Tras dejar su rol como comisionado parlamentario, y luego de 10 años de gestión, Juan Miguel Petit, publicó su libro “Cárcel, dignidad y derechos humanos”.

“Trato cruel, inhumano o degradante”. Así califica Petit a las condiciones de las cárceles que suelen ser, en buena parte del

mundo, fuente de violencia. ¿Qué es la dignidad dentro de la cárcel

cuando no hay salidas al patio, duchas adecuadas, actividades

socioeducativas, deporte, acceso a salud, o incluso tratamiento de

la salud mental y la adicción?

El ex comisionado parlamentario responde a esta pregunta y tantas otras en un libro que realiza un recorrido normativo y práctico, en el que propone trabajar hacia una doctrina como mapa

para la acción reformista de uno de los agujeros negros de las políticas sociales.

Porque, cuando no hay condiciones mínimas para desarrollar las capacidades humanas, estas se deterioran y vuelve la deshumanización: violencia que genera violencia.

El costo del libro es de $ 290.

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Este evento se desarrollará en el marco de los 75 años de la Declaración Universal de Derechos Humanos y 50 Años del Golpe de Estado, con la denominación: Cárceles: un desafío para la democracia. Buenas prácticas e innovaciones, vulnerabilidad social y crimen organizado, el rol de la sociedad civil, los compromisos internacionales. 

La apertura del evento estará a cargo de: la Presidenta de la Asamblea General, Beatriz Argimón; la Presidenta de la Institución Nacional de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo (INDDHH), Jimena Fernández; el Presidente de la Comisión de Seguimiento Carcelario, Senador Carlos Camy; la Vicepresidente de la Comisión de Seguimiento Carcelario, Diputada Lucía Etcheverry y el Comisionado Parlamentario, Juan Miguel Petit.

La Mesa 1, llamada Avanzar es Posible, sobre buenas prácticas y su réplica. Pese a problemas y carencias, se registran acciones novedosas en torno a la sanción penal y el día después. ¿Cómo se sustentan? ¿Cómo y por qué surgieron? ¿Se pueden multiplicar? ¿Qué mensaje nos dan esas prácticas? 

Introducción: Patricia Banchero, oficina del Comisionado Parlamentario, Luis Mendoza; director del Instituto Nacional de Rehabilitación, Luis Viera; director de la Unidad Penitenciaria Nº 26, Tacuarembó, Gabriela Pasturino; Universidad de la República y Marcelo Scavuzzo, Asociación Cristiana de Dirigentes de Empresas (ACDE), Programa Liberados.

La Mesa 2, Vulnerabilidad Social, Crimen Organizado y Sistema Penitenciario. Las dificultades para acceder a derechos y oportunidades está en la raíz de buenas partes de los delitos. La vulnerabilidad socio penal circula en el territorio y pasa por las cárceles, donde debería ser transformada en rehabilitación. ¿Las cárceles son aptas para combatir el crimen organizado o prevenirlo? ¿Cómo se puede conectar el trabajo de rehabilitación con la reinserción social?

Introducción: Ana Vigna, docente e investigadora de la Universidad de la República; Lucía Tiscornia, profesora asistente de Escuela de Ciencia Política y Relaciones Internacionales, University College, Dublin y Verónica Pérez, profesora asistente del Dpto. Ciencia Política, UDELAR.

La Mesa 3, El Futuro Posible, Rol de la Sociedad Civil. La transformación del sistema penitenciario requiere de un proyecto estratégico capaz de convocar tanto financiamiento como acuerdos interinstitucionales y políticos. ¿Qué rol puede jugar la sociedad civil (organizaciones no gubernamentales, grupos profesionales) para aportar programas y actividades que desde el Estado no se concretan o son insuficientes? ¿Es posible que suman más responsabilidades dentro de las cárceles? ¿Existirían recursos y voluntades para lograrlo?

Introducción: Luis Parodi, educador, ex director de cárcel Punta de Rieles; Cecilia Michelini, presidenta de Fundación Michelini; Andrea Hernández, del Proyecto Crisálidas del Centro Latinoamericano de Economía Humana (CLAEH) y Unión Europea y Gabriela Rodríguez, coordinadora de la organización Familias Presentes.

El cierre, llamado: LAS NORMAS INTERNACIONALES DE DERECHOS HUMANOS, ¿SUEÑO O REALIDAD?, estará a cargo del presidente de la Corte Internacional de Derechos Humanos, Dr. Ricardo Pérez Manrique.

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La mesa de apertura contará con la participación de la consejera del Consejo Directivo Central, Dora Graziano, entre otras autoridades.

Este espacio, que cuenta con el apoyo de la Administración Nacional de Educación Pública (ANEP), constituye una oportunidad de capacitación y actualización en la pedagogía del servicio solidario.

