, el 80 % de la tierra colonizada estaba sobre el literal oeste –trazada una línea imaginaria de Artigas a Montevideo– y el punto medio allí sería Paysandú que, por otra parte, es el departamento que tiene más tierra colonizada: un 25 %. En fin, es un aspecto a discutir.

Me parece que este es un tema filosófico, que tiene que ver también con una tendencia mundial que es, precisamente, la de ir hacia la descentralización, contrariamente a lo que hemos ido consolidando a lo largo de la historia, que es un país macrocefálico. Como me señaló un embajador de un importante país europeo hace algunos años, Uruguay es el único país que tiene una sola ciudad que reúne a más de la mitad de los habitantes, algo en lo que nunca me había puesto a pensar ni había corroborado.

Entonces, en este caso la lógica es esta: que a un organismo que tiene su razón de ser en el interior del país, que es donde están todos los colonos, toda la tierra colonizada y todos los servicios, parece lógico que por lo menos la ley no le obligue a estar ubicado, necesariamente, en el único departamento con el que no tiene vínculo alguno. Ese es el propósito de este proyecto que, repito, en el período pasado tuvo aprobación unánime de esta cámara y cuyo tratamiento no llegó a concretarse en la Cámara de Representantes debido a los tiempos parlamentarios, pero probablemente tampoco allí habría habido problemas para ser aprobado.

Senador Enrique Rubio (FA). Me parece que este proyecto es muy atinado y que deberíamos aprobarlo. En realidad, las justificaciones las ha dado el señor senador Camy y creo que no es necesario abundar sobre ellas.

Senador Guillermo Domenech (CA). Parece haber unanimidad.

Presidenta de la Comisión, Carmen Asiaín (PN). Si no se hace uso de la palabra, se va a votar en general el proyecto de ley.

–7 en 7. Afirmativa. UNANIMIDAD.

«Artículo 1º.- El Instituto Nacional de Colonización creado por Ley n.º 11.029, de 12 de enero de 1948, tendrá su domicilio legal y principal asiento en cualquier punto del territorio nacional.

Artículo 2º.- El directorio del ente autónomo por mayoría especial de cuatro votos determinará cuál es la ubicación adecuada para su instalación, atendiendo primordialmente el criterio de mayor cercanía con las colonias y sus administrados».

Senadora Liliam Kechichian (FA). Tengo un par de dudas que me gustaría que me aclararan. ¿Cuántos funcionarios tiene el Instituto Nacional de Colonización? A su vez, ¿qué problemática generaría esto para quienes ya trabajan allí y, obviamente, están en Montevideo? Necesitaría esa información solamente para comprender un poco más la situación, porque cuando uno toma una decisión de este estilo, a veces hay otras connotaciones. Quizás el señor senador Camy pueda responderme.

Senador Camy (PN). No me animaría a señalar cuántos funcionarios hay en este momento en la casa central, aunque estimo que no deben ser más de doscientos; seguramente haya algunos menos. Esa podría ser una razón por la cual, aun con este cambio legal, el directorio decidiera no hacer modificaciones y continuar en la capital. Lo que no veo es que sea la ley la que lo obligue a estar ubicado en Montevideo, porque desde otra óptica también prohíbe que esté en otro departamento. Es más, si el día de mañana algún directorio entendiera positivo –por las razones que fuere, particulares de este organismo– que la sede estuviera en el interior del país, debería haber una ley que propiciara esa solución. A mi entender, lo lógico sería que el directorio determinara la localización. Y si, por ejemplo, existiera alguna de esas razones que señala la señora senadora –que podría ser–, al amparo de esta norma, quedaría en Montevideo, tal como está ahora.

Senador Domenech (CA). Opino que el cambio de sede no podría afectar a los funcionarios porque tienen un régimen estatutario por el cual no se los puede obligar a trasladarse a Paysandú o a Durazno, por ejemplo. Sí creo que podría abrirse una instancia para que aquellos funcionarios que lo desearan, pudieran hacerlo, pero a quienes no quieran, habrá que mantenerles su situación estatutaria. Me da la impresión de que eso es de toda lógica, tal como sucedería también en el caso de una empresa privada. El ius variandi del derecho laboral, que permite al empleador cambiar determinadas condiciones de trabajo, no puede permitirle, en caso de tener la fábrica en Montevideo, trasladar a la gente a Durazno, por ejemplo. Eso no parece razonable.

