¿La razón, en esta ocasión?

Asti le envió un cuestionario a Bordaberry desde la Jutep (Junta de Transparencia y Ética Pública) que integra, para saber si un director de un ente público (Robert Bouvier de AFE) había participado de una reunión con dirigentes políticos de la lista 10 del Partido Colorado, con la presencia del propio senador.

Bordaberry ingresó el tema en el Senado como asunto político y no dudó en calificar a Asti de “rata rastrera”, lo que provocó la reacción de la bancada del FA.

La coalición republicana analiza presentar una denuncia penal contra Asti por “abuso de funciones”.

“Sáquenlo ya”

Por su parte, el senador Sergio Botana (Partido Nacional) criticó duramente a Asti y lo comparó con la actitud que históricamente ha tenido otro dirigente de la coalición de izquierda: Wilfredo Penco.

“Qué distinto a lo de la actitud de Wilfredo Penco. Qué diferencia. Wilfredo Penco cuando le ha tocado actuar como Presidente de la Corte Electoral opinando en los temas de la República, lo ha hecho, como lo debe hacer el Presidente de la Corte Electoral”, recordó.

En contrapartida “Asti lo hace como el delegado de un cuadro de fútbol en una liga menor de barrio, calculando que tiene que defender su camiseta y tratando de ver si saca un sanción barata para el otro”.

Preguntó si a Asti “no le dio el tiempo para analizar lo de la Santa Fé (descuento en la compra de la camioneta del Presidente Orsi), no le dio el tiempo para ver el tema de los descuentos, del aprovechamiento de las oportunidades. No le dio el tiempo para registrar los encuentros en la playa con posterior desfile. No le dio el tiempo para que paguen las contribuciones los que la tienen que pagar y para que paguen los aportes a los obreros los que los tienen que pagar y para que no hagan contratos los que no tienen que hacer los otros”.

Parece que todas esas cosas para Asti se arreglan fácil. Devuelvo las cosas y se terminó el problema. No es así, pero la culpa no es de Asti aquí, la culpa es de los que lo nombraron. Y estaría bien pero no está bien que le hayan errado porque lo conocen bien desde toda la vida”, afirmó.

Para Botana “lo conocen bien, no le podían haber errado, pero si le erraron tienen una responsabilidad: ¡sáquenlo ya!, que deje de hacerles daño. Primero, le hace daño al sistema político, a nuestra institucionalidad republicana , pero el primer daño se lo hace a su propio partido con esta actitud desequilibrada que mantiene”.

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En su exposición de motivos, el legislador expresa que “el régimen de servicios esenciales constituye una limitación al derecho de huelga, fundado en el interés general de toda la comunidad, cuya satisfacción es el fin último de la existencia del Estado”.

Recuerda que “en nuestro país se encuentra reglamentado por la Ley No. 13.720 de 1968, en la redacción dada por el DL 14.791 de 1978, no estableciendo una nómina concreta de servicios incluidos dejando su inclusión a juicio de la Administración, la cual ha utilizado invariablemente los criterios del Comité de Libertad Sindical de la OIT es decir la protección de la vida, salud y seguridad de las personas”.

Manifiesta que “las consecuencias de la declaración de servicios esenciales son dos: por un lado la fijación de servicios mínimos a cumplir y si estos no se cumplen el empleador público o privado queda facultado a dos cosas: a) contratar personal que sustituya a los huelguistas y b) imponer sanciones a quienes no cumplieron los servicios esenciales”.

Ahora bien, puntualiza Botana, “en el reciente caso del conflicto en el puerto, el gobierno a través del Ministerio de Trabajo se ha negado a cumplir con su deber y ha adoptado una resolución conjuntamente con el Ministerio de Transporte y Obras Públicas, sin el fundamento legal y buscando uno oblicuo”.

En efecto, agrega, “si se analiza los fundamentos de la resolución de ambos ministerios se encuentran las siguientes normas: art. Ley 16246 artículos 1, 7, 14, art. 2 del Decreto 412/992, art. 65 de la Constitución, Convenio 87 de la OIT y jurisprudencia del Comité de Libertad Sindical, pero no menciona el régimen de Servicios Esenciales”.

