El lunes 1° de Junio, la bancada de la Unidad Popular-lema Asamblea Popular, representada por el compañero diputado Eduardo Rubio, presenta su primer proyecto de ley poniendo sobre la mesa la anulación de la Ley de Impunidad. Nuestro proyecto se basa en el texto del “plebiscito rosado” y en parte modifica la ley del 2011 que derogó hacia el futuro los efectos de la Ley de Caducidad.

Los gobiernos de la derecha tradicional forjaron este engendro pero el Frente Amplio, en sus 10 años de gobierno, contando incluso con mayorías parlamentarias no hizo nada serio en este sentido. La Unidad Popular a tres meses de asumir la banca hace lo que hay que hacer: presentar la Anulación de la Impunidad, cumpliendo con lo comprometido en el programa y sobre todo con nuestros desaparecidos, asesinados, torturados, presos y exiliados, sus familias y el pueblo oriental todo que sufrió una dictadura militar que practicó cruelmente el Terrorismo de Estado durante 12 años.

Adherimos a la postura del inolvidable compañero Dr. Helios Sarthou, quien sostenía que se puede anular una ley mediante otra, y daba el ejemplo de la ley 15.738 de 1985 que anulaba algunas leyes de la Dictadura Fascista por razones de contenido. Anular se puede y se debe, está implícito en las potestades del Parlamento y no implica mayorías especiales. Además planteamos la imprescriptibilidad de los delitos cometidos desde las Medidas Prontas de Seguridad del pachecato hasta los crímenes de la Dictadura Militar.

El Dr. Sarthou tenía además un muy buen argumento contra los derrotistas: el referéndum fallido de 1989 (con la amenaza de volver a la Dictadura incluida) no pudo voltear la ley y el plebiscito del2009 (donde solo se permitió votar por SI) no logró crear una nueva norma jurídica que anulara la impunidad. Esto significa que no existe una decisión perpetua al respecto y que puede intentarse ahora por vía legal esa anulación aunque los oportunistas escondan la cabeza como el avestruz.

Este es un aporte que se hace eco del profundo sentimiento de justicia que anida en el corazón de nuestro pueblo, que a 30 años de la reapertura democrática no ha cesado en su exigencia y movilización. Tiene el sentido de sumar a esta movilización, que será en definitiva la que abrirá el camino de la victoria, en este y todos los problemas acuciantes que genera la explotación del imperialismo y la oligarquía en nuestro país.

¡POR VERDAD – JUICIO Y CASTIGO A LOS RESPONSABLES

DE LOS CRÍMENES IMPUNES DE LA DICTADURA!

¡ANULAR LA LEY DE IMPUNIDAD!

UNIDAD POPULAR-LemaASAMBLEA POPULAR

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El Poder Ejecutivo anunció en la Torre Ejecutiva, que se revocarán los más de 80 actos administrativos que se encuentran amparados por la Ley de Caducidad para que se continúe con las investigaciones sobre violaciones de los derechos humanos durante la dictadura.

En ese marco, la Presidencia de la República y el Consejo de Ministros decidieron dictar una resolución que, por razones de legitimidad, revocará los actos administrativos dictados por el Poder Ejecutivo -en aplicación del Artículo 3º de la Ley 15.848 del 22 de diciembre de 1986- que consideró que los hechos denunciados se comprendían en las disposiciones del Artículo 1º de la Ley 15.848.

Explicó que la resolución se sustenta en la sentencia que la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) realizó para el caso Gelman versus Uruguay, el cual dispone que el Estado debe garantizar que la Ley de Caducidad no vuelva a representar un obstáculo para la investigación.

Asimismo, recordó que nuestro país ratificó la Convención Americana de Derechos Humanos (Ley 15.737 del 8 de marzo de de 1985), la Convención contra la Tortura y Otros Tratos y Penas Crueles, Inhumanas o Degradantes (24 de octubre de 1986) y la Convención sobre Imprescriptibilidad de los Crímenes de Guerra y Crímenes de Lesa Humanidad (21 de setiembre de 2001), así como también la Suprema Corte de Justicia declaró la inconstitucionalidad de la Ley de Caducidad.

Por su parte, en la órbita de la Secretaría de la Presidencia de la República se conformó una comisión ad hoc, integrada por la Dirección de Derechos Humanos y Cancillería, la cual trabaja en el análisis exhaustivo de la sentencia dictada por la CIDH a los efectos de su cumplimiento.

