Abierto a público en general.

Con la presencia de su autor Teivo Teivanen.

La presentación se realizará el día jueves 7 de diciembre, a las 18 horas en la Sala Francisco Acuña de Figueroa en el Anexo del Palacio Legislativo.

Al finalizar habrá espacio para comentarios

Presentan:

(Movus) Movimiento por un Uruguay Sustentable y No al tren de UPM

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Como había sido advertido por algunos investigadores, Capurro reconoció ante los periodistas presentes que el denominado Contrato de Inversión firmado entre el gobierno uruguayo y UPM presenta diferentes valores en las versiones en inglés y español sobre el monto de la tarifa que debería pagar la empresa para el transporte de celulosa y químicos por esa vía férrea.

El economista de CPA Ferrere confirmó que la empresa UPM solo pagará medio centavo de dólar estadounidense por tonelada bruta por kilómetro transportada. De esta manera, el pago anual de UPM sería inferior a tres millones de dólares anuales por el uso de un ferrocarril que nos costará a los uruguayos más de 2.200 millones de dólares estadounidenses.

Eso coincide con la versión en inglés del contrato pero no con la versión en castellano disponible en la Web de Presidencia de la República y hasta ahora considerada oficial.

En la mencionada presentación también se hablo de las posibilidades de otras cargas para esa vía, pero es una opción para la cual no se han previsto en la obra los centros de acopio ni logísticos indispensables para operar los 2 millones de toneladas extra que se dijo.

Esa cifra no coincide además con el Proyecto de Ferrocarril presentado a la Dinama por el Ministerio de Transporte y Obras Públicas (MTOP) que se refiere a un máximo de 900.000 toneladas, especificando que esas cargas podrían demorar hasta 14 horas en el trayecto entre Paso de los Toros y Montevideo al ser la preferencia de uso de la vía para UPM.

Es sumamente grave este reconocimiento. Mientras se sigue avanzando en comprometer al país en obras por y para UPM que significarán una pesada carga al erario público y específicamente en el caso del Ferrocarril Central ya se están comprometiendo recursos y se realizan acciones sin que se haya aprobado siquiera la autorización ambiental del proyecto.

«No venderé el rico patrimonio de los orientales al bajo precio de la necesidad». José Artigas.

Fuente Imagen: subrayado.com.uy

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Integrantes del Movimiento por un Uruguay Sustentable, de la Asamblea Por el Agua y de Colectivo Espika, fueron recibidos por la Junta Departamental para informarse y plantear su posición sobre la venta de 700 hectáreas de monte nativo que pretende hacer la Intendencia de Canelones.

La Comuna mantiene una gran deuda con ANCAP, y para saldarla, el Intendente Marcos Carámbula y el Secretario General Yamandú Orsi, solicitaron a la Junta Departamental desafectar del uso público y autorizar la venta de los padrones 2366 de Santa Lucía y 3232 de Ciudad de la Costa .

El padrón 2366, que se extiende desde Santa Lucía hasta Aguas Corrientes, es en su mayoría monte ribereño y humedales, que tiene una función vital para el ecosistema y el mantenimiento de la calidad del agua. Este monte es esencial para amortiguar los efectos del modelo productivo que se viene promoviendo en el país.

Las organizaciones realizaron una presentación explicando aspectos técnicos y jurídicos, y plantearon que el padrón debe quedar en manos de la Intendencia para uso de las comunidades, y para la recuperación del monte ribereño.

Algo que llama la atención es que el predio es monte nativo, con tierras inundables y que está en la zona A, declarada prioritaria para la conservación de la cuenca, por el Ministerio de Medio Ambiente en las medidas presentadas para solucionar el problema de contaminación del río. La venta de un predio con estas características, en el que prácticamente no se podrían desarrollar actividades productivas, parece esconder algo, es dudosa. ¿A quién le puede interesar? ¿Para qué?

A los ediles se les solicitó esta información, entre otras:

¿Qué uso está previsto darle al predio una vez vendido?

Acceder al documento por el que la Intendencia adquirió el predio

Acceder a los informes jurídicos y notariales de la Intendencia sobre el asunto en cuestión

Conocer el detalle de la millonaria deuda con ANCAP

Conocer la posición de los Concejos Municipales involucrados en el tema

Además se realizaron diez solicitudes amparados en la ley de acceso a la información pública a la Intendencia, por lo que se espera acceder a información sustancial para el asunto a la brevedad.