La Ley No. 16246 referente al régimen portuario, “habla de la trascendencia de los servicios portuarios (art. 1), la competencia del Poder Ejecutivo en cuanto al establecimiento de la política portuaria (art. 7) y el control a las empresas (no a los trabajadores) en su art. 14”.

En tanto en el art. 2 de la Reglamentación se le otorga la competencia al Poder Ejecutivo de contralor de políticas portuarias.

El parlamentario blanco indica que sobre estas dos normas corresponde realizar desde ya las siguientes precisiones:

Una formal.

No actuó el Poder Ejecutivo, sino dos Ministerios, todos sabemos que el Poder Ejecutivo es el presidente de la República actuando en Consejo o en Acuerdo, acá son dos Ministerios actuando por sí.

Otra Sustantiva.

Ninguna de las normas citadas tiene la aptitud jurídica para limitar un derecho fundamental como es el de huelga previsto en el art. 57 de la Carta. Se recurre a un estatuto jurídico que sí le puede imponer obligaciones a las empresas concesionarias o permisarias, pero no a sus trabajadores.

Y se pregunta ¿cuál sería la consecuencia de una sanción impuesta a un trabajador que no cumplió los servicios mínimos?, Seguramente ninguna porque la norma que le impone la obligación carece de competencia para hacerlo.

Luego se cita el art. 65 de la Constitución que refiere a “Comisiones Consultivas” que no se han utilizado casi nunca en nuestro país, y en todo caso la competencia es de estas comisiones y no los ministerios.

Finalmente se fundamenta en el Convenio 87 de la OIT y la jurisprudencia del Comité de Libertad Sindical. El Convenio refiere a la promoción de los derechos sindicales y dentro de estos (aunque no lo diga expresamente la huelga) y la jurisprudencia del Comité de Libertad Sindical es correcta su mención. Pero porque no se cita la norma que corresponde para fundar el acto administrativo, y se recurre a un fundamento equivocado.

Para Botana, “la administración no tiene opción de utilizar o no los poderes jurídicos, tiene el deber de hacerlo ya que se le concedieron para que cumpla un fin”.

En nuestro país “el régimen de servicios esenciales se encuentra previsto por la Ley No. 13.720 en la redacción dada por el Decreto Ley 14.791, mediante el cual el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social tiene la facultad de determinar que servicios son esenciales y que turnos deben de cumplirse en los mismos”.

Según Botana, “nuestro país a diferencia de otros ordenamientos no tiene una nómina taxativa ni enunciativa de servicios comprendidos en la misma, sino que queda a juicio de una resolución administrativa, que históricamente se ha fundamentado en los criterios utilizados por el Comité de Libertad Sindical de la Organización Internacional del Trabajo que son aquellos servicios cuya interrupción pone en peligro la vida, la salud y la seguridad de los habitantes, tanto por su interrupción instantánea como por su prolongación en el tiempo”.

A lo largo del tiempo el referido Comité de Libertad Sindical ha incluido en su jurisprudencia aquellas actividades que representan una trascendencia económica muy importante para un país.

En tanto, nuestro régimen jurídico actual consagra un poder a la Administración (Ministerio de Trabajo y Seguridad Social), para el ejercicio de un deber proteger el interés general, se entiende conveniente que sea la ley quien tiene la competencia primogénita para reglamentar los derechos constitucionales, quien determine que actividades debe de ser incluidas en esta nómina, todo ello sin perjuicio de la vigencia de la normativa hasta ahora vigente, para todos los casos no incluidos en la nómina.

En especial sobre los conflictos portuarios, la Organización Internacional del Trabajo la ha expresado: “el derecho de huelga es, para los trabajadores y sus organizaciones un medio esencial de defender sus intereses, aunque se admiten ciertas condiciones de procedimiento y restricciones, a condición de que se garanticen procedimientos compensatorios apropiados, incluyendo el arbitraje obligatorio.”

El documento continúa señalando las posibles consecuencias de las huelgas portuarias: buques retrasados, transportes interiores reducidos, productos perecederos estropeados o inutilizables y exportaciones obstaculizadas, indicando que una prolongación de la huelga puede tener repercusiones sobre la economía nacional.