En ese ámbito se incrementarán las competencias de la Comisión de Seguimiento (ex Comisión para la Paz) y se apostará a la conformación de una comisión interministerial en la materia. Además, promueve el cumplimiento de la sentencia de la CIDH en materia de reparación económica a la familia Gelman.

Breccia resaltó que la resolución solamente revoca los actos realizados por el Poder Ejecutivo para excluirlos de la Ley de Caducidad. Una vez promulgado el Poder Judicial será el encargado de determinar cómo continuarán las acciones para cada caso, así como también si corresponde o no desarchivar los expedientes.

Fuente: Presidencia de la República. www.presidencia.gub.uy

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Los senadores Constanza Moreira, Daniel Martínez, Alberto Couriel, Mónica Xavier y Rafael Michelini señalaron que en la edición del 15 de junio del diario LA REPÚBLICA, el secretario de Prensa de la Presidencia, Alberto Breccia, sostuvo que desde la aprobación de la Ley de Caducidad en diciembre de 1986, en 88 casos el Poder Ejecutivo, en diferentes administraciones, interpuso la Ley de Caducidad en diferentes procesos judiciales.

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“Ante la situación por la que atraviesa el Frente Amplio, la necesidad de un análisis autocrítico a fondo y la adopción de medidas para su superación, compartimos las siguientes reflexiones y propuestas para su consideración por parte de los compañeros integrantes de las bases, sectores políticos y frenteamplistas en general.

Las circunstancias políticas ocurridas en torno al trámite de la Ley de Caducidad y sus resultados, deben ser objeto de un análisis autocrítico y en profundidad en el Frente Amplio y el gobierno. Se frustró una iniciativa sobre un tema emblemático como lo es la cuestión de los Derechos Humanos. Hubo iniciativas de sectores y del Poder Ejecutivo, se trasladó a la fuerza política para su resolución -la que trabajó arduamente y adoptó una posición unánime-, se generó fuertes tensiones al interior de las bancadas y una intervención decisiva del Presidente y Vicepresidente de la República desestimada a nivel de la fuerza política y el parlamento, exhibiendo marchas y contra marchas en la fuerza de gobierno. Se pusieron en cuestión temas relevantes para la Democracia como el funcionamiento de los Partidos y el respeto a los pronunciamientos ciudadanos, con un fuerte desgaste a nivel ciudadano y la desaprobación a lo actuado, tanto de quienes respaldaban la iniciativa frustrada como de aquellos que la rechazaban. Lo más grave: se perdió la votación en el Parlamento por incumplimiento de una resolución de la fuerza política, que a diferencia de anteriores incumplimientos impidió, por primera vez desde su llegada al gobierno nacional, la concreción de una iniciativa del Frente Amplio. Con ello se afectó la unidad de acción y la gobernabilidad, expresando una situación interna crítica que trasciende ampliamente esa votación.

1. En setiembre de 2010, al abrirse el debate interno de evaluación del proceso electoral y la situación de la fuerza política, elevamos al FA una agenda de cambios en el documento titulado “Autocrítica y renovación del Frente Amplio” centrado en las siguientes propuestas: reafirmar  la identidad frenteamplista; enriquecer el proyecto estratégico de la izquierda; desarrollar la alianza social de los cambios; fortalecer la inserción social y el trabajo local del FA; preservar la unidad de acción; ampliar la participación del pueblo frenteamplista en la vida interna y en su expresión representativa; impulsar la renovación generacional; apelar a la consulta directa en temas críticos; desarrollar la elaboración programática y la formación; y defender los logros de los gobiernos progresistas.

Desde el gobierno, el Frente Amplio ha concretado avances económicos y sociales en nuestro país que suponen importantes mejoras en las condiciones de vida de nuestra gente y en el camino de desarrollo, que debemos profundizar. A nivel político por el contrario, han pasado 8 meses y no se ha avanzado en lo político a nivel interno; hemos retrocedido. Los hechos recientes ponen al desnudo ese retroceso, principalmente expresado como crisis de conducción y funcionamiento colectivo de la fuerza política, lesión de su identidad y credibilidad, ruptura de la unidad de acción y desencuentros entre los frenteamplistas, la estructura política y el Poder Ejecutivo. Todo ello en una cuestión tan sensible como la política de DDHH.