La organizaciones esperan que los ediles y el Intendente brinden toda la información solicitada a la brevedad y que no se tome ninguna decisión a espaldas del pueblo.

¡La venta de estas tierras significarían un error histórico! ¡Exigimos que las deudas con ANCAP se paguen con otros medios, y no con lo poco que queda de monte ribereño!

Mesa de Trabajo de la Asamblea Por El Agua del Río Santa Lucía

porelagua@sejuntalagentge.org

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La Kandela es una radio comunitaria reconocida por los más diversos sectores de la sociedad de Tacuarembó y es afiliada a ECOS, la Federación de Radios Comunitarias del Uruguay. Entre los temas que integran la prédica de esta radio se encuentran la defensa de la libertad y diversidad sexual, la denuncia de violaciones a los derechos humanos en las cárceles locales, la defensa de la libertad de prensa y los derechos sindicales de los obreros de la construcción y las trabajadoras domésticas. En el local de La Kandela funciona una biblioteca popular, se desarrollan actividades culturales y se reúnen diversas organizaciones sociales. Esta radio fue ganadora del Fondo Para el Desarrollo de Infraestructuras Culturales en el interior del país 2010 del Ministerio de Educación y Cultura. Por último, La Kandela es integrante de la Comisión Tacuarembó por la Vida y el Agua que presentó una iniciativa popular con el respaldo de 13.000 firmas para la realización de un plebiscito que prohíba la megaminería metalífera a cielo abierto en todo el departamento.

Alegando que debían cumplir una orden del Presidente, los funcionarios de la URSEC pretendían llevarse el trasmisor de la radio y, como los miembros de La Kandela se negaron, amenazaron que volverían con la policía y orden judicial para llevarse todos los materiales. La URSEC alega que La Kandela no tiene registro legal, pero esto un argumento falaz porque esta radio se inició en 2009 y desde 2008 que el gobierno no realiza llamados abiertos de inscripción.

El Movimiento por un Uruguay Sustentable (MOVUS) llama una vez más a los medios de comunicación, a las organizaciones sociales y a las asociaciones de periodistas y comunicadores en especial, a los partidos políticos y a la ciudadanía a repudiar estas conductas y exigir el respeto de las libertades de expresión y de pensamiento garantizados por la Constitución y la ley de nuestro país.

Movimiento por un Uruguay Sustentable.

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“Los debates de esta semana en la Cámara de Senadores, sobre el Proyecto de Ley de Minería de Gran Porte, mostraron dos carencias fundamentales para justificar una iniciativa de esta magnitud. La primera, el hecho de que esta ley solo cuenta con los votos del oficialismo. Y la segunda, que se ha visto reforzada, es la validez del cuestionamiento y el rechazo social a esa propuesta.

Las intervenciones de los senadores de la oposición no solo tuvieron en consideración gran parte de las críticas realizadas por las organizaciones sociales a este proyecto de ley. Además dejaron constancia de que la propuesta del oficialismo violentó en varios puntos el acuerdo de la Comisión Multipartidaria, que fue convocada por el Poder Ejecutivo en 2011 con la finalidad de definir una «política de Estado» ante lo que constituye un cambio de la matriz productiva del país.

Entre las inconsistencias del proyecto se señaló el capítulo sobre el Plan de Cierre de Minas, que ha sido presentado como un gran avance en las exigencias ambientales. La propuesta deja el plan de cierre librado a una definición sin límites precisos. Y la empresa Aratirí -que negocia el contrato con el gobierno-, expresó ante la comisión del Senado que analizó el proyecto, que su plan es que esos inmensos cráteres se rellenen con agua de lluvia a lo largo de 80 años.

Otro aspecto clave del proyecto es el capítulo sobre el Régimen Tributario donde, contrariando las declaraciones oficiales que hablan de mayor exigencia y grandes ingresos económicos, esta ley habilitaría importantes beneficios fiscales eximiendo a la megaminería del impuesto al patrimonio, del IVA, así como de gravámenes a la importación y la exportación, sin contar la energía barata que le proporcionaría UTE a Aratirí con la proyectada regasificadora. El tributario es otro punto clave donde no se cumplieron los criterios definidos en el Acuerdo Multipartidario.

A lo anterior se suma el capítulo sobre el Contrato de Concesión, un tema que no fue considerado en la Comisión Multipartidaria y por el cual se autoriza a la megaminería a superar el límite de 500 hectáreas del Código de Minería. Incluyen también aquí los beneficios fiscales y su mantenimiento en el tiempo, las informaciones que tendrán carácter confidencial, los compromisos del gobierno de realizar las obras de infraestructura requeridas por la actividad minera y un mecanismo de resolución de controversias cuando esto es competencia de la Justicia uruguaya.

