La actividad es organizada por la Universidad Católica del Uruguay (UCU).
Se presentará en dos paneles. Del primero, participarán: Pablo Musé, de la Facultad de Ingeniería de la Universidad de la República; Bruno Gili, secretario de Innovación de la Presidencia de Uruguay; Fiorella Haim, presidenta de Ceibal; Andrea Roth Cardenas, de la Unión de Exportadores del Uruguay. En el segundo panel, participarán: Raúl Echeberría, director ejecutivo de ALAI; Daniel Mordecki, de Agesic; Rodrigo Goñi Reyes, Representante Nacional.
Moderan: Leandro Folgar, vicerrector de Innovación de la UCU, y Carolina Aguerre, profesora e investigadora del Departamento de Humanidades y Comunicación.
Una jornada organizada por Wilson Center Latin America Program de The Wilson Center, en colaboración con Google y la UCU.
Viernes 14 de marzo, de 9 a 12 horas.

Presencial, sin costo.
Inscribite acá: bit.ly/4ibIjt6

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Recibimos con mucho gusto a Raúl Echeberría, Representante de la Asociación Latinoamericana de Internet (ALAI).

ECHEBERRÍA (Raúl). Muchas gracias por darme la oportunidad de estar aquí nuevamente y de participar en la discusión de este proyecto, que tiene que ver con un tema relevante como lo es el cuidado de la democracia y de los procesos electorales. Por supuesto que desde la Asociación Latinoamericana de Internet compartimos el espíritu de esta iniciativa tendiente a reducir el impacto de la desinformación en el debate público y saludamos que se tenga esta conversación en el Parlamento de Uruguay. ALAI y sus asociados reconocen que la protección de la integridad electoral y de la confianza pública es una responsabilidad compartida y un bien común. Por lo tanto, la protección de las elecciones y de los procesos electorales requiere una discusión, un compromiso multiactoral y esfuerzos educativos activos para apoyar a una ciudadanía informada. Estamos, claramente, ante un tema complejo -en relación al punto específico que nos convoca hoy- y muy sensible por el impacto no deseado que puede tener la regulación de contenidos digitales en el diálogo democrático y en el derecho a la libertad de expresión que son, justamente, los elementos que se intenta proteger y fortalecer. Las plataformas digitales toman muchas medidas para reducir el impacto de la desinformación. En estos últimos años se han logrado resultados muy importantes. Estos son aspectos en los cuales estaría encantado en profundizar; desde ya quedo a su disposición y me ofrezco para volver a conversar sobre ese tema en específico, que nos requerirá un poco más de tiempo. Lo cierto es que me encantaría compartir con ustedes cuáles son las acciones y las medidas que toman las empresas asociadas de ALAI en este sentido. Entre otras acciones -respecto a alguna hemos conversando aquí muy generalmente-, se llevan adelante actividades de cercana colaboración y cooperación con una buena parte de las autoridades electorales de la región, algunas veces a través de acuerdos formales y otras, de manera informal. En materia de inteligencia artificial, las empresas de la industria ya se encuentran implementando herramientas y sistemas para brindar transparencia respecto a los contenidos generados con inteligencia artificial, algo importante a la luz de los desafíos que están planteados. Pensamos que las plataformas digitales deben ser protegidas frente a cualquier responsabilidad por los contenidos generados por terceros en los cuales no tenga intervención específica. Además, no deben estar sujetas a normas extrajudiciales sobre cancelación o remoción de contenidos que no ofrezcan suficiente protección para la libertad de expresión. Específicamente hablando del proyecto en cuestión, quisiéramos compartir las siguientes preocupaciones. Primero, en esta iniciativa se utilizan varias expresiones que nos parecen ambiguas, que pueden dar lugar a múltiples interpretaciones y que, sin duda, generarán complejidades a la hora de su implementación. Algunos ejemplos son expresiones como: «materialmente engañosos», «propósito de causar daño» o «desinformación notoria». Segundo, es un desafío técnico determinar si un contenido ha sido creado artificialmente o no. La industria tecnológica está trabajando para llegar a estándares que permitan abordar soluciones en este sentido. El problema es que esos estándares aún no están desarrollados en su totalidad. En este sentido, las entidades públicas en Uruguay pueden encontrarse con el obstáculo de llegar a certezas técnicas para emitir juicios relativos a los contenidos y, por tanto, generar inconvenientes en la implementación del proyecto, si se aprobara. Tercero, existe un desafío en cuanto a cómo la autoridad a cargo determinará la intencionalidad detrás del contenido de causar daño a la reputación de los candidatos o provocar desinformación. Las limitaciones a la expresión presentan un severo desafío -como ya lo hemos mencionado-, más aún en contextos electorales. Por eso, recomendamos observar los estándares internacionales sobre libertad de expresión. Además, el proyecto penaliza la generación del contenido. Hay que tener en cuenta que el contenido puede ser generado de múltiples formas: por personas, por herramientas o por plataformas. En consecuencia, debería quedar mucho más claro que las herramientas tecnológicas y las plataformas no están incluidas en la penalización de las acciones sancionadas. Si bien hay una aparente intención de exoneración en el último párrafo -como lo veremos a continuación-, también en este punto vemos problemas de falta de claridad. El término «difunda» es de una amplitud muy considerable y potencialmente excesiva. El artículo podría terminar criminalizando comportamientos que están muy extendidos en la sociedad. Lamentablemente, es muy normal que las personas compartan de buena fe, en sus redes o a través de mensajerías, contenidos en los que confían, sin la debida verificación. De acuerdo a la redacción propuesta, por este tipo de difusión -que no tiene malas intenciones y de la cual las personas públicas claramente no están exentas- serían pasibles de penalización. En consecuencia, podríamos llegar a tener una norma -en caso de ser aprobado el proyectoque penalice el comportamiento de una parte muy importante de la población.