¿Cuál es el factor de fondo que explica esta crisis? Se pueden enumerar muchos errores estratégicos y políticos de largo arrastre (como haber replanteado la cuestión de la Ley de Caducidad en forma conjunta con las elecciones nacionales, haberlo hecho sin el consenso político y social con el que históricamente definimos los caminos a seguir en materia de derechos humanos) y una lista igualmente larga de errores recientes de toda naturaleza  incluyendo reacciones no suficientemente estimadas por parte de la opinión pública. En la última oportunidad todos los sectores manifestaron consenso con la ley interpretativa cuando de antemano existían diferencias. En el fondo de la cuestión se encuentran diferencias políticas e ideológicas en la cuestión de los DDHH y diferencias sobre el proceso de toma de decisiones, su legitimidad y el funcionamiento de la estructura de la fuerza política.  Estas diferencias se expresaron como crisis profunda.

El 19 de mayo con la no aprobación de la ley interpretativa, el FA llegó a una situación límite. No sólo por el resultado en  sí mismo, sino  por el proceso que llevó a él. Estaban en juego aspectos vinculados al propio proyecto de Ley sobre una cuestión fundamental de fuerte contenido democrático, ético e identitario para la izquierda que estuvo planteada expresamente en el programa de gobierno del FA presentado a la ciudadanía en 2009; pero también se puso en cuestión quién y cómo se decide en la Fuerza Política, el alcance de sus resoluciones en los temas de gobierno y su legitimidad. Sobre este punto está planteado una discusión que es ineludible afrontar, en la medida que se han ido delineando y expresando a la interna y públicamente diferencias que afectan el funcionamiento colectivo y los mecanismos que nos hemos dado para procesar decisiones en el marco de unidad en la diversidad que definen al Frente Amplio.

1. Ante la postura de defensa de los mecanismos de funcionamiento actual establecidos por los acuerdos políticos, reglamentos de las bancadas y Estatutos que han permitido el funcionamiento colectivo del FA y nos obligan a todos hasta que no sean modificados por un nuevo acuerdo político, se ha desarrollado otra postura que desacredita lo que hoy funciona, y que fundamenta según el caso, la existencia de un divorcio entre la estructura política y “el pueblo frenteamplista”, entre esa estructura  orgánica y las corrientes mayoritarias, o el desencuentro de ésta con el Poder Ejecutivo y los principales referentes de nuestro gobierno. Esta postura que no es nueva, se ha expresado en varios momentos por algunos compañeros que han quedado en minoría o han discrepado con posiciones adoptadas, particularmente en los últimos tiempos en referencia a temas electorales, al cuestionarse por ejemplo las potestades del Congreso para definir el candidato a Presidente -que luego fuera refrendado por la votación de la ciudadanía frenteamplista-, o ante temas políticos como la definición de posturas sobre el TLC, ley de caducidad, etc. De manera franca, respetuosa, con argumentos, pero con firmeza y convicción, creemos que hay que asumir la discusión en profundidad y controvertir esa posición que creemos equivocada; básicamente porque se hacen desde una lógica que cuestiona la legitimidad de las reglas de funcionamiento colectivo y principios básicos que hacen a la unidad que las fuerzas progresista han construido a lo largo de su historia, que la han hecho posible y que son imprescindibles para llevar adelante el proceso de cambios que da razón de ser al Frente Amplio.

En realidad han existido desencuentros entre la estructura y la ciudadanía o con el gobierno , y se han dado por diversas razones: ya sea por responsabilidad de la estructura o por decisiones asumidas por los sectores. Un desencuentro importante se produjo en oportunidad de la elección de la candidatura a la Intendencia de Montevideo; en aquella instancia predominó la postura impulsada por los sectores mayoritarios aliados con otros de gran peso en la estructura, contraponiéndose a una amplia sensibilidad en la ciudadanía frenteamplista y en la opinión pública, lo que en buena medida explica el voto en blanco de un gran número de frenteamplistas, lo que junto a la derrota electoral en la disputa de cuatro Intendencias abrió el debate y la autocrítica interna que aún no ha dado resultados. Si no hay cambios, estas realidades pueden volver a expresarse en otros temas, con preocupantes resultados. No obstante ello creemos que la existencia de problemas en el Frente Amplio no debe llevarnos a cuestionar su identidad hasta su propia existencia, sino impulsarnos a un proceso de fuerte renovación.