Las intervenciones de los senadores del Partido Nacional y el Partido Colorado coincidieron con los principales cuestionamientos hechos por el Movimiento por un Uruguay Sustentable (MOVUS) a este proyecto. Hubo coincidencia también en calificarlo como una «ley con nombre y apellido», refiriéndose a Aratirí, ya que sus disposiciones y beneficios excepcionales van dirigidos a habilitar el proyecto de explotación a cielo abierto en gran escala del hierro de Valentines.

Esto no hace más que reafirmar el cuestionamiento al proyecto Aratirí y a esta iniciativa legislativa que lo complementa. Cuestionamiento que se inició con los productores rurales y las poblaciones de la costa oceánica que serían afectadas directamente y que se traduce hoy en un movimiento de un amplio espectro de la sociedad que, en defensa de la tierra y los bienes naturales, estima que la megaminería metalífera a cielo abierto no es una opción válida para el país.

Es ilustrativo el resultado de una encuesta de opinión pública divulgada en estos días donde solo un 28% de la población uruguaya mayor de 18 años se mostró de acuerdo con la minería a cielo abierto en Uruguay y con el proyecto Aratirí, mientras un 46% se manifestó en contra, un 12% no opinó y otro 12% no conoce el tema. El Grupo Radar responsable de la encuesta aclaró que la misma «no fue contratada en exclusividad por ninguna empresa, medio o partido político».

La conclusión que se desprende de esta síntesis es que la propuesta ley de minería de gran porte, aunque disponga de la mayoría parlamentaria, no cuenta con el apoyo político y social requerido para tomar esa decisión. No solo carece del acuerdo necesario de los partidos políticos, le falta el imprescindible acuerdo social que, como hemos reclamado, debería plasmarse en la información adecuada, junto con el debate necesario, y la consulta democrática a la sociedad”.

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“En la Rendición de Cuentas a consideración del Parlamento, el Poder Ejecutivo incluyó dos artículos que modifican la ley sobre el Derecho de Acceso a la Información Pública, de octubre de 2008. Los artículos propuestos permitirán que el gobierno y otros organismos del estado denieguen información a los ciudadanos sobre asuntos de interés general.

Entre los cambios propuestos, se crean dos nuevas excepciones con respecto a la ley 18.381. La primera, en el artículo 37 faculta a un organismo estatal a clasificar como reservada aquella información cuya difusión pueda “afectar procedimientos de control, evaluación, investigación o deliberación de los sujetos obligados, hasta que sea adoptada la decisión respectiva.”

La segunda modificación permitirá que la información se clasifique como reservada «tanto en el momento en que esta se genere, obtenga o modifique, como en el momento en que se reciba una solicitud de acceso, cuando no se hubiera clasificado previamente», según el mismo artículo 37 del proyecto de Rendición de Cuentas que se encuentra a estudio del Poder Legislativo.

La Ley de Acceso a la Información Pública garantiza el acceso de los ciudadanos a cualquier documento oficial que no haya sido clasificado como reservado y, si fuera este el caso, exige que la autoridad justifique tal calificación. Como se comprende fácilmente, esta ley formaliza un derecho humano fundamental y propende a la transparencia de la función pública.

El Movimiento por un Uruguay Sustentable (MOVUS) es una asociación civil que ha comprobado la importancia de esta ley cuando su aplicación, incluso recurriendo a acciones judiciales previstas en la misma, fue la única vía que aseguró el acceso a una información fidedigna sobre la naturaleza de los posibles impactos ambientales y sociales del proyecto Aratirí.

Esta fue la base para realizar una crítica fundada de este y otros proyectos, que ha permitido informar a la ciudadanía y que esta pueda forjarse una opinión al respecto. Si se llegara a aprobar la primera modificación señalada, se estaría vulnerando esta posibilidad y se condenaría a la población a recibir información solo después de consumadas las decisiones oficiales.

Es un principio irrenunciable – presente por demás en todo documento que hable de un desarrollo sostenible – que la población debe estar en condiciones de participar de manera libre, previa e informada, en el diseño, la aprobación y la ejecución de los proyectos de desarrollo que puedan afectar sus formas de vida, sus derechos y sus culturas, presentes y futuras.