Cuando se exceptúan los casos en que se identifica claramente que el contenido ha sido generado por medios artificiales, no se especifica quién debería aclararlo. ¿Debería ser quien genera el contenido, quien lo difunde, la herramienta utilizada o quién? Por otra parte, no hay garantías técnicas -creo que otros colegas de la industria ya han marcado este punto en esta Comisión-, al menos hasta ahora, de que marcas incluidas en algún momento del proceso de circulación del contenido no puedan ser retiradas posteriormente por otras personas u herramientas, tanto de manera intencional como de forma inadvertida. Si bien el espíritu del último párrafo es claro y compartible en cuanto a limitar las responsabilidades de las plataformas digitales -como dije anteriormente, esto nos parece fundamental-, el texto puede terminar teniendo el efecto exactamente opuesto al buscado. El texto incluido luego de la palabra «similares» -está en el último párrafo- solo agrega confusión. Entendemos que tiene que quedar más claramente establecido que las plataformas deben quedar exceptuadas. En el último párrafo también se menciona la situación de que la plataforma sea notificada de diversas situaciones de duda sobre la legitimidad o de aparente falsedad, pero no se aclara quién notificaría, de qué forma ni si existiría un debido proceso que dé garantías a todas las partes. Como decía al principio, entendemos que las plataformas no pueden ser sometidas a normas extrajudiciales que indiquen remoción de contenido. De igual forma, se incluye como una justificación para la acción sobre los contenidos el hecho de que existan dudas sobre su autenticidad. Al igual que en el punto anterior, aquí tampoco se menciona de qué tipo de dudas se trata ni quién sería el que tendría esas dudas. Además, la duda de la autenticidad no parece razón suficiente para justificar acciones de remoción de contenidos. La justificación de ese tipo de acciones debería ser la necesaria certeza de que no son legítimos y no la duda sobre su legitimidad. En síntesis -debido al corto tiempo de que disponemos y a no queremos abusar del tiempo de los legisladores y de las legisladoras-, compartimos el objetivo de trabajar para proteger la integridad de los procesos electorales y de los sistemas democráticos en general. Hay mucho para conseguir en relación a estos objetivos a través de la colaboración y de la cooperación de todos los actores involucrados. Reitero la propuesta de volver a esta Comisión con el propósito específico de enumerar, contar y compartir con ustedes las acciones que ya se toman a través de las plataformas y en cooperación con las autoridades electorales para lograr esos objetivos. En el caso concreto de este proyecto, ofrecemos nuestra continua colaboración. Pensamos que el texto de la iniciativa a consideración aún presenta muchas dudas y también, muchas preocupaciones, que ya hemos enumerado. Nos parece que no debería avanzar en su forma actual. Esperamos que tanto nuestros comentarios como los de otras organizaciones y actores que están compareciendo ante esta Comisión contribuyan a que el proyecto continúe evolucionando de forma gradual, atendiendo alguna de estas preocupaciones. Seguramente, en etapas posteriores -a medida que el texto vaya avanzando- estaremos en condiciones de hacer, incluso, propuestas más específicas.

Un riesgo real

GOÑI REYES (Rodrigo). Quiero agradecer la comparencia de ALAI, organización que permanentemente colabora con esta Comisión y el Parlamento. Necesito dejar algunas constancias para el tiempo que viene, para el proceso legislativo y para las propuestas que ha hecho ALAI con su disposición para colaborar. Estamos hablando de un riesgo que ha sido admitido por todos los parlamentos del mundo, en una forma clara: desde los europeos hasta los congresos de Estados Unidos y Canadá, pasando por todos los de los países latinoamericanos y del resto del mundo. Se ha determinado que existe un riesgo real y concreto de manipulación, falsificación y afectación de la transparencia electoral por el desarrollo de la inteligencia artificial. Como los mismos desarrolladores expresan, ese riesgo no solamente es exponencial, sino también descontrolado; esto lo han reconocido en todos los congresos los principales líderes tecnológicos. Ante esto, todos los parlamentos del mundo que tienen elecciones en el 2024 han hecho propuestas legislativas para tratar, de alguna forma, de minimizar ese riesgo. Nosotros, también; no hacerlo implicaría una gravísima irresponsabilidad. Quiero dejar constancia en la versión taquigráfica de que desde el mes de enero -momento en que, en general, surgió la corriente de los parlamentos de proponer proyectos de ley- hemos tratado de compartir textos y de llegar a la presentación legislativa con la mayor cantidad de observaciones y comentarios posibles; así lo hemos hecho tanto con ALAI como con la CUTI y todos los actores que han estado colaborando siempre con este Parlamento. Esta es una constancia que quiero dejar porque fue así como sucedió y quiero descartar que acá estamos planteando un proyecto sin consulta. Más allá de que fueron consultas informales, se realizaron durante tres meses. Incluso, todas las bancadas parlamentarias tuvieron la oportunidad de analizar si lo acompañaban con su firma, si querían hacer alguna reforma, etcétera. En esta línea de buscar un proyecto que pueda ser mejorado desde el primer punto hasta el último, hay conceptos y términos abiertos porque buscamos, justamente, que sean precisados por las delegaciones que, de alguna forma, puedan verse involucradas. De hecho, así pasó en la primera reunión. Hoy, ALAI también hace muchos cuestionamientos u observaciones. A modo de ejemplo menciono la referencia a cuando sea notificado de la falsedad, ya sea la plataforma o quien esté difundiendo esos contenidos falsos. Esa es una terminología que ya se está aplicando. Yo debo haber visto unos cuarenta proyectos de ley que planteaban una forma de advertir a quien estaba difundiendo para que, a partir de ahí, fuera un difusor de mala fe si no tomaba alguna medida para verificar la autenticidad. Obviamente, estas disposiciones están abiertas a cerrarlas o a abrirlas. Tengamos en cuenta que estamos ante una situación realmente riesgosa para la base del sistema electoral, ya que se avecinan las elecciones.