Promover el intercambio de ideas y experiencias entre instituciones educativas de todos los niveles y organizaciones sociales que desarrollan proyectos educativos solidarios en el Uruguay, es uno de los cometidos de esta instancia de reflexión.

Además, el encuentro tiene como objetivo analizar y profundizar en las posibilidades o potencialidades de la inclusión del aprendizaje y servicio solidario en las propuestas curriculares, y ampliar los espacios de articulación entre las organizaciones de la sociedad civil y el sistema educativo formal en beneficio de la equidad y calidad educativa.

El V Seminario de Aprendizaje y Servicio Solidario en Uruguay es organizado por el Centro Latinoamericano de Aprendizaje y Servicio Solidario sede Uruguay (CLAYSS), con el apoyo de la Administración Nacional de Educación Pública (ANEP), la Dirección de Educación del Ministerio de Educación y Cultura (MEC), el Instituto Nacional de Inclusión Social Adolescente (INISA), UNICEF Uruguay, Asociación Civil El Chajá, la Asociación Nacional de ONG orientadas al Desarrollo (ANONG), la Organización de Estados Iberoamericanos oficina Uruguay (OEI) y la Red Uruguaya de Aprendizaje y Servicio Solidario.

Programa

9:00 a 9:30h – Plenario de apertura y bienvenida

Mesa de Apertura y bienvenida: Dora Graziano, consejera del Consejo Directivo Central de la ANEP. Michel Guinand, program manager de UNICEF. Pablo Bartol, director de Desarrollo social de CAF. Luis Mendoza, director de INR. Rosario Pérez, integrante del Directorio de INISA. Martín Nuin, director de El Chajá. Olga de las Heras, directora general de Educación Inicial y Primaria de ANEP. Nieves Tapia, directora de CLAYS. Lucila Leis, presidenta CVU – CLAYSS.

9:30 a 10:30h – Conferencia magistral a cargo de María Nieves Tapia, directora de CLAYSS. Comenta: Zelmira May, especialista para LAC del Programa de Educación de UNESCO en Montevideo.

10:30 a 10:45h – Corte Café

10:45 a 12:00h – Plenario. Experiencias de aprendizaje-servicio en instituciones educativas.

Experiencias de aprendizaje-servicio solidario en la voz de sus protagonistas, desarrolladas en centros educativos de educación inicial, primaria, secundaria, técnica, organizaciones de la sociedad civil y centros de privación de libertad adolescente. Instituto de Formación Docente San José. Centro Educativo Providencia. Instituto de Educación en Construcción. Centro INISA adolescentes mayores, Proyecto “Aire Libre”.

Comenta: Olga de las Heras, directora general de Educación Inicial y Primaria – ANEP.

12:00 a 13:15h – AYSS e innovación pedagógica. El aporte del AYSS en contextos de privación de libertad. Presentación de nuevo Manual.

Los aportes de las experiencias de aprendizaje-servicio solidario en contextos de privación de libertad. Ana Juanche, consultora en educación y privación de libertad. Gabriela Malacrida, Centro Latinoamericano de Aprendizaje y Servicio Solidario. Rosario Pérez, directora de INISA. Juan Miguel Petit, Comisionado Parlamentario para el sistema carcelario en Uruguay. Moderación: Omar Sellanes, CLAYSS Sede Uruguay.

13:15 a 14:00h – Corte para almuerzo.

14:00 a 16:00h – Sesiones simultáneas.

TALLER: ¿Cómo iniciar un proyecto de aprendizaje-servicio solidario? Espacio de taller participativo sobre cómo iniciar y llevar adelante un proyecto de aprendizaje-servicio solidario. Conducen: Montserrat Santana, Ana Scala. Equipo docente CLAYSS Sede Uruguay.

PANEL: AYSS y sus desafíos en la formación docente. En este espacio se presentarán avances en torno a la integración curricular del AYSS en la formación docente, así como experiencias concretas de integración curricular en centros. Rosita D´Angelo, directora de Planeamiento Educativo CFE – ANEP. Gabriela Malacrida, coordinación pedagógica de curso AYSS en carrera Maestro/a Primera Infancia y Educación Social de ANEP. Guillermo Díaz, docente en AYSS para cursos en CFE – ANEP.

PANEL: Los aportes del AYSS a un enfoque de educación y agroecología. Espacio de presentación de experiencias y reflexión en torno a la integración de conocimientos y prácticas de agroecología en clave de AYSS. Joselyn Romero y Victoria Herbig. INR Unidad 13 Las Rosas, Maldonado. Federico Brizzosero. Consultor y coordinador de proyectos CEUTA – ANONG. Jorge Umpierrez – Proyecto de agroecología en centros educativos. Comenta: Gloria Canclini, directora de DDHH de ANEP.