Asimismo, se cita jurisprudencia del Comité de Libertad Sindical respecto de la paralización de los trabajos portuarios y sus posibles consecuencias sobre la actividad económica, incluyendo las mercaderías perecederas, materias primas, productos elaborados o semielaborados, insumos considerados esenciales y mercaderías que deban ser embarcadas en determinados plazos.

La nómina se compone de las siguientes actividades:

1. a) Personal de la Salud vinculados a operaciones urgentes, cualquiera sea la naturaleza jurídica del prestador.
2. b) Actividades portuarias.
3. c) Actividades aeroportuarias.
4. d) Controles de aduanas incluido la utilización de los scaner en la detección del tráfico de sustancias y mercaderías prohibidas.
5. e) Servicio de Sanidad animal del Ministerio de Ganadería Agricultura y Pesca.

El Poder Ejecutivo deberá en un plazo de 90 días disponer la reglamentación de la misma, para lo cual podrá utilizar en consulta los procedimientos de negociación colectiva.

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Según constató Subrayado, el jerarca, a la salida de la Comisión de Presupuesto integrada con Hacienda del Senado, también aseguró que el dato negativo se concentra en la actividad agropecuaria, y que si se observa el resto de la economía hay un crecimiento.

“Lo más importante de ayer es concentrarse en el dato de cuánto creció la economía si uno no toma en cuenta el sector agropecuario. La economía creció 1,4% en términos interanuales, o sea que el efecto de contracción de 0,5% es un efecto enteramente asociado al fenómeno climático del primer trimestre”, dijo Oddone.

Sin embargo, queda claro que las previsiones del gobierno no se han cumplido y la situación económica presenta un deterioro, una luz amarilla en el horizonte.

Ante ello, ¿cómo debe pararse la oposición?

Una señal clara desde la oposición la dio el senador Sergio Botana (Partido Nacional): “la noticia de la caída del crecimiento pega fuerte, estamos en el mes de septiembre, más cerca del último trimestre que del final. La verdad que creo que es importante bajar la pelota, es importante el diálogo, que todos trabajemos con la camiseta del país”.

Puntualizó que “el país va a tener problemas, vamos a tener problemas climáticos, vamos a tener problemas por la coyuntura internacional, es altamente probable que eso suceda, y entonces no debemos mantener un gasto rígido como el que estamos generando, esas son cosas que están ahí y que debemos trabajar”.

Sobre los temas que son necesario encarar, Botana manifestó que «el tema del atraso cambiario es un tema que tenemos que debatir sí o sí, en el cual tenemos una enorme pérdida de competitividad por ello, el Estado interviene, nuestro Banco Central interviene permanentemente, genera atraso cambiario, y eso cuesta miles y miles de puestos de trabajo en los sectores intensivos en mano de obra».

Atraso cambiario

A su entender «acá hay cosas que cualquiera debe saber: los salarios se encarecieron 50% en dólares, sólo compran 6,6% más, me refiero a los últimos siete años, y esto deja fuera de competencia internacional a todos los sectores intensivos en mano de obra del país. Esto nos está costando muchísimo empleo, muchísima competitividad, pero es un tema vigente, escuchen a Melconian en Argentina o a Moreno en los últimos días, es el debate que está, no nos podemos negar a ese debate, hay que trabajarlo y hay que cambiar la política, no podemos seguir profundizando el atraso, estamos mal».

Fuente Imagen: TV Ciudad.

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El consumo de cemento en Uruguay fue 971.000 toneladas en 2024 (Fuente: FICEM)

La capacidad instalada de las fábricas grandes de cemento es:

Cielo Azul 600.000.

Cementos Artigas 500.000.

ANCAP 400.000.

La producción de ANCAP es unas 280.000, había expresado Alberto Sayagues en su cuenta en X.

La producción de pórtland en Ancap registró un déficit de U$S 31 millones en 2025 y más de U$S 760 millones desde el año 2000.

Una de las propuestas desde el gobierno, según lo expresó la ministra de Industria, Energía, y Minería, Cardona es generar un “acuerdo marco” con los gobiernos departamentales para establecer “un mecanismo de reserva de compra” del pórtland de Ancap, según informó días atrás la diaria.