El MOVUS hace un llamado de atención a la opinión pública y a los legisladores para rechazar lo que constituye, lisa y llanamente, un intento de limitación de un derecho ciudadano fundamental. Una ciudadanía informada es la condición para construir una sociedad conciente y responsable, capaz de decidir, en libertad y democráticamente, su destino y el de sus herederos”.

Movimiento por un Uruguay Sustentable

13 de julio de 2013.

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El MOVUS llama a redoblar la lucha en defensa de los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales de los uruguayos.

Días pasados se llevó a cabo la II Asamblea Nacional de Derechos Humanos con la participación de decenas de representantes de organizaciones sociales de todo el país. Del informe que recogió las reflexiones de la jornada, extraemos lo siguiente:

► Es necesario “buscar la forma de unificar todas las luchas por los diferentes derechos humanos, siendo que todos ellos son expresión de la dignidad humana en su integridad”.

► “Hoy no es posible hablar ya de derechos económicos, sociales y culturales, sino que la doctrina aceptada impone hablar de derechos económicos, sociales, culturales y ambientales (DESCA) en la llamada segunda generación de derechos humanos”.

En el Día del Medio Ambiente, el Movimiento por un Uruguay Sustentable (MOVUS) coincide con estas reflexiones y agregamos que hoy más que nunca es imperiosa la necesidad de hacer saber a toda la población los riesgos que se corren al pretender embargar a nuestro país en proyectos mineros de gran envergadura que violarán los derechos de todos a favor de la ganancia económica de unos pocos.

No menos importante son los siguientes fragmentos del mismo informe:

► “que la exigibilidad de estos derechos mal puede lograrse, si no está precedida de un conocimiento claro y preciso de todos ellos y su alcance, cosa que aún no se ha logrado”

► “que debemos entender como causa última de la violación de los DESCA, la existencia de un sistema socioeconómico que – desde la conquista de este territorio – funciona priorizando el lucro y la apropiación de los bienes naturales en beneficio de unos pocos en lugar de su uso social por todos y todas en igualdad de oportunidades”.

También coincidimos con la Asamblea de Derechos Humanos en que no sólo es grave el hecho de que los grupos y los temas relacionados con las violaciones de los derechos sociales y ambientales son invisibilizados, sino que quienes denuncian dichas violaciones son tildados de “fundamentalistas” o “radicales”. A la vez, existe una notoria falta de educación sobre los derechos económicos, sociales y ambientales y por ende no hay una participación real de la población por su reclamo.

El MOVUS, un movimiento que nuclea a ciudadanos y organizaciones sociales, productores agropecuarios, sindicatos, investigadores, docentes, académicos, asociaciones de vecinos y grupos autoconvocados, hace un llamado en este día a redoblar el esfuerzo por impedir la instalación en el país de proyectos que implican la pérdida de suelos productivos, de trabajo digno, de identidad y cultura de comunidades vinculadas a la tierra y el mar, en definitiva, violaciones a los derechos humanos de los habitantes de esta tierra fértil y hermosa que es el Uruguay.

Fuente Imagen: www.natura-medioambiental.com

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Ante la comisión que analizó este proyecto de ley, el Movimiento por un Uruguay Sustentable (MOVUS) planteó la necesidad de una amplia discusión en nuestra sociedad para decidir si los uruguayos queremos o no la megaminería metalífera a cielo abierto porque ningún partido político había planteado esa opción hasta ahora y para tomar una decisión de esta envergadura es necesaria una elección o un plebiscito nacional.

En esa instancia el MOVUS planteó las siguientes objeciones a este proyecto de ley:

1) El proyecto de ley a consideración del Parlamento es ajeno a la realidad del país. Uruguay posee un sistema natural de tierras privilegiado en el mundo, sus yacimientos minerales son pequeños y de escasa concentración. La minería a cielo abierto en gran escala destruye en forma irreversible y entonces, por un negocio de 12 a 15 años, estaríamos hipotecando el futuro de nuestros hijos y de nuestros nietos.

2) La destrucción del ecosistema y la corta duración de la actividad han sido reconocidas por las autoridades económicas en la comisión legislativa que estudió este proyecto. Ese ritmo de extracción es depredador no solo en la zona minera, también está asociado al mineroducto y el puerto de aguas profundas, que afectarán otros departamentos.

3) Destrozar un territorio productivo y poblado por un negocio de ocasión, no es la manera de gobernar el país. Se violaría el Artículo 47 de la Constitución de la República. Hay un solo proyecto de minería de gran porte posible en Uruguay, que es el proyecto Aratirí de Zamin Ferrous, y resulta obvio que esta ley está hecha para ese proyecto.