PANEL: El AYSS en diálogo. Educación formal y organizaciones sociales. Espacio de presentación e intercambio entorno a experiencias de AYSS en organizaciones de la sociedad civil y educación no formal. Sabrina Riveiro Departamento de Cooperación de DNE MEC. Gregorio Medina, Director North School. Equipo de extensión Centro Berit – Universidad Católica del Uruguay. Pedro Del Prato. Asociación Civil El Abrojo.

16:00 a 16:30h – Corte Café

16:30 a 18:00h – Acto de Premiación de la 11ma. Edición del Concurso de Educación Solidaria 2023. Acto de entrega de premios y menciones correspondientes a la 11ma. Edición Concurso Educación Solidaria 2023.

18:30h – Cierre de la actividad.

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Tercera jornada de nuestro ciclo de adelanto de propuestas programáticas para los años 2025-2030.

En este espacio, profundizaremos en los siguientes temas: Reforma del Estado, seguridad y sistema carcelario.

Será el Miércoles 8 de noviembre a la hora 18.30 en el Hotel Crystal Tower (Aquiles Lanza 1323), Montevideo.

Exponen: Conrado Ramos; Juan Miguel Petit; Alejandro Vila; y Dardo Rodríguez.

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La INDDHH le recuerda la invitación a participar de este seminario en el que dialogaremos sobre las alternativas posibles y más adecuadas para esta situación.

El evento será el jueves 26 de abril, en el horario de 9 a 12 horas, en la Sala Acuña de Figueroa del Edificio José Artigas (Anexo del Palacio Legislativo).

PROGRAMA

09.00 :: Apertura

Marcos Israel, presidente de la INDDHH

09.15 :: Análisis de la situación actual

Jimena Fernández, directora de la INDDHH

Paula Lacaño, Instituto Nacional de Rehabilitación

Juan Miguel Petit, Comisionado Parlamentario

Gabriela Rodríguez, Familias Presentes

María Noel Rodríguez Nader, defensora pública

Lucía Vernazza, Unicef

10.45 :: Pausa

11:00 :: La mirada a futuro

Lucía Etcheverry, legisladora

Fabián Rosano, Oficina de Supervisión de Libertad Asistida

Carmen Sanguinetti, legisladora

12.00 :: Cierre

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El programa del seminario comprende las siguientes instancias: 9:30 horas se realizará la apertura; a las 10:00 horas la Dra. Ana Juanche presentará la investigación: “Mapeo de medidas alternativas”; a las 11:30 horas la Dra. Ana Vigna presentará la investigación: “Maternidad, cárceles y medidas alternativas”; a las 14:00 horas la Mag. Clara Musto presentará la investigación: “La circulación social del delito”; y como cierre, a las 16:00 horas, la Lic. Mariana Pomiés, de la Consultora Cifra, presentará la investigación: “Cárcel, opinión pública y sistema político”; posteriormente se abrirá un espacio de intercambio.

Fuente Imagen: lavoz.com.ar

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Está previsto abordar en la reunión la situación de madres recluidas junto a sus hijos/as así como la situación de niños/as adolescentes cuyos progenitores se encuentran privados de libertad ante el contexto de pandemia.

Día y hora: jueves 7 de mayo, 15 horas.

Lugar: Sede Central INAU – Piedras 482 (Montevideo).

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El documento de Petit contiene un diagnóstico del mismo y 20 conclusiones, 20 recomendaciones referidas a las mismas y 33 recomendaciones específicas, dirigidas a las autoridades carcelarias y varios organismos del Estado.

RECOMENDACIONES

1. Reformas en curso.

REFORMA PENITENCIARIA, ROL DEL PARLAMENTO Y TRABAJO INTERINSTITUCIONAL. El sistema penitenciario todavía está lejos de ofrecer las posibilidades de reinserción y rehabilitación que puede ofrecer el Estado uruguayo, reconocido por su histórico gasto social e institucionalidad consolidada.

Seguir avanzando en la reforma penitenciaria, desarrollando y progresando en un modelo de tratamiento técnico, educativo y humanizador, es el camino para reducir la reincidencia y disminuir la violencia social. Ello requiere apoyo institucional, coordinación entre ministerios y organismos públicos, recursos humanos e inversión.

Un mejor sistema penitenciario, que baje la reincidencia al 25% (cosa posible con una mejora no demasiado costosa ni lejana de los servicios actuales) abatiría la reincidencia delictiva. El Parlamento, tanto desde la Comisión Especial de Seguimiento del Sistema Carcelario como en sus diversas comisiones y posibilidades de actuación, tiene un importante rol a jugar como ámbito apto para definir líneas programáticas de acuerdo que favorezcan la dotación de los recursos básicos necesarios para seguir avanzando en la modernización y eficiencia del sistema penitenciario, contando para ello con el apoyo y asesoramiento de la Oficina del Comisionado para los insumos y datos que se requieran. El avance técnico de la reforma penitenciaria requiere la conformación de grupos interinstitucionales de trabajo, con representantes de los ministerios y

organismos involucrados, de manera de definir e implementar nuevas acciones.