A fines del 2025, Ancap presentó un nuevo plan de acción para el negocio del cemento portland, una unidad históricamente deficitaria que acumula resultados negativos por algo más de US$ 800 millones desde el año 2000.

Según informó El Observador, en un contexto de fuerte competencia, sobrecapacidad instalada y baja utilización de las plantas, la estrategia oficial apunta a detener las pérdidas en el corto plazo, mejorar gradualmente el resultado operativo y, en el largo plazo, volver a niveles de rentabilidad, a partir de un reordenamiento productivo y organizacional del negocio.

Según la presidenta del ente, “la línea de trabajo va a orientarse a potenciar la operación de la planta de Minas, con el objetivo de producir la totalidad del clínker, manteniendo la molienda en ambas plantas”. La estrategia apunta a concentrar la producción principal en la unidad con mejores condiciones técnicas y económicas.

La empresa pública decidió seguir adelante con la centralización de la producción en la planta de Minas, afectando el futuro laboral de más de 100 trabajadores directos y decenas de tercerizados en Paysandú, lo que ha provocado la reacción del sindicato Fancap.

Eficiencia privada y derechos adquiridos

Como contrapartida, el senador Sergio Botana (Partido Nacional) intenta recorrer otro camino que permita, reconociendo que ANCAP no está en condiciones de generar inversiones propias, promover desprenderse de esta unidad de negocios bajo ciertas condiciones que minimicen los costos sociales, o sea, garantizando los derechos adquiridos de los trabajadores.

Su planteo volvió a estar nuevamente sobre la mesa días atrás en el Programa Cinco Sentidos de Canal 5.

“¿Por qué tanta insistencia de producir portland desde el Estado? ¿Por qué? Ya es demasiada insistente esa propuesta. Bueno, ¿porque no, ya que todo el sector privado produce eficientemente, que Ancap, porque no buscamos una solución, obviamente, asegurándole a los trabajadores con lo que el Estado se comprometió hace muchos años a darles estabilidad laboral, a que puedan, mantener su trabajo con el sector privado y con la posibilidad de volver al sector público si no se entienden con el sector privado, eventualmente con algún sobre salario, no hay problema”, consideró el legislador blanco.

Esta propuesta ya fue presentada como proyecto de ley por el senador Botana durante la administración de gobierno anterior encabezada por Luis Lacalle Pou, dentro de un paquete de ocho iniciativas para reformar el mercado de los combustibles el (14-12-2021),

Botana recordó que “justamente, uno de los proyectos era ese: el de la venta de las acciones de Cemento del Plata, obviamente, con la protección de los trabajadores y sin que se tengan que mudar a otro lado, porque tampoco le sirve a nadie. Si inclinó nuestro gobierno por una propuesta de asociación con privados que al final no caminó tampoco”.

“Lo más sano es ¿por qué perder U$S 30 millones, pero por qué hacer pagar al obrero de la construcción este sobrecosto? Porque en el Uruguay qué sucede. Los privados te podrían vender el cemento a U$$ 100 y te lo venden a U$S 130. ¿Por qué? Porque Ancap lo vende a U$S 150. Entonces, como todos estos mercados son oligopólicos, se trabaja en un menor nivel de actividad y con un precio mayor”, manifestó Botana.

Como consecuencia “eso es lo que sucede, pero, además de que nadie puede construir una casa, nadie puede construir un edificio, ¿quién paga? El obrero de la construcción que no tiene trabajo. Estos empleos públicos que estamos ‘protegiendo’ en Ancap, lo que están haciendo es matando empleo en el sector de la construcción y esa es la verdad, de gente que no tiene la protección de funcionario público”, indicó el senador blanco.

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La rebaja del costo del Estado redunda, como un principio teórico, en un beneficio para el conjunto de la población, en la medida, que el propio Estado disminuye su afán recaudador para cumplir sus fines.

Cuando esa rebaja del costo del Estado se aplica a comercios y pequeñas empresas, implica un mayor desarrollo y la eventualidad de mayor empleo.

