Se suman así al numeroso grupo de ciudadanos, ciudadanas y habitantes de nuestro país que han firmado la petición y manifiestan su voluntad de que se rescinda el acuerdo suscripto en noviembre de 2017 por el Poder Ejecutivo y la empresa UPM para la instalación de una nueva planta de celulosa sobre el Río Negro.

Las instituciones firmantes coincidimos en que ese acuerdo es perjudicial para el Uruguay, en tanto compromete aspectos económicos, ambientales, jurídicos, sociales y culturales que resultan vitales para la sociedad uruguaya.

En particular destacamos la absoluta ausencia de contrapartidas, a cargo de UPM, para las cuantiosas inversiones que realizará el País por concepto de obras de infraestructura, así como el riesgo ambiental que crearía la planta para el Río Negro, y la inequidad que implican las condiciones económicas, las exoneraciones tributarias y el régimen de zona franca concedidos a UPM y a sus empresas colaterales.

Desde el punto de vista ciudadano, resultan además inadmisibles el régimen de secreto en que fue negociado el acuerdo con UPM y el desborde de sus competencias constitucionales en que ha incurrido el Poder Ejecutivo al suscribirlo.

UPM2 NO

Un Sólo Uruguay

Movimiento Uruguay Sustentable (MOVUS).

Asociación Cívica del Río Negro.

Asociación Civil Ambientalista de Salto (ACAS).

Asociación Rural de Tacuarembó.

Casa de Filosofía.

Cazadores de Mosquitos.

Colectivo de Radio La Kandela – Tacuarembó.

Colectivo Ecofeminista Dafnias.

Cotidiano Mujer.

Ecofeminismo Río Negro.

Grupo Guayubirá.

JULANA (Jugando con la Naturaleza).

Maldonado por la Tierra y el Agua.

Mesa Nacional de Colonos.

Mburucuyá ONG Dolores, Soriano.

Paysandú Libre de Fracking.

Paysandú Nuestro.

Rivera por la Vida Sustentable y el Agua.

Tacuarembó Por El Medio Ambiente.

Fuente Imagen: tardaguila.com.uy 

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Soslayando la oposición expresada en amplios sectores de la sociedad y los cuestionamientos realizados por los partidos de oposición representados en el Parlamento, el oficialismo insiste con una propuesta que otorga beneficios excepcionales a una actividad sin antecedentes en el país y que conlleva altos impactos sociales y ambientales. En forma reiterada planteamos que la ciudadanía debe ser consultada para tomar una decisión de esta envergadura.

La ley propuesta es ajena a la realidad del país, Uruguay posee tierras privilegiadas en el mundo para producir alimentos, sus reservas minerales son pequeñas y de pobre concentración. La destrucción del ecosistema y la corta duración de la actividad minera posible fueron confirmadas en la discusión legislativa. El proyecto Aratirí al que esta ley beneficia es un negocio de ocasión de una empresa extranjera que pretende exportar rápidamente el hierro disponible.

A pesar de limar algunos de los aspectos más chocantes, el proyecto de ley habilita beneficios fiscales por 700 a 1000 millones de dólares, según cálculos hechos por legisladores. Se mantiene el impuesto a las ganancias (IRAE) y su adicional, pero no se adoptan medidas para evitar la subdeclaración por la empresa. Permite asimismo descontar los gastos previos a la concesión como si fueran costos de operación y descontar el canon del adicional del IRAE.

Son un engaño para confundir a la población las declaraciones de quienes afirman que este proyecto de ley impondrá mayores exigencias tributarias a la minería de gran porte.

Una actividad que duraría a lo sumo 15 años, porque no hay mayores riquezas minerales y porque cada vez hay más noticias de una baja de los precios de los metales en los próximos años por superproducción, no es significativa en la historia del Uruguay y menos cuando se destruye una zona productiva que ha dado y seguirá dando beneficios a sus habitantes y al país.

Este proyecto de ley es altamente inconveniente para el país y no puede ser aprobado por el solo hecho de contar con una mayoría parlamentaria. Los legisladores son representantes y no dueños de la voluntad de los electores. La ciudadanía está y se seguirá movilizando para poner en práctica mecanismos de consulta y decisión verdaderamente democráticos.

Por todo ello, convocamos a la población a concurrir a la sesión de la Cámara de Senadores del próximo martes, desde las 9 y 30 horas, para expresar la oposición a este proyecto.

Fuente: Twitter. www.twitter.com

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Varios ciudadanos residentes en la zona de El Palenque, en la costa oceánica del departamento de Rocha, donde la Presidencia de la República ha decidido construir un puerto de aguas profundas, presentarán un recurso solicitando la anulación de dicha resolución por considerar que viola principios y derechos legales básicos.

«Consideramos que la autorización de una obra de esta magnitud en la zona puede llegar a lesionar nuestro derecho a un medio ambiente sano y equilibrado, a nuestro derecho de propiedad, nuestro derecho a la salud, nuestro derecho al trabajo y de esparcimiento y disfrute», expresa un fragmento del recurso.

Además, la resolución del Poder Ejecutivo es considerada ilegal porque desconoce el ordenamiento jurídico ambiental para el caso concreto. La resolución comunicada a la Asamblea General para la habilitación del puerto no menciona sus características y carece de los previos estudios ambientales exigidos por la ley.

Estarán en la conferencia de prensa representantes de los ciudadanos que firman el recurso de anulación y los abogados Carolina Neme y Alberto Gómez, especialistas en derecho ambiental que tuvieron a su cargo la elaboración del escrito presentado.

Esperamos la concurrencia de vuestro medio de prensa.

Cordialmente,

Área de comunicación del Movus

Fuente Imagen: puntanews.com.uy

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