Recomendamos la instalación de grupos de trabajo interinstitucional, con términos de referencia que establezcan plazos para su tarea, coordinación, secretaría y presentación de informe a las autoridades, sobre temas clave de innovación pudiendo ser entre otros:

1. Regulación legal del trabajo y la actividad productiva
2. Salud mental.
3. Justicia terapeútica y consumo problemático de sustancias.
4. Medidas alternativas a la prisión.
5. Coordinación de la política penitenciaria y las políticas sociales.
6. Mujeres privadas de libertad.
7. Logros y carencias.

INSTITUCIONALIDAD Y REGLAS MANDELA. Siendo la deshumanización la fuente de la violencia intracarcelaria, la que luego circula hacia fuera de la cárcel y vuelve a ingresar en ella, solamente intervenciones técnicas son capaces de sostener una convivencia basada en la educación, el trabajo, la salud, el buen relacionamiento, el respeto a la vida y los derechos de los demás, siendo preciso fortalecer y estimular el funcionamiento de la Sub Dirección Nacional Técnica del INR, su articulación con todas las unidades para impulso de las Reglas Mandela y los diversos protocolos técnicos existentes y su relación con otras entidades públicas y privadas de manera de orientar nuevas intervenciones y fortalecer las ya existentes en el sistema. Es imprescindible seguir avanzando en la dotación de cuadros técnicos en las unidades (psicólogos, graduados en ciencias sociales, abogados, profesionales de la salud, labor terapeutas, recreadores), en la dotación de operadores penitenciarios y en el

necesario personal de seguridad para garantizar una convivencia segura.

3. El trabajo técnico y educativo.

PLANES DE REORGANIZACION.

Las peores condiciones de reclusión, que son las que registran mayores índices de violencia y de reincidencia, pueden ser revertidas, como han mostrado muchas buenas prácticas realizadas, a partir del trabajo orientado en las unidades donde los equipos técnicos y de operadores penitenciarios cumplen un rol central para sostener una convivencia positiva donde puedan desplegarse las acciones educativas, culturales, deportivas, sociales,

sanitarias. Estas experiencias también muestran que la transformación de las peores condiciones de reclusión requiere de Planes de Reorganización de la gestión, conformación de equipos de dirección con técnicos, dotación de operadores penitenciarios y personal de custodia, descentralizando unidades o sectores y con recursos suplementarios para revertir las malas condiciones edilicias y sus contextos.

4. Imperio de la ley y derechos humanos.

DERECHOS HUMANOS Y FISCALIA PENITENCIARIA. Continuar difundiendo la perspectiva de derechos humanos en todo el sistema, continuando la jerarquización del personal penitenciario en sus diversos roles con capacitación permanente, salud laboral y revalorización social.

La violencia interna de algunas unidades requiere la instalación de video cámaras, instalación de escáneres, refuerzo del personal.

El esclarecimiento de muchos delitos que ocurren en las unidades, incluyendo homicidios, requiere la creación de una Fiscalía Penitenciaria Especializada, de manera de disminuir, con una sede que acumule conocimiento e información del área, el bajo esclarecimiento que tienen los delitos intracarcelarios.

5. Experiencias de referencia.

APOYAR LAS BUENAS PRÁCTICAS. Es pertinente que las unidades que han logrado muy buenos resultado de educación, convivencia y rehabilitación e inserción –muy en particular Punta de Rieles Unidad No. 6, el Polo Industrial, Artigas, Salto, Artigas- y la Dirección Nacional del Liberado (DINALI) sigan siendo apoyados y usadas sus experiencias como referencias a multiplicar en otros centros, de manera de traccionar a todo el sistema hacia mejores logros e innovaciones en la generación de buena convivencia.

6. Transformación.

NUEVO COMCAR. Los cambios en curso en la Unidad No. 4 COMCAR, tendientes a conformar un complejo de varias unidades con una coordinación central, llevados adelante con gran esfuerzo aunque no todos los recursos necesarios, marcan un camino a seguir y profundizar de gran impacto en todo el sistema dada la cantidad de población internada allí, siendo fundamental seguir apoyando estos avances, tanto institucionalmente como con recursos que consoliden y amplíen las transformaciones en curso y permitan cambiar los sectores de la unidad que todavía presentan muy serios problemas y muy malas condiciones de reclusión.

7. Violencia.

INTERVENCIONES URGENTES Y FISCALIA ESPECIALIZADA. El

circuito de violencia existente en varios penales requiere de intervenciones urgentes de refuerzo del personal educativo, técnico y de seguridad y adecuaciones edilicias. En necesario estudiar incluso la viabilidad de algunos sectores del sistema, totalmente inadecuados ediliciamente para funcionar adecuadamente debido a críticas condiciones físicas, como el Módulo 2 de Canelones, o por la obsolescencia de su diseño, como el Módulo 1 de Libertad.