Senador Camy (PN). El planteamiento, tan atinado, que hace la señora senadora Kechichian me recuerda un debate que quienes somos del interior hemos dado desde hace muchísimos años, en distintas instancias –lo recuerdo fundamentalmente desde la óptica de la militancia universitaria gremial–, una forja de muchas décadas que felizmente se ha ido concretando, y que es la descentralización de la Universidad de la República. Uno de los argumentos que siempre se esgrimía era el de que los profesores no iban a poder ir al interior o que la calificación educativa iba a ser distinta.

Respetuosamente digo que tal vez no se vea –salvo por parte de quienes la padecen– la lógica centralista avasallante que tiene este país. Me parece –no digo que este sea el caso– que a veces damos como lógicas cosas que no pueden serlo. Este organismo en particular tiene toda la razón de su existencia, su capital entero, la razón de sus acciones y el mandamiento de la ley, todo, vinculado con los dieciocho departamentos, sin embargo, ninguno de ellos puede ser sede de la casa central.

Reitero que no sé si la mudanza sería lo más conveniente, pero lo más lógico sería que las autoridades competentes pudieran determinar con libertad su conveniencia.

Presidenta Asiaín (PN). ¿En qué afecta el cambio de domicilio legal? ¿Es a los efectos jurídicos?  No implica la mudanza material y el principal asiento, eso también lo determinará el directorio. Entonces, entiendo que lo que cambia es que frente a la obligación de que el domicilio constituido fuera necesariamente en la capital, aquí se faculta al directorio a que lo establezca en donde lo estime pertinente. Este es el cambio que propone el proyecto de ley. ¿Es así?

Senador Camy.  Exacto, señora presidenta.

Históricamente, ha habido algunas iniciativas. Conozco y voy a citar una de ellas. Hace muchas décadas –quien habla era nacido, pero ni siquiera ejercía los derechos ciudadanos– un exdirector del Instituto Nacional de Colonización quiso establecerlo en Durazno porque entendía que era más equidistante para los colonos. Eso fue lo que tomó como referencia para localizarlo en el centro del país, como principal asiento de los servicios administrativos.

En oportunidad de haber sido vicepresidente de este organismo, a principios del año 2000, llegamos a tener más de una reunión con el Banco Hipotecario del Uruguay. El planteo era cederle al banco la sede regional de Colonización en la capital de Paysandú –un lugar céntrico, de mucho valor inmobiliario– para que hiciera un edificio de altos y que a cambio nos dejara parte del edificio para que fuera la sede del organismo; de ese modo se reivindicaba ese punto medio, precisamente, de la cantidad mayor de colonos concentrados y, a su vez, el 25 % de la tierra colonizada en ese departamento.

Finalmente, nunca surgieron resultados concretos, más allá de que se ha analizado. En lo personal, siempre lo analicé desde la perspectiva que me preocupaba, es decir, la de que  un  organismo tan  fuertemente  vinculado  con el  interior  del  país –absoluta y precisamente vinculado; tal vez el único con esa precisión– estuviera regido por una disposición legal que prohibiera que el asiento principal de la sede fuera en cualquiera de esos departamentos; parecía algo ilógico.

Creo que esto es una señal de descentralización, tal como otras que se han dado, por ejemplo, a nivel de la Universidad de la República. Fui de los que apoyaron con mucho entusiasmo la iniciativa del gobierno pasado de creación de la UTEC, que requirió mayoría especial; y más allá de algunas atinadas opiniones, no cuestionando pero sí planteando algunos reparos respecto a la casa mayor de estudios, creo que fue una respuesta histórica –más allá de lo pedagógico y educativo– de acceso a la educación en el interior del país. Desde esa lógica de descentralización y, si me permiten –perdón si ofendo a alguien–, desde un espíritu federal muy latente, es que también impulsamos esta iniciativa.