Reitero: si el 24 de octubre aparece en forma impune una falsificación masiva de contenidos sobre mensajes o hechos de un candidato de este país, este Parlamento debió haber intentado alguna fórmula para que eso no sucediera o para minimizar los riesgos. Por eso propusimos este proyecto. Creo que somos todos responsables. Todos los convocados a esta Comisión fueron invitados para buscar una fórmula legal que minimice los riesgos existentes, que nadie discute. Hemos dejado abiertas estas disposiciones procurando la opinión de quienes estén en condiciones de contribuir y hacer la mejor precisión posible. Por supuesto, acá también hay riesgos. Ahora bien, hay un riesgo que yo descarto y que quiero dejar establecido en la versión taquigráfica. Acá no hay riesgo de afectar la libertad de expresión. ¿Por qué? Porque acá estamos tratando de minimizar y sancionar la falsificación. La falsificación ya es un delito hoy. El falsificador ya es un delincuente hoy; lo será hoy, mañana y siempre, mucho más si falsifica algo para poner en riesgo la elección nacional, que es la base de la democracia. Entonces, de ninguna manera entendemos que un proyecto de esta naturaleza pueda limitar la libertad de expresión; no discutimos en las comisiones, pero estoy dispuesto a hacerlo donde sea. El objetivo preciso es sancionar, pero, sobre todo, prevenir la falsificación que, reitero, en la legislación vigente desde hace mucho tiempo está sancionada penalmente. La realidad es que, ahora, todos los parlamentos del mundo, ante la facilidad y la sofisticación de las herramientas para la falsificación, y más en una cuestión tan elemental para la convivencia democrática como son las elecciones, buscan prevenirla. Agradezco mucho que ALAI pueda aportar, como lo ha hecho otras veces, por ejemplo, en la iniciativa anterior. Acá estuvimos a punto de votar un proyecto de protección de entornos digitales. ALAI pidió que se retirara y ofreció determinadas fórmulas para corregir algunas disposiciones. Esta Comisión tomó en cuenta las que se podía, que no fueron unánimemente aceptadas, sino que fueron tomadas solo por algunos. Cuando ALAI ha venido con propuestas fundamentadas, esta Comisión y, en particular, este legislador, las ha tenido muy presentes, al punto de actuar en consecuencia en la legislación recientemente aprobada.

Cooperación de las plataformas

OLMOS (Gustavo). Agradezco la participación y los aportes del señor Echeberría. Yo quiero hacer una pregunta muy puntual. Usted hablaba sobre la cooperación que hacen las plataformas con las autoridades electorales. Quiero saber si eso se está llevando a cabo en Uruguay y, en caso de que sea así, en qué términos se está desarrollando.

Mecanismos de software

LORENZONI HERRERA (Miguel). Agradezco la intervención de Echeberría. Quiero hacerle una consulta concreta respecto a cuáles son los mecanismos de software con que cuenta Uruguay para poder detectar este tipo de contenido falso. Estuve averiguando y asesorándome sobre este tema. Algunas personas me plantearon que existe algún tipo de software que tiene que ver con el análisis de flujo de píxeles y otros, con el tema de la gesticulación de los políticos y el contraste de las imágenes que se generan a través de inteligencia artificial. Sin embargo, hay software -que no son los de «crea test» que, de repente, podríamos encontrar en Google- mucho más sofisticados y que tienen mucho más complejidad al momento de poder detectar su falsedad. Entonces, quisiera saber cómo está posicionado, hoy, Uruguay respecto a América Latina. ¿Hay algún país que esté a la vanguardia en este tema dentro de Latinoamérica?

PRESIDENTE Cal. Me permito decir que coincido con el planteo que usted hacía recién con respecto a algunos términos que se utilizan y que pueden ser un tanto riesgosos. Si bien soy firmante del proyecto, esa es una de las cosas que casi todas las delegaciones nos hicieron ver. Creo que sería muy bueno que ustedes nos pudieran enviar por escrito las sugerencias específicas de las correcciones al texto del proyecto.