La estructura común del Frente Amplio debe adecuarse a la nueva realidad y procesar cambios, pero ello no debe confundirse con que deba minimizarse al punto de desaparecer; tampoco que deba cuestionarse la existencia de reglas que garanticen su unidad de acción o su movimiento de base. No queremos ser un partido tradicional más. Por el contrario, debemos fortalecer a la fuerza política. Ello supone mantener su lógica de coalición y movimiento, y también, ajustar los mecanismos democráticos de representación y resolución con mayorías especiales que promuevan la construcción de consensos sin bloquear su capacidad de decisión en la interna. Creemos en el papel fundamental de la coalición de sectores y partidos funcionando en un marco de inclusión, unidad y representatividad. No creemos que quienes tienen derecho a decidir en la coalición sean solo los grupos con caudal electoral ni tampoco que ellos deban incidir de forma equivalente a grupos muy pequeños o con representaciones testimoniales; creemos en la representatividad y proporcionalidad,  pero no en la exclusión de sectores, muchos de los cuales son fundadores del FA. Renovar para fortalecer el funcionamiento colectivo del FA implica a su vez, ampliar lo máximo posible los ámbitos de participación militante, y en los temas fundamentales, abrir mecanismos de consulta directa a los frenteamplistas.

Los desencuentros o desequilibrios entre fuerza política, gobierno y ciudadanía frenteamplista, solo tiene tres desenlaces posibles: a) el estallido de la expresión orgánica de la Fuerza política, con el consiguiente impacto en la unidad y en la gobernabilidad (que es lo que se provoca al desconocer la legitimidad de sus decisiones); b) la marginación o atonía de la misma, atenuando la capacidad de incidencia en la sociedad y en un Poder Ejecutivo que tampoco la convoca (que fue lo que en importante medida sucedió en el período anterior) , o c) la construcción de un nuevo acuerdo, un tercer camino que consideramos más constructivo, conveniente y con proyección de futuro. Proponemos la refundación del pacto político del Frente Amplio, que asuma la defensa de sus estructuras comunes al mismo tiempo que su renovación y el fortalecimiento de su conducción; que restablezca el principio de la unidad de acción, que apele al consenso en temas críticos de gobierno en el interior de la estructura orgánica e imponga la regla de resolución por dos tercios en el Plenario Nacional, establezca las Asambleas de adherentes en Coordinadoras y Departamentales como órganos de referencia para la toma de decisiones en forma previa a los Plenarios, e incorpore la consulta abierta mediante plebiscito interno en los temas que sean relevantes y sensibles para la población o en los que se registren fuertes diferencias internas para que decidan los frenteamplistas.

1. Articular adecuadamente a la fuerza política con el gobierno y asegurar su gobernabilidad, son cuestiones fundamentales para llevar adelante nuestro programa, a nivel estratégico y particularmente en la coyuntura. Reafirmamos enérgicamente la necesidad de adoptar la mas firme de las actitudes para garantizar el cumplimiento de las resoluciones adoptadas colectivamente y los mecanismos que garantizan la unidad de acción y la gobernabilidad, seriamente dañada por actitudes como las asumidas por el senador Saravia y en particular por el diputado Semproni, por lo que esperamos que el Tribunal de Conducta Política se expida con rigor, aplicando, en forma estricta, el código de conducta ética y el compromiso político del Frente Amplio.

Flaco favor le haremos al Frente Amplio, al propio gobierno y al pueblo uruguayo, si ante la gravedad de lo sucedido tratáramos de barrer debajo de la alfombra.

El Frente Amplio nació para transformar el país a través de la acción política permanente a todos los niveles mediante la administración democrática del gobierno. Su objetivo y el de nuestra militancia política es llevar adelante un programa de cambios económicos, sociales y culturales que incluyen la defensa de los derechos humanos, la verdad y la justicia como compromiso ético y democratizador irrenunciable, por lo que seguiremos bregando para eliminar la Ley de Caducidad y sus efectos. En ese sentido resulta fundamental la decisión del Poder Ejecutivo de dictar los decretos que permitan desarchivar todos los casos de violación de los Derechos Humanos que fueran comprendidos en el marco de la interpretación dicha Ley por los gobiernos colorados y blancos desde el año 1985 al 2004.