Días atrás, el senador Sergio Botana (Partido Nacional) presentó un proyecto de ley por el cual se propone eliminar la tarifa comercial de OSE para las Pymes que incluyan pequeños comercios, pequeñas empresas de servicios y pequeñas industrias.

“La OSE no tiene que hacer ninguna inversión especial, no tiene que asegurar ningún volumen de agua especial, por lo tanto, son abastecimientos idénticos a la de todas las casas de familia”, afirmó Botana.

Por tanto, agregó el legislador de Alianza País, como consecuencia “la OSE cobra una tarifa desmedida, atentando contra toda posibilidad del trabajo de la gente”.

La iniciativa

Artículo 1. El cargo fijo y el cargo variable que componen la tarifa del servicio de agua potable para comercios minoristas de bienes y servicios, con consumo mensual de hasta 30 m3, no podrá estar por encima del valor aplicado a los usuarios residenciales, cuando ambos tienen igual diámetro de medidor, igual tipo de conexión y reciben la misma disponibilidad del servicio.

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“Nadie en nuestros países mira a las fronteras como un espacio de oportunidades, por lo cual, deberíamos concentrar los fondos estos del FOCEM en el beneficio de ese espacio transfronterizo y en fortalecer nuestro cordón transfronterizo entre los países que es lo mismo que fortalecer nuestra convivencia”, afirmó en su ponencia en el Parlamento del MERCOSUR, el senador del Partido Nacional.

En su exposición el legislador de Alianza País manifestó que “el FOCEM ha sido un programa que los que conocemos las fronteras de nuestros países y que hemos disfrutado de la obra pública, de la inversión en materia de carreteras, de puentes, de líneas eléctricas, de proyectos de conversoras de energía, etcétera, , nosotros sabemos el valor que tiene este programa”.

“Por lo cual, debemos, alentar la negociación de un nuevo tramo del programa, en el año 2025 se debió haber empezado y que deberíamos los países más beneficiados, tener la disposición. Que la participación de los países que ponen más plata, es decir, Brasil y la Argentina, sea mayor a las que hoy les corresponde, cuando hagan los proyectos en frontera”, estimó.

Fundamentó que “las fronteras son el espacio en donde reina a ilegalidad, donde reina la incertidumbre, donde reina la desazón, donde nadie en nuestros países mira a la frontera como un espacio de oportunidades”.

A su entender “hemos visto con estas platas, cosas que no tienen nada que ver con el fortalecimiento común de nuestros países, programas para que cobren consultores, cosas que no son las que se pensaron cuando se diseñó este mecanismo».

Fuente Imagen: Parlamento del Mercosur.

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Desde la oposición, el senador Sergio Botana (Partido Nacional), afirmó que “aplaude y advierte” sobre este emprendimiento legislativo, pero fue categórico: tendrá “un impacto cero”.

Dijo aplaudir “porque toda iniciativa de rebaja impositiva de baja del precio de los combustibles, es buena medida” pero advirtió sobre “el impacto cero”.

“La reducción y el descuento al 50% hace que el que va a ir a viajar a la frontera para cargar combustible y ya de paso compra otra cosa, va a viajar igual. El impuesto sobre el comercio local de las zonas que se quiere beneficiar, no se va a dar”, consideró.

Para el parlamentario del PN “uno aplaude la tendencia de estas medidas, y digo una cosa más, porque yo hice camino en el gobierno pasado, el nuestro, subiendo escaleras no se cuantas veces, para pedir este tipo de medidas. Aplaudo que el gobierno las concrete ahora, pero que sean efectivas porque si no después no arreglan nada”.

Según Botana “después lo que va a suceder es que a los fronterizos nos van a sacar el incremento, por su fracaso. Tenemos que advertir que esto es discurso nomás”.

“No tiene impacto. El impacto sobre la economía por este tipo de medidas suelen ser muy buenos. Es un impacto positivo y no es una dádiva social. El freno de la pérdida de empleo, y la mejora de la actividad económica, tiene un fuerte impacto positivo. Que el gobierno se anime. Que además en este tema de los combustibles el gobierno está cometiendo un error gravísimo para la economía nacional”, afirmó.