Senadora Kechichian (FA).  Comparto el espíritu del proyecto de ley, me parece lógico. La centralidad de Montevideo tiene una larga historia, y también hay algunas cuestiones avaladas, incluso, por mucha gente del interior. Cuando uno habla con gente de Cerro Largo o de Treinta y Tres, muchas veces nos dicen que resulta mucho más fácil venir a Montevideo que ir a San José o a Paysandú. Quiere decir que hay muchos factores que determinan que la centralidad se mantenga.

Crear una institución desde cero, como ocurrió con la UTEC, resulta más fácil que cambiar una que fue creada en 1948 y tiene 200 funcionarios.

Creo que deberíamos dar una señal en el sentido de la no obligatoriedad, pues a la luz del Uruguay de hoy quizás no tenga razón de ser obligar a un instituto que tiene tanto que ver con el interior; pero debemos tener en claro que no es tan sencillo actuar en ese sentido y poner esto en manos de un directorio que, eventualmente, puede llegar a tener un conflicto con sus trabajadores. No sé; quiero mirar esto con cierta sensatez. Está bien dar una señal, pero sepamos que no va a ser tan fácil concretar este tipo de cambios.

Presidenta Asiaín (PN). Sobre lo que señala la señora senadora Kechichian quiero decir que, a mi juicio, esto es un cambio de domicilio en los papeles y no va a implicar el traslado de recursos humanos de una sede a otra. Eso es lo que yo entendí.

Senador Camy (PN). Esa es una facultad o potestad del directorio. Lo que se está proponiendo es dejar librado el asunto a su determinación y seguramente será ese órgano el que estime con mayor rigor este tipo de consideraciones.

Senadora Graciela Bianchi (PN). Me parece que, desde el punto de vista jurídico, ni las personas físicas ni las jurídicas tienen la obligación de poseer un solo domicilio. Lo que ocurre es que la ley es restrictiva; si no lo fuera, resultaría natural que se pudiera constituir domicilio legal, por decisión del propio directorio, en cualquier otro lado.

Acá estamos cambiando una ley que fue muy buena y hecha con una capacidad brutal con respecto a lo que es el interior, y tal vez por eso llama la atención. En lo personal, entiendo que no es necesario cambiar ninguna sede, porque simplemente estamos habilitando a que se tenga otro domicilio ya que, reitero, puede haber más de un domicilio legal, puesto que es a los efectos contractuales que se constituye domicilio en otro lado. Si el directorio dice que habilita a que también se considere como domicilio legal la sede de determinado lugar y luego en los hechos eso se concreta, entonces la gente quizás desarrolle la actividad en ambas sedes. De pronto para los profesionales es mejor que la sede esté en Montevideo, lo cual no afirmo que sea bueno, pero así se ha vivido.

En definitiva, entiendo que se trata de una cuestión que no tiene efecto desde el punto de vista material, aunque sí lo tiene para que se pueda constituir domicilio en otro departamento.

Senador Rubio (FA). Si hay dudas se puede apelar a los antecedentes, ya que seguramente esto fue planteado en el período anterior, cuando se consideró el proyecto en la comisión. Yo no era senador en ese momento, pero imagino que en aquella oportunidad habrá concurrido a este ámbito el directorio y se habrá hablado de este aspecto.

Presidenta Asiaín (PN). En la versión taquigráfica de la sesión del 21 de agosto se habla de ese tema.

Senador Domenech (CA).  Mañana, quien deba interpretar esta ley tendrá que remitirse a los antecedentes legislativos. En comisión –por lo menos en lo personal– estimamos que esta ley en forma alguna puede alterar los derechos de los funcionarios y obligarlos a un traslado a gran distancia del domicilio en el que están radicados al momento de aprobarse la ley. En caso de trasladarse al interior la sede del Instituto Nacional de Colonización deberá recurrir a los funcionarios que viven en la localidad, realizar nuevas contrataciones, o bien darle la opción de trasladarse a la nueva sede. En ese sentido, trasladando un poco el ius variandi del derecho laboral al administrativo diría que esto no puede perjudicar a los funcionarios.