ECHEBERRÍA (Raúl). Trataré de responder todas las consultas juntas. Primero que nada, vuelvo a agradecer la posibilidad de participar de esta discusión. También agradezco al diputado Goñi por las oportunidades de presentar comentarios en las fases previas, como él mismo indicaba. La complejidad del tema está demostrada, justamente, por las evoluciones que tuvo el texto y las interacciones; creo que no ha sido una tarea fácil. Eso muestra que este es un tema complejo. Nosotros compartimos -me parece que lo dije al inicio- la preocupación sobre los impactos que tiene la desinformación y la evolución tecnológica en la integridad de los sistemas electorales y en la libertad de expresión. Por lo tanto, no desconocemos los desafíos. Compartimos estas preocupaciones y nos comprometemos a colaborar en la búsqueda de soluciones. Es cierto que 2024 es un año de elecciones en todo el mundo. También tenemos que notar que pasó una tercera parte del año y que ya ha habido varias elecciones. Esto se suma a las elecciones que tuvimos en la región en el año 2023. El bajísimo número de incidentes que hemos visto y la baja incidencia en los procesos electorales se da, precisamente, por el trabajo que hacen las empresas en minimizar y reducir el efecto de estas prácticas en las plataformas. Así que no es que las empresas estén quietas, esperando que aparezca alguna solución mágica o una regulación nueva. Los índices de éxito en la detección anticipada o inmediata de los contenidos falsos han aumentado de forma tremenda. Con respecto a las herramientas de inteligencia artificial que se utilizan, debo decir -respondiendo al diputado Lorenzoni- que no hay una sola estrategia técnica de detección de contenidos falsos o manipulados, sino que hay muchas. Es más: cada empresa tiene distintas herramientas. Lo cierto es que el índice de éxito en la identificación de contenidos de este tipo está por arriba del 95 % o 96 %, dependiendo de las plataformas. En la mayor parte de los casos, los contenidos se remueven antes de que alguien los vea, es decir, antes de que una sola persona los haya visto. Por supuesto que el otro pequeño porcentaje que queda es el que siempre hace ruido, porque es el que se ve y es motivo de la discusión pública. O sea que sí hay mucha evolución. Espero que el resto del año 2024 transcurra de la misma manera que lo viene haciendo, con un bajo índice de problemas por todo el trabajo que se hace. Tenemos convenios de distinto tipo, a veces con autoridades electorales, a veces a fin de explicar las herramientas que ofrecen distintas plataformas, de financiamiento, de transparencia sobre los contenidos, sobre las acciones que se toman. Incluso, muchas de las plataformas, dependiendo del modelo de negocios que tengan, no comercializan propaganda electoral. Otras, las que sí lo hacen, presentan reportes, inclusive, trazabilidad sobre cuál es el origen, quién ha pagado una publicidad, cuántas veces se ha visto, dónde, información que es muy útil, dependiendo de las reglas o leyes que existan en cada país que regulen el proceso electoral, claramente. En Uruguay no tenemos acuerdos específicos con la Corte Electoral, pero siempre estamos a disposición para ayudarlos en lo que sea. En relación a las propuestas concretas, encantados de seguir en ese camino y estamos convencidos de que las puertas seguirán abiertas para nuestras contribuciones. Creemos que todavía le hace falta un poco de evolución al texto para entrar en propuestas más específicas, cambiar una palabra o agregar una oración, cosas de ese tipo, y creo que están expresadas las preocupaciones en los puntos que ya marqué anteriormente.

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«Control”, «distopía», “Desconfianza», “automatización” son algunos de los conceptos que interpelan la Inteligencia Artificial (AI) y el flujo masivo de datos, conocido como «Big data», en la sociedad contemporánea. Para analizar y comprender la complejidad de este fenómeno que transversaliza todas las áreas de conocimiento, el Aula Magna de la FIC alojará desde las 08:30 horas del jueves 25 un total de tres conferencias y tres mesas de discusión en las que 18 expertos abordarán la AI desde diversas disciplinas tales como la sociología, la ingeniaría, la comunicación, las ciencias de datos, la publicidad, la educación y las artes, entre otras.

El evento se inaugurará con la conferencia de la Dra. Lucía Santaella, directora del Centro de Investigaciones en Medios Digitales de la Pontificia Universidad Católica de San Pablo (PUC), y se desarrollará durante toda la jornada del jueves.

A continuación, Raúl Echeberría, director de la Asociación Latinoamericana de Internet (ALAI) tendrá a su cargo una presentación especial sobre el desarrollo y la regulación de la Inteligencia Artificial.

La conferencia de cierre del seminario tendrá lugar a las 19:45 horas y estará a cargo del Dr. Christopher Coenen, integrante del Instituto de Tecnología de Karlsrule, Alemania.

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ECHEBERRÍA (Raúl). Represento a la Asociación Latinoamericana de Internet que es una asociación regional del sector privado digital; podríamos decir que es la cara más visible representativa del sector privado digital de la región.