En ese sentido, el legislador de Alianza País recordó que “en la LUC instrumentamos el sistema de precio de paridad de importación para la fijación del precio de los combustibles y el reajuste mensual. Pues el gobierno, sin derogar el artículo, pero con los ajustes bimensuales se reservó la potestad de volver a la misma situación de antes: la sobre recaudación sobre el precio de paridad de importación y volvemos a pagar U$S 100 millones más de sobreprecio de los combustibles”.

Botana indicó que “estos sobrecostos lo que compromete es el funcionamiento de las empresas de nuestra economía que ahora tienen todas las tarifas por encima del nivel de la inflación. Súmele que a los trabajadores más activos (que son los que pagan IRPF), por eso ganan más. A eso se les subió el Fonasa, se los reincorporó a los que no estaban en régimen de aporte al IRPF y súmele la presión fiscal que se les va a venir a partir del año que viene con los cinco  impuestos que votamos en el Presupuesto”.

En ese marco, señaló Botana que “uno ve que cierran fábricas en todo el país y que no abren nuevas en ningún lado”.

“La foto del futuro”

El senador blanco sostuvo que “está llegando a la economía nacional la exposición que permanentemente vivimos en frontera.

Nuestra economía local es la foto del futuro de la economía de ustedes. Nosotros somos la foto del futuro de la economía de ustedes”.

Botana dijo votar “con las dos manos esta medida, pero advierto que esto no va a ayudar nada. El que va a la frontera va a seguir yendo todos los días, el empleo formal va a seguir perdiendo espacio. Ayer (lunes 2 de marzo) el Presidente (Orsi) habló de 26.000 nuevos puestos de trabajo. No terminó la temporada turística y ahora empieza a crecer de nuevo el desempleo”.

Fuente Imagen: Parlamento uruguayo.

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Se trata de establecer si existieron o no irregularidades en el contrato firmado en diciembre de 2023 por 82 millones de euros, así como determinar si hubo incumplimientos por parte de la empresa que, a la postre, determinaron la rescisión de parte del gobierno encabezado por Yamandú Orsi, según la línea argumental que han llevado adelante desde el oficialismo.

Pero en lo que se considera un duro debate político, un ingrediente no esperado se introdujo: la senadora del Frente Amplio, Lilián Abracinskas afirmó que Javier García (ministro de Defensa Nacional cuando se autorizó la compra de las patrullas oceánicas) aumentó su patrimonio en el gobierno pasado en detrimento de las arcas del Estado.

Y ahí entró en juego la defensa del honor por parte del senador García en su planteo efectuado en el Senado, quien calificó los dichos de Abracinskas como “la miseria humana, la inmundicia de la política”, al fundamentar que incrementó su patrimonio como consecuencia de la herencia por el fallecimiento de su madre.

Uno de los senadores que salió en su defensa fue Sergio Botana (Alianza País) quien expresó este miércoles 18 de febrero: “En este país no hay nadie que ignora, que no conozca, la honradez y la rectitud del senador Javier García”.

“No hay nadie que no sepa que Javier García no va a tener ningún aumento patrimonial ni ninguna cosa rara y mucho menos no explicable, y no explicada”, añadió.

Por tanto, “cuando uno mira el debate que se ha formado acá, cuando ve el planteo que hace el senador García, que tiene que hacer ese planteo, porque se está hablando de la falta de honradez de un hombre honrado y porque se está hablando, se está pasando por arriba y se está dejando para el costado, asquerosamente, lo único que no se puede dejar, y es el honor como hijo, el cuidado de la figura más delicada y más sublime que todos tenemos en nuestras vidas, tenemos a nuestras madres en el templo en las que tenemos que tener”, consideró.