Senadora Charles Carrera (FA). En la legislatura pasada acompañamos este proyecto de ley, pretendiendo dar un mensaje que apuntaba a la descentralización. Por lo general los entes autónomos y servicios descentralizados que se crean se radican con domicilio en la capital de la república. La UTEC –que salió por unanimidad– fue un logro muy bueno y su sede se ubicó en el interior del país. Lo que se busca –y lo digo como ciudadano del interior profundo– es dar un mensaje y autorizar al directorio para que cuando tenga las perspectivas y condiciones necesarias pueda radicar el domicilio en cualquier lugar de la república. Hoy el Instituto Nacional de Colonización está en un edificio prestado, por lo que sería lo importante que pudiera tener su propia sede en algún punto del interior.

Creo que más que nada el sistema político está dando un mensaje autorizando el cumplimiento de los objetivos de esta vieja ley del año 1948.

Digo esto porque el domicilio del instituto está en Montevideo, pero sus cometidos se cumplen en el interior. En aquel momento se trabajó en el tema, se citaron autoridades y la definición política a la que se llegó fue acompañar con los argumentos que acabo de señalar. Lamentablemente fue tratado muy sobre la fecha porque la legislatura anterior terminó el 15 de setiembre y no se pudo culminar con el trámite legislativo.

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Jueves 26 de enero. 14 Horas.

Predio foco Nuevo Horizonte (INC).

(Ruta 31 km 159, ingresando 4km en camino de Paso las Piedras), informó el Instituto Plan Agropecuario.

Arerunguá – Salto.

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Goñi agregó que «nuestras dudas, además de legales y éticas, están en aspectos sociales y culturales. ¿Cuál será el plan para desarrollar una efectiva radicación de ciudadanos que tienen otra cultura?. ¿Ya se pensó en las medidas adecuadas para lograr una inserción social, económica y cultural?, ¿Se han previsto los efectos en relación a la convivencia? ¿Los futuros colonos poseen los conocimientos para explotar adecuadamente la tierra?».

Por otra parte, el legislador blanco cuestionó al Gobierno por considerar que estas acciones son «propias de una actitud patrimonialista del Estado, disponiendo de los bienes del Estado – en este caso las tierras del INC- como si fueran propias».

Finalmente, Goñi expresó su preocupación por el efecto de mucho riesgo que puede generar esta decisión: «¿Qué significa este precedente para el futuro? ¿Qué pasará cuando otros grupos soliciten lo mismo?”.

Texto de la petición

En conocimiento que el Instituto Nacional de Colonización ha resuelto adjudicar fracciones de tierra a ciudadanos sirios, realizamos el siguiente pedido de informe:

1.- ¿Cuál es el área de tierra que tiene el Instituto bajo su propiedad y administración que aún están pendientes de ser adjudicadas?

2.- ¿Cuántas solicitudes de aspirantes a colonos tiene el Instituto actualmente sin resolver?

3.- ¿Cuáles son los criterios utilizados por el INC para adjudicar las fracciones de tierra?

4.- ¿Cuáles son las condiciones que se establecen como contrapartida de la adjudicación?

5.- ¿Cuál es el seguimiento y la metodología aplicada para asegurar la correcta explotación agropecuaria en las tierras adjudicadas por el INC.-

6.- ¿Si  el INC resolvió adjudicar fracciones de tierra entre 15 a 35 hectáreas a 7 familias sirias que estarían ingresando a residir en el Uruguay conforme a un plan implementado por el Poder Ejecutivo?

7.- En caso afirmativo:

1. a) ¿Cuáles fueron los criterios para dicha resolución?
2. b) ¿Cuál es el plan previsto para su completa implementación y en particular medidas a ejecutarse y recursos a ampliarse?

8.- Tanto para el caso que ya se haya resuelto como para el caso de la inminencia de su aprobación, se informe:

1. a) ¿Si se han analizado y proyectado los efectos sociales tanto en relación a los futuros colonos como al resto de los ciudadanos que viven en el entorno a dichas tierras.
2. b) ¿Cuál es el plan para la inserción social y cultural para los futuros colonos?
3. c) ¿Si esta resolución se integra adecuadamente con las políticas generales del INC?
4. d) Si existe un plan general que prevea otras medidas similares a estas, objeto de este informe?
5. e) ¿Cómo afecta dicha resolución en la situación y relación jurídica del resto de los solicitantes a ser colonos?