La lucha contra la opacidad y la impunidad dentro de la cárcel, requiere contar con una Fiscalía Especializada Penitenciaria, de manera de tener mayor eficiencia en el esclarecimiento de los ilícitos.

8. Salud.

PLENA COBERTURA DE ASSE. La Administración de Servicios de SALUD DEL Estado (ASSE) debe asumir la totalidad de la cobertura del sistema penitenciario, tomándose medidas presupuestales inmediatas con los refuerzos del rubro correspondientes para desplegar los equipos médicos, de enfermería, administrativos y equipos necesarios.

9. Salud Mental.

NUEVOS SERVICIOS DE ASSE. Es necesario ampliar la atención de salud mental en las unidades con mayores aportes de recursos humanos de ASSE de manera de contar no solo con intervenciones puntuales y acotadas, sino también con tratamientos continuados y sostenidos y más cantidad de grupos de convivencia o terapeúticos, que cuando se realizan tienen muy buenos resultados. Asimismo, ASSE a nivel central debe impulsar la creación de servicios aptos para la atención de personas con su salud mental afectada pero que no pueden estar en un contexto carcelario.

10. Intentos de autoeliminación.

PROGRAMA Y PROTOCOLO PARA PREVENCIÓN DEL SUICIDIO. Definir e implementar urgentemente un Programa de Atención a los Intentos de Autoeliminación (IAE) con un Protocolos de pasos concretos para la intervención inmediata de los funcionarios cuando se detectan conductas de riesgo.

11. Consumo problemático (adicciones).

JUSTICIA TERAPEUTICA Y PROGRAMAS. Acuerdos entre el Poder Judicial y el Poder Ejecutivo deberían propiciar la creación de un sistema de Justicia Terapeútica, muy exitosa en muchos países para el tratamiento y la reducción de los delitos, en la que los autores de delitos causados por el consumo problemático o las adicciones permita la derivación a un centro especializado en adicciones y salud mental y no a una unidad carcelaria. A la vez ASSE debe reforzar los trabajos y opciones dentro del sistema para quienes solicitan tratamientos, favoreciéndose también el trabajo de organizaciones de sociedad civil en el tema.

12. Familia y entorno.

PRESENCIA DEL MIDES. El Ministerio de Desarrollo Social (MIDES) debe desplegar dentro del sistema penitenciario, donde tiene una enorme oportunidad de intervención estratégica, sus diversos programas de asistencia, en particular aquellos vinculados a la asistencia familiar y los generadores de oportunidades de desarrollo para las personas.

13. Sin defensa.

PRIORIDAD DEL PODER JUDICIAL. Atendiendo el crecimiento de la población penitenciaria, el Poder Judicial debe reforzar los recursos destinados a la Defensa Pública, de manera de asegurar la eficiencia del derecho a la defensa de todas las personas, facilitando el acceso a sus defendidos con refuerzos de recursos humanos y logísticos que aseguren el derecho humano a la defensa.

14. Poder Judicial.

RECOMENDACINES DE JUECES DE EJECUCION. La presencia de los Jueces de Ejecución y Vigilancia en las unidades penitenciarias generan múltiples recomendaciones para mejora del sistema. Es pertinente mantener reuniones periódicas de seguimiento de esas recomendaciones entre los jueces de ejecución y los organismos de monitoreo, en particular con la Oficina del Comisionado Parlamentario como organismo parlamentario especializado en el tema, de manera de mantener tener día el avance de la implementación de esos señalamientos. Asimismo, puede ser muy positivo realizar visitas conjuntas con los Jueces de Ejecución para verificar situaciones, realizar recomendaciones o analizar situaciones estructurales.

15. Educación y capacitación.

CODICEN Y ESCUELAS DE OFICIOS. El Codicen debe reforzar su presencia educativa, asegurando la universalidad del acceso a la educación y proceder a la elaboración de un programa específico de formación para personas privadas de libertad que les permita terminar los ciclos educativos con contenidos adecuados, tiempos cortos y acceso a conocimientos prácticos. También se debe proceder a instalar Escuelas de Oficios en las unidades penitenciarias aumentando las instancias de capacitación profesional actualmente existentes. Es importante que también continúe avanzando la presencia de los programas de educación no formal del Ministerio de Educación (Programa PAS) y las Universidades, en particular la Universidad de la República en todas sus funciones (educación, investigación, extensión).

16. Trabajo.

EMPRENDURISMO, REGULACION LEGAL Y TRABAJO DIGNO.