Voy a hablar sobre los artículos 64 y 65, que introducen cambios a la Ley de Protección de Datos Personales, o sea, todo un tema enorme en sí mismo. Luego, hablaré de los artículos 214 al 216, que intentan proveer herramientas para el bloqueo de contenidos en Internet, contenidos correspondientes a trasmisiones ilegales de eventos deportivos. Las formas que se han elegido para tratar de resolver este problema son bastante preocupantes por los riesgos que deberían implicar desde el punto de vista de libertad de expresión y a alejar a Uruguay de los estándares internacionales más reconocidos. Voy a referirme a los dos primeros artículos, el 64 y el 65, que introducen modificaciones en la Ley N° 18.331 de Protección de Datos Personales. El artículo 64 introduce dos literales nuevos en el artículo 13 de la ley; se trata del artículo que habla sobre las obligaciones de información de los responsables del tratamiento de datos a los titulares de los datos. Se incluye un nuevo literal, el G), que hace referencia al tratamiento automatizado de datos y entendemos que tratamiento automatizado de datos es prácticamente cualquier tratamiento de datos y, seguramente, a lo que debería hacer referencia, de acuerdo a los estándares internacionales es a la obligación de dar cierto tipo de información cuando se trata de decisiones basadas en el tratamiento automatizado de datos y no tratamiento automatizado de datos. Tratamiento automatizado de datos es casi cualquier tratamiento de datos en la actualidad. Las obligaciones, incluso, si se hiciera referencia más concretamente a las decisiones basadas en tratamiento automatizado. Las obligaciones que se imponen al responsable del tratamiento de datos son excesivas y, además, son incompatibles con algo que está establecido en la propia ley en el artículo 16. Se le agregan dos párrafos a continuación de esos dos literales al artículo 13. Creemos que la redacción no es clara, es bastante confusa; no quedan claras cuáles son las obligaciones y los derechos que se establecen. Se fija un plazo de cinco días para informar a los titulares de datos, cuando se hubieran recabado por vías indirectas; eso en el mundo digital es absolutamente imposible de cumplir. Pensamos que hace falta mucho trabajo en ese artículo. El artículo 65 es un poco más complejo, porque la Unidad Reguladora de Protección de Protección de Datos, porque se agrega un cometido que dice «y todo lo otro». Habla de que la Unidad Reguladora podrá establecer normas y procedimientos relativos al tratamiento automatizado de datos y, como dije, el tratamiento automatizado de datos es prácticamente todo, así que casi dejaría sin sentido a la ley completa de protección de datos personales. Seguramente, quiere hacer referencia a decisiones basadas en tratamiento automatizado. Y en ese caso en relación a los dos artículos también cuando se habla de decisiones basadas en tratamiento automatizado de datos debería establecerse algún tipo de alcance, porque no es lo mismo una decisión automatizada para saber qué pack de hamburguesa le vamos a recomendar a alguien en el momento de la compra, que una decisión sobre qué lugar va a ocupar una persona en una lista de receptores de órganos. El abanico de posibilidades es demasiado amplio y, por lo tanto, el estándar internacional lo que hace es establecer esos derechos al acceder a la información, cuando las decisiones que se toman a partir del tratamiento automatizado de datos superan cierto umbral de relevancia. En este mismo momento, estamos discutiendo en Chile en la Comisión de Constitución de la Cámara de Diputados la ley de protección de datos personales; precisamente, estamos discutiendo este tema. Seguramente el miércoles se va aprobar un artículo que recoge estas prácticas que son las comunes en los estándares internacionales y que vienen del reglamento de protección de datos personales de Europa, que es una de las fuentes más conocidas. Por lo tanto, en los dos casos creemos que no se pueden aprobar estos dos artículos con el texto que tienen. Nosotros estamos trabajando con el Poder Ejecutivo y seguiremos trabajando con el Poder Legislativo con mucho gusto para proveer algunas redacciones alternativas.

“Más serio”

En relación a los otros tres artículos, 214 al 216 el problema es más serio. Como decía, son artículos cuyo objetivo es el de proveer herramientas para que se puedan bloquear, en tiempo real, trasmisiones de eventos deportivos a través de internet que no cuenten con derechos de transmisión. La herramienta regulatoria que se ha utilizado es bastante inapropiada. El artículo 214, si bien tiene una parte positiva que es reconocer la limitación de responsabilidad de los intermediarios sobre los contenidos -las plataformas de internet no tienen responsabilidad sobre los contenidos que intercambian los usuarios-, a continuación, establece que los proveedores de internet y los intermediarios estarán obligados a remover o bloquear el acceso a contenidos audiovisuales en internet en términos genéricos cuando se estuviera en conocimiento de decisiones de tribunales o de autoridades administrativas. Esto es muy serio; abrir la puerta a que las autoridades administrativas, sin debido proceso, sin garantías, puedan tomar decisiones de remoción de contenidos en internet, es algo que contradice las recomendaciones de la Convención Interamericana sobre Derechos Humanos. Hay recomendaciones que están en la Carta Democrática Interamericana de Derechos Humanos donde se establecen las condiciones que deben cumplirse para remover o bloquear contenidos en internet y las disposiciones deberían apegarse a esos estándares. Es importante destacar que en esta misma legislatura, en el año 2020 este tema ya se discutió. En diciembre de 2020, en la ley de presupuesto, se aprobó el artículo 712 que establece mecanismos para el control de ese tipo de trasmisiones ilegales. Si bien el artículo 712 de la ley de presupuesto que se aprobó está lejos de ser perfecto, no es un modelo a repetir internacionalmente; sin embargo fue producto de una larga discusión que llevó meses y, seguramente, dejó insatisfecha a todas las partes: a nosotros, que representamos las empresas de contenido de internet, a las empresas de internet, en general. Claramente no nos parece la mejor solución. Entendemos que a las otras partes involucradas seguramente tampoco les parezca la mejor solución, pero es el marco legal vigente. No vemos la necesidad de revisarlo un año y medio después, en esta misma legislatura. Es algo bastante curioso.