4) Zamin Ferrous es una empresa creada en 2005, con sede en un paraíso fiscal, que no cuenta con antecedentes de explotación minera y acostumbra falsear la información al público. Fue creada para aprovechar la especulación financiera internacional con las materias primas y los metales. Pero es peor aún, el proyecto propone que el titular de la concesión sea una entidad financiera, un fondo de inversión, no la empresa minera.

5) En caso de un litigio con la minera, el proyecto de ley traslada la resolución del conflicto a la jurisdicción internacional, donde las empresas extranjeras tienen mayor respaldo, como está pasando hoy con el juicio de la tabacalera Philip Morris contra Uruguay.

6) El gobierno y la empresa se quieren reservar la confidencialidad de sus acuerdos. Los contratos de inversión del gobierno con empresas extranjeras, salvo datos particulares, deben ser de conocimiento público. El gobierno es el administrador de la cosa pública, no es el dueño del patrimonio nacional, que pertenece a todos los uruguayos.

7) Se divulgan grandes cifras sobre el aporte económico de este proyecto para el país, pero lo que le quitan a la minera de un lado, se lo entregan por el otro con estímulos y beneficios. Una actividad que duraría a lo sumo 15 años, porque no hay mayores riquezas minerales y porque cada vez hay mas noticias de agencias especializadas hablando de una baja de los precios de los metales en los próximos años por superproducción, no es significativa en la historia de un país y menos cuando se destruye una zona productiva que ha dado y seguirá dando beneficios a sus habitantes y al país.

Consideramos por tanto que este proyecto de ley es altamente inconveniente para el país y no puede ser aprobado por el hecho de contar con una mayoría parlamentaria. Los legisladores son representantes y no los dueños de la voluntad de los electores.

Por todo ello, convocamos a la ciudadanía a concurrir a la sesión de la Cámara de Diputados del próximo miércoles 17, desde las 10 horas en adelante, para expresar la oposición a este proyecto.

Fuente Imagen: minería.com.uy

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Jueves 7 de marzo, 14 – 18.30 horas.

Sala Paulina Luisi – Anexo del Palacio Legislativo.

PROGRAMA

■ «Filosofía del Código de Minería ante el proyecto de ley de minería de gran porte», Dr. Alfredo Caputo, profesor del Curso de Posgrado sobre Derecho Minero de la Facultad de Derecho de la Universidad de la República.

■ «Acceso a la información y participación ciudadana en emprendimientos de gran porte», Dr. Edison Lanza, periodista e integrante del Centro de Archivo y Acceso a la Información Pública (CAINFO).

■ «El proyecto de ley desde la mirada del Derecho Ambiental», Dr. Marcelo Cousillas, profesor del Curso de Derecho Ambiental en la Universidad de la República y en la Universidad de Montevideo; Director de la Asesoría Jurídica de la Dirección Nacional de Medio Ambiente (DINAMA).

■ «Inversión extranjera en minería, costos y beneficios», Dr. Julián Alcayaga Olivares, economista y abogado chileno, Presidente del Comité de Defensa y Recuperación del Cobre de Chile.

■ «Minería de Gran Porte, Estado Ambiental de Derecho, Estado Teatral y Derecho Ambiental de utileria», Dr. Ricardo Gorosito, profesor de Política y Derecho Ambiental en la Universidad Católica; miembro del Panel de Expertos en Derecho Ambiental de la Corte de La Haya; Director de IDEA Uruguay.

■ Representante del Ministerio de Industria, Energía y Minería (MIEM).

Preguntas/Comentarios de los asistentes.

Organiza:

Casa Bertolt Brecht (CBB)

Apoya:

Movimiento por un Uruguay Sustentable (MOVUS).

Auspicia:

Fundación Rosa Luxemburgo (FRL).

Fuente Imagen: www.mineria.com.uy

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Declaraciones del ministro Pintado fueron desmentidas por Aratirí.

En este video confeccionado por Alianza Pachamama se demuestra que, contrariamente a lo declarado por el ministro Pintado en el Parlamento y a la prensa nacional, la ubicación de la terminal portuaria en El Palenque fue una aspiración inicial de Aratirí. Las declaraciones grabadas del ingeniero Puntigliano en nombre de la empresa Aratirí fueron pronunciadas en una de las mesas redondas del foro sobre minería organizado por la Fundación Vivián Trías el año pasado:

Área de Comunicación del MOVUS.

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