Reafirmamos el firme respaldo al gobierno encabezado por Presidente de la República, compañero José “Pepe” Mujica, que ha logrado importantes avances expresados en los niveles de crecimiento económico, la mejora de las condiciones de vida de amplios sectores de la población y en los ingresos de los trabajadores, así como en los progresos en la integración regional. A su vez, nuestro gobierno debe encarar la mejora de la gestión en áreas claves, la coordinación de las acciones tanto a nivel interno como de comunicación, y la profundización de la transformación del país mediante la definición de una agenda de prioridades de gobierno, que incluya:

* Impulso del desarrollo sustentable: fortalecimiento y diversificación de la estructura económica; consolidación y mejora del sistema de promoción de la inversión productiva, la incorporación de valor agregado y el trabajo calificado; concreción de avances significativos en las infraestructura de transporte, en particular fluvial y ferroviario, energía y telecomunicaciones; rol activo del Estado en las áreas estratégicas con fortalecimiento de la inversión y gestión de las Empresas Públicas; instrumentación de la Ley de contratación publico privada; respeto del medio ambiente; y profundización de la integración regional.

* Avance en la distribución de la riqueza: mejora progresiva del sistema tributario aliviando la imposición a los sectores medios; respaldo al incremento de la tributación agropecuaria de los grandes productores y propietarios de la tierra, desestimulando su concentración;

* Fortalecimiento del sistema de protección social: y expansión de las asignaciones familiares, cambios urgentes en materia educativa, implementación inmediata del plan de viviendas,  mejora de gestión en ASSE y desarrollo del sistema integrado de salud.

* Atención prioritaria a la seguridad ciudadana: continuar fortaleciendo las políticas públicas de represión del delito, combate al crimen organizado, así como las definiciones asumidas en torno a la situación de los menores en conflicto con la ley penal con la creación del Sistema de Responsabilización Penal Adolescente (SIRPA)  todo ello sobre la base de importantes políticas de integración social.

* Concretar avances en Salud sexual y reproductiva: aprobación del proyecto de despenalización del aborto”.

Directiva Nacional de la Vertiente Artiguista

5 de Junio, 2011.

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“En el marco del novelesco proceso político y legislativo que, con relación a la ley de caducidad, el Frente Amplio viene desarrollando, el Presidente de la República acaba de escribir el último capítulo. La sorpresiva irrupción del mandatario en la bancada del oficialismo de la Cámara de Diputados, días atrás, parece haber definido un nuevo escenario. Entre las posibles lecturas que el episodio tiene, una es la que muestra a Mujica como un conductor de reflejos lentos, porque dejó para el final lo que debió practicar al inicio: asumir el asunto con la seriedad que el mismo reviste y, con la misma seriedad, trasmitir su posición a los suyos.

Lo cierto es que la reacción presidencial, aunque tardía, fue tan imprevista como determinante de un nuevo panorama. Tanto, que la fractura de la izquierda en torno a la llamada “ley interpretativa” quedó absolutamente expuesta, al punto que el partido de gobierno está inmerso en un caótico dilema del que intentará salir en el plenario del próximo sábado, pero todavía no saben cómo. De lo único que, parecería, han venido a enterarse, es que la solución – si la hay – no será inocua ni gratuita, y que el agravio a la Constitución y el desprecio por los fallos populares representa costos políticos elevados de los que no podrán evadirse.

Si todo ha sido muy lamentable, no lo es menos que el Presidente resuelva intervenir por los motivos que ha invocado. Antes que para “guardar y defender la Constitución de la República”, como juró por su honor, que lo haga para precaver a su fracción política de la pérdida de votos, es al menos condenable. En cualquier caso, si lo que el jefe de Estado hizo no es en nombre de todos los uruguayos sino de su interés partidario pero, en última instancia, contribuye indirectamente a evitar el atentado que parecía casi consumado, y a preservar la tradición nacional de respeto al mandato de las urnas, bienvenido.

Por cierto, conociendo la debilidad del liderazgo y la inconsistencia que caracteriza al elenco de gobierno, es imposible pronosticar el final de la historia. Lo único seguro es que no será feliz.