Favorecer la realización de emprendimientos individuales o grupales de los internos, en particular emprendimientos productivos, de manera que puedan egresar con una actividad redituable en el mercado. Asimismo, debe asegurarse que los internos tengan los debidos elementos de seguridad laboral, certificación y retribución cuando realicen trabajos en las unidades, en especial aquellos que son esenciales para el normal funcionamiento de los centros, evitándose los abusos laborales de hecho que comete el Estado con estas omisiones.

17. La sociedad civil.

INTEGRAR ORGANIZACIONES PRIVADAS. Favorecer el ingreso al sistema penitenciario de organizaciones de sociedad civil y entidades privadas, con acuerdos de trabajo que contengan objetivos, metodologías, resultados esperados, presupuestos y mecanismos de evaluación, de manera de incorporar actores capaces de realizar intervenciones educativas, culturales, sociales, de capacitación profesional o de asistencia.

18. Tecnología ausente.

INFORPORACION TECNOLOGICA. Promover el uso adecuado de tecnología para mejorar la gestión, la convivencia y las oportunidades de educación dentro de las cárceles, promoviendo la existencia de infocentros, la alfabetización digital y la entrega de laptops con programas y aplicaciones de inserción social para quienes egresen del sistema.

19. Trabajo post penitenciario.

DINALI COMO PIVOT DE LA INSERCION.

Continuar fortaleciendo el rol de la DINALI como sistema de apoyo a quienes egresan de la cárcel, e instancia de capacitación y en especial plataforma articuladora para derivación de los egresados a los múltiples servicios sociales de asistencia, orientación y capacitación existentes, públicos o privados, dotándola de la necesaria descentralización para sus funciones.

20. Alternativas.

SISTEMA SOLIDO Y CREIBLE DE MEDIDAS ALTERNATIVAS.

Fortalecer y ampliar con programas consistentes, variados, asistenciales y terapeúticos, de manera de responder de manera creíble y transparente a la Justicia y a la opinión pública, un sistema de medidas alternativas que genere un circuito de rendición de cuentas, rehabilitación y prevención de la violencia que evite la prisionización y el contagio carcelario de la violencia.

Asimismo, formulo las siguientes RECOMENDACIONES ESPECIFICAS para la gestión penitenciaria en sus diversas dimensiones:

1. Ciudad y cárcel. Adecuar los espacios internos de las unidades a un funcionamiento social que refiera a la vida en libertad, generando espacios de uso común, plazas, calles, expresiones culturales, realizando para su construcción convenios con las Intendencia Municipales.
2. Cercanía a la comunidad. Establecer lazos con las autoridades locales, en particular las empresas públicas, Intendencias Departamentales, empresas privadas, sindicatos y referentes sociales, de manera de incorporar la cárcel nuevos actores y posibilidades de recuperación de espacios y actividades
3. Visita. Reformar los espacios de ingreso a las visitas, en especial en los macro penales, haciendo más eficiente el ingreso y generando lugares amigables para los niños y las familias con servicios adecuados (baños, guarda bultos, espacios infantiles, refugios peatonales, información y orientación adecuada).ealizar obras, generar actividades y favorecer integración de los internos.
4. Cursos de pre egreso con redención de pena. Adecuar la reglamentación de la redención de pena por trabajo y estudio de manera que las participación en “curso de pre egreso”, realizados por INR y DINALI, encuadren dentro de las previsiones existentes para este beneficio excarcelatorio, dado que el involucramiento en planes de este tipo es un indicador de fuerte voluntad de re inserción.
5. Entrevista obligatoria. Establecer como obligatorio que todo director de una unidad de internación deberá tener al menos una entrevista con cada interno que llega a su establecimiento a los efectos de conocerlo y transmitirle las pautas generales de funcionamiento.
6. Derechos y obligaciones. Entregar a cada interno/a que ingresa a una unidad y a sus familias una Guía informativa de derechos y obligaciones y recursos sociales a tener en cuenta durante la privación de libertad.
7. Call center. Crear un centro de atención telefónica (call center) para informar a las familias sobre emergencias ocurridas a sus allegados (traslados), su situación, trámites, requisitos para la visita y otros aspectos que hoy implican largas gestiones.
8. En hospital. Establecer un dispositivo para que las familias que se enteran que un familiar ha sido derivado de una cárcel a un hospital, ya sea por enfermedad o por agresiones sufridas, puedan tramitar eficientemente su visita a los nosocomios, teniendo presente las características médicas y de seguridad de cada situación.
9. Autolesión y sanciones. Explicitar a todas las unidades que las autolesiones de los internos, según la normativa vigente y salvo prueba en contrario ante situación singular, no deben ser motivo de sanción sino de atención socio educativa ya que las mismas son expresión de un mal estado de salud mental, dificultades de relacionamiento o de estrategias extremas para obtener mejoras en su situación, todo lo cual debe ser canalizado por los servicios de atención establecidos.
10. Desarme. Favorecer acciones de desarme voluntario en las unidades como parte de los planes de pacificación, realizando acciones simbólicas como la destrucción masiva de las armas y cortes incautados y el uso de las mismas en objetos culturales que favorezcan el cuidado de la vida y la negación de la agresión como forma de resolver conflictos.
11. Preventivas. Asegurar a las personas con prisión preventiva un mínimo de actividades –aunque no estén todavía condenados- que asegura una dignidad básica en su detención.
12. Quejas, denuncias y trámites. Distribuir formularios entre los internos para la presentación de quejas, denuncias y trámites, de manera de mejorar la llegada de sus planteamientos a las autoridades de cada unidad, colocándolos de manera accesible en los diversos sectores del centro y asegurando su tramitación administrativa.
13. Requisas y motines. Capacitar de manera permanente al personal encargado de las requisas y al personal encargado de actuar en caso de hechos violentos, de manera de asegurar un uso de la fuerza según pautan las normas vigentes.

