“Declaración Política

El Comité Ejecutivo Nacional del Partido Socialista ha analizado la situación planteada a partir de la posibilidad de modificar la Ley de Humanización del Sistema Carcelario, en lo que respecta a incluir como causal de aplicación de medidas alternativas a la prisión, a los procesados por violación de los Derechos Humanos mayores de 70 años.

En este sentido, entendemos necesario realizar las siguientes consideraciones:

En primer lugar, a partir de la asunción del primer gobierno frenteamplista, nuestro país ha avanzado fuertemente en la adecuación de la legislación uruguaya a la normativa internacional más avanzada, referida al respeto a los Derechos Humanos y la sanción a los delitos de lesa humanidad, torturas, genocidio, entre otros. Esta nueva normativa adoptada coloca a nuestro país a la vanguardia en el contexto internacional en la materia.

En segundo lugar, existe en nuestra legislación, la ley 17.897, que prevé los casos en que se faculta a los jueces la posibilidad de aplicar medidas alternativas a las penas de reclusión, incluida la prisión domiciliaria, tomando en cuenta la edad avanzada de la persona que delinque, así como sus antecedentes y, sobre todo, la gravedad del delito cometido.

Al respecto, la bancada socialista en el Parlamento solicitará a la bancada del Frente Amplio desarchivar un proyecto de ley que avanza en la temática, explicitando las condiciones en que se deben aplicar las alternativas medidas a las penas de reclusión.

En tercer lugar, el Partido Socialista entiende, -y así mandatará a su bancada parlamentaria a actuar- que las personas procesadas por delitos de lesa humanidad, cometidos durante la dictadura a través de acciones enmarcadas en el terrorismo de Estado, no serán pasibles de beneficiarse de medidas alternativas a la prisión bajo ninguna circunstancia”.

Partido Socialista – Frente Amplio.

Comité Ejecutivo Nacional.

Lunes 5 de abril de 2010.

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La Presidenta del INAU, Nora Castro, explicó que se realizó una propuesta al sistema judicial para aplicar medidas alternativas a los casos de menores infractores. Señaló que se trata de «abrir las puertas de los centros» para que los chiquilines salgan directamente a la calle y no permanezcan en los centros de rehabilitación del instituto. Aclaró que este tipo de pena está prevista en el Código de la Niñez y la Adolescencia. Reveló que para que se aplique esta nueva modalidad se tienen que cumplir determinadas condiciones.

En este sentido, manifestó que el joven tiene que haber cumplido determinado periodo de su pena, haber demostrado buena conducta. Cumplido esto requisitos, será entrevistado por un Juez, con los fiscales y con defensores presentes que resolverán si ese infractor puede ampararse a estas medidas alternativas a la privación de libertad. Estas medidas son: arresto domiciliario, libertad asistida o trabajo comunitario.

Específicamente, indicó que el arresto domiciliario es una medida en donde el muchacho, que vive con una familia, o un referente comunitario será vigilado por un equipo del propio INAU con medidas socioeducativas.

El número de causas que van a estudiarse rondan alrededor de 50 jóvenes.

A nivel país, hay 356 adolescentes que ya están cumpliendo este tipo de disposiciones alternativas a la privación de libertad, con resultados muy buenos. En un departamento, que la Jerarca no quiso revelar el nombre, de 49 chicos solo 3 reincidieron con delitos menores. Los demás se reincorporaron al sistema educativo. Castro precisó que estas medidas no las toma el INAU, por lo que establece la Convención y las Normas de Naciones Unidas, claramente diciendo que la privación de libertad tiene carácter excepcional y que debe ser lo última opción que se tome.

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Se realiza en Montevideo la “Jornada Nacional sobre Medidas Alternativas con especial énfasis en el abordaje del consumo problemático de drogas”.

Participaron del acto de apertura: el Ministro del Interior, Jorge Bruni; el Secretario General de la JND, Milton Romani; el Ministro de la Suprema Corte de Justicia, Jorge Ruibal Pino; el Subsecretario del Interior, Ricardo Bernal; el Subsecretario de Salud Pública, Miguel Fernández Galeano, la Fiscal Letrada Nacional en lo Penal Especializada en Crimen Organizado de 1º Turno de la Fiscalía de Corte, Mónica Ferrero; el representante del Centro de Estudios Judiciales, Ángel Cal, y la Directora del Patronato de Encarcelados y Liberados, Cristina Gil.

Milton Romani explicó que se inició un proceso desde la JND, trabajando en base a un convenio con la Suprema Corte de Justicia en varios planos, con resultados fructíferos. Lo mismo con el Ministerio del Interior y el Patronato.

Las prácticas a nivel internacional comprueban que estas medidas son mucho más eficientes en materia de reinserción social y rehabilitación que las prisiones, aunque sean prisiones no hacinadas como las que tenemos.

Ahora se está abogando por un proceso de reforma integral del sistema penitenciario, porque se entendió como un compromiso derivado del problema drogas.

Romani apeló al debate sobre las medidas alternativas a la prisión. Las medidas alternativas son una necesidad no solamente humanitaria sino de buen negocio. Son un buen negocio en materia de inversión del Estado y de inversión en capital humano.

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La apertura del evento estará a cargo del Ministro del Interior, Jorge Bruni, el Prosecretario de la Presidencia, Jorge Vázquez, el Ministro de la Suprema Corte, Jorge Rubial, la Fiscal Letrada Nacional en lo Penal, Mónica Ferrero y el Secretario General de la JND, Milton Romani.

En la oportunidad participara el experto Brasilero, Geder Luis Rocha Gomez, Fiscal de Bahía Responsable de la responsable de la aplicación de medidas alternativas.

Este trabajo tiene como objetivo promover el uso de medidas alternativas mediante la formación y motivación de jueces, fiscales y profesionales vinculados a la utilización de las mismas.

En esta jornada se desarrollaran temáticas como las «Experiencias de buenas prácticas de medidas y penas alternativas al encarcelamiento de Brasil y Uruguay», Principales desafíos en materia de aplicación de medidas alternativas al encarcelamiento y estrategias para el tratamiento del delito vinculado al consumo problemático de drogas.

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