En los últimos días, según los trascendidos, se han venido manejando fórmulas alternativas a la malhadada “anulación” que recientemente votó el Senado. Entre ellas, la propuesta del Dr. Martín Risso, en el sentido de revocar todos los actos administrativos dictados en aplicación de la ley de caducidad, aunque discutible, es lo más razonable – casi lo único – que se ha visto y escuchado.

Según se dice, algunos sectores del Frente, tal vez complementariamente, estarían pensando en la derogación de la norma, en sustitución del proyecto que considera la Cámara de Representantes. Si esa fuera la variante, expresamos desde ya, a título personal, que estamos en contra. Reconocemos que se trataría de un planteo diferente, que seguiría siendo discutible a la luz de los dos pronunciamientos populares, pero respetaría la Constitución. Sin embargo, nosotros no estaríamos dispuestos a acompañarlo, no solo por la duda que ya deslizamos, sino, además, por razones de carácter político muy concretas y específicas.

Cabe recordar que la derogación de la ley de caducidad ha sido evaluada por algunos compañeros nacionalistas prestigiosos, entre los cuales se cuentan legisladores que presentaron iniciativas en dicho sentido. De más está decir que se trata de una posición legítima.

A nuestro juicio, en las actuales circunstancias y a la luz del contexto en el que nos encontramos, la ley de caducidad no debería desaparecer. Las normas de rango legal, además de consagrar derechos, deberes y garantías o de crear situaciones jurídicas, son documentos políticos que, en ocasiones, contienen declaraciones referidas al momento histórico. La que nos ocupa es un ejemplo típico de eso.

Hemos dicho, incluso en el debate parlamentario, que el verdadero propósito de la izquierda, en todo esto, es el de reescribir la historia e imponer su tradicional dialéctica, según la cual la ley de caducidad jamás tuvo justificación y, aún, no obedeció a ninguna causa particular, a excepción del intento de sus votantes en cuanto a instaurar la impunidad de los militares que violaron los derechos humanos. El Frente procura, erradicando el instrumento del sistema jurídico, cualquiera sea la fórmula final, lograr una victoria histórica oficializando su versión de los hechos. Como sea y cueste lo que cueste.

La verdad material, sin embargo, está demostrado que fue drásticamente diferente. La caducidad fue consecuencia directa del pacto que realizaron, en el Club Naval, los partidos políticos – a excepción del Partido Nacional – con las Fuerzas Armadas, en agosto de 1984. Eso es lo que manifiesta expresamente el artículo primero de la ley, y es la verdad histórica.

Por lo tanto, derogar un texto legal con ese contenido político, sobre la base de que ya cumplió su finalidad, que el país supo encaminarse hacia la pacificación, y que aquella crisis institucional que se cernía y fue conjurada pertenece al pasado, es aceptable y puede sostenerse. En cambio, postular la misma medida sobre el presupuesto redentor de que quienes concibieron aquello fueron poco menos que cómplices de los violadores, y que la ley de caducidad es – y siempre fue – una vergüenza nacional, implica un criterio totalmente diferente que nosotros, por lo menos, no estamos dispuestos a convalidar”.

Fuente: La Democracia.

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“Todo hace suponer que con los votos del Frente Amplio, férreamente encuadrados por la disciplina partidaria, será sancionado en la Cámara de Diputados el proyecto de ley que, eufemismos aparte, anula la Ley de Caducidad. Al proceder así, los legisladores frenteamplistas desconocerán dos pronunciamientos populares (el referéndum de 1989 y el plebiscito de 2009), y con ellos, el principio de la soberanía nacional (artículos 4 y 82 de la Constitución) que es la  base misma del régimen democrático. El proyecto de  ley en cuestión también quiebra el principio de la separación de poderes, que impide al Poder Legislativo arrogarse competencias exclusivas del Poder Judicial,  y lesiona derechos humanos fundamentales, como el derecho a la seguridad jurídica, vulnerado por el desconocimiento de la cosa juzgada y las prescripciones ya operadas.

El proceso de formación de las leyes, empero, no concluye con la sanción  de los proyectos por el Poder Legislativo,  sino con su promulgación por el Poder Ejecutivo. Y la Constitución le da al Poder Ejecutivo el poder y el deber, al mismo tiempo, de vetar los proyectos de ley que considere inconstitucionales o inconvenientes, devolviéndolos a la Asamblea General para estar a lo que ella resuelva (artículos 137 y siguientes de la Carta).