El artículo 215 es bastante preocupante.

Plantea un mecanismo, a través de la protección cautelar a los propietarios de derechos de que sean ellos los que indiquen a los proveedores de internet y a los intermediarios, la necesidad de remover contenidos de internet en un plazo de 30 minutos. El riesgo que esto conlleva en cuanto a que se eliminen contenidos que no son ilegales, es altísimo. Además, el riesgo de que distintos proveedores de internet, en ese corto tiempo, puedan tomar medidas diferentes para bloquearlos, llevando a distintos comportamientos de internet en el mismo país, dependiendo a qué operador de internet uno está conectado. Eso es lo que se llama internacionalmente fragmentación de internet. La no fragmentación de internet es uno de los principios básicos del funcionamiento de internet; es lo que hace que sea la herramienta poderosa que es. Las medidas propuestas son propias de países con otros sistemas políticos; no lo vemos consistente con las mejores prácticas internacionales.

Hay un riesgo de censura de contenidos legales; no hay instancias de apelación inmediata que puedan evitar la remoción de contenidos si se confía en las herramientas de terceros para determinar contenidos ilegales con cero % de error. Nadie se puede animar a decir que algo es 100 % efectivo. El riesgo que conllevan estos artículos desde el punto de vista de afectación de derechos, de afectación de derechos de libertad de expresión, excede ampliamente los teóricos beneficios que podría aportar desde el punto de vista del objetivo que se quiere lograr. Existen herramientas, la colaboración privada-privada y público-privada por las cuales se puede colaborar entre las autoridades y las plataformas de internet para conseguir esas mismas limitaciones de trasmisiones de contenidos ilegales en tiempos acotados, rápidos y cortos, sin necesidad de incluir estas regulaciones que ponen en riesgo derechos. El marco legal existente es bastante imperfecto. Me refiero a ese artículo que se aprobó hace un año y medio, por lo tanto es bastante reciente; no estamos hablando de una legislación que tiene 20 años y que ha quedado obsoleta. Estamos hablando de una legislación que tiene un año y medio y, obviamente, ha dejado algunas partes insatisfechas -a nosotros también-, pero podemos vivir con eso. Ese marco legal existente, combinado con mejores herramientas de coordinación y colaboración entre las empresas y las autoridades y las 10 empresas y los poseedores de derechos, es algo que ya hemos ofrecido y ha sido bien recibido, es suficiente, no hay necesidad de innovar.

El artículo 216 es tremendo. Si bien es claro porque ha sido explícito que el objetivo es lograr herramientas para evitar las trasmisiones ilegales de eventos deportivos, este artículo introduce la posibilidad de que las autoridades administrativas, sin debido proceso, tengan potestad de indicar el bloqueo y la remoción de contenidos audiovisuales en general, no habla de señales deportivas. Justamente, el artículo 712 de la ley de presupuesto decía esto, este era el texto original, luego se eliminó por las reacciones que hubo de muchas organizaciones tanto de la sociedad civil como del sector privado, por los riesgos que conllevaba desde el punto de vista de libertad de expresión. Al volver a esa redacción se le daría potestades por vía administrativa de eliminar cualquier tipo de contenidos de internet, porque contenidos audiovisuales hoy es cualquier tipo de contenido. Eso está claramente alejado de los estándares internacionales, en un momento donde Uruguay busca insertarse internacionalmente a través de la búsqueda de TLC esto es contrario a las normas establecidas en muchos acuerdos comerciales. El DEPA, que es un acuerdo de economía digital donde participan Chile, Nueva Zelanda y Singapur, es un acuerdo por el que Uruguay ha demostrado mucho interés. El T-MEC que es el acuerdo de Estados Unidos, México y Canadá. Las normas y principios de la OCDE y muchas otras normativas internacionales. Esto será un problema a la hora de buscar acuerdos en economía digital a nivel internacional que sean compatibles con el respeto de los derechos. Uruguay tiene una tradición de desarrollo digital, de apertura a las inversiones que siempre saludamos. No vemos esto compatible con la imagen que se da, incluso que ha dado recientemente el gobierno con importantes reuniones mantenidas en la marco de la Cumbre de las Américas, donde vemos interés de grandes empresas internacionales en el país. Este tipo de regulaciones no contribuyen a cultivar esa imagen.

REPRESENTANTE DALMAO (Daniel). En algunos casos quedó claro que ya existe normativa y no correspondería estas nuevas. En otros casos, no quedó muy claro si lo que proponen es eliminar el artículo, elaborar una redacción diferente o retirarlo para tratarlo después en las comisiones correspondientes.