Según Botana “el Frente Amplio debió haber hecho esto mucho más fácil y debió haber dicho a la senadora Abracinskas que no puede hacer esas cosas, seguramente ella sea madre también, no puede hacer lo que acaba de hacer, pero no, lamentablemente el Frente Amplio por la circunstancia del hecho político mayor que se está discutiendo en el día de hoy, en estas jornadas, lo que tenía es la mala intención se ensuciar la figura del senador García, y la mala intención le ganó al propio honor. Bueno, así no se hace, es la madre del senador, estamos hablando de la madre, de la madre, no estamos hablando de otra cosa. No va por ahí la cosa”

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En todo el territorio nacional, las pequeñas veterinarias son un punto esencial de cercanía con la población y lamentablemente se ven afectados en muchas ocasiones por la competencia desleal de las grandes superficies (supermercados) exentos de impuestos cuando ellas deben afrontar un gravoso tributo anual cercano a los $ 30.000.

Sensibilizado por esta situación, el senador Sergio Botana (Partido Nacional) anunció este lunes 17 de noviembre, en la Comisión de Presupuesto con la presencia del ministro Alfredo Fratti, que presentó un aditivo “para que las veterinarias pequeñas no tengan que seguir pagando el impuesto fijo que hoy pagan de $ 20.000 o $ 30.000, el mismo que pagan las veterinarias grandes. El destino de ese dinero es el Dilave”.

Según el legislador, “con este aditivo intentamos sustituir ese ingreso con otro que es el impuesto – parte de él– sobre las comidas para perros importadas”.

“A las pequeñas veterinarias se les hace imposible mantener su servicio, en un régimen de competencia desleal, porque mientras las pequeñas veterinarias pagan ese impuesto, algunos supermercados que venden alimentos y algunos productos veterinarios, no pagan nada. Solo lo pagan las veterinarias y para algunas es muy gravoso. Entonces, es mucho mejor que salga de esta otra fuente”, puntualizó.

Botana le solicitó al Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca (MGAP) que lo considere.

“Realmente, sería bueno resolver porque esto ayuda a tener la presencia de los técnicos en el territorio, a tener a los técnicos en cada pago, que es como debe decirse”, fundamentó.

«Veterinaria grande»

El ministro Alfredo Fratti recogió el guante: “le voy a adelantar algo a mi coterráneo para que no se vaya sin algo concreto porque algunas preguntas vamos a contestar. Me acaba de decir el director de servicios veterinarios que, a propuesta del senador, la tasa será para la veterinaria grande; no sabemos dónde será el corte”.

Sin duda, de cumplir el MGAP esta iniciativa de Botana (Alianza País) se contribuye a disminuir la carga tributaria que hoy pesan sobre las pequeñas veterinarias.

Fuente Imagen: Okvet.

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El senador Sergio Botana (Partido Nacional) anunció en el Parlamento que en el marco del estudio del Presupuesto, presentará un aditivo de una norma que el Parlamento votó por unanimidad en el presupuesto pasado y que, “por culpa de un manejo bastante rebuscado y asqueroso en su reglamentación, no se pudo concretar”, en referencia a la publicidad oficial a los medios del interior.

Botana realizó el planteo ante la presencia de la ministra Fernanda Cardona (MIEM), el pasado miércoles 12 en la Comisión de Presupuesto integrada con Hacienda del Senado.

“Me refiero a otorgar el 20 % de la publicidad pública a los medios del interior y, si el organismo está en competencia, otorgar el 10 %, con una distribución anual de 0,5 % por departamento y 11 % libre, es decir, a cualquier departamento. En el caso de que sea un organismo de competencia, otorgar la mitad. La verdad es que con esto se hizo un rebusque asqueroso”, cuestionó el legislador.

Botana dejó en claro que “no pedimos que se haga una repartija; tiene que ser publicidad y le tiene que servir al medio”.

Entonces, “la exigencia es que sea 0,5 % del total de la publicidad del año –no en cada publicidad, sino el 0,5 % del total– y en los medios que el organismo quiera publicitar. No tiene por qué haber una repartija por la que vayan $ 3 a la FM, $ 2 a la AM o $ 5 a los diarios, ¡no! Si es una feria ganadera la publicidad tendrá que ser en los programas agropecuarios, es decir, que lo que se quiera publicitar se haga en el ámbito que haya que publicitarlo solo que, al pasar la raya al final del año, tiene que haber quedado, del total general, un 0,5 % para cada departamento y otro 11 % –o sea, completando el 20 %– en medios del interior”, agregó.