La inconstitucionalidad de este proyecto de ley es evidente. El presidente Mujica ya ha dicho, además, que considera que lesiona la unidad nacional. ¿Puede haber fundamentos de más peso para que el Poder Ejecutivo se rehúse a promulgar un proyecto de ley?

Es cierto que el presidente dijo que no utilizaría el instituto del veto durante su mandato, porque no quiere “enmendarle la plana al Parlamento, que es la cosa más representativa que hay”.

Pero Mujica también dijo en la campaña electoral del año 2009 que acataría el resultado del plebiscito de ese año y que no utilizaría la mayoría parlamentaria “para enmendarle la plana al pueblo”; en la red está circulando profusamente, en estos días, el fragmento del programa de “Código País” en el que el candidato Mujica (acompañado por su compañero de fórmula de entonces, el Cr. Astori) formuló esa declaración.

Si hay que elegir entre enmendarle la plana al Cuerpo Electoral o al Parlamento, ningún demócrata puede dudar: el Cuerpo Electoral ejerce directamente la soberanía nacional, mientras que el Parlamento lo hace en forma indirecta (artículo 82 de la Constitución). Aquél está por encima de éste, y esa es la razón por la que contra las leyes que sanciona el Parlamento, cabe interponer el recurso de referéndum para ante el Cuerpo Electoral (artículo 79).

José Mujica tiene que elegir entre ser el presidente de “la fuerza política”, o el presidente de todos los uruguayos. Si elige lo primero, faltará a sus deberes constitucionales. Si elige lo segundo, tiene que vetar un proyecto de  ley contrario a la Constitución y lesivo de la unidad nacional, como él mismo lo ha señalado”.

OPE PASQUET.

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Paralelamente respaldamos al diputado Esteban Pérez que denunció haber sido víctima de un operativo de prensa de un medio que utilizó su nombre para sembrar confusión.

El MPP ratifica a través de este medio que sus diputados votarán afirmativamente la normativa aprobada en la Cámara Alta que anula la Ley de Caducidad.

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¿Por qué habría yo de estar nervioso porque se juzguen las violaciones a los Derechos Humanos perpetuadas por los arquitectos o los profesores de literatura en mi país o alrededor del mundo? El problema no es que hayan sido profesores, obreros o militares durante la dictadura sino, simplemente, que hayan violado los Derechos Humanos de un solo individuo.

Dentro de esta misma confusión, el General Jorge Rosales afirma que existe una “predisposición del consiente colectivo” hacia las Fuerzas Armadas.

Eso hay forma de solucionarlo. Pero mientras no se sepa quienes cometieron crímenes y nunca lo pagaron con un solo día de cárcel, y ni siquiera han tenido el detalle de reconocerlo o ayudar un poco en la búsqueda de los desaparecidos antes de pedir perdón, entonces la población podrá desconfiar de cualquiera de los militares retirados. Los militares más jóvenes sólo pueden ser acusados de apoyar la perpetuación el silencio y la impunidad, pero hasta ahora nadie los ha acusado de ser responsables de los delitos que se cometieron en el pasado. Ni siquiera se acusa a la institución.

Es decir, que la queja parte de un malentendido que los mismo militares de hoy alimentan, no solo con su silencio sino ahora también con declaraciones muy reveladoras de este tipo.

¿Por qué se insiste en enseñarnos que la paz se puede alcanzar olvidando y perdonando a quienes nunca han sido juzgados y nunca se han arrepentido de nada?

¿O es que en el fondo estamos de acuerdo en que a veces, en determinadas circunstancias, es lícito secuestrar, torturar, asesinar para evitar que otros lo hagan primero pero de forma no profesional?

¿No ha sido acaso ese mismo método (el olvido sistemático, por ley, pro referéndum o por decreto) el que se ha aplicado desde el fin de la dictadura y todavía no han logrado calmar la necesidad de justicia de los familiares de las víctimas?

¿Es que acaso las víctimas deben agradecer “cierto grado” de justicia? ¿Debemos acusarlos de revoltosos o de insaciables porque piden toda la justicia o la misma justicia que tienen otros ciudadanos pertenecientes a otros estamentos sociales? Porque cuando la ley no es igual para todos estamos en una sociedad estamental, como en la Edad Media donde a cada clase social se le aplicaban leyes diferentes; como en las actuales relaciones internacionales donde los más fuertes siempre tienen la justicia de su lado.