Estadística

14. Indicadores. Mejorar la definición de los diversos indicadores estadísticos dentro de las unidades e incorporar nuevos indicadores: personas con y sin visitas, incidentes con heridos, heridos atendidos.
15. Reincidencia. Implementar un protocolo para medir, en acuerdo con el Poder Judicial, la real reincidencia de los liberados.

Área Formación

16. Mediación. Preparar en la Escuela Penitenciaria a mediadores penitenciarios e iniciar en las unidades programas de mediación para disminuir los enfrentamientos individuales o grupales en caso que existan.
17. Traslados. Dado el enorme volumen de casos que deben atender, fortalecer la tarea de la Junta Nacional de Traslados, reforzando su mirada técnica sobre todos los factores que inciden en la actitud de los internos frente a las respuestas institucionales, estableciendo mecanismos de revisión y discusión técnica de casos, asegurando que las lógicas del tratamiento (cercanía familiar, acceso de actividades, visitas, salud) sean valoradas junto a los componentes del factor seguridad.

Salud

18. Salud. Establecer mecanismos de trabajo, con reuniones periódicas y acuerdos de resultados, entre la dirección de las unidades y los responsables de los centros de salud, de manera de atender toda el área sanitaria, incluyendo alimentación, condiciones de alojamiento, ventilación, clima general.
19. Historia clínicas y medicación. Verificar siempre que en caso de traslado la historia clínica llegue inmediatamente a la nueva ubicación y que al interno lo acompañe la mediación que está tomando y su indicación.
20. Odontólogo. Proveer de tratamiento odontológico a todas las unidades, incluyendo tratamientos preventivos y restauraciones.
21. Coordinaciones. Tomar medidas urgentes, tanto en la administración penitenciaria como en los servicios de salud, para corregir el incumplimiento de coordinaciones médicas externas, cuya no realización genera pérdida de recursos y acarrea problemas de salud.
22. Medicación. Verificar que la entrega de medicación psiquiátrica sea efectuada de manera personal e in situ (entrega “en boca”).
23. Primeros auxilios. Promover la realización de cursos de primeros auxilios en las unidades para los internos y los funcionarios, realizados por los servicios de salud con apoyo externo, como buena práctica compartida de sensibilización sobre la protección de la vida.

Educación y formación

24. Promotores de derechos humanos y monitores. Favorecer la capacitación de internos como delegados, como monitores educativos y como promotores de derechos humanos, de manera de que puedan trabajar de manera sana y autónomo sobre problemas que puedan detectar y que pueden ser atendidos in situ, recurriendo a capacitadores del Centro de Formación Penitenciaria o de instituciones externas.
25. Trabajo interno de derechos humanos. Incorporar como trabajo de los internos con la consiguiente redención de pena, de la tarea de promoción de los derechos humanos, requiriendo para la misma acreditación de un mínimo de horas de formación por parte de oficina o institución reconocida.
26. Información y cultura. Favorecer el acceso en todas las unidades a materiales informativos y culturales, facilitando la instalación de bibliotecas bien provistas, la circulación de libros y estimular la lectura.
27. Horas docentes. Aumentar las horas docentes disponibles en el CODICEN para la administración penitenciaria.
28. Escuelas de oficios. Promover la instalación de escuelas de oficios en los macro penales metropolitanos para favorecer la integración laboral, recurriendo a instituciones privadas que deseen instalarse en el sistema penitenciario.

Trabajo

27. Certificación laboral. Certificar la idoneidad para diversas tareas y oficios que realizan los internos en múltiples áreas de las unidades y que aseguran su normal funcionamiento (cocina, limpieza, mantenimiento, jardinería, tratamiento de residuos, etc).
28. Riesgo laboral. Relevar y corregir las condiciones de trabajo insalubre y de alto riesgo que realizan internos en algunas unidades.
29. Emprendurismo. Capacitar a los internos y a sus familiares para llevar adelante emprendimientos productivos, laborales o de servicios, individuales, grupales o cooperativos, de manera de apoyar sus procesos de ingtegración.