9.- ¿Si en los últimos 10 años,  el Instituto ha implementado planes de adjudicación en los que se ha apartado  de los criterios generales?

10.- ¿Cuáles serían los efectos de esta resolución como precedente para el futuro, tanto para nuevos solicitantes uruguayos o grupos de extranjeros?

Dr. RODRIGO GOÑI REYES.

Fuente Imagen: www.todos.com.uy

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El encuentro con los 250 colonos se realizará desde las 8 de la mañana en el Estadio Centenario, en donde serán recibidos por el Presidente de la Cámara de Representantes Alejandro Sánchez y la Presidenta del Instituto Nacional de Colonización Ing. Agr. Jacqueline Gómez.

Cumpliendo con el compromiso de acercar el parlamento a la gente que se propone el programa ¨A 30 años Más Democracia¨, los colonos que a través del Instituto Nacional de Colonización accedieron a la tierra, realizarán una jornada de recorrida por distintos puntos de  Montevideo y una visita guiada por el Palacio Legislativo.

Los colonos, a las 15 y 30 horas participarán en el Salón de los Pasos Perdidos del Seminario ¨A 200 años del Reglamento de Tierras 1815″.

La mencionada actividad enmarcada en el plan ¨A 30 años Más Democracia¨, intercambiará sobre la importancia histórica y política de este reglamento y sobre la opinión de la sociedad civil y los partidos políticos uruguayos de cómo nos debe seguir interpelando este emblema del Proyecto Artiguista.

La jornada finalizará con un homenaje a la Comisión Nacional de Fomento Rural al conmemorarse sus primeros 100 años de existencia.

Fuente Imagen: es.slideshare.net 

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El presidente de UTE, Gonzalo Casaravilla, visitó este jueves 20 de marzo el predio en el cual se emplazará el parque eólico Juan Pablo Terra. La obra se ubica en el departamento de Artigas, en una colonia del Instituto Nacional de Colonización, a 15 kilómetros al Este de la capital departamental.

En su recorrida, Casaravilla estuvo acompañado por la intendenta de Artigas, Patricia Ayala. Ambos jerarcas coincidieron en la importancia del emprendimiento, tanto para el país como para el departamento. Además de las fuentes de trabajo directas e indirectas que genera el proyecto, destacaron la relevancia de esta inversión en la zona y el dinamismo que ella genera.

El parque Juan Pablo Terra es 100% de propiedad de UTE y tiene un costo de 126 millones de dólares. Se trata de un conjunto de 28 aerogeneradores marca Nordex, modelo N117, de 2,4 MW de potencia cada uno, lo que hace un total de 67,2 MW que estarán disponibles en el mes de agosto de este año. Se estima que el parque tendrá una producción anual de 283 GWh, energía equivalente a lo que consumen anualmente, en promedio, 100.000 uruguayos.

El próximo fin de semana arribará al puerto de Fray Bentos el segundo contingente de palas y góndolas que componen la estructura de cada aerogenerador. En estos momentos se está montando el primero de ellos, y se estima que en dos meses estarán emplazados los 28 molinos. Las torres tienen 91 metros de altura y el diámetro del rotor (hélice) es de 117 metros. Cada aspa mide 57 metros.

Actualmente, están en carpeta con distinto grado de avance, 29 proyectos eólicos, de los cuales alrededor de 20 estarán operativos en aproximadamente los próximos dos años. De esta forma, el país podrá contar con alrededor de 1.200 MW de energía eólica, lo que representa un aumento de 35% en la capacidad instalada y la posibilidad de abastecer por esta vía el 40% de la demanda. Esto también posibilitará reducir en un 25% el costo de ese abastecimiento.

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comprendido entre el 1º de junio de 2010 y octubre de 2013.

Dicho Acto tendrá lugar en el Local Central del Instituto Nacional de Colonización, sito en Cerrito 488.

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Se trata de un conjunto de colonos, integrado por ocho trabajadores rurales de la zona, que tenía la necesidad de contar con una mayor cantidad de campo para completar el ciclo ganadero. A partir de la firma del acuerdo, dispondrán de una superficie para pastoreo en el predio de Montes del Plata, que destinarán a la etapa de recría.