¿Cómo explicarles a los jóvenes que la justicia siempre hace descuentos especiales para criminales mayoristas? ¿Cómo explicarles a los más viejos que la paz de los cementerios ha sido honrada con la paz de la injusticia?

Jorge Majfud.

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¿Está de acuerdo a que se declare inaplicable la Ley de Caducidad? Obtuvo como resultado prácticamente un estado técnico.

En ese sentido, en contra se pronunció el 48% con una leve ventaja de un 1% sobre quienes están a favor.

Quienes no están ni a favor ni en contra representan el 3% mientras los que no saben o no contestan son el 2%.

El universo de opiniones comprendió al Martes 16 de noviembre a los 520 usuarios.

¿Está de acuerdo a que se declare inaplicable la Ley de Caducidad?

* No. (48%,)

* Sí. (47%,)

* Ni sí, ni no. (3%,)

* No sabe, no contesta. (2%,)

Votos Totales: 520.

Fuente Imagen: agenciapulsar.org

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1 – El pasado jueves la Cámara de Diputados dio media sanción al Presupuesto Nacional. El Partido Socialista hace suya la evaluación efectuada por su Bancada parlamentaria –se adjunta- y entiende que con la aprobación del Presupuesto continúan consolidándose los cambios iniciados en el primer gobierno del Frente Amplio, y profundizan los mismos a partir de las prioridades definidas por  parte de nuestro actual gobierno.

Creemos que la etapa que se abre en el Senado permitirá a nuestro Frente Amplio ajustar y mejorar el trabajo ya realizado en Diputados. En ese sentido los socialistas pondremos especial énfasis en:

·         Que se profundice el diálogo con los trabajadores organizados en torno al proceso de Reforma del Estado, que tiene aún un tímido desarrollo en la propuesta presupuestal, especialmente en el capítulo dedicado a los funcionarios públicos, y dotar de mayor claridad a la propuesta de reestructura en los tres Ministerios que habrán de servir de plan piloto (MVOTMA, MIEM Y MSP).

·         Profundizar los rasgos de inversión y desarrollo en temas como vivienda, infraestructura y protección social de forma de mejorar la distribución de la riqueza.

2 – Reafirmamos el papel protagónico de las empresas públicas y el Estado en áreas estratégicas para el país, sin desestimar la participación de capitales privados que se sumen a la inversión pública. En este sentido el Partido Socialista respalda totalmente el compromiso del compañero Presidente de la República de potenciar el transporte ferroviario en el país.

Comprometemos nuestros esfuerzos para dotar a AFE  de los recursos económicos que le permitan reestructurarse como empresa, dar continuidad a la recuperación de vías y obtener el equipamiento ferroviario necesario.

3 – La Dirección Socialista expresa su compromiso con el acuerdo alcanzado en el Frente Amplio y ratifica su apoyo a la iniciativa de un proyecto que ponga fin a la vigencia de la Ley de Caducidad, a presentar en el Parlamento Nacional.

4 – Apoyamos la profundización de la implementación del Sistema Nacional Integrado de Salud que dirige el Ministerio de Salud Pública; así como el cronograma de ingreso al FONASA  de los jubilados.

Valoramos especialmente los esfuerzos que el MSP está haciendo para contemplar a los más necesitados (discapacitados de mayor edad y en mayor pobreza) a partir del 2011.

v     Entendemos que ASSE -cuyo presupuesto de U$ 600 millones es histórico para la salud pública del país- está llamado a jugar un papel definitorio en cuanto a elevar la calidad de la atención para asegurar el derecho a la salud de las ciudadanas y ciudadanos más necesitados.

Para ello, la capacidad de gestionar los recursos con transparencia y en base compromisos concretos de gestión se vuelven decisivos.

5  – Finalmente, queremos expresar nuestro total apoyo al compañero Presidente en cuanto a sus manifestaciones sobre la necesidad de adecuar el precio de la carne en el mercado interno; así como el criterio redistributivo que debería orientar la reducción del IVA, para que beneficie sustancialmente a los sectores más vulnerables y a las clases medias.

16 de Octubre de 2010.

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