Sociedad civil y acumulación científica

30. Fondo concursable. Impulsar la presencia de la sociedad civil dentro del sistema penitenciario desarrollando actividades socioeducativas o culturales, mediante convenios y acuerdos de trabajo con resultados evaluables, creando un Fondo Concursable anual para el Desarrollo Socioeducativo dentro del sistema penitenciario, donde se puedan elegir bi anualmente proyectos de intervención.

Trabajo post penitenciario

31. Red de acuerdos. Impulsar desde la DINALI una red de acuerdos con instituciones públicas y privadas que puedan generar una “red de asistencia” a los egresados especialmente vulnerables del sistema que no tienen referentes familiares, vinculares o comunitarios, de manera de tener alojamiento al egresar y elementos básicos para afrontar los primeros tiempos en libertad.
32. Conexión y seguimiento. Detectar los casos que requerirán especial apoyo al egresar, en particular los casos de salud, salud mental y carencia extrema de recursos sociales, de manera que al egresar la persona tenga continuidad en sus tratamientos médicos y en la asistencia social que tiene derecho a recibir.
33. Tablets de orientación y apoyo. Implementar un programa de entrega de tablets a los internos que estén prontos a egresar o al momento del egreso, en el que cuenten con información, orientación y aportes para su vida en libertad (servicios médicos, bolsas de trabajo, atención psiquiátrica, orientación legal y familiar, documentación, etc).

Fuente Imagen: carve850.com.uy

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Será a las 19:30 horas, en la Facultad de Ciencias Sociales (Sala de conferencias, Salón L5. Constituyente 1502).

La apertura está a cargo de Andrés Lannane por Universidad CLAEH y Martín Ibaruboure por la Agencia Nacional de Desarrollo (ANDE). Luego, la especialista del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), Beatríz Abizanda, brindará un panorama general del tema, basándose en experiencia comparada y delineará algunos aspectos para mejorar la reinserción de las persoans liberadas del sistema carcelario.

Está previsto un panel central integrado por Ana Juanche (Instituto Nacional de Rehabilitación); Jaime Saavedra (Dirección Nacional de Apoyo al Liberado), Luis Parodi (Director de la Unidad 6 de la cárcel de Punta de Rieles), Juan Miguel Petit (Comisionado Parlamentario Penitenciario) y Richard Read (Federación de Obreros y Empleados de la Bebida).

La moderación estará a cargo del periodista Gabriel Pereyra.

El cierre y las conclusiones estarán a cargo de Adolfo Garcé y María Dolores Benavente (Academia Nacional de Economía/Pharos).

Jueves 5 de diciembre  – 19:30 horas.

Sala de conferencias Facultad de Ciencias Sociales, Constituyente 15

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El Jueves 7 de diciembre, a partir de la hora 9:00 en el Pasaje Acuña de Figueroa del Edificio Anexo del Palacio Legislativo, se realizará el VII Espacio de Innovación Penitenciaria, que se centrará en el tema “Impacto del nuevo Código del Proceso Penal en las cárceles”. La actividad es organizada por el Comisionado Parlamentario Penitenciario y auspiciada por la Institución Nacional de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo.

En la apertura (hora 9:00) estarán la senadora Ivonne Passada, Presidente de la Comisión Bicameral de Seguimiento Carcelario, Mariana Mota, Presidenta de la Institución Nacional de Derechos Humanos, Mireia Villar, Coordinadora Residente de Naciones Unidas y Juan Miguel Petit, Comisionado Parlamentario Penitenciario.

En el encuentro habrá dos meses con jueces, defensores y académicos que analizarán las novedades que ya está generado el nuevo juicio penal sobre la realidad penitenciaria. En la primera mesa (hora 9:45) sobre las novedades legales vigentes, habrá presentaciones de Jorge Chediak, Presidente de la Suprema Corte de Justicia, Jorge Díaz, Fiscal de Corte y Adriana Berezán, Presidenta de la Asociación de Defensores.  Luego (hora 11:15), hablarán sobre las herramientas legales que pueden cambiar la realidad carcelaria Carlos Negro, fiscal, Alberto Reyes, ministro de Tribunal de Apelaciones Penal y Martín Sbrocca, académico e integrante de IELSUR.

La conferencia de cierre (hora 13:00) estará a cargo del profesor Juan Ceretta y sobre la “Tutela Jurisdiccional de los Derechos Humanos”. Como despedida de estas actividades de reflexión y prospectiva, se presentará un grupo de tambores de internos del COMCAR. Se distribuirá material informativo elaborado por la Oficina del Comisionado Parlamentario durante 2017.

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