Botana puntualizó que “esto es con libertad del organismo de contratar en el tipo de medio que sea y que se trate de publicidad. Esto no es una colaboración, es una publicidad. Muy bueno es que las agencias que manejan la publicidad de los organismos públicos se acuerden de que el país existe y que los organismos les exijan a las agencias que las cosas del interés de la gente se publiquen en los lugares en que los pueda escuchar la gente”.

Recordó que “a nosotros nos pasó –acá estamos algunos exintendentes– que el Sucive publicitaba en organismos de Montevideo el cobro de la patente en medios que la gente ni escuchaba. Nos pasó a nosotros, en el Congreso de Intendentes, así que ¡si estará concentrado lo de las agencias en ese sentido! Presentamos el aditivo –y vamos a pedirle, por supuesto, a todo el Senado que lo vote– de una norma que ya existe.

Por tanto, “No queremos ir para atrás, pero queremos dar pie a que las autoridades de la Ursec puedan hacer la reglamentación que tienen que hacer, que es elaborarla con la claridad de la norma. Digo esto porque la reglamentación que hoy existe, de verdad que no refleja, en lo más mínimo, la interpretación debida de la norma. Tiene una interpretación de una interpretación y, entonces, tratamos de simplificar el texto y de clarificarlo para que esto se haga y funcione”.

“No te pueden obligar”

La senadora Liliam Kechichian (Frente Amplio) indicó al respecto:

“Voy a polemizar con el senador Botana, con quien, en general, nos venimos llevando muy bien. Yo estoy en contra de la ley que obliga a darle publicidad a todos los medios del interior, porque tuve que administrar recursos de la promoción del Uruguay y sentía que estaba tirando la plata de los uruguayos cuando me obligaban a hacer una promoción o poner un aviso en un lugar que no redituaba nada. Los ministerios, los gobiernos hoy tienen maneras de medir cómo vuelve eso. A pesar de que muchos compañeros me decían que no estaba bueno que opinara eso con respecto al interior, lo tengo que decir porque fue mi experiencia”.

Desde su punto de vista, Kechichian afirmó: “yo me sentía administrando mucho mejor los recursos si no me obligaban a poner un aviso en un lugar donde jamás iba a tener un retorno vinculado al turismo. Es posible que en otras áreas pueda tener retorno en ese lugar, pero no te pueden obligar”.

A su entender “no me parece que sea una buena manera de administrar los recursos del Estado. Sí estamos obligados a que una parte de los presupuestos de promociones o publicidad del Estado estén en Canal 5 y eso ya nos condicionaba, pero bueno, Canal 5 para el turismo interno era algo interesante. Ahora bien, no me parece que sea una buena manera de administrar los dineros públicos esa obligación, en todos los medios del interior, para todos los ministerios”, dijo Kehichian.

“Repartija sin sentido”

Botana dijo coincidir con la senadora Kechichian, “porque esa obligación de publicitar en todos los medios cada una de las publicidades que se hacen, de verdad es una repartija sinsentido que no le sirve a nadie y es producto de una mala interpretación de la norma –pienso que fue una malintencionada interpretación– que terminó en una reglamentación que es, justamente, lo que queremos cambiar con esta nueva reformulación del artículo”. Prtecisó que “pretendemos que el medio por ciento llegue a cada departamento, pero el medio por ciento de toda la publicidad del organismo en el año. Es el organismo el que decide, de acuerdo con su conveniencia, en qué medios debe invertir y en qué campañas de promoción de qué cosas debe invertir”

Y añadió el legislador de Alianza País: “estoy seguro de que en el caso del Ministerio de Turismo, por ejemplo, si yo le pregunto a la exministra Kechichian por atractivos turísticos de los departamentos, en cualquiera de los departamentos del país me va a nombrar atractivos turísticos a los cuales vale la pena promocionar y en los cuales vale la pena invertir en publicidad”.

Por ello “queremos que la reglamentación le deje libertad al organismo de usar el medio que quiera y de hacer la inversión publicitaria de acuerdo con la conveniencia del organismo. La otra repartija que se había inventado es un desastre, la verdad; lo comparto con la ministra”.

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