ECHEBERRÍA (Raúl). Creo que es una combinación de las cosas que ha expresado. Por un lado, nada está, como se dice habitualmente, grabado en piedra y, por lo tanto, estas cosas siempre pueden revisarse, pero deberían revisarse por mecanismos bastante más tranquilos que tratar de resolverlo en cuarenta y cinco días en cada Cámara, en conjunto con otros cuatrocientos artículos, cuando claramente hay otros que son realmente importantes desde el punto de vista presupuestal y de la rendición de cuentas. Quiero decir que hay total apertura a discutir esto a través de otros procesos. Pueden contar con nuestra participación; estaré encantadísimo de buscar siempre las mejores soluciones. Esa dicotomía entre regulación y no regulación es un falso dilema. La regulación existe y está bien que exista. Lo que tenemos que buscar es que sea buena y logre los objetivos sin afectar otros. En relación a las medidas concretas que proponemos, entendemos que los artículos 215 y 216 no deberían ser aprobados. Recomendamos que no sean aprobados porque entendemos que son malas prácticas regulatorias. El principal problema que tiene el artículo 214 es esto de que da a las autoridades administrativas la capacidad de tomar decisiones de remoción de contenidos. Uno podría decir que son autoridades competentes, pero en realidad abre la puerta a que las autoridades de protección a la infancia tomen decisiones en temas que piensan que afectan su área de competencia; también las de lavado de activos, las de propiedad intelectual, los de medio ambiente y, de esa manera, se expande el universo a todo, al 100%. Entonces, respecto al artículo 214 creemos que podría ser trabajado, eliminando la posibilidad de que las autoridades administrativas tengan estas potestades. Siempre hay que apelar, que es lo que sería consistente con la carta interamericana de derechos, a que exista el debido proceso, la oportunidad de presentar descargos, la notificación a los usuarios afectados y demás”.

Fuente Imagen: https://www.redeszone.net/

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Con una vasta experiencia en la materia, que incluye su participación como director ejecutivo del Registro de Direcciones de Internet para América Latina y el Caribe (LACNIC, por sus siglas en inglés) y varios años como presidente de la Junta Directiva de Internet Society, Echeberría entiende que la solución legislativa propuesta por el Poder Ejecutivo “no va en el sentido de aprovechar el ambiente favorable que ofrece el país para el desarrollo tecnológico”.

Explicó que a partir de diversas medidas adoptadas en los últimos años tanto por el gobierno como por el sector empresarial, Uruguay logró un importante desarrollo del área, alcanzando indicadores de uso de tecnología destacados a nivel regional. “El país tiene buena penetración en materia de Internet y de utilización de herramientas tecnológicas, una industria pujante, y una infraestructura atractiva para empresas que quieran instalarse, pero el proyecto de ley no acompaña este contexto. Los marcos regulatorios deben estar en consonancia con el fortalecimiento del sistema innovador, y este no es el caso”, apuntó.

Este punto de vista es compartido por las cámaras vinculadas a la temática en el país, cuya dirigencia ha mantenido reuniones con legisladores y representantes del Poder Ejecutivo en las últimas semanas para abordar el tema. Tanto la Cámara Uruguaya de Tecnologías de la Información (Cuti) como la Cámara de la Economía Digital del Uruguay (Cedu) han planteado su preocupación y esperan ser recibidos formalmente por la Comisión de Innovación, Ciencia y Tecnología de la Cámara de Diputados, que analiza el proyecto.

Echeberría cuestionó que la norma haya sido elaborada con la intención de responder a la aparición de Uber en el mercado, ya que la regulación tendrá un alcance más amplio. “El hecho de que el sujeto de la regulación esté descrito en forma genérica puede derivar en consecuencias inesperadas. Responsabilizar a las plataformas electrónicas por los servicios que se negocian a través de ellas implica, por ejemplo, obligarlas a asumir la responsabilidad si se adquiere un alimento en mal estado a través del servicio. Por otra parte, las sanciones parecen desproporcionadas y no tienen en cuenta a todos los actores involucrados”, señaló.

Si bien entiende la necesidad del Estado de establecer igualdad de condiciones en materia tributaria, afirmó que la solución debe pasar por generar “nuevos mecanismos de control estatal. Habrá que acostumbrarse a la aparición de nuevas cadenas de valor y generar mecanismos adecuados para fiscalizar, pero sin poner trabas a la industria. Hay que cambiar la cabeza para adaptarla a los tiempos que se vienen. Las regulaciones deben acompañar la evolución de la economía colaborativa, y no responder a intereses puntuales”.

Para Raúl Echeberría, la clave pasa por considerar “el interés público. Si las personas necesitan transporte, la variable a considerar es que puedan obtener ese servicio y eso es lo único que la regulación debe asegurar. El mundo se encamina a una oferta que con el tiempo afectará otras áreas incluso más sensibles, como la educación, y habrá que adaptarse”.

Fuente Imagen: civicedproject.wordpress.com

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La ‘Casa de Internet’ acogió el Taller Regional de Regulación en Telecomunicaciones organizado por AHCIET y cet.la. Al encuentro acudieron representantes de diferentes empresas de telecomunicaciones, como Telefónica, Claro, Antel (Uruguay), ICE (Costa Rica), Nextel (Argentina), CNT (Ecuador), y –de forma remota- AT&T y Copaco (Paraguay); así como representantes de organizaciones del sector como Convergencia Latina, Lacnic o Internet Society.