“Somos criadores de ganado con necesidad de tierras y este programa nos asegura que podamos seguir como productores”, expresó Ifraín Méndez del grupo Tiatucura.

Antes de formar el grupo de colonos, los productores criaban su ganado al costado de los caminos o en los predios de sus patrones. En 2007, crearon el grupo “Tiatucura” y más adelante, en 2009, el Instituto Nacional de Colonización les cedió un terreno que por su extensión no les permitía completar el ciclo productivo.

“Nuestro futuro era incierto pero hoy, gracias al acuerdo, estamos tranquilos. Si hacemos las cosas bien vamos a seguir como productores”, agregó Méndez, quien destacó que a partir de ahora podrán planificar el manejo de los animales a más largo plazo.

En tanto, el sub-gerente de Sustentabilidad de Montes del Plata, Ralph Schmidt-Liermann, explicó que el convenio pudo concretarse por el interés de la empresa de estar en contacto con las comunidades donde opera. “El conocimiento de la realidad de la zona permitió al supervisor del predio de Tres Árboles detectar las necesidades de los productores del grupo Tiatucura. Luego se constató que se les podía brindar una solución ajustada a los lineamientos del PIP y se trabajó para concretar el acuerdo”, indicó.

Por su parte, Corina Valdez, Jefe Administrativo Regional Tacuarembó del Instituto Nacional de Colonización, sostuvo que desde ese organismo se trata “de atender a los pequeños productores, y estos acuerdos lo que hacen es que el Instituto pueda paliar la situación de no tener disponibilidad de campos”. Señaló además que “se está tendiendo a la adjudicación grupal dentro de la institución” y que la firma de este acuerdo “lleva a fortalecer los grupos”.

A su vez, Valdez resaltó que el convenio con Montes del Plata permite a los colonos desarrollar su actividad productiva cerca de sus hogares y de donde trabajan. “Que la gente permanezca radicada en la zona es muy importante”, aseveró.

Integración productiva.

Con el fin de optimizar el uso de la tierra y de alcanzar una fuerte participación de las comunidades locales, Montes del Plata impulsa el PIP, que permite a productores ganaderos acceder, a través de una renta accesible, a áreas de pastoreo en predios forestados, lo que facilita además la disponibilidad de abrigo y sombra para el ganado.

La integración también brinda beneficios a la actividad forestal. En ese sentido el programa permite aprovechar en forma más eficiente la tierra, las áreas disponibles forestales, las áreas remanentes, a mantener el tapiz vegetal bajo reduciendo el riesgo de incendios.

Asimismo, la iniciativa ofrece la posibilidad de que productores apícolas desarrollen su actividad en terrenos de la empresa.

“Montes del Plata es una empresa forestal que optimiza la utilización de los recursos naturales que maneja. Por esta razón, y cumpliendo con criterios socialmente responsables, posibilita que, de forma ordenada y con reglas claras, los vecinos lleven adelante actividades productivas en las tierras de la compañía”, señaló Schmidt-Liermann.

Actualmente, hay 255 productores que pastorean su ganado en campos de Montes del Plata, mientras que 25 apicultores producen miel en bosques de la empresa. También existen acuerdos productivos con cinco firmas agrícolas. Los convenios alcanzados establecen una contrapartida económica para Montes del Plata.

Por otra parte, Schmidt-Liermann explicó que Montes del Plata establece un tope máximo al número de hectáreas de la empresa que un productor puede utilizar, con el objetivo de brindar mayores posibilidades de acceso a la tierra. Ese tope equivale a tres veces el tamaño de un establecimiento de un productor familiar, establecido por el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca en 500 hectáreas relativas al Índice Coneat 100.

“Al constatar buenos resultados, sobre todo en el desarrollo local y en la diversificación productiva, y al observar que la iniciativa contribuye a mejorar los ingresos de las familias involucradas, prevemos continuar implementando y ampliando este programa”, finalizó Schmidt-Liermann.

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Jueves 16 de Junio – 11 horas.

Cerrito 488 – Montevideo.

INEFOP.

secretaria@inefop.org.uy

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INC.

gerenciagral@colonizacion.com.uy

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