Las jornadas se iniciaron con una mesa sobre interoperabilidad en el Ecosistema Digital, acerca de la posibilidad de que servicios como redes sociales o sistemas de mensajería instantánea sean interoperables entre sí. La ponencia estuvo a cargo de Christoph Steck (Telefónica) quien afirmó que «la interoperabilidad es la mejor herramienta para evitar los efectos de cautividad» en servicios sobre internet, por lo que «Hay que buscar la manera de que los usuarios puedan moverse de un sistema a otro», y se preguntó «¿por qué hoy día las llamadas de whatsapp no están sometidas a ninguna regulación como sí lo están las de voz?”.

A continuación Mariana Rodriguez Zanni (Convergencia Latina) presentó el estudio ‘Ecosistema Digital’, el cual lanzará en julio el cet.la en conjunto con Fundación Telefónica, CAF y CEPAL. Su objetivo es contribuir a la comprensión del ecosistema digital identificando las transformaciones que está enfrentando la industria de las telecomunicaciones y de servicios sobre Internet, de cara a recomendar opciones de políticas que favorezcan el desarrollo digital de América Latina.

El plato fuerte llegó con la mesa sobre ‘Nuevos retos y servicios sobre la Red. VozIp, Zero Rated Services’ donde se pudo asistir a un rico debate entre Alexander Riobó (Telefónica), Sebastián Bellagamba (Internet Society), Raúl Echeverría (Internet Society) y Pablo bello (AHCIET). Sobre la llamada Neutralidad de Red, Bello aseguró que «la gestión del tráfico permite maximizar la calidad de los servicios» y estimó que «el criterio fundamental de la regulación debe ser de competencia a través del ecosistema digital» (en este artículo Bello asegura que “Internet no es neutral”), por su parte Riobó aseguró que «proponemos una Internet abierta, el 73% de usuarios quiere llamar y enviar mensajes entre aplicaciones”.  Echeberría afirmó que “no quiero que pase con internet como con TV por cable, quiero ser yo quien selecciona contenidos” y Bellagamba insistió en que «desde Internet Society queremos mantener Internet como plataforma abierta, transparente y de libre acceso».

La primera jornada se cerró con una mesa sobre la Gobernanza de Internet a la que se sumaron Ernesto Majó (LACNIC) y Alejandra Erramuspe (AGESIC). Recientemente la Comisión Global para la Gobernanza de Internet llamaba a un pacto social para la Seguridad y la Privacidad Digital que sirva para restituir la confianza en Internet.

El segundo día taller se abrió con la mesa sobre despliegue de infraestructura de telefonía móvil, en la Juan Jung, coordinador del cet.la, presentó la ‘Guía de Servicios Móviles de Telecomunicaciones para Gobiernos Locales’ y Mario Coronado (Telefónica Perú) expuso sobre la iniciativa ‘Más Antenas, Mejor Comunicación’. En general se departió sobre la necesidad de facilitar el despliegue de infraestructuras de telecomunicaciones con objeto de cerrar la brecha digital y favorecer el desarrollo socieconómico en la región. El taller se cerró con una exposición por parte de Juan Carlos Alonso (LACNIC) sobre migración del protocolo IPv4 a IPv6.

Más información

Sobre AHCIET. AHCIET es la Asociación Iberoamericana de Centros de Investigación y Empresas de Telecomunicaciones, institución privada sin ánimo de lucro, creada en 1982 y conformada por más de 50 empresas operadoras de telecomunicaciones en Latinoamérica, entre las que figuran empresas públicas, privadas, multinacionales y locales, diversidad que brinda una significativa representación de toda la industria.

Web: ahciet.net

Redes sociales: facebook.com/ahciet | @ahciet

Sobre cet.la. El Centro de Estudios de Telecomunicaciones de América Latina (cet.la) es una iniciativa de AHCIET, que tiene por objetivo promover y apoyar la reflexión y el debate sobre las políticas públicas orientadas al desarrollo de las telecomunicaciones y la Sociedad de la Información en la región, contribuyendo con elementos de análisis técnicos y económicos, a su diseño, ejecución y evaluación. El Centro de Estudios no expresa opiniones o recomendaciones en nombre de AHCIET.

Web: cet.la

Redes sociales: @latam_digital

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LACNIC presente

Raúl Echeberría, Director Ejecutivo de LACNIC (Registro de Direcciones de Internet de América Latina y Caribe) está participando como co-director del Comité Multistakeholder ( responsable de la organización del evento, incluyendo el análisis y la implementación de la agenda, y la consideración de las propuestas presentadas por los participantes y las distintas partes interesaas) Netmundial en San Pablo. Netmundial es una reunión internacional que pretende, entre sus objetivos, elaborar una Declaración de Principios de Internet y además un documento sobre el camino que debería tomar la gobernanza de Internet después de que EEUU entregue las funciones de IANA. http://www.lacnic.net/es/web/anuncios/2014-iana-globalization-progress

Esta reunión es clave para el futuro de Internet y establecer los primeros pasos del ecosistema de Gobernanza de Internet del futuro. La reunión tiene lugar el 23 y 24 de abril